CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE



Año 2000 VII Legislatura Núm. 46



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA



Sesión plenaria núm. 44



celebrada el miércoles, 29 de noviembre de 2000



ORDEN DEL DÍA:



Preguntas . . . (Página 2214)



Interpelaciones urgentes:



- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política
general del Gobierno en relación con la crisis de la encefalopatía
espongiforme bovina (EBB). (Número de expediente 172/000043) . . .

(Página 2236)



- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política de
precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica. (Número
de expediente 172/000044) . . . (Página 2248)



- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la
prestación social sustitutoria (PSS). (Número de expediente 172/
000047) . . . (Página 2255)

Página 2210



S U M A R I O



Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




Preguntas . . . (Página 2213)



Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Por qué mantiene el 2 por 100 de inflación para toda la
Función Pública, cuando el Índice de Precios al Consumo (IPC)interanual está en el 4 por 100? (Número de expediente 180/000329) .

. . (Página 2214)



Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.

Presidente del Gobierno: ¿Va a rectificar el Presidente su errónea
política causante de la subida de la inflación y del deterioro de las
rentas familiares? (Número de expediente 180/000333) ... (Página 2215)



Del Diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
razones han llevado al Gobierno a impulsar la mejora de la enseñanza
de las Humanidades? (Número de expediente 180/000342) . . .

(Página 2216)



Del Diputado don Jesús Caldera SánchezCapitán, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.

Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia:
¿Qué medidas ha adoptado el Vicepresidente Primero y Secretario del
Gobierno para evitar filtraciones de las deliberaciones del Consejo
de Ministros? (Número de expediente 180/000334) . . . (Página 2217)



Del Diputado don Francisco Miguel Fernández Marugán, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.

Vicepresidente Segundo del Gobierno
para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Cuál es la política
del Gobierno de colocación de ex altos cargos en presidencias de
empresas públicas? (Número de expediente 180/000336) . . .

(Página 2218)



Del Diputado don Juan José Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Cuál es la
voluntad del Gobierno para apoyar el entendimiento entre las
Instituciones en la resolución definitiva de la ordenación
territorial transitoria de los enclaves y del enclave de Treviño en
particular, respetando las garantías democráticas y constitucionales
de materialización de la voluntad de sus ciudadanos, tal y como
concluyó el Informe del Senado de 1995? (Número de expediente 180/
000330) . . . (Página 2219)



Del Diputado don José Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto,
que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda: ¿Cuándo piensa el
Gobierno distribuir entre las Comunidades Autónomas el fondo de
46.000 millones de pesetas, suma de las partidas previstas en los
presupuestos de 1997, 1998, 1999 y 2000 «para hacer efectivas las
asignaciones de nivelación de los servicios públicos fundamentales»?
(Número de expediente 180/000331) . . . (Página 2220)



De la Diputada doña Mercè Pigem i Palmès, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Cuáles son
los criterios que se han tenido en cuenta para la campaña mediática
«Tolerancia Cero» frente a la violencia doméstica presente imágenes
y mensajes focalizando a las mujeres y a los hijos únicamente como
víctimas y no transmitiendo una imagen en positivo que les presente
como supervivientes de la violencia? (Número de expediente 180/
000356) . . . (Página 2221)



Página 2211



Del Diputado don Jaime Javier Barrero López, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia:
¿Considera el Gobierno que ha adoptado las medidas precisas para que
a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor
se garanticen de manera efectiva los derechos recogidos en la misma?
(Número de expediente 180/000339) . . . (Página 2222)



De la Diputada doña María del Mar Julios Reyes, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr.

Ministro del Interior: ¿Qué medidas de carácter urgente y resolutivo
piensa adoptar el Gobierno ante la problemática de la situación de la
inmigración en Canarias? (Número de expediente 180/000332) . . .

(Página 2224)



Del Diputado don Victorino Mayoral Cortés, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:
¿Considera el Sr. Ministro positivo el balance de la política de
seguridad ciudadana que ha publicado durante los años que lleva de
titular en el Ministerio? (Número de expediente 180/000337) . . .

(Página 2225)



De la Diputada doña Leire Pajín Iraola, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Qué
instrucciones se dieron a la Policía que causaron la represión en la
manifestación que tenía lugar el pasado día 26 ante el Congreso de
los Diputados, en la que se reclamaba la abolición de la deuda
externa? (Número de expediente 180/000358) . . . (Página 2226)



Del Diputado don Neftalí Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué forma afecta el Plan
Hidrológico Nacional a la Comunidad Autónoma de La Rioja? (Número de
expediente 180/000350) . . . (Página 2227)



De la Diputada doña Josefa Aguado del Olmo, del Grupo Parlamentario
Popular en en Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
propuestas del Gobierno español en el seno de la Unión Europea para
reforzar la cooperación en Política Exterior y Seguridad Común?
(Número de expediente 180/000343) . . . (Página 2228)



Del Diputado don Pío Pérez Laserna, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del
Gobierno en relación a la propuesta de la Comisión Europea de
introducir en los Tratados fundadores «un mecanismo de vigilancia
y alerta» que evite el mecanismo de las sanciones y de las puestas en
observación aprovechando la actual Conferencia Intergubernamental
(CIG)? (Número de expediente 180/000334) . . . (Página 2229)



Del Diputado don Luis Acín Boned, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha tomado la Unión
Europea respecto al embargo económico de Yugoslavia tras el proceso
de apertura democrática que ahora comienza en este país? (Número de
expediente 180/000345) . . . (Página 2230)



De la Diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el
Gobierno poner en marcha la red de alerta sanitaria veterinaria?
(Número de expediente 180/000352) . . . (Página 2231)



Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿Podría confirmar el
Gobierno la continuidad de los servicios aéreos regulares entre el
aeropuerto de La Gomera y los de Tenerife Norte y Gran Canaria, según
las especificaciones de las obligaciones de servicio público de las
rutas aéreas entre las islas Canarias aprobadas



Página 2212



por Resolución del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 1998
(«BOE» 206, de 28 de agosto de 1998)? (Número de expediente 180/
000328) . . . (Página 2232)



Del Diputado don José Rivas Fontán, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el contenido del
proyecto de convenio ferroviario que actualmente negocian la Xunta de
Galicia y el Ministerio de Fomento? (Número de expediente 180/000346). . . (Página 2233)



Del Diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
previsiones tiene el Ministerio de Fomento de licitar la ejecución
del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro, de la carretera nacional 620?
(Número de expediente 180/000347) . . . (Página 2234)



Del Diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones
tiene el Gobierno respecto a la conexión por autovía entre Granada-
Motril-Nerja, teniendo en cuenta el contenido del Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001? (Número de
expediente 180/000348) . . . (Página 2235)



Interpelaciones urgentes . . . (Página 2236)



Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general
del Gobierno en relación con la crisis de la encefalopatía
espongiforme bovina (EEB). . . . (Página 2236)



Presenta la interpelación urgente el señor Cuadrado Bausela, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Expone que estamos ante
una crisis muy grave, como es la enfermedad mal llamada de las vacas
locas, que afecta a un sector importante, pero sobre todo a la salud
del conjunto de los españoles, y a la
que es necesario hacer frente con transparencia, que es vital para
recuperar la confianza de los consumidores y de los clientes en el
exterior; con precaución, que aconseja la prohibición inmediata de
las harinas de origen animal en todos los piensos, y con la creación
urgente de la agencia de seguridad alimentaria.




Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Arias Cañete). Asegura que no se puede acusar
al Gobierno de falta de transparencia porque éste informó a la
sociedad del primer caso de la enfermedad de las vacas locas dos
horas después de que se recibiera en los servicios técnicos el primer
diagnóstico confirmado por los expertos, y se convocó a las
comunidades autónomas para establecer con ellas la respuesta, sin que
nadie eludiera sus responsabilidades y siendo solidarios con la de
todos, pero sin crear alarmas sociales innecesarias. Explica todo lo
que se ha hecho en una larga trayectoria contra esta enfermedad
y afirma que el origen, no la transmisión a la cadena alimentaria que
efectivamente está en los piensos, es una mutación genética
espontánea. Recuerda que en España está prohibido el uso de harinas
animales en los rumiantes desde 1994 y, además, es costumbre utilizar
harina de soja, porque es más barata, porque existe un convenio con
los Estados Unidos y porque tenemos una ganadería distinta. El
Gobierno, afirma, está dispuesto a hacer todos los esfuerzos de
diálogo y colaboración en una cuestión tan importante para los
consumidores y para la salud de los españoles, pero quiere lanzar una
llamada de confianza y decir que se están haciendo las cosas con
sosiego y con orden, que todo lo que haya que hacerse va a hacer,
pero sin crear alarmas innecesarias que destruirían los mercados y la
confianza en los productores, adquiriendo la crisis unas magnitudes
que no tiene en este momento. Finalmente agradece el tono de la
intervención del señor Cuadrado y el rigor con que ha planteado los
temas y le asegura que el Gobierno está dialogando con las
comunidades autónomas y tratando de atajar una crisis, que es
europea, con el menor impacto económico en el sector ganadero, pero
con las mayores garantías para todos los ciudadanos españoles.




Replica el señor Cuadrado Bausela, duplicando el señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación.




En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Frutos Gras, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Companys Sanfeliú, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Madero Jarabo,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.




Página 2213



Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política de
precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica . . .

(Página 2248)



Presenta la interpelación del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria el señor Rivero Baute. Tras explicar la emigración canaria a
Venezuela, considera una situación totalmente injusta, arbitraria,
discriminatoria y abusiva la del coste de los billetes entre España y
Venezuela. No son viajes de turismo, ni de negocios, explica; se
trata de personas que cruzan el Atlántico por motivos sociales,
reencuentro de familias, añoranza de la tierra, deseo de no perder la
identidad con la tierra que les vio nacer, deseo de que sus hijos
conozcan sus raíces, defunciones, enfermedades, bodas, nacimiento,
etcétera, por lo que cree que se debe hacer un esfuerzo para
resolverlo.




Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento
(Álvarez-Cascos Fernández). Considera muy interesante el debate en
relación con los problemas de la emigración en Iberoamérica y, de
manera muy concreta, sobre los precios del transporte en las
comunicaciones entre España y Venezuela. Para completar la
descripción del problema y, por tanto, abordar las soluciones, se
dispone a ampliar algunos datos y buscar algunas salidas
constructivas en términos de política real de transporte,
enmarcándolo concretamente en las relaciones bilaterales con
Iberoamérica. Afirma que la política del Ministerio de Fomento en las
relaciones aéreas con otros países, y concretamente con los que
conforman el área iberoamericana, está dirigida a potenciar al máximo
el desarrollo del transporte aéreo entre España y los países de la
zona, aplicando criterios muy flexibles que propugnan la introducción
de elementos liberalizadores en el conjunto de los convenios aéreos
bilaterales.




Replica el señor Rivero Baute, duplicando el señor ministro de
Fomento.




En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Segura
Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y López-Amor García, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.




Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la
prestación social sustitutoria . . . (Página 2255)



Presenta la interpelación urgente el señor Campuzano i Canadès, en
nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Manifiesta que es deseo de su grupo abordar en la Cámara un debate
que está presente en importantes sectores de la sociedad, como es el
que se deriva de la próxima supresión, a finales del año que viene,
de la exigencia del servicio militar obligatorio y, como
consecuencia, la desaparición de la prestación social sustitutoria,
cuestión a la que se grupo es especialmente sensible. Considera que
es un buen momento para hacer un balance de lo que ha sido la
experiencia de la prestación social a lo largo de estos últimos años
y también para empezar a discutir sobre las posibles soluciones a la
nueva situación que se va a generar con la desaparición de la
prestación social. Aunque reconoce que existen elementos negativos en
su conjunto, el balance que hace su grupo es positivo, pero se
pregunta que va a suceder con los servicios que han sido prestados
por los objetores de conciencia y qué instrumentos se van a poner en
marcha para continuar reforzando el tejido social. Finalmente muestra
su deseo de que, como consecuencia del debate de hoy y de la moción
que su grupo presentará dentro de 15 días, se envíe un mensaje al
conjunto de la sociedad explicando cómo desde los poderes públicos se
van a afrontar todas las cuestiones que se abren con la desaparición
de la prestación social sustitutoria.




Contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio
Pérez), en nombre del Gobierno. Considera oportuna esta interpelación
porque ha existido y existe, sin duda, inquietud en muchos foros por
la desaparición de la prestación social sustitutoria, asociada
evidentemente a un hecho positivo como es la finalización del
servicio militar obligatorio. Se refiere a la posibilidad abierta en
el artículo 30.3 de la Constitución de la creación de un servicio
civil y valora también muy positivamente el acelerado fenómeno social
del voluntariado.




Replica el señor Campuzano i Canadès, duplicando el señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.




En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Moragues Gomila, del Grupo Parlamentario Socialista, y Atencia
Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.




Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la
noche.)


Página 2214



Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




PREGUNTAS



- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿POR QUÉ MANTIENE EL 2 POR CIENTO DE INFLACIÓN PARA TODA LA
FUNCIÓN PÚBLICA, CUANDO EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)INTERANUAL ESTÁ EN EL 4 POR CIENTO? (Número de expediente 180/000329)


La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.

Punto III del orden del día: Preguntas. En primer lugar, pregunta
número 6, que formula el diputado don Gaspar Llamazares Trigo, que
tiene la palabra.




El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente del Gobierno, ¿por qué
con un 4 por ciento de inflación, prevé usted tan sólo el incremento
del 2 por ciento en el salario de los funcionarios? ¿Por qué no
reconoce la realidad? ¿Por qué intenta hacer recaer una inflación de
beneficios sobre los asalariados y sobre los trabajadores?



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.

Señor presidente.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, el 2 por
ciento de inflación es un objetivo fijado por el Banco Central
Europeo para la zona euro. Naturalmente, sería una falta de
responsabilidad de un país que forma parte de la zona euro y de la
unión monetaria no atender al objetivo fijado por el Banco Central
Europeo.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Llamazares.




El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, yo pensaba, si bien de
forma ingenua, que usted iba a reconocer por primera vez, y sin que
sirva de precedente, que tienen un problema en la inflación; que lo
tienen en la economía española que pierde competitividad y que lo
tienen, sobre todo, los trabajadores y las trabajadoras que ven cómo
pierden poder adquisitivo y cómo usted no solamente les amenaza, sino
que prevé una reducción adicional de salarios para los funcionarios
públicos.

Nosotros pensábamos también que por primera vez usted iba a asumir
alguna responsabilidad en las consecuencias negativas de su política.

Sabemos que en las
consecuencias positivas asume siempre su responsabilidad, pero
estábamos esperando que la asumiera en las consecuencias negativas.

Sin embargo, no es así.

Parece ser que no tienen nada que ver con su política los costes y la
intensidad del gasto energético en nuestro país; que no tiene nada
que ver con su política la política fiscal y la exoneración de buena
parte de los beneficios de la fiscalidad; que no tiene nada que ver
con su política que existan ámbitos de la economía donde no hay
competitividad y donde hay, sobre todo, prebendas de su Gobierno
hacia oligopolios privados; y tampoco parece que tenga que ver con su
política que no haya en nuestro país un incremento de la
productividad porque ustedes se dediquen más a la calidad del empleo,
a las tecnologías o a la mejora de las infraestructuras.




Señor presidente, nosotros le emplazamos a que cambie su política
económica; no a que la cambie hacia la izquierda o hacia la extrema
izquierda. Nos bastaría con que la cambiara hacia el centro; con que
hiciera una política fiscal más progresiva; con que hiciera una
política presupuestaria más preocupada por el empleo, por la política
social, de infraestructuras y tecnológica; con que hiciera una
política de verdadera competencia y regulación en mercados cautivos.

Pero veo, señor presidente, que ésa no va a ser su posición. Parece
que su posición va a ser la del señor Montoro y la del señor Oreja;
es decir, la del señor Montoro, la aplicación del catón neoliberal
frente a la inflación, o sea, tocar con la misma...




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.

Señor presidente.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señora
presidenta.

Nosotros aspiramos a hacer una política, y la hacemos, que provoque
crecimiento, que provoque creación de empleo y que provoque
incremento de bienestar, como demuestran los datos.

Yo le quiero recordar, señoría, que España forma parte, como le he
dicho antes, de la unión monetaria y ya no tenemos disponibilidad
para practicar una política monetaria. La disposición efectiva de la
política monetaria depende del Banco Central Europeo y, justamente,
eso lleva a que tengamos que hacer el esfuerzo necesario para cumplir
los objetivos de inflación que se fijan año a año de la zona euro y
del Banco Central Europeo.

Le diré, cuando S.S. se preocupa de la retribución de los
funcionarios, que no ha habido una pérdida de poder adquisitivo
(Protestas.-Rumores.), más bien lo contrario. (Protestas.-Rumores.)Señoría, si no le importa, cuando se habla de las retribuciones de
los funcionarios no se debe contar sólo la remuneración básica; hace
falta contar los complementos, hace falta



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contar las reclasificaciones y hace falta contar también, en este
caso, los fondos adicionales de 1998, de 1999 y de 2000. Y verá que
en el diferencial de crecimiento o de incremento de la remuneración
media del funcionario con el IPC, del año 1996 al año 1999, hay una
diferencia de cuatro puntos a favor de la remuneración media de los
funcionarios públicos. (Aplausos.- Rumores.)No hablo de la bajada de impuestos, de la que ya sé que S.S. está en
contra pero que también beneficia a los funcionarios públicos. Confío
que en el año 2001 se pueda seguir en un consenso, dialogando con los
funcionarios públicos y llegando a acuerdos en esas materias. La
semana pasada se reunió la mesa general de negociación, mañana se
reúne la mesa de retribuciones y va a haber reuniones sobre mesas de
diálogo para la movilización o la precariedad en el empleo. Ése es el
esfuerzo que está dispuesto a hacer el Gobierno en la continuidad de
una política que genera puestos de trabajo y bienestar para los
ciudadanos.

Gracias, señoría. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.




- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿VA RECTIFICAR EL PRESIDENTE SU ERRÓNEA POLÍTICA CAUSANTE
DE LA SUBIDA DE LA INFLACIÓN Y DEL DETERIORO DE LAS RENTAS
FAMILIARES? (Número de expediente 180/000333)


La señora PRESIDENTA: Pregunta número 10, que formula el diputado don
José Luis Rodríguez Zapatero.




El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: La verdad es que el trámite debe ir
dirigido al presidente del Gobierno y no al presidente del Banco
Central Europeo. Aún así, es cierto que el último dato sobre el
índice de precios al consumo de nuestro país sitúa la inflación en un
4 por ciento. El error del Gobierno en la previsión sólo ha sido del
100 por cien, no está mal como dato, pero la realidad es que se trata
de la subida más fuerte de todos los países europeos y, además, el
peor dato de inflación de España desde que usted está en el Gobierno,
y peor que el que había antes de su llegada al Gobierno. De ahí que
no le sorprenda que le pregunte si asume que hay que rectificar esa
política errónea del Gobierno y adoptar medidas que no perjudiquen
únicamente a las rentas salariales de este país.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señorías,
sinceramente no creo que haya el deterioro de las rentas familiares
en nuestro país del que S.S. habla. Evidentemente, existe un repunte
de la inflación, tanto en España como en Europa, que sólo puede ser
combatido con políticas de crecimiento, con políticas de equilibrio y
con políticas de liberalización, de las que, por cierto, ustedes
están en contra.

Gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.

Señor Rodríguez Zapatero.




El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: A mí lo que me preocupa básicamente es
lo que le está pasando a la mayoría de las familias españolas, que en
estos momentos tienen que pagar 4.000 pesetas más al mes que el año
pasado en el gasóleo para calentar las calefacciones, que tienen que
pagar 15.000 pesetas más al mes de hipotecas, que cada vez que llenan
el depósito de gasolina tienen que pagar 2.000 pesetas más que el año
pasado, o que cada vez que un agricultor llena su depósito son 8.000
pesetas más. Asimismo, algún alimento que permite fabricar esa rica
tortilla española, ese producto del que tanto les gusta hablar en el
Consejo de Ministros, también ha subido un 10 por ciento, aunque no
sé si la subida es anterior o no a la irrupción del señor Arias
Cañete en escena. Lo cierto es que hay pérdida del poder adquisitivo
en la mayoría de las familias. En cambio, los beneficios de las
empresas son del 45 por ciento y eso es lo que les debería preocupar.

El Gobierno está bloqueado, sin respuesta. El señor Rato mira al
señor Montoro, el señor Montoro mira al señor Rato y usted parece que
mira al cielo. Ésa es la realidad con la que nos encontramos mientras
muchas familias españolas están muy preocupadas, señor presidente del
Gobierno.

Y como me preocupan más las soluciones que la crítica -y en este caso
bien se la merecen y bien fácil es hacerla desde la oposición-, le
ruego que escuche algunas recomendaciones: refuerce los órganos de la
competencia, liberalice de verdad, prevea que haya más gasolineras en
España, permita que se bajen los impuestos de hidrocarburos, haga
también, porque es absolutamente imprescindible, la rebaja de la
tarifa eléctrica con ese recargo que han puesto para beneficiar a las
eléctricas. Tome medidas, dé respuestas, porque hasta ahora este
Gobierno parece que sólo sabe hacer preguntas, señor presidente.

(Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.

Señor presidente.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señoría, con
mucho gusto.

Señoría, para su conocimiento y su información, le daré algunos datos
de ese bloqueo al que está sometido



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el Gobierno. Tomando como referencia el tercer trimestre del año 2000
respecto al tercer trimestre del año 1999, en España se han creado
670.000 nuevos empleos, es decir, que hay 670.000 personas que antes
no trabajaban y ahora trabajan. Me parece que eso es todo lo que
quiera menos perjudicar las rentas familiares, señoría. Han sido
devueltos 800.000 millones de pesetas a los bolsillos de los
contribuyentes, de los trabajadores, con su voto en contra, señoría,
y eso es mejorar las rentas familiares. (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: ¡Señorías!



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Las rentas
salariales, en este año 2000, tienen un crecimiento medio del 11 por
ciento, señoría. Y no voy a hacer ninguna referencia, porque no es
necesario, al beneficio que se ha producido en los tipos de interés
desde el año 1996 hasta el año 2000. Cerrar los ojos a esa realidad
es algo que se puede hacer en beneficio de un discurso absolutamente
demagógico, pero del cual creo que se van a extraer pocos beneficios.

Tener un 4 por ciento de inflación no es un buen dato, pero imputar
al Gobierno la responsabilidad del alza de los precios del petróleo
me parece una grave equivocación (Rumores.) e imputar al Gobierno
responsabilidades en el desarrollo de una política monetaria de tipos
de interés cuando nuestro país, afortunadamente, por el esfuerzo de
todos, está en la zona euro y forma parte de la unión monetaria, me
parece una falta de criterio grave, señoría.

Hace falta mantener el equilibrio presupuestario para combatir la
inflación, cosa que ustedes no quieren; hace falta liberalizar más,
cosa que ustedes no quieren; hará falta el esfuerzo de los agentes
sociales para llegar, como espero, a una buena reforma laboral; y
hace falta, de vez en cuando, que desde la oposición se haga alguna
propuesta con sentido, con contenido, y desde luego no una falta de
criterio como la que están demostrando. (Aplausos.-Protestas.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, ruego guarden silencio al objeto de que podamos continuar
con el turno de preguntas.




- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
RAZONES HAN LLEVADO AL GOBIERNO A IMPULSAR LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA
DE LAS HUMANIDADES? (Número de expediente 180/000342)


La señora PRESIDENTA: Pregunta número 17, que formula el diputado don
Juan Carlos Guerra Zunzunegui.

El señor GUERRAZUNZUNEGUI: Gracias, señora presidenta. (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Guerra. ¡Señorías! Señor
Navarrete, le ruego guarde silencio.




Adelante, señor Guerra.




El señor GUERRAZUNZUNEGUI: Gracias, señora presidenta.

Señor presidente del Gobierno, desde hace más de 22 años se están
haciendo grandes esfuerzos en España en materia de educación. A
partir de los Pactos de la Moncloa, se crearon en España 800.000
puestos escolares. En el curso 1998-1999, con el Gobierno del Partido
Popular, por primera vez en España se escolarizó la totalidad de los
niños y niñas entre 4 y 16 años. Por otra parte, señor presidente,
estamos alcanzando el 6 por ciento del PIB en inversión en educación,
entre la pública y la privada.

Todos estos datos son sin duda positivos, pero la calidad de esta
enseñanza, especialmente en lo que hace referencia a la enseñanza
primaria y a la secundaria, tiene múltiples problemas. Éstos se han
puesto de manifiesto en el informe del INCE y en otros informes
similares. El señor presidente del Gobierno decía en su discurso de
investidura: Es más importante que nunca que nos preocupemos por la
educación. No hay mayor injusticia en la sociedad del conocimiento
que una educación deficiente y no podemos conformarnos con una
educación que llegue a todos, debemos proponernos mejorar su calidad.

Por eso, señor presidente, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué
razones han llevado al Gobierno a impulsar la mejora de la enseñanza
de las humanidades?



Muchas gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra.

Señor presidente.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, es bien
sabido que la sociedad española ha hecho un esfuerzo educativo muy
importante y sostenido a lo largo de varias décadas. Quiero decirle
que la reforma prevista en las enseñanzas mínimas constituye, a
juicio del Gobierno, una demanda social muy generalizada tanto de los
padres como de la comunidad educativa en general, que demandan, como
S.S. ha dicho, una mayor calidad del sistema educativo.

El Gobierno está convencido de que es conveniente y necesario que
nuestros alumnos tengan una formación común, que sea también
resultado y reflejo de una herencia cultural común de todos los
españoles y que facilite la movilidad de todos éstos en torno al
territorio nacional, y queremos también una formación integral



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de los alumnos, que les capacite con los haberes fundamentales para
afrontar luego posibilidades de un puesto de trabajo en la sociedad y
su desarrollo en la misma. En ese sentido es en el que el Gobierno ha
planteado no solamente la reforma de las humanidades, es decir, no
solamente la mejora de la educación en la historia, en la enseñanza
de la filosofía, de la literatura universal, en la lengua, en la
literatura clásica y en las lenguas, sino también en las matemáticas,
pues sabido es, señoría, que el sistema educativo español es el que
menos horas tiene asignadas como carga educativa en estas materias, y
que además los alumnos de la ESO habían perdido 220 horas anuales de
matemáticas y 500 de lengua en los últimos años. Se trata, por lo
tanto, de mejorar los programas educativos de nuestro país. Por eso
hemos hecho el mayor esfuerzo en buscar el consenso para hacer esta
reforma de las humanidades, que también, como digo, hace referencia a
las nuevas tecnologías, a matemáticas y a otras asignaturas muy
necesarias para nuestros alumnos. Éste es un primer paso en la
reforma de nuestro sistema educativo, porque ya le anuncio que el
Gobierno tiene la intención de remitir a la Cámara un proyecto de ley
de calidad de enseñanza, un proyecto de ley de formación profesional
y un proyecto de ley de universidades, que esperamos que sirva para
mejorar también la enseñanza en nuestro sistema universitario.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.




- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ MEDIDAS HAADOPTADO EL
VICEPREPSIDENTE PRIMERO Y SECRETARIO DEL GOBIERNO PARA EVITAR
FILTRACIONES DE LAS DELIBERACIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS? (Número
de expediente 180/000334)


La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al vicepresidente primero
del Gobierno.

En primer lugar, pregunta número 11, que formula el diputado don
Jesús Caldera Sánchez-Capitán.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.

Señor Rajoy, es evidente que el señor Arias Cañete, ministro de
Agricultura, dominado por la esfera de la voluntad (y sin posibilidad
de manipular la realidad que tanto le gusta, porque fue grabado por
una televisión y, por tanto, hay un testimonio invencible), filtró
deliberaciones del Consejo de Ministros sobre el plan hidrológico
nacional. También resulta evidente su mala conciencia
ante los hechos; así lo demuestra la tibia reacción, en
particular suya y de su Gobierno, ante tan grosera y chabacana
actitud. (Rumores y protestas.) Lo que no es evidente, señor Rajoy,
son las consecuencias de dichas declaraciones para el señor Cañete,
porque, si son ciertas, comprometen muy gravemente al Gobierno y si
no lo son, merecen una respuesta inmediata.




¿Han tomado alguna medida para evitar filtraciones de las
deliberaciones del Consejo de Ministros?



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.

Señor Rajoy.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): No, porque no ha habido ninguna filtración
y el señor presidente del Consejo de Ministros no ha dicho lo que
parece que ha dicho. (Rumores.) Se lo digo yo, que soy el secretario
del Consejo de Gobierno y de la vista a lo mejor no ando muy bien,
pero del oído, sí. (Risas.-Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rajoy.

Señor Caldera.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor Rajoy, no crea usted que ésta
es una pregunta trampa ni que nos hemos sacado un conejo de la
chistera al comprobar las declaraciones del señor Cañete. (Rumores.)Las formas son lo de menos, lo que me preocupa, señor ministro, es el
fondo. Cañete dijo que si el plan hidrológico se aprobaba en el
Parlamento, lo sería como un paseo militar. Eso demuestra su
concepción, o la de su Gobierno, de este Parlamento como un campo de
Agramante, señorías, apropiado para operaciones de acoso y derribo.

(Rumores.) ¿Dónde quedan sus continuas apelaciones al consenso? Debo
recordarle que en los medios públicos, señor Rajoy (siempre tan
celosamente controlados por ustedes), hay una sección fija de
noticias gubernamentales. En ella se hacen apelaciones
bienintencionadas al consenso. ¿Dónde quedan, pues? El señor Cañete,
en el Consejo de Ministros, señor Rajoy, dijo que el plan hidrológico
nacional se aprobaría por... lo que todos ustedes ya saben (Rumores.),
porque el PP tenía mayoría absoluta y había perdido las elecciones en
Aragón.

Señor ministro, esto es gravísimo, demuestra su preocupación
y demuestra cómo entienden los derechos de los ciudadanos al elegir a
sus representantes. La política es una noble actividad, señor Rajoy,
y en España ha habido un empeño conservador para someterla a un
fuerte desprestigio, en la oposición y ahora en el Gobierno. Por
ello, hay dos alternativas: si Cañete mintió, su cese inmediato,
señor ministro; si no mintió,pida usted disculpas aquí porque, de lo
contrario, la



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política, que es una importante actividad humana que necesita
confianza y prestigio, acaba enlodada. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.

Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Caldera, son ciertas las afirmaciones que usted, tan finamente,
por cierto -y hace bien-, cita. Pero, ¿por qué no cita usted las
posteriores del señor Arias que recogieron todos los medios de
comunicación? Dijo: El presidente nunca ha dicho eso. Yo me refería
en mi intervención, que no era nada feliz -rectificó, por cierto-, a
las declaraciones públicas que el presidente del Gobierno hizo el
pasado día 3 de septiembre, donde decía que España tenía que afrontar
la asignatura pendiente que suponía el plan hidrológico nacional.

(Rumores.) Y es que, señor Caldera, usted, al no citar estas
declaraciones, hurta elementos de juicio a la Cámara, y eso es muy
grave. (Rumores.) Además, ¿por qué sabe usted que son ciertas las
primeras afirmaciones del señor Caldera y no las segundas? (Varios
señores diputados: Están grabadas.- Rumores.) ¿Se lo ha dicho algún
miembro del Consejo de Ministros? (Rumores.) Si es así, dígalo,
porque sería muy grave que no lo dijera. Pero, si no se lo ha dicho
ningún miembro del Consejo de Ministros, ¿cómo lo sabe usted?
(Rumores.) ¿Ha leído algún acta del Consejo de Ministros? ¿La puede
aportar? ¿O es que usted escucha lo que se dice en el Consejo de
Ministros? (Rumores.- Protestas.) Sería muy grave, señor Caldera.




La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Rajoy.

Señorías, ruego guarden silencio. Es imposible que con este murmullo
se oiga su respuesta y su intervención. Señorías, ruego guarden
silencio para que podamos continuar con el turno de preguntas.

Adelante, señor Rajoy.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): En realidad, sólo necesito quince segundos,
señora presidenta, para hacer una petición al Grupo Socialista.

Por último, me pide que tome medidas, pero después de todo lo que ha
dicho el señor Caldera, al final voy a tener que tomar medidas contra
él, y a mí no me gustaría. (Rumores.-Risas.-Aplausos.) No me
gustaría, porque el señor Caldera es un hombre que se comporta
razonablemente. (Continúan los rumores.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Es un hombre simpático y me cae bien. Lo
único que puedo hacer es pedir al Grupo Socialista que no me pregunte
por qué no he tomado medidas contra el señor Caldera, porque, si no,
me voy a ver obligado a hacer un esfuerzo de imaginación, que,
créanme ustedes, no será fácil. (Aplausos.)Muchas gracias. (El señor Martínez Sanjuán pronuncia palabras que no
se perciben.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rajoy.

Señor Martínez Sanjuán, le ruego que no hable de un lado a otro del
hemiciclo en un tono que impide que se pueda seguir celebrando el
debate.




- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO MIGUEL FERNÁNDEZ MARUGÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CUÁL ES LA
POLÍTICA DEL GOBIERNO DE COLOCACIÓN DE EX ALTOS CARGOS EN
PRESIDENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS? (Número de expediente 180/000336.)


La señora PRESIDENTA: Pregunta número 13, que formula el diputado don
Francisco Fernández Marugán.




El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señor Rato, desde que
llegaron al Gobierno han estado modificando la estructura de poder
económico en España. Han desarrollado un conjunto de actuaciones que
no han pasado desapercibidas y que en una sociedad exigente como la
española no han creado indiferencia. Es una realidad que estas
actuaciones han servido para dejar en manos de personas vinculadas a
su partido a las más importantes empresas españolas. En empresas
públicas privatizadas y en grupos privados son hoy numerosos los
empresarios que les deben a ustedes su cargo. En la empresa pública,
¿sería usted tan amable de decirnos cuáles son los criterios de
política de colocación de ex altos cargos en presidencias de empresas
públicas que tiene el Gobierno?



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.

Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta. Gracias, señor diputado.




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El Gobierno no tiene ninguna política de colocación de ex altos
cargos, pero sigue la ley aprobada por este Parlamento hace quince
años.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.

Señor Fernández Marugán.




El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor Rato, su respuesta es una ficción y
conviene, en esta sociedad, diferenciar la ficción de la realidad. La
realidad es que ustedes han creado una casta empresarial afín a sus
intereses. La realidad es que hoy controlan el 60 por ciento del
IBEX, la realidad es que ni el señor Norniella ni el señor Martín
Villa ni el señor Marín ni el señor Isla, por no citar al señor Ariño
o al señor Villalonga o al señor Alierta o al señor Irala o al señor
Fernández Olano, ninguno de ellos es Iacoca. No estarían donde hoy
están si no hubiera sido por los vínculos que antes y ahora, han
tenido y tienen con ustedes. No digamos el señor Barrero del que
todos conocemos su capacidad, que sólo la ha demostrado para cazar
muflones, o su afición para coleccionar rifles Kalashnikov o su
tradición empresarial, que no atesora ninguna. (Aplausos.- Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Señorías.

Un momento, señor Fernández Marugán.




El señor FERNÁNDEZ MARUGAN: A pesar de ello, lo han colocado en la
Presidencia de la principal empresa papelera de Europa. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán. Ha
agotado su tiempo e incluso lo ha sobrepasado.

Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.

Señor diputado, decía el señor Caldera hace escasamente tres minutos,
que la política es una noble actividad. Yo lo creo. (Rumores.) Sí,
señorías, el presidente del Consejo Social de la Universidad de
Huelva, el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, el
presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, el jefe del Puerto
de Avilés, el jefe de la Junta de Saneamiento de Gijón, el presidente
de la Caja de Ahorros de CastillaLa Mancha, el presidente de la Caja
de Ahorros de Granada y otras muchas e ilustres personalidades han
tenido el honor de ser políticos del Partido Socialista y ocupan
puestos en empresas públicas y privadas y, al parecer, según la
visión del señor Fernández Marugán, están marcados por el hecho de
haber pertenecido a un grupo político o a un gobierno. No comparto
esa visión, precisamente a los veinticinco años de la muerte de
Franco cuando todavía se escucha decir a algunas personas que los que
han tenido cargos políticos no tienen que tener el respeto y la
seriedad suficiente para ser buenos presidentes del Tribunal de
Defensa de la Competencia ex secretarios de Estado de Economía con
ustedes, buenos presidentes de la Comisión Nacional de Valores ex
ministros de Industria con ustedes.

Señor Fernández Marugán, por no ir más lejos, usted no puede defender
sus posiciones porque no sólo los ejemplos que le he dado demuestran
que no las puede defender, sino que las propias propuestas que su
grupo parlamentario nos va a hacer en el futuro lo van a demostrar
también, y no quiero hacer daño a personas por las que tengo más
respeto que usted.

Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.




- DEL DIPUTADO DON JUAN JOSÉ OTXOA DE ERIBE ELORZA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA
VOLUNTAD DEL GOBIERNO PARA APOYAR EL ENTENDIMIENTO ENTRE LAS
INSTITUCIONES EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENACIÓN
TERRITORIAL TRANSITORIA DE LOS ENCLAVES Y DEL ENCLAVE DE TREVIÑO EN
PARTICULAR, RESPETANDO LAS GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS Y CONSTITUCIONALES
DE MATERIALIZACIÓN DE LA VOLUNTAD DE SUS CIUDADANOS, TAL Y COMO
CONCLUYÓ EL INFORME DEL SENADO DE 1995 (Número de expediente 180/
000330)


La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Administraciones Públicas.

En primer lugar, pregunta número 7, que formula el diputado don Juan
José Otxoa de Eribe Elorza.




El señor OTXOADE ERIBE ELORZA: Sí, señora presidenta.

Señor ministro, como es sobradamente conocido, el enclave territorial
de Treviño es un residuo feudal causado por la donación en 1566 de
Enrique II de Castilla al Adelantado de Castilla, don Pedro Manrique.

En otras ocasiones, el Grupo Parlamentario Vasco ha cuestionado al
Gobierno por su posición al respecto, por el compromiso con el que
asume en este caso la obligación constitucional que atañe a todos los
poderes públicos para promover las condiciones en que los ciudadanos
ejerciten sus derechos y libertades en términos de igualdad real y
efectiva, encontrándonos siempre con la lacónica y desinteresada
respuesta de remisión al acuerdo entre las instituciones de Castilla
y León y del País Vasco, que saben sibilinamente reconducidas al
juego de los respectivos estatutos de autonomía, que



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interpretó el Tribunal Constitucional y que conducen en la práctica a
que la llave de todo un proceso de actualización democrática quede en
manos de la voluntad unilateral del Gobierno castellano-leonés, que a
su vez retarda conscientemente y eterniza el problema, porque no
encuentra cobertura y rédito político alguno a facilitar una solución
acorde con la voluntad tristemente tergiversada de los interesados
treviñeses.

Por todo ello hacemos la pregunta, que doy por formulada en sus
propios términos.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, presidenta.




Señor diputado, el Gobierno no puede más que atenerse a lo que
establece la Constitución y los estatutos, en este tema y en
cualquier otro. Los estatutos son muy claros, porque las normas que
regulan la cuestión que plantea S.S. son la disposición transitoria
séptima, tercera, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, cuya
constitucionalidad ha sido declarada por sentencia de 1986 del
Tribunal Constitucional, y el artículo 8 del Estatuto Vasco. Esos son
los que marcan el sistema de desagregación y agregación.

Ha habido una preocupación política, que ha llevado a una ponencia en
el Senado y una moción en el Congreso, pidiendo al Gobierno que se
adaptara y siguiera esa ponencia del Senado. La posición política del
Gobierno es hacer todo lo posible por ayudar a esas recomendaciones,
a esa moción que hizo el Senado, y en ello estamos, pero naturalmente
respetando la legalidad constitucional y estatutaria.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Señor Otxoa.




El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, me alegra oírle decir que el Gobierno piensa hacer
todo lo que esté en su mano.

El Senado, en su informe del año 1995, recomendó la creación de una
comisión interinstitucional, que se formó, que está formada entre el
Gobierno vasco, la Junta de Castilla y León y la propia Diputación
Foral de Álava. Curiosamente, esa ponencia se ha reunido el 10 de
diciembre de 1999, el 4 de abril de 2000 y en la reunión de noviembre
de 2000 Castilla y León dio la espantada. Sencillamente, no se
reunió. Y el Gobierno al que usted pertenece está compuesto y apoyado
por el Partido Popular, como actualmente lo está el Gobierno, la
Diputación Foral de Álava y la Junta de Castilla y León, y aquí
también el Gobierno del reino. Por tanto, creo que ustedes podrían
echar un cuarto a espadas y podrían facilitar muy mucho que esta
solución prevista
para Treviño se lleve a efecto, no actuando precisamente con esa
altanería machacona y chulesca que desprecia sistemáticamente lo que
se entiende por ...




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Señor
diputado, no me parece que en ningún momento yo haya hablado con
altanería chulesca. He repetido lo que hay en la Constitución y en el
estatuto. Estamos ayudando a que esa Comisión interadministrativa,
que se ha creado y que está funcionando, consiga los máximos logros,
que es en estos momentos que los ciudadanos del condado de Treviño
tengan los mejores servicios posibles por conjunción de las
administraciones autonómicas de Castilla y León, del País Vasco, de
la Diputación de Burgos y de los propios municipios.

En efecto, este es un problema difícil y complejo y ha habido
tensiones. Y usted no ha dicho que en junio de este año los
ayuntamientos abandonaron esa ponencia técnica dentro de esa Comisión
interadministrativa- porque no estaban de acuerdo con lo que allí se
hablada. Se ha intentado reanudar el diálogo. Vuelve a haber
dificultades y volverá a haberlas muchas veces, pero puedo asegurarle
que el Gobierno tiene en su mente los derechos de esos ciudadanos del
condado de Treviño y lo que pretende es que esa Comisión consiga lo
mejor por el acuerdo, nunca por la imposición.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON JOSÉ NÚÑEZ CASTAIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO
DISTRIBUIR ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EL FONDO DE 46.000
MILLONES DE PESETAS, SUMA DE LAS PARTIDAS PREVISTAS EN LOS
PRESUPUESTOS DE 1997, 1998, 1999 Y 2000, PARA HACER EFECTIVAS LAS
ASIGNACIONES DE NIVELACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES?
(Número de expediente 180/000331)


La señora PRESIDENTA: Pregunta número 8, que formula el diputado don
José Núñez Castain.




El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ¿cuándo piensa el Gobierno distribuir entre las
comunidades autónomas el fondo de 46.000 millones, resultado de sumar
las asignaciones presupuestarias de los cuatro últimos presupuestos



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aprobados, para resolver la nivelación de los servicios públicos
fundamentales?



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, presidenta.




Desde hace varios años, como sin duda S.S. conoce, se viene
trabajando en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera
para estudiar la metodología que fije el alcance y cuantía de las
asignaciones de nivelación. Este grupo, que ha tenido muchas
reuniones, no fáciles y que no llevaban a resultados, por fin el 23
de enero de 1998 adoptó el acuerdo de considerar servicios públicos
fundamentales la educación, la sanidad y los servicios sociales. Como
la sanidad y servicios sociales tienen por el momento su propio
sistema de financiación, se acordó que el primer servicio a analizar
sería el de educación.

Los créditos consignados, desde 1997 hasta el 2000, para las
asignaciones de nivelación están pendientes de una propuesta de
instrumentación de este Consejo. Para que una parte de los créditos
pudiera utilizarse, se aprobó un escenario de gasto de 21.000
millones, que es una parte, repito, distribuido de la siguiente
forma: Para este año, 7.000 millones; para el que viene, 7.000; y
para cada uno de los dos años siguientes, 3.500. Así, en los
presupuestos de este año se han incluido asignaciones de nivelación y
suscripción de convenios plurianuales de colaboración de comunidades
autónomas y universidades públicas. Y estamos pendientes de aprobar
esta instrumentación para que esa parte llegue. Luego seguirán
resolviéndose las restantes.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Núñez.




El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor ministro, los resultados de esta
Comisión son todavía parciales. Es evidente que la definición de los
servicios públicos fundamentales implica también una definición de
estándares y de costos de esos servicios que, con toda seguridad, van
a superar en demasía las cifras de las que estamos hablando. Si
estamos hablando de equiparar los servicios fundamentales, no sólo
los que usted ha dicho, sino alguno que otro más que puede salir,
estamos hablando de cifras muy superiores. Estamos hablando de unos
fondos que vienen derivados de la Lofca, que después de casi 20 años
todavía no están suficientemente dotados.

Creo que es necesario, señor ministro, un impulso a este grupo de
trabajo en la definición técnica de los servicios públicos
fundamentales de los estándares y de los costos y unas dotaciones
presupuestarias mucho más
acordes que las meramente simbólicas hasta la actualidad. Pensar que
los desequilibrios de servicios públicos fundamentales, consecuencia
de muchos factores, pero entre ellos de transferencias
desequilibradas, van a poderse abordar con cifras como las que S.S.

me dice de 20.000 ó 30.000 millones es estar fuera de la realidad,
porque tendremos que hablar, con toda seguridad, de centenares de
miles de millones.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Gracias.

Comprendo la argumentación de S.S. y, en efecto, el artículo 15 de la
Lofca, que se hizo un poco con base en algún precedente semejante,
como el método alemán, quizá tenga una aspiración que es difícil
lograr con los medios que se ponen a disposición. Debo decirle, de
paso, que en Alemania todavía no han resuelto este mismo problema y
nosotros tomamos un poco la idea de lo que ellos estaban haciendo.

Yo creo que en el futuro, como tenemos que tener una discusión sobre
financiación autonómica, este debe ser uno de los temas que pongamos
sobre la mesa, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas y los
partidos -es un buen lugar para discutirlo-, porque así es posible
que pudiéramos encontrar una solución, que nunca será fácil.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA MERCÈ PIGEM I PALMÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON
LOS CRITERIOS QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA PARA QUE LA CAMPAÑA
MEDIÁTICA 'TOLERANCIA CERO' FRENTE A LAVIOLENCIA DOMÉSTICA PRESENTE
IMÁGENES Y MENSAJES FOCALIZANDO A LAS MUJERES Y A LOS HIJOS
ÚNICAMENTE COMO VÍCTIMAS Y NO TRANSMITIENDO UNA IMAGEN EN POSITIVO
QUE LES PRESENTE COMO SUPERVIVIENTES DE LA VIOLENCIA? (Número de
expediente 180/000356)


La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, la número 28, que formula doña Mercè Pigem i
Palmés.




La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señora presidenta.




Señor ministro, estos días se ha estado realizando la campaña
mediática de tolerancia cero frente a la vio-



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lencia doméstica. Apoyamos esta iniciativa y desearíamos, al igual
que ustedes, que fuera un instrumento eficaz en la erradicación de la
violencia que se ejerce contra las mujeres. Esta iniciativa, por lo
demás, está en sintonía con la resolución del Parlamento Europeo, de
16 de septiembre de 1997, que recomienda estas campañas como una de
las medidas para incidir en la prevención de la violencia que se da
en el seno de la familia. Ahora bien, el concreto contenido de la
campaña nos plantea algunos interrogantes que deseamos trasladar al
señor ministro.

La campaña presenta unas imágenes fuertemente impactantes. Este
impacto, que no dudamos que es voluntariamente buscado para que el
mensaje pueda desplegar toda su eficacia, a juicio de algunos
profesionales puede plantear un riesgo de emulación de estas
conductas así como un riesgo en la percepción que puedan tener los
niños y niñas acerca de la presentación generalizada de los hombres
como agresores. Además de estos riesgos, que no dudamos que habrán
sido convenientemente valorados, el contenido del anuncio es a
nuestro juicio globalmente desesperanzador y fatalista, focalizando a
las mujeres y a los hijos únicamente como víctimas, sin que se
visualice ninguna solución. En este sentido se aparta de las
recomendaciones que se daban en la mencionada resolución del
Parlamento Europeo, en la que se decía que en estas campañas se debía
intentar proyectar una imagen en positivo de las mujeres, un mensaje
que las presente como supervivientes de la violencia y no únicamente
como víctimas, y un mensaje en el que también se recogiera la
prevención de la violencia así como la posibilidad de que los
agresores, frente al rechazo y aislamiento social al que les
condenará su conducta, tengan tratamiento y rehabilitación. En
definitiva, un planteamiento impactante pero con soluciones en
positivo.

Por todo ello, señor ministro, quisiéramos conocer cuáles son los
criterios que se han tenido en cuenta para que la campaña mediática
frente a la violencia doméstica presente imágenes y mensajes
focalizando a las mujeres y a las hijas e hijos únicamente como
víctimas y no transmitiendo una imagen en positivo que les presente
como supervivientes de la violencia.

Gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señora presidenta, señora Pigem, vaya por delante que comparto la
mayor parte de la reflexión que ha establecido. Podría haber sido
otra de las dimensiones que tiene el problema de la violencia
doméstica o la violencia contra las mujeres objeto de una campaña
publicitaria, que al menos,
como usted también reconocía, sí que ha tenido la virtud o el mérito
de no pasar desapercibida.

La primera de estas campañas, como bien recordará, hizo un especial
énfasis en la necesidad de producir denuncias, en explicar incluso
las facilidades que el Estado debe dar para que se produzcan de
manera efectiva estas denuncias. La segunda enfatizó sobre un aspecto
también muy importante, la existencia de recursos sociales y
especialmente de muchos y buenos profesionales dispuestos a ayudar a
las mujeres y a las familias que sufren esta indignidad. Y la de este
año ha querido mantener muy alto, lo más alto posible, el nivel de
intransigencia que tiene que tener la sociedad frente a la violencia
doméstica o la violencia de género.

No debemos admitir ningún genero de violencia, pero creo que también
es especialmente indeseable la violencia de género. Y se ha querido
hacer explicando que los efectos indeseables alcanzan no solamente al
género femenino, a las mujeres, sino también a los niños. Hemos
tomado precauciones; hemos tomado la precaución de consultar al
Colegio de psicólogos sobre algunos aspectos de emotividad y de
afectividad que conlleva. La respuesta que hemos recibido es que era
proporcional, cumplía con el objetivo de no pasar desapercibida, pero
podía y debía realizarse. También hemos buscado, como recomendación,
que las franjas horarias de emisión fuesen las más adecuadas,
insisto, hasta donde nos es posible influir sobre los distintos
medios de comunicación.

Coincido con la última parte. Quedan todavía dimensiones que no han
sido abordadas y que yo estoy seguro de que en el futuro tendrán
cabida adecuada en nuestras campañas. Y especialmente coincido con
que, al igual que en cualquier otro género de delincuencia, el
objetivo de reinserción tiene que ser un objetivo deseado y deseable.

Ciertamente, hoy estamos todavía lejos de esa situación. Es elevado
el número de personas que -recojo el enunciado de su pregunta-
desgraciadamente no podemos presentar como supervivientes sino como
simples víctimas. Me permito recordar la elevada cifra de mujeres que
han perdido este año su vida. Yo creo que con la colaboración y el
diálogo político de todos podremos seguir perfeccionando un camino
difícil pero necesario.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Pigem, le quedaban nueve segundos. (Pausa.) Gracias.




- DEL DIPUTADO DON JAIME JAVIER BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA:
¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE HA ADOPTADO LAS MEDIDAS PRECISAS PARA QUE
A



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LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD DEL MENOR
SE GARANTICEN DE MANERA EFECTIVA LOS DERECHOS RECOGIDOS EN LA MISMA?
(Número de expediente 180/000339)


La señora PRESIDENTA: Pregunta al señor ministro de Justicia, la
número 16, que formula el diputado don Jaime Javier Barrero López.




El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, gracias.

Señor ministro, la pregunta es: ¿Considera el Gobierno que ha
adoptado las medidas precisas para que a la entrada en vigor de la
Ley de responsabilidad penal del menor se garanticen de manera
efectiva los derechos recogidos en la misma?



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrero.

Señor ministro de Justicia.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Señora presidenta,
señoría, el Gobierno ha adoptado todas las medidas que le corresponde
para garantizar de manera efectiva los derechos recogidos en la Ley
de responsabilidad penal del menor. Ha desarrollado lo que en el
ámbito de sus competencias son las previsiones de promoción
legislativa, de dotación de medios personales y materiales, así como
las dotaciones presupuestarias para que la entrada en vigor de esa
Ley sea garantizada en su plena efectividad.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.




Señor ministro, no es así como piensan ni el Consejo General del
Poder Judicial, ni los consejeros de las comunidades autónomas
responsables y competentes en la materia, ni el Consejo Fiscal. Usted
sabe que cuando esta ley entre en vigor va a significar un mayor
esfuerzo para las comunidades autónomas en la reeducación y en las
medidas de internamiento para jóvenes de 14 hasta 21 años. Todos
ellos piensan que se precisa de una transferencia económica mayor,
porque las competencias han aumentado y por lo tanto es una
obligación del Estado ser solidario con las comunidades autónomas
también en estos fines.

Para que realmente creamos en las medidas de tratamiento de los
menores y en sus medidas reeducativas, señor ministro, tiene que ser
solidario usted con las comunidades autónomas y transferirles dinero.

Esto es exactamente lo que le han pedido las comunidades autónomas el
7 de septiembre, en una reunión a la que
usted no asistió, pero sí otros responsables del Gobierno. Además,
todas las comunidades están de acuerdo en que esto también forma
parte de sus competencias. El 7 de noviembre, en el Senado, todos los
grupos parlamentarios, excepción hecha del suyo, pidieron a su
Ministerio y al Gobierno que hiciera el esfuerzo de transferir medios
para que podamos cumplir una labor constitucional que es reeducar a
los menores y medidas de tratamiento con los mismos.

Señor ministro de Justicia, ¿qué va a hacer a un mes vista? Tiene que
ser usted, insisto, y lo hago sólo con el ánimo de apoyar y procurar
utilidad en esta posición y animarle a que tome de verdad las riendas
de su Ministerio y no se ocupe de otros asuntos. Hay comunidades
preocupadas, menores que pueden no tener sus derechos garantizados, y
usted tiene una responsabilidad, como la tienen las comunidades
autónomas, en este tema. Señor ministro, no sea un ministro
inmovilista, se lo digo con aprecio. Sea un ministro no bloqueado
sino responsable y solidario con las comunidades, que, como usted,
tienen competencias en esta materia.

Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrero.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Señora presidenta,
señoría, la mejor forma de ser solidario con los menores es cumplir
cada uno con las obligaciones que la ley que ha aprobado esta Cámara
nos ha impuesto a cada una de las administraciones en el ámbito de
sus competencias. Nosotros hemos cumplido, tal como le he dicho, las
que esta Cámara atribuía al Gobierno, al Ministerio de Justicia.

Usted era diputado en ese momento y las conoce. Le recuerdo que se
dividen en cinco grandes áreas.

Promoción legislativa. Están tramitándose en las Cortes Generales los
proyectos de ley de modificación de la Ley orgánica del Poder
Judicial y del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, para
introducir las modificaciones derivadas de la nueva norma. Respecto a
los órganos judiciales y de plantillas, el pasado 24 de noviembre el
Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que se crean 31
nuevos juzgados de menores, que incrementan los ya actuales 38 y
asegurarán al menos un juzgado por cada provincia. Estos juzgados se
van a dotar con el personal necesario para cubrir sus funciones. Por
otra parte, el Real Decreto 1.119 ha creado 36 nuevas plazas de
fiscales, para reforzar los medios de que dispone el ministerio
fiscal. Igualmente, vamos a incrementar en 129 plazas la plantilla
orgánica del ministerio fiscal, ampliación que tendrá continuidad,
como es lógico, en los años sucesivos. Para el año 2001 se producirá
una ampliación de dotación de 40 plazas en las categorías de
psicólogos, trabajadores sociales y educadores, que incrementarán las



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212 plazas de este personal que prestan servicios en la actualidad.

En el área de formación, el Centro de Estudios Jurídicos ha venido
desarrollando durante al año 2000 dos seminarios, ocho cursos
monográficos, que finalizan precisamente hoy y a los que han asistido
más de 160 fiscales, así como cursos para el resto del personal
funcionario.




En cuanto a medios materiales,...




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL MAR JULIOS REYES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULAAL SEÑOR MINISTRO DE
INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS DE CARÁCTER URGENTE Y RESOLUTIVO PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LA SITUACIÓN DE LA
INMIGRACIÓN EN CANARIAS? (Número de expediente 180/000332.)


La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro del
Interior. En primer lugar, pregunta número 9, que formula la diputada
doña María del Mar Julios Reyes.




La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, la pregunta es: ¿Qué medidas de carácter urgente y
resolutivo piensa adoptar el Gobierno ante la situación de la
inmigración en Canarias?



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta,
señoría, la primera y más inmediata va a ser la aprobación en los
Presupuestos Generales del Estado, en una enmienda en el Senado, de
la ampliación del Plan de seguridad integral para Canarias, por un
importe de 500 millones de pesetas. Evidentemente, vamos a seguir,
como tendré ocasión luego de decírselo, vamos a ampliar los programas
de acogida y de inserción de inmigrantes.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Julios.




La señora JULIOS REYES: Señor ministro, hacemos la pregunta porque la
situación requiere, como sabe, adoptar medidas urgentes y
resolutivas. En ese sentido, lógicamente nos alegra y valoramos muy
positivamente la medida que nos acaba de enunciar. Seguro
que estaremos también de acuerdo en que no se trata de crear alarma
social, ya que es responsabilidad de todos afianzar la cultura de la
tolerancia, no hacer demagogia ni uso partidista del problema. Si es
éste el sentido, el de la responsabilidad, con el que debemos
continuar el desarrollo y el debate de la Ley de Extranjería, con
este mismo sentido hay que adoptar otras medidas urgentes. El número
de personas que llega en pateras está aumentando y también el número
de las que mueren en el intento. La procedencia de los que llegan a
Canarias ha cambiado. Antes eran fundamentalmente marroquíes, ahora
son subsaharianos. ¿Cuál es la principal diferencia? La propia
Delegación del Gobierno lo ha puesto de manifiesto: las dificultades
de devolución. Canarias se convierte en un punto de entrada de
inmigrantes, con difícil salida. Muchos de ellos con expedientes de
expulsión, pero no pueden ser expulsados, quedan en Canarias como
conocidos irregulares. Recordemos los últimos acontecimientos
ocurridos en Canarias, producto de que la situación de ilegalidad
conlleva a un círculo vicioso de marginalidad, pobreza, indigencia,
actividades delictivas para sobrevivir, circunstancias que ocasionan,
en última instancia, la confrontación social. La situación sabemos
que es complicada y de delicada solución. No se trata ni de premiar
ni de fomentar la inmigración irregular, pero es urgente que
desarrollemos medidas para evitar la exclusión social de los
inmigrantes irregulares. Queramos o no, están ahí.

Es urgente el apoyo para una mayor cofinanciación para habilitar
plazas de centros de acogida. Es urgente que empiece a ser una
prioridad de la política exterior española el África subsahariana,
convenios de repatriación ligados a cooperación, más medios para el
control de las fronteras, establecer con claridad y periodicidad los
cupos de inmigrantes para ocupar puestos de trabajo que este país
pueda absorber.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta,
señoría, como me pedía medidas de carácter resolutivo, trataré de
enunciar, lo más rápidamente posible, un conjunto de ellas en el
ámbito de la seguridad en particular y, posteriormente, en el ámbito
de lo que es ya la acogida y lo que significa la atención de
extranjeros.

En el ámbito de la seguridad, quiero comunicarle que se van a
incorporar a la Jefatura Superior 35 nuevos inspectores, que se va a
incrementar un número a determinar de funcionarios en las comisarías
de Playa de las Américas y de Arrecife, que se van a incorporar cinco
nuevos vehículos K para Tenerife sur. En el ámbito de Guardia Civil,
se van a cubrir 108 vacantes de la Comandancia de Tenerife. Está
previsto una inversión de 75 millones para vehículos ligeros y se va



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a adquirir un conjunto de instrumentos, radares, cámaras de visión
nocturnas tanto para Lanzarote como para Fuerteventura.

En cuanto a acogida y detención de extranjeros, se ha ampliado el
número de plazas para acogida en Canarias de 250 a 300. Se ha puesto
en marcha una red de albergues de titularidad pública y en Tenerife
se va a crear un centro de estancia temporal de inmigrantes con una
capacidad de más de 100 plazas. En el día de ayer se llegó a un
acuerdo para la construcción de este centro, cuyo coste ascenderá a
700 millones de pesetas y que financiará el Imserso, señoría.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON VICTORINO MAYORAL CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA EL
SEÑOR MINISTRO POSITIVO EL BALANCE DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD
CIUDADANA QUE HA APLICADO DURANTE LOS AÑOS QUE LLEVADE TITULAR EN EL
MINISTERIO? (Número de expediente 180/000337)


La señora PRESIDENTA: Pregunta número 14, que formula el diputado don
Victorino Mayoral Cortés.

Señor Mayoral.




El señor MAYORAL CORTÉS: Señor ministro, ¿considera S.S. positivo el
balance de la política de seguridad ciudadana que ha aplicado durante
el tiempo que lleva de ministro?
Yo me anticipo y considero que S.S. me va a decir que ha sido muy
positiva, porque S.S. es, pienso yo, el ministro del Interior más
feliz de toda Europa occidental.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta,
señoría, probablemente, para parlamentario serviría; para psicólogo,
le aseguro que no sirve, señor diputado.

Le quiero decir que la evolución de la suma de delitos y faltas en el
período de 1996 a 2000 arroja, por primera vez, un crecimiento
prácticamente cero.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Mayoral.




El señor MAYORAL CORTÉS: Evidentemente, después del déficit cero,
vamos al crecimiento cero de
inseguridad. Pero esa es la apariencia que S.S. pretende dar a esta
Cámara y a la opinión pública; la realidad es mucho más cruda, señor
ministro. La realidad es que su Ministerio funciona sin brújula. Su
Ministerio desconoce cuál es la cifra real de criminalidad en España.

No tiene datos completos ni fiables. Además, los datos que tiene el
fiscal general del Estado contrastan y desmienten absolutamente la
evolución de la criminalidad que ustedes están ofreciendo al país.

No solamente no tienen datos fiables y seguros, y por tanto
desconocen la realidad, sino que, además, desconocen el crecimiento,
los datos, los indicios, lo que dice el fiscal general del Estado de
los procedimientos que se han iniciado, que son un 7,7 por ciento más
en 1999 que en 1998, en todo tipo de delitos, que figuran en la
memoria del fiscal general del Estado, memoria que S.S. se ve
obligado a descalificar y a ignorar, porque ahí están los números que
contrastan lo que es la presentación más o menos maquillada que
ustedes están haciendo de los datos en materia de seguridad
ciudadana. Esos son los datos y esas son las realidades:
desconocimiento, falta de brújula, crecimiento de la inseguridad
ciudadana en nuestro país.

También hay hechos más graves, señor ministro. Impunidad. Tenemos un
alto índice de impunidad. El 50 por ciento de las diligencias y
procedimientos abiertos ante los juzgados y tribunales quedan
archivados por falta de autor conocido. Desprotección. El horario de
la Policía 2000 es muy pequeño, no abarca los fines de semana.

Finalmente, hay del orden de 8.000 vacantes en el cuerpo nacional de
Policía.

Su señoría es una estrella con pies de barro y lamento decirle que su
gestión en estos años ha sido pobre y mediocre y que no está a la
altura ni mucho menos de la imagen construida. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Sí, señoría.

Las cifras que he trasladado hoy y que trasladé ayer constituyen,
como usted bien sabe, la aplicación de un programa estadístico que
aprobaron ustedes en el año 1985 y por el que ustedes trasladaban
todos los años los datos a la opinión pública desde la Secretaría de
Estado de Seguridad, como nosotros hacemos. Así, exactamente igual de
fidedignos son nuestros datos que los que ustedes han dado durante
diez años, porque ese programa no se ha modificado.

Usted sabe muy bien, porque ayer tuvimos cuatro horas de debate sobre
estas cuestiones, que la Fiscalía General del Estado no mide
esencialmente el nivel delincuencial, sino el de litigiosidad en los
tribunales, referido a los delitos. Le voy a dar unas cifras
parciales y unas cifras totales, señoría. Cifras parciales: en el



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año 2000 se han cometido 60.122 infracciones penales menos que en
1999. El número de delitos y faltas ha descendido este año un 4 por
ciento respecto al año anterior; un 5 por ciento en delitos y un 3
por ciento en faltas. Los delitos contra el patrimonio han disminuido
un 5 por ciento; hemos tenido 30.000 robos menos que el año pasado.

En el cuatrienio 1993-1996, hemos tenido una elevación de la
delincuencia del 14 por ciento; en el cuatrienio 1997-2000, el
crecimiento ha sido cero, señoría. Si se refiere al sentimiento
subjetivo de inseguridad, la encuesta de hoy del CIS dice que si, en
el año 1995, 38 de cada 100 españoles situaban en su prioridad el
problema de la delincuencia, hoy son once, señorías.

Las cifras, que siempre son orientativas y que no nos deben hacer
caer en la euforia, mucho menos deben hacernos caer, señoría, en la
demagogia y en el catastrofismo que usted acaba de hacer. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA LEIRE PAJÍN IRAOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ
INSTRUCCIONES SE DIERON A LA POLICÍA QUE CAUSARON LA REPRESIÓN
DESPROPORCIONADA EN LA MANIFESTACIÓN QUE TENÍA LUGAR EL PASADO DÍA 26
ANTE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, EN LA QUE SE RECLAMABA LA
ABOLICIÓN DE LA DEUDA EXTERNA? (Número de expediente 180/000358)


La señora PRESIDENTA: Pregunta número 15, que formula la diputada
doña Leire Pajín Iraola.

Señora Pajín.




La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señora presidenta.




Señor ministro, el domingo pasado los ciudadanos de este país veían
conmocionados imágenes en la televisión de la brutal carga de la
policía contra ciudadanos jóvenes que de forma pacífica estaban
haciendo una manifestación por una causa justa y solidaria que yo
comparto; imágenes que son propias de una época que no viví -otros
compañeros de mi partido sí-, pero que desde luego no estoy dispuesta
a aceptar en plena democracia. Por eso le pregunto: ¿qué
instrucciones se dieron a la policía que causaron la represión
desproporcionada en la manifestación que tenía lugar el pasado día 26
ante el Congreso de los Diputados?



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta, la
intervención policial fue necesaria ante la presencia de los
manifestantes en la escalinata del Congreso y ante lo que pretendían
hacer. Ahora bien, señoría, se produjo algún comportamiento de algún
policía que sin duda pudo ser excesivo y por ello se ha abierto un
expediente informativo y se ha cesado al responsable operativo que
ordenó la intervención.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Pajín.




La señora PAJÍN IRAOLA: Señor ministro, su respuesta no puede
tranquilizar a los ciudadanos, porque no es un hecho aislado; a usted
se le están acumulando aquí las comparecencias y las preguntas por
hechos similares. El problema es que está habiendo un aumento de
agresividad por parte de la policía desde que el señor Francisco
Javier Ansuátegui es delegado del Gobierno en Madrid. Perdone que le
diga que esto responde absolutamente a una orientación clara del
Ministerio del Interior para que se dejen de hacer manifestaciones en
Madrid, como pone de manifiesto el portavoz del Grupo Popular en la
Asamblea de Madrid, cuando dice que lo único que le preocupa al
Partido Popular es el número de manifestaciones que se hacen a lo
largo del año en la capital. Coincide, además, con un momento en el
que los ciudadanos están preocupados por la política del Gobierno.

Señor ministro, se está intentando desde el Ministerio del Interior
claramente reprimir las manifestaciones de los ciudadanos en este
país y eso es muy grave. Así lo han denunciado los propios sindicatos
de la policía que se encuentran estresados por estas órdenes que
desde su Ministerio se lanzan. Le voy a decir más, señor ministro,
usted no ha rectificado, usted quiere matar al mensajero
suspendiéndolo cautelarmente, y el problema viene de su Ministerio y
de su delegado del Gobierno. Por tanto, le pido y le exijo que
rectifique por el bien de los ciudadanos de este país, de la
democracia y de la libertad de expresión.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta,
señoría, siempre sucede lo mismo ante el relato de estos hechos, hay
una lectura parcial de los mismos por parte de ustedes.

La manifestación se había desarrollado con absoluta normalidad hasta
la plaza de Neptuno. Había una comunicación a la Delegación del
Gobierno. La policía protegió el ejercicio de ese derecho. No hubo ni
un solo incidente, señoría. El problema surge cuando un grupo



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de cien personas se salta el cordón policial e inicia una
manifestación paralela, que no está ni prevista ni comunicada. La
policía presencia como ese grupo trata de acceder al Congreso y como
pretende empapelar la fachada del mismo. La policía trata de dialogar
con los manifestantes para que desalojen la escalinata del Congreso.

No le hacen caso, señoría, y en ese momento es cuando necesariamente
tiene que intervenir.

Del relato parcial de los hechos pasa usted a una descalificación
personal y universal, pero yo no entraré en el terreno de la
descalificación ni de la demagogia universal, pero permítame que le
diga que el Gobierno ha sabido diferenciar en esta intervención y ha
hecho un esfuerzo, porque es su obligación, y ha separado que la
actuación fue necesaria y que por parte de alguno de sus miembros fue
probablemente improcedente. Yo les pediría a ustedes también que,
además de controlar al Gobierno, entiendan primero en un día como hoy
-que ésa evidentemente es su obligación- que venir a empapelar el
Congreso es una ofensa democrática que es gratuita, absurda e
intolerable, y la primera obligación de las fuerzas de seguridad del
Estado en esa situación es evitar que lo consigan, señoría.

(Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON NEFATLÍ ISASI GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUÉ FORMA AFECTA
EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONALALACOMUNIDAD AUTÓNOMADE LA RIOJA? (Número
de expediente 180/000350)


La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, dirigida al señor ministro
de Medio Ambiente, que formula el diputado don Neftalí Isasi Gómez.

Señor Isasi.




El señor ISASI GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro de Medio Ambiente, es un hecho cierto que en España se
vierten al mar casi 100.000 hectómetros cúbicos al año, de la misma
forma que es un hecho cierto que cíclicamente se padecen importantes
períodos de sequía provocando graves desequilibrios en el
abastecimiento de agua. Por ello, el Gobierno de José María Aznar,
aun sabiendo la complejidad de la empresa que acometía, ha tenido la
ambición política y la valentía de plantear a la sociedad española un
gran debate nacional con la vocación de que comencemos el siglo XXI
con un Plan hidrológico nacional aprobado y en ejecución, de tal
forma que, tras más de cien años de múltiples propuestas para tratar
de resolver los problemas de desequilibrios territoriales en el
reparto del agua en España, esté garantizado el derecho
de todos los españoles a disfrutar de agua de boca suficiente y de
calidad.

Desde el Grupo Popular, señor ministro, no vamos a permitir la
patrimonialización del río Ebro por parte de ciertos dirigentes
políticos, que, mediante la mentira y la tergiversación de los datos
reales del plan hidrológico, pretenden jugar con los sentimientos
territoriales de los ciudadanos para enfrentar a los españoles,
haciendo política partidista de un asunto de Estado. ¿Se han
planteado esos dirigentes políticos que tanto gritan en la calle qué
sería del Ebro al paso por su región sin la solidaridad de Cantabria,
con su regulación en cabecera, o las aportaciones de Castilla y León,
del País Vasco, de La Rioja o de Navarra?
Señoras y señores diputados, señor ministro, el Ebro también es
riojano y, por serlo, es español y, por lo tanto, de todos los
españoles, porque le corresponde al Gobierno de la nación garantizar
el derecho y acceso de todos al agua. En ese sentido le pregunto,
señor ministro de Medio Ambiente, en qué forma beneficiará el Plan
hidrológico nacional para el presente y el futuro a La Rioja y a los
riojanos.

Gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Isasi.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.

Señor diputado, el objetivo que persigue el borrador del proyecto que
hemos presentado al Consejo Nacional del Agua en La Rioja y en todo
el territorio nacional es determinar las necesidades del recurso y
acometer las inversiones y actuaciones necesarias para satisfacerlas,
garantizando la disponibilidad del agua para atender los diferentes
usos y demandas presentes y futuros. En este sentido, en este
proyecto del PHN y concretamente en su programa de inversiones 2000-
2008 se contemplan inversiones en la Comunidad Autónoma de La Rioja y
en su entorno por un importe de 47.000 millones de pesetas. En el
ámbito de la comunidad autónoma, de esta cantidad, cerca de 15.000
millones de pesetas se destinan a obras de regulación con la
construcción de las presas de Terroba, Enciso y la regulación del
Oja. Asimismo se regulan todos los ríos de la comunidad autónoma
disminuyendo los riesgos de avenidas y garantizando el abastecimiento
de agua de calidad y el caudal ecológico de las cuencas. A ello debe
agregarse el beneficio para La Rioja de las obras de regulación en
Castilla y León, concretamente Cigudosa-Valdeprado en Soria y
Villagalijo en el río Tirón. Otros 10.000 millones de pesetas se
invertirán en actuaciones para mejora y modernización de regadíos,
básicamente en la red de tuberías en la zona regable del Najerilla y
en el canal de Lodosa. A saneamiento y depuración se destinan 7.165
millones



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de pesetas con la EDAR de Logroño y Calahorra y el saneamiento del
río Cidacos. Finalmente, 1.322 millones de pesetas están destinados a
desarrollar un programa de control y calidad de las aguas. Asimismo
estamos estudiando la inclusión de abastecimiento a municipios de la
cuenca del río Oja y a municipios de la zona de influencia de la
presa del Enciso. En definitiva, son 47.000 millones de pesetas que
van a resolver los problemas de disponibilidad y calidad del agua en
La Rioja y que van a garantizar la satisfacción de los usos y
demandas del recurso del presente y del futuro.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

Preguntas dirigidas al señor ministro de Asuntos Exteriores. (El
señor Isasi Gómez pide la palabra.)Señor Isasi, le quedaban escasamente 10 segundos.




El señor ISASI GÓMEZ: Sí, señora presidenta, sé que me quedaba algo
de tiempo. Quería solamente agradecer al señor ministro de Medio
Ambiente la sensibilidad que ha tenido para con La Rioja y sepa que
desde La Rioja apoyaremos el Plan hidrológico nacional; que más del
80 por ciento...




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Isasi.




- DE LA DIPUTADA DOÑA JOSEFAAGUADO DEL OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
PROPUESTAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA
REFORZAR LA COOPERACIÓN EN POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD COMÚN?
(Número de expediente 180/000343)


La señora PRESIDENTA: Pregunta número 18, que formula la diputada
doña Josefa Aguado del Olmo.

Señora Aguado.




La señora AGUADO DEL OLMO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, los Estados miembros de la Unión Europea manifestaron
con el Tratado de Maastricht una voluntad política muy significativa
al enriquecer la construcción europea con una dimensión de política
exterior y de seguridad dentro de la Unión Europea; la confirmaron en
Amsterdam el 2 de octubre de 1997, firmando el Tratado de Amsterdam,
por el que se modifica el Tratado de Maastricht. Sin embargo, la
voluntad política manifiesta en las negociaciones que los tratados no
se han plasmado siempre en una voluntad política cotidiana cuando la
Unión Europea debe actuar en el plano internacional. En la
actualidad, se está reflexionando sobre la forma de mejorar el
funcionamiento de
la política exterior y de seguridad común, reflexión que en la
presente Conferencia Intergubernamental sobre la reforma
institucional que se inició el pasado 14 de febrero ha quedado
íntimamente ligada al concepto de cooperación reforzada, mecanismo
que constituye un instrumento de flexibilidad indispensable para la
futura Europa ampliada, por el cual se posibilita que aquellos
Estados miembros que así lo deseen puedan avanzar en la integración e
incluso que otros no puedan o no quieran hacerlo en el mismo momento.

El señor ministro de Asuntos Exteriores informó en esta Cámara el
pasado 31 de mayo sobre este tema que está en el fondo del debate
sobre la construcción europea en los próximos meses y años, aclarando
que el Gobierno tenía una posición favorable a la cooperación
reforzada en materia de política exterior común de seguridad y
defensa. Posteriormente, unos días antes de la celebración del
Consejo informal de Biarritz, el señor ministro de Asuntos Exteriores
en su comparecencia en la Comisión Mixta para la Unión Europea el
pasado 3 de octubre informó que posiblemente fuera en el concepto de
las cooperaciones reforzadas donde se había constatado una mayor
evolución desde el inicio de la Presidencia francesa, volviendo a
resaltar que es en el ámbito de la política exterior y de seguridad
común donde puede resultar más útil el recurso de este mecanismo.

Más avances se han conseguido en este ámbito en los últimos días,
como se pone de manifiesto en la nota de la Presidencia francesa, con
ocasión de la reunión ministerial de la Conferencia europea. Como
nuestro país ha defendido desde hace tiempo la necesidad de impulsar
la política exterior y de seguridad, señor ministro, ¿cuáles son las
propuestas del Gobierno español en el seno de la Unión Europea para
reforzar la cooperación en política exterior y de seguridad común?
Gracias.




PRESIDENTA:
La señora Muchas gracias, señora Aguado.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta.




Muchas gracias señoría por su pregunta, porque trata usted un tema
muy importante, ya que es uno de los puntos esenciales que vamos a
tener que acordar en la cumbre de Niza la próxima semana dentro de la
Conferencia Intergubernamental, que es el relativo a las
cooperaciones reforzadas. Las cooperaciones reforzadas son un
mecanismo que permite que de manera compatible con la ampliación de
la Unión Europea -hoy somos quince, pero podemos acabar siendo
veinticinco, veintisiete, veintiocho o treinta en un plazo
relativamente breve- pueda haber una serie de países que decidan ir
más rápido en determinados esquemas de integración, de tal manera que
el ritmo de la integra-



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ción no lo marquen los países más lentos, sino aquellos que están
dispuestos a profundizar. Como es lógico, eso implica algo que ya
existe, que es la Europa de las diversas velocidades, pero es muy
importante que no sea un mecanismo discriminatorio; es decir, podemos
aceptar que haya varias velocidades, pero es muy importante que todos
los países que estén dispuestos a incorporarse a velocidades
superiores a las que han ido puedan hacerlo en cualquier momento. Eso
supone no quebrar lo que es el corazón de los tratados, las políticas
comunes o el mercado interior, que no pueden ser objeto de
cooperación reforzada, pero sí en cambio introducir elementos de
flexibilidad y de ambición en temas tales como la política exterior y
de seguridad común o en temas relacionados con el tercer pilar o con
el primero, como puede ser política industrial y política científica
y tecnológica. En ese contexto España está muy interesada en
propiciar una cooperación reforzada en el segundo pilar, en las
materias de seguridad y de política exterior y, sobre todo, de
defensa, porque para nosotros es extraordinariamente importante. Por
ello hemos sido el primer país de la Unión Europea en presentar un
mecanismo de cooperación reforzada. Se han añadido las propuestas de
Italia y Alemania, que parten de la iniciativa española, y eso es lo
que vamos a discutir. No le oculto que hay reticencias de países
neutrales, pero estoy seguro de que las vamos a poder superar sobre
la base de que es muy importante que consolidemos una política
exterior y de defensa común y lo hagamos desde la solidaridad y desde
un profundo europeísmo.

Muchas gracias, señorías.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON PÍO PÉREZ LASERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL
GOBIERNO CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA DE
INTRODUCIR EN LOS TRATADOS FUNDADORES UN MECANISMO DE VIGILANCIA
Y ALERTA QUE EVITE EL MECANISMO DE LAS SANCIONES Y DE LAS PUESTAS EN
OBSERVACIÓN APROVECHANDO LA ACTUAL CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL
(CIG) (Número de expediente 180/000344)


La señora PRESIDENTA: Pregunta número 19, que formula el diputado don
Pío Pérez Laserna.

Señor Pérez.




El señor PÉREZ LASERNA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, la situación que se produjo en el seno de la Unión
Europea a raíz de la participación en el Gobierno austríaco del
ultraderechista partido liberal, Partido de la Libertad, que mantuvo
consignas xenófobas durante la campaña electoral, derivó en la
aplicación de sanciones bilaterales contra Austria por sus socios
comunitarios que con el transcurso del tiempo se hicieron
insostenibles, ya que fueron adoptadas sin ninguna base legal.

Teniendo muy presente la situación acaecida y para evitar que en el
futuro se pueda volver a producir una parecida, la Comisión Europea
propuso el pasado día 4 de octubre reforzar el actual mecanismo de
sanciones existente en el Tratado de la Unión Europea con la
modificación del actual artículo 7 del tratado, el cual prevé la
suspensión de algunos derechos del Estado miembro, incluyendo los de
voto, donde se constate una violación grave y persistente de los
principios fundacionales de la Unión Europea, de tal manera que este
se pueda aplicar no sólo en el caso de violación consumada de los
derechos humanos, sino también y con carácter preventivo cuando se
considere que hay un grave peligro de que vayan a ser transgredidos
los principios fundamentales en la Unión Europea.

La Comisión precisa en su propuesta la necesidad de que la iniciativa
esté respaldada por una tercera parte de los países de la Unión
Europea, del Parlamento Europeo o de la propia Comisión para que
posteriormente el Consejo pueda aprobar, por mayoría de dos tercios,
que existe una amenaza de violación por parte de un Estado de los
principios de la Unión, desembocando este mecanismo en la adopción de
una recomendación dirigida a un Estado miembro para que tome las
medidas que considere oportunas destinadas a evitar la citada
violación y que en caso de no aplicarse por el país en cuestión,
pueda dar lugar a la suspensión de derechos del Estado miembro, como
actualmente aparece regulado en el artículo 7 del Tratado de la
Unión. Anteriormente a la propuesta de esta Comisión, Bélgica
y Austria hicieron propuestas sobre el tema en cuestión. Así, Bélgica
propuso un sistema de alerta previa frente al peligro de
organizaciones radicales xenófobas que requería una mayoría
cualificada de países miembros para lograr cualquier decisión y por
su parte Austria presentó una propuesta más compleja desde el punto
de vista jurídico, que describe un proceso riguroso para la
imposición de sanciones a un Estado miembro. También el mismo informe
de los tres sabios sobre el Gobierno austríaco, aprobado en París el
8 de septiembre de 2000, recomendaba el desarrollo de un mecanismo
dentro de la Unión Europea para controlar y evaluar el compromiso de
acción concreta de los Estados miembros de la Unión en relación con
los valores europeos comunes, mostrándose partidarios los tres sabios
de la introducción, y siempre dentro del artículo 7 del Tratado de la
Unión Europea...




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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez. Ha concluido su
tiempo.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta.




Efectivamente, el Tratado de Amsterdam introdujo por primera vez la
posibilidad de que un Estado miembro pudiera ser suspendido en
determinado derechos si el Consejo Europeo constataba la existencia
de una violación grave y persistente en los principios de libertad,
democracia y respeto de los derechos humanos que están en la base de
la construcción europea. Los hechos acaecidos en Austria con un
Gobierno de coalición, en el que participa un partido que puede poner
en cuestión todos estos principios, ha puesto de relieve la
conveniencia de completar el mecanismo previsto en el Tratado de
Amsterdam, en concreto en su artículo 7, de tal manera que permita
constatar la existencia en un Estado miembro de una amenaza de
violación de los principios citados. La Conferencia
Intergubernamental ha examinado diversas propuestas, como ya se ha
dicho, presentadas por Bélgica, por Austria, por la Presidencia
portuguesa y por la Comisión y en el debate celebrado en el cónclave
ministerial del 8 de octubre se vio la existencia de un amplio
acuerdo a favor de introducir en el tratado una disposición de este
tipo.

Es cierto que hubo delegaciones -Reino Unido, Alemania, Dinamarca-
que mostraron su oposición de principio o su escepticismo frente a
esta propuesta. A todos ellos les preocupa que esta modificación del
artículo 7 pueda ser percibida como una señal negativa por los países
candidatos. Consideran también que el concepto de riesgo o amenaza es
excesivamente vago para poder prestarse a la adopción de medidas de
esta naturaleza y además, desde el punto de vista práctico,
consideran que la experiencia austríaca demuestra que se puede actuar
de forma rápida sin necesidad de modificar el tratado. Desde nuestro
punto de vista estas son críticas que no están justificadas. Es una
cuestión que ha tenido un eco especial en la opinión pública europea.

Los países candidatos no tienen por qué considerarse negativamente
afectados ni se han manifestado en contra de ella; al contrario, esta
innovación aportaría un mensaje muy positivo a favor del compromiso
de la Unión con los valores de libertad, democracia y derechos
humanos en los que está fundada. Lo importante ahora, por
consiguiente, es preservar el principio y enviar un mensaje claro de
que la Unión Europea no transigirá con ningún intento de alterar los
valores fundamentales democráticos que compartimos.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON LUIS ACÍN BONED, DEL GRUPO PARLAMETARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO LA UNIÓN
EUROPEA RESPECTO AL EMBARGO ECONÓMICO DE YUGOSLAVIA TRAS EL PROCESO
DE APERTURA DEMOCRÁTICA QUE AHORA COMIENZA EN ESTE PAÍS? (Número de
expediente 180/000345)


La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20, que formula el diputado don
Luis Acín Boned.




El señor ACÍN BONED: Señor ministro, el 24 de septiembre del presente
año es una fecha que millones de ciudadanos yugoslavos no olvidarán.

La celebración de elecciones en ese día ha permitido en ese país lo
que hoy podemos llamar una transición, un proceso de apertura
democrática que día a día se va concretando y reforzando mediante la
integración de Yugoslavia en el concierto internacional. Ahora bien,
no hay que olvidar que los inicios de este proceso no fueron fáciles,
ya que desde un principio no se reconocieron por parte del régimen de
Milosevic los resultados de las elecciones que daban como ganadora a
la oposición democrática de Serbia, liderada por Kostunica, el cual
recibió el apoyo de la comunidad internacional. Así, la Unión
Europea, Estados Unidos y Rusia coincidieron al declarar que los
serbios habían votado en esas elecciones por el cambio democrático y
que cualquier intento por parte de Milosevic de proclamarse vencedor
sería considerado fraudulento. Sin embargo, como he dicho antes, los
inicios no fueron fáciles. Milosevic intentó imponer una segunda
vuelta de las elecciones, aun habiéndose visto obligado a reconocer
la victoria de Kostunica, intento al que rápidamente reaccionó la
Unión Europea, rechazando una segunda vuelta en Yugoslavia y
reafirmando su apoyo al líder de la oposición. Pero tuvo que ocurrir
un hecho, la decisión del Tribunal Supremo yugoslavo de anular las
elecciones celebradas el pasado 24 de septiembre y ganadas por el
opositor Kostunica, para que el pueblo serbio, en lo que se llamó
revolución de Belgrado, saliera a la calle, ocupara el Parlamento,
prendiera fuego al edificio de la televisión y todo ello ante la no
oposición de la policía y la ausencia del ejército. Al mismo tiempo,
Kostunica se proclamaba presidente de Yugoslavia ante su pueblo, con
un Milosevic en paradero desconocido, proclamación que unos días
después quedaría legitimada tras el juramento como presidente de
Yugoslavia.

Europa ha apoyado desde un principio al líder opositor yugoslavo
Kostunica y así lo ha refrendado con sus declaraciones y demás
medidas, que afectaron al embargo económico impuesto al régimen de
Milosevic. Por todo esto, señor ministro, le formulo la siguiente
pregunta: ¿qué medidas ha tomado la Unión



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Europea respecto al embargo económico de Yugoslavia tras el proceso
de apertura democrática que ahora comienza en este país?



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Acín.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta.




Efectivamente, a raíz del triunfo del ahora presidente de la
República Federal de Yugoslavia, el señor Kostunica, y de la
Plataforma Democrática II en las elecciones del pasado 24 de
septiembre, así como de la toma de posesión de Kostunica el 7 de
octubre, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea decidió
el levantamiento de las sanciones impuestas contra la República
Federal de Yugoslavia. Esa decisión que tomamos implicaba varias
cosas. En primer lugar, el levantamiento de la prohibición de vuelos
a y desde territorio yugoslavo, el levantamiento del embargo de
productos derivados del petróleo, el levantamiento de la prohibición
de inversiones y de la congelación de activos financieros de los que
es titular el Estado yugoslavo y el levantamiento de las
restricciones a las medidas de fomento a exportación, entre otras.

Sin embargo, el Consejo mantiene y creo que es natural y
comprensible, una lista de prohibición de visados a determinadas
personas que son las que están en el entorno, incluido él, del
antiguo presidente Slobodan Milosevic. También se mantiene la
congelación de activos financieros, por virtud de una lista
coincidente en buena medida con la anterior, de los que es titular el
ex presidente o su entorno inmediato. Quiero aclarar que,
naturalmente, las personas que han sido objeto de un auto de
procesamiento por parte del Tribunal de la Haya para la ex Yugoslavia
continúan con esa condición de procesados, independientemente de las
medidas cautelares a las que he aludido en el párrafo anterior.




En otro orden de cosas, la cumbre de Biarritz, del pasado 13 de
octubre, determinó la donación de 200 millones de euros en concepto
de ayuda humanitaria para Yugoslavia. Principalmente, iba dirigida a
asegurar la distribución de energía eléctrica y de gas, así como a
subvenir las necesidades de refugiados y desplazados. El Consejo
también ha adoptado un nuevo instrumento financiero, el llamado
programa Cards, que hicimos público durante la reciente cumbre de
Zagreb, que por un montante de referencia del orden de los 4.650
millones de euros para el período 2000/2006 va a canalizar toda la
ayuda financiera de la comunidad en la región balcánica, incluida,
por supuesto, Yugoslavia.

Finalmente el sistema de preferencias comerciales concedidas a la
región de los Balcanes, aprobado por el reglamento del Consejo del
pasado 19 de septiembre,
también será extendido a la República Federal de Yugoslavia. Creo que
debemos aprovechar una circunstancia histórica absolutamente nueva y
que es muy importante, y es que, por primera vez, en la región todos
los gobiernos tienen base democrática, por lo que tenemos frente a
nosotros una gran oportunidad para hacer lo que debemos hacer desde
la comunidad internacional.




Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑAANA BELÉN VÁZQUEZ BLANCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁNDO
PIENSA EL GOBIERNO PONER EN MARCHA LA RED DE ALERTA SANITARIA
VETERINARIA? (Número de expediente 180/000352)


La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, dirigida al señor ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, que formula la diputada doña
Belén Vázquez Blanco.




La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para el año 2001, tal y como conocemos y reiteró usted
hace dos semanas ante esta Cámara, contempla la creación de una red
de alerta sanitaria veterinaria. Los recientes brotes de la
encefalopatía espongiforme bovina en Francia y las muertes de los
animales afectados por esta enfermedad en el país vecino y en el
Reino Unido han ocasionado una preocupación en nuestra sociedad. En
España, desde 1994, está prohibida la alimentación del ganado
rumiante con piensos y harinas animales, que parece ser la vía de
contagio de esta enfermedad en los animales vacunos.

Desde mi grupo, apoyamos las medidas de precaución que adoptó el
Gobierno de cerrar la frontera con Francia e Irlanda y prohibir la
importación de animales reproductores de más de veinte meses, porque
el intenso comercio intracomunitario de animales vivos y sus
productos puede suponer una amenaza para la cabaña nacional.

Cualquier medida que adopte el Gobierno para asegurar a la población
una alimentación sana es siempre acogida con satisfacción por el
conjunto de la sociedad, los sectores productivos y la clase
política. Estoy segura de que el Gobierno y las comunidades autónomas
están actuando y colaborando eficazmente para proteger a nuestra
ganadería y a nuestros consumidores, pero creo y considero que el
compromiso del Gobierno de poner en marcha una red de alerta
sanitaria veterinaria es en estos momentos más necesario que nunca.

Con ello, estamos seguros, señor ministro, que



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cumple con su obligación de proporcionar y garantizar a la sociedad
la alimentación segura que demanda. Es por eso por lo que deseo que
usted, señor ministro, nos informe para cuándo tiene previsto el
Gobierno poner en marcha esta red de alerta y cómo va a ser su
funcionamiento.




Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vázquez.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señora presidenta, señora diputada, en estos momentos y tras
varias reuniones con las comunidades autónomas, estamos terminando de
consensuar un proyecto de real decreto por el que se va a establecer
el sistema de alerta en sanidad veterinaria. Creo contar ya con la
unanimidad necesaria para que esta red pueda ser aprobada en la
próxima conferencia sectorial y, por tanto, para que esté funcionando
dentro del primer trimestre del año que viene.

Esta red va a constituir una medida más de seguridad alimentaria para
nuestros consumidores nacionales, comunitarios y de países terceros.

Estará capacitada para afrontar con eficiencia las alertas sanitarias
que puedan surgir en nuestra cabaña ganadera e impedir la propagación
de epizootias. Se encargará de coordinar y efectuar el seguimiento de
las medidas adoptadas por las autoridades competentes en materia de
sanidad animal de las comunidades autónomas y de luchar contra una
determinada enfermedad hasta el restablecimiento de la normalidad
sanitaria. La vamos a dotar de un equipo técnico de veterinarios
especializados que integrarán la red en coordinación con las
comunidades autónomas. Para estos efectos, tenemos presupuestados
para el año que viene 281 millones de pesetas que nos van a permitir
incorporar 52 veterinarios especializados, además de financiar las
inversiones en infraestructura que la red de alerta sanitaria
veterinaria necesita. Esta red va a contar con un sistema informático
que permitirá la recogida de datos epidemiológicos, la vigilancia de
las enfermedades, la comunicación de aparición de focos, su
localización geográfica, controles de movimientos de animales,
establecimiento de medidas y seguimiento de la evolución de las
epidemias.

Partimos de considerar que, siendo las comunidades autónomas
competentes las encargadas de proceder a la declaración oficial de
las enfermedades que aparezcan dentro de su ámbito territorial, se
hace preciso sin embargo establecer una estructura organizativa que,
desde el principio constitucional de coordinación, asesore a las
administraciones públicas en la prevención de la aparición de
epizootias o, en su caso, en la adopción de medidas urgentes en
situaciones excepcionales de grave peligro de extensión en España de
epizootias
de alta transmisibilidad o difusión, ello, a fin no sólo de impedir
su extensión sino de lograr la plena normalización sanitaria en todo
el territorio nacional. Consideramos que es un instrumento muy
valioso para la seguridad alimentaria. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿PODRÍA CONFIRMAR EL
GOBIERNO LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS AÉREOS REGULARES ENTRE EL
AEROPUERTO DE LA GOMERA Y LOS DE TENERIFE NORTE Y GRAN CANARIA, SEGÚN
LAS ESPECIFICACIONES DE LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE LAS
RUTAS AÉREAS ENTRE LAS ISLAS CANARIAS APROBADAS POR RESOLUCIÓN DEL
MINISTERIO DE FOMENTO DE 30 DE JULIO DE 1998. (Número de expediente
180/000328)


La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al ministro de Fomento.

En primer lugar, pregunta número 5, que formula el diputado don
Paulino Rivero Baute.




El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, fruto de los acuerdos de Coalición Canaria y el
Gobierno del Partido Popular, el Consejo de Ministros del 10 de julio
de 1998 declaró las rutas aéreas entre las islas Canarias
obligaciones de servicio público. La declaración de obligación de
servicio público faculta al Gobierno del Estado para garantizar los
servicios entre las islas, fijando a la empresa o empresas
adjudicatarias las líneas o rutas a cubrir, la frecuencia, el tipo de
aviones a emplear y los precios máximos de los billetes. En dicha
declaración se incluyó la ruta Tenerife Norte y La Gomera, con una
frecuencia diaria y una oferta de 49.000 plazas/año, y la ruta Gran
Canaria/La Gomera, con dos frecuencias diarias y la oferta de 99.000
plazas anuales. El 20 de noviembre, el cumplimiento de esta
obligación se ha quebrado por el abandono de la compañía que prestaba
los servicios. ¿Podría confirmar el Gobierno la continuidad de los
servicios aéreos regulares entre el aeropuerto de La Gomera y los de
Tenerife Norte y Gran Canaria, según las especificaciones de las
obligaciones de servicio público de las rutas aéreas entre las islas
Canarias, aprobadas por resolución del Ministerio de Fomento de 30 de
julio de 1998, el vuelo 206 del 28 de agosto de 1998?



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señor diputado, puedo confirmarle la continuidad, y
precisamente para conseguir que esta continuidad tenga carácter
inmediato, por una parte, se han abierto conversaciones entre el
grupo Iberia y el Gobierno de Canarias y, por otra parte, está
convocada la comisión mixta, creada en virtud del acuerdo a que ha
hecho referencia S.S. del año 1998, que es la que debe examinar el
cumplimiento de las obligaciones de servicio público y, en su caso,
proponer la adopción de las medidas oportunas, todo ello con respeto
a la normativa comunitaria vigente, sobre cuyo respeto nació este
acuerdo; también las futuras decisiones deberán tener en cuenta el
cumplimiento de esta normativa comunitaria que dio nacimiento a la
declaración de obligaciones de servicio público.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Rivero.




El señor RIVERO BAUTE: Señor ministro, creo que es muy positivo que
usted haya actuado con la máxima diligencia, convocando la comisión
mixta creada al efecto para hacer un seguimiento del cumplimiento de
estas obligaciones de servicio público entre el Gobierno de Canarias
y la Dirección General de Aviación Civil. Sin embargo, creo que no
debemos remitirnos al resultado de esa comisión mixta, porque el
Gobierno tiene instrumentos para obligar e imponer a Binter el
cumplimiento inmediato de ese servicio.

El transporte interinsular, señor ministro, tiene un alto componente
social; no tiene sólo un componente económico, un componente
mercantilista, para las compañías. Por ello se alcanzó en su día un
acuerdo entre su Gobierno y Coalición Canaria para esta declaración
de obligación de servicio público. En Canarias es necesario cubrir
las distintas rutas desde un punto de vista global. La línea con La
Gomera es una línea deficitaria, Binter ha pasado de ganar 300
millones a más de 1.800 millones, por esta razón el Gobierno,
teniendo en cuenta los acuerdos a los que llegamos en su momento,
tiene en estos instantes la obligación moral de que Binter cumpla con
esa línea.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señor diputado, yo creo que es posible alcanzar el
objetivo que perseguimos respetando las normas establecidas. Y yo
quiero decirle que intentar atajos sólo conduce a empeorar
la situación. Usted sabe que la Comisión Europea ha adoptado una
decisión suspendiendo el contrato o limitando en el tiempo el
contrato para prestar obligación de servicio público de
Trasmediterránea con las Canarias. Lo cual quiere decir que hay que
volver a elaborar un contrato -lo hemos discutido en Comisión y lo
conoce S.S.- y sacar a concurso, con todos los requisitos, esta nueva
oportunidad de que determinadas empresas cumplan el servicio público.

Esto es lo que tenemos que examinar en la comisión mixta. Y de las
conclusiones de la comisión mixta deberán deducirse determinadas
iniciativas, incluso la posibilidad de convocar un concurso entre
compañías para dar cumplimiento a esas obligaciones de servicio en
los tráficos interinsulares aéreos.

Lo que yo le garantizo, señoría, es que el Gobierno va a poner todos
los medios para que, respetando la normativa vigente y los acuerdos
que hemos alcanzado, se reponga el servicio con la isla de La Gomera.

Le garantizo esto y le garantizo el máximo respeto al cumplimiento de
las obligaciones comunitarias. Entre todos, vamos a procurar que ese
cumplimiento se consiga en el plazo más breve posible, para lo cual
las gestiones del Ministerio de Hacienda con la compañía Binter y el
Gobierno de Canarias también ayudarán decisivamente en la solución
urgente del problema.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.




- DELDIPUTADO DON JOSÉ RIVAS FONTÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL
PROYECTO DE CONVENIO FERROVIARIO QUE ACTUALMENTE NEGOCIAN LA XUNTA DE
GALICIA Y EL MINISTERIO DE FOMENTO? (Número de expediente 180/000346)


La señora PRESIDENTA: Pregunta número 21, que formula el diputado don
José Rivas Fontán.




El señor RIVAS FONTÁN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, mi pregunta es para hablar del ferrocarril del siglo
XXI a Galicia. En Galicia existe preocupación por el tema del
ferrocarril a Galicia, desde Galicia o en Galicia. La verdad, señor
ministro, es que yo esta pregunta la formulo en este foro con la
seriedad que supone una sesión de control al Gobierno, puesto que en
reiteradas ocasiones en Galicia se está intentando, con determinadas
informaciones, producir confusión. Hace pocos días, señor ministro,
hemos tenido conocimiento de que se estaba negociando un nuevo
convenio entre el Ministerio que usted dirige y la Xunta de Galicia.

Por ello, le pregunto si puede adelantar a esta Cámara una respuesta
sobre el contenido del proyecto



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de convenio ferroviario que se está negociando actualmente con
la Xunta de Galicia.

Nada más, señor ministro.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivas.

Señor Álvarez-Cascos.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señora presidenta.

Señoría, con muchísimo gusto doy contestación a su pregunta,
recordándole algunos antecedentes. Este Gobierno ha pasado de
promover un plan de alta velocidad ferroviaria de 2.880 kilómetros,
que era el plan de la Administración anterior, a impulsar un plan de
alta velocidad ferroviaria para toda España de 7.198 kilómetros, en
los términos establecidos por el decreto de interoperabilidad de alta
velocidad traspuesto al ordenamiento jurídico vigente. De esos
kilómetros, para la red de alta velocidad en el territorio de Galicia
está previsto construir 704 kilómetros, que suponen una inversión de
501.000 millones de pesetas y que, sumados a los que es necesario
añadir para el corredor Madrid-Valladolid-Puebla de Sanabria, suponen
una inversión en el corredor desde la capital de un billón 100.000
millones de pesetas.

Cuando hay que hacer un esfuerzo de esta magnitud y desde la Xunta de
Galicia se insta al Gobierno a dar cumplimiento lo antes posible a
estos objetivos, parece natural que una institución responsable diga
que está dispuesta no sólo a exigir, sino también a aportar. En este
sentido, sobre la base de los convenios que ya existían en el año
1998, hemos procedido a una renegociación de los mismos, fruto de la
cual es un proyecto de nuevo convenio que en estos momentos tramita
el Gobierno para poner en marcha inversiones por 160.000 millones de
pesetas, de los que la Xunta de Galicia aportaría 30.000 millones y
130.000 el Ministerio de Fomento. Con esos 160.000 millones se
acometerían obras en la red convencional de Galicia por importe de
40.832 millones de pesetas y 119.000 millones estarían destinados a
las mejoras inmediatas en la red de alta velocidad, concentradas en
el eje atlántico, en el estudio informativo del tramo A Coruña-
Ferrol, en el acondicionamiento a alta velocidad del tramo Santiago-A
Coruña, Santiago-Villagarcía, VillagarcíaPontevedra y Pontevedra-
Vigo, incluyendo el acceso a Vigo.

Este es el objetivo del convenio, señor diputado, que es un estímulo
para este Gobierno, porque es verdad que las reclamaciones, las
reivindicaciones y las peticiones territoriales para dotar a una
comunidad de buenas infraestructuras deben ser atendidas por el
Ministerio de Fomento.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO DE FOMENTO DE LICITAR LA
EJECUCIÓN DEL TRAMO SALAMANCA-FUENTES DE OÑORO, DE LA CARRETERA
NACIONAL 620? (Número de expediente 180/000347)


La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula el diputado don
José Antonio Bermúdez de Castro Fernández.




El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señor ministro de Fomento, la construcción de la autovía entre
Salamanca y Fuentes de Oñoro es una vieja aspiración, una antigua y
constante reivindicación de los salmantinos, constituyendo una
infraestructura necesaria y esencial para Salamanca y para el
conjunto de Castilla y León. Este tramo, como bien sabe el señor
ministro, forma parte de la autovía de Castilla, de Burgos a
Portugal, que está integrado a su vez en un itinerario europeo
denominado E-80, que une Roma con Lisboa. Estamos, por tanto, señor
ministro, ante un eje de comunicación de gran relevancia no sólo
regional, sino también nacional e internacional, pues es una de las
vías naturales de enlace entre Portugal y España con el resto de
Europa; un eje de comunicación que soporta diariamente un elevado y
creciente volumen de tráfico y, lo que es más grave, un acusado
índice de siniestralidad, por lo que su conversión en autovía, además
de suponer importantes mejoras para el tráfico nacional e
internacional al reducir la duración de los trayectos, evitaría la
pérdida de vidas humanas que venimos padeciendo al aumentar de manera
decisiva la seguridad vial.

Pues bien, señorías, ha sido precisamente el Gobierno del Partido
Popular quien está demostrando la voluntad política que otros
gobiernos negaron para poder convertir en autovía este importante eje
de comunicación. Fue el Gobierno del Partido Popular quien realizó la
pasada legislatura un gran esfuerzo inversor ejecutando el tramo
entre Tordesillas y Salamanca, con una inversión de más de 20.000
millones de pesetas. Y es el Gobierno del Partido Popular, del que
usted señor ministro forma parte, quien ha incluido como prioritario
dentro del Plan director de infraestructuras este tramo entre
Salamanca y la frontera portuguesa, dentro de la red de alta
capacidad, impulsando la redacción y aprobación de los proyectos
necesarios para su conversión en autovía, que es el requisito
imprescindible para que esta tarde podamos preguntarle por la
posibilidad de ejecución de obras; obras y no sólo planes, a los que
otros, antes, nos tenían tan acostumbrados. Obras, porque



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hay planos, porque hay proyectos aprobados y porque hay dotación
presupuestaria.Por eso, señor ministro, le pregunto: ¿Qué previsiones
tiene el Ministerio de Fomento de licitar la ejecución del tramo
Salamanca-Fuentes de Oñoro, en la carretera nacional 620?
Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bermúdez.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señora presidenta.

Señorías, como sabe el señor diputado, el proceso para acometer la
construcción de obras, especialmente de grandes ejes de comunicación
como autovías, es un proceso que necesita completar sucesivamente una
serie de etapas: la primera, el estudio informativo; la segunda, la
información pública; la tercera, la declaración de impacto ambiental,
y la cuarta, la redacción de proyectos. En el año 1996, el tramo
Salamanca-Fuentes de Oñoro no contaba con ningún proyecto. Por eso,
el objetivo de este Gobierno fue licitar y adjudicar la redacción de
todos los proyectos. Hoy puedo decirle a SS.SS. que los proyectos de
los cuatro tramos: Salamanca- Aldehuela, Aldehuela-Martín de Yeltes,
Martín de Yeltes-Ciudad Rodrigo y Ciudad-Rodrigo-Fuentes de Oñoro,
están ya redactados, y precisamente por eso han pasado a la siguiente
fase, que es la de su programación económica, reflejada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, que actualmente
discute el Senado. En este sentido, quiero decirle que el tramo
Salamanca-Aldehuela de Bóveda, de 22 kilómetros y 8.700 millones de
presupuesto, será licitado próximamente para iniciar así la última
fase de construcción de las obras; que el tramo Aldehuela de Bóveda-
Martín de Yeltes será también licitado en el año 2001 por el método
alemán, y que, dentro también de la programación del año 2001,
continuaremos con las licitaciones previstas en el marco
presupuestario de los otros dos tramos por los que se interesa S.S.,
de tal manera que en el año 2002 este corredor estará en obras en su
totalidad y, por tanto, estaremos dando un paso decisivo para
completar una red básica, no sólo para vertebrar Castilla y León,
sino también para dar continuidad a las comunicaciones Francia-
España-Portugal.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS OLLERO TASSARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ PREVISIONES
TIENE EL GOBIERNO RESPECTO A LA CONEXIÓN POR AUTOVÍA ENTRE GRANADA-
MOTRIL-NERJA, TENIENDO EN CUENTA EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARAELAÑO 2001? (Número de
expediente 180/000349)


La señora PRESIDENTA: Por último, pregunta número 23, del diputado
don Andrés Ollero Tassara.




El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señora presidenta.

El Gobierno reconoce que ha solicitado fondos Feder de las
comunidades europeas para autovías cuyas obras están previstas para
el período 1990-1993. Sin embargo, entre ellas no se incluyen los
tramos Granada- Motril ni Motril-Adra. Sí se han solicitado en cambio
para los incluidos en la operación integrada de desarrollo de
Salamanca y Zamora, y las autovías Valladolid-Salamanca y Lugo-A
Coruña. Le estoy leyendo, señor ministro, una nota de prensa del año
1991. Ya hace diez años, en Granada se echaban de menos estas
autovías a la costa, que habían sido prometidas por diversos
gobiernos socialistas y que nunca se convertían en realidad. En 1996,
cuando llega el Gobierno popular, no encuentra ni un solo proyecto
hecho. Cuatro años después, el tramo Alhendín-Durcalestá tan avanzado
que, aunque la terminación oficial de las obras está prevista para
finales de 2001, los ciudadanos dan por hecho que se podrán acabar
antes. Por otra parte, el tramo Durcal-Izbor, al realizarse en línea
con la carretera actual, se ve avanzar continuamente. De ahí que la
espera de los presupuestos del año 2001 tuviera una gran expectación.

En ellos aparecieron, por un lado, unas partidas de centenares de
millones para proyectos en los tramos Izbor-Vélez y Vélez-Motril,
pero también unas partidas sorprendentes por insólitas. En concreto,
entre Motril y Nerja, hay una partida enMotril-Taramay de 2.900.000
pesetas y otra entre Taramay y la Herradura de 1.400.000 pesetas.

En estos días el Grupo Socialista ha afirmado que las preguntas que
hacemos aquí son de botafumeiro. Yo me preguntaba qué quería decir
eso y lo he descubierto. Señor ministro, créame, me han dado con el
botafumeiro hasta en el carné de identidad. El defender una partida
de 2.900.000 pesetas y otra de 1.400.000 pesetas para dos tramos de
autovía es algo realmente insólito y que he hecho con la mejor
voluntad, documentándome y llegando a la conclusión de que la
presencia de una partida de este tipo es una condición necesaria para
que haya una licitación. Sin una partida, aunque sea de esta
cantidad, no puede haberla, aunque no ignoro que no es una condición
suficiente; hace falta la voluntad política del Gobierno. De ahí que
me haya animado, dado que el PSOE no lo ha hecho, quizá porque teme
buenas noticias, a preguntarle a usted, señor ministro, qué
previsiones tiene el Gobierno respecto a la conexiónpor autovía entre
Granada-Motril-Nerja, teniendo en cuenta el contenido del proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.




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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señora presidenta.

Señor diputado, efectivamente, en mayo de 1996 el tramo Granada-
Motril, de 58 kilómetros, tenía estudio informativo pero no tenía
declaración de impacto ambiental, por tanto, era imposible que
empezaran las obras. El tramo Motril-Nerja estaba un poco más
avanzado, tenía estudio informativo, declaración de impacto ambiental
y no tenía ningún proyecto. Esta es la razón por la que el ritmo de
actuación de los distintos proyectos en el corredor Granada-Motril y
en el MotrilNerja es diferente, porque en su origen arrastramos un
desfase que se proyecta también en estas últimas fases de la
licitación de las obras. En este momento los tres proyectos del tramo
Motril-Nerja están aprobados y precisamente por eso están programados
económicamente en los Presupuestos Generales del Estado del año 2001.

Sabe todo el mundo, cosa distinta es que lo quieran decir, que en el
primer ejercicio en el que se licita una gran obra el consumo
presupuestario es irrelevante porque el procedimiento de adjudicación
y de inicio de las obras prácticamente consume 10 u 11 meses y, por
tanto, no hay certificaciones relevantes en el ejercicio, incluso
algunas, como ocurre con el modelo alemán, no necesitan dotación
presupuestaria en el primer ejercicio, que es como está previsto
ejecutar el tramo Nerja-Almuñécar y es la razón por la cual están
programados para su licitación en 2001 el AlmuñécarAlmuñécar, es
decir, desde La Herradura hasta Taramay, y el Almuñécar-Motril.

En cuanto a los otros dos tramos que no están en obras porque estamos
trabajando para anticipar el final de los plazos previstos en el
Alhendín-Durcal y en el Durcal-Izbor, ha habido que hacer nuevas
declaraciones de impacto ambiental, ha habido que hacer nuevos
estudios informativos y, en este momento, el tramo Izbor-Vélez de
Benaudalla está en fase de redacción del proyecto, fase de redacción
que consumirá los plazos del año 2001 y que a partir de ese momento,
una vez supervisado, podrá entrar en programación económica. En estos
momento el estudio informativo del tramo Vélez de Benaudalla-Motril
acaba de culminar la información pública, se están contestando las
alegaciones y se procederá, a continuación, a la declaración de
impacto ambiental.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.




INTERPELACIONES URGENTES.




- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL
DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LACRISIS DE LA ENCEFALOPATÍA
ESPONGIFORME BOVINA (EEB) (Número de expediente 172/000043)


La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: interpelaciones
urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
medidas de política general del Gobierno en relación con la crisis de
la encefalopatía espongiforme bovina.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Cuadrado.




El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, nos enfrentamos a una gravísima crisis relacionada con el
llamado mal de las vacas locas y la primera obligación que tenemos es
mirar de frente esa situación, no esconder la cabeza bajo el ala, que
es junto lo que consigue el peor efecto en relación con una crisis de
esta naturaleza.

Tenemos una crisis y hay que afrontar esa crisis, sobre todo teniendo
en cuenta experiencias anteriores, cuando no hacer las cosas a tiempo
se convierte en un grave problema para el futuro. Hay que hacerlo
respetando algunos principios básicos, que dicta el sentido común,
que dictan las experiencias y que dicta el conocimiento que tenemos
sobre crisis de naturaleza alimentaria. (La señora vicepresidenta,
Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)El primer principio es el de la transparencia. Es verdad que todos
estamos preocupados, en estos momentos se está sufriendo en el sector
especialmente, pero también entre el conjunto de los consumidores,
una situación grave, una caída espectacular en el consumo, el cierre
de fronteras a nuestras exportaciones de carne -la última noticia,
posiblemente la peor, la que afecta al mercado ruso- y, por lo tanto,
es necesario acertar no sólo con el diagnóstico sino con las medidas
adecuadas. ¿Qué es lo mejor en una situación como ésta? Señorías, los
consumidores, el sector, el mercado exterior está mirando
directamente al Gobierno de España y está observando con lupa qué es
lo que hace, cómo reacciona ante la crisis, qué medidas toma y, en
definitiva, en relación con el principio de transparencia, si está
informando correctamente, de manera eficaz, pronta y desde luego sin
ocultar ninguna información. Esa transparencia, que es vital para
recuperar la confianza de los sectores, los consumidores, los
clientes en el exterior, tiene que afrontarse por parte del Gobierno
teniendo en cuenta algunos datos básicos.

Señor ministro, hay una res que en Galicia muere el día 25 de
octubre, todos sabemos el tiempo que se tarda en hacer los análisis,
no solamente se tarda sino que además no podrían hacerse más tarde,
no serían viables. Entre el 25 de octubre y el 21 de noviembre,mejor
el 22 de noviembre en lo que afecta al Gobierno,



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transcurre casi un mes de tiempo. Esa situación que conoce el
Gobierno, que la conocemos nosotros y que es un hecho que no se puede
ocultar y no se debe ocultar produce alarma y desconfianza, y es
desde luego lo peor que se debe o que se puede hacer en una situación
como ésta. Transparencia, es un criterio que vale su peso en oro, que
el Gobierno no está aplicando y que tiene repercusiones graves en la
crisis, que multiplica los efectos de la crisis. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)Hay un principio básico en un asunto de esta naturaleza, lo
prioritario es la salud, preservar la salud de los ciudadanos, todo
lo demás puede ser muy importante, pero preservar la salud de los
ciudadanos es lo primero y el mensaje de un Gobierno que ha de
enfrentarse correctamente a una crisis grave como ésta tiene que ver
con poner en primer lugar ese criterio, ese principio. ¿Se está
respetando ese principio? El principio de precaución suele ser
definido como una respuesta ante una falta de certidumbre científica,
que es imprescindible tomar precisamente por la aplicación de ese
principio, y hay ejemplos en esta crisis de libro. Un primer ejemplo
y un primer dato fundamental de la realidad: las harinas de origen
animal. No se pueden dar explicaciones extrañas, no aceptables, que
al final se vuelven contra quien las pone en circulación. Aquello de
transformaciones genéticas extrañas o incidencia genética foránea,
eso, al final, se vuelve contra quien pretende evitar un mal porque
obtiene un mal mucho peor. Los piensos, lo sabemos, la clave está en
los piensos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dicta el principio de
precaución? Señor ministro, al Gobierno de España, en nombre del
Grupo Socialista, le exigimos la prohibición inmediata, cautelar, por
supuesto, de las harinas de hueso y de carne, las harinas de origen
animal, en todos los piensos, y acompañando a esta medida, para ser
creíbles, un plan de retirada de las harinas de origen animal. Es
costoso, pero es imprescindible.

Hoy, mejor que mañana; ayer hubiera sido mejor que hoy, porque en
este momento se están tomando decisiones que afectan a la
credibilidad de un Gobierno que se enfrenta a una crisis. Una crisis
de carácter nacional, una crisis profunda y una crisis que afecta en
España al futuro de un sector importante, pero, en primer lugar,
repito, a la salud del conjunto de los españoles.

El Reino Unido y Portugal, como saben SS.SS., tenían prohibido el
empleo de harinas de origen animal en todos los piensos. El pasado
día 13 el Grupo Socialista presentó en esta Cámara una iniciativa
para hacer exactamente lo mismo. El pasado día 15 en Francia se toma
esa decisión con un plan de retirada que está en marcha; el día 16 lo
hace Italia; lo hace Alemania, aunque está pendiente de una decisión,
de un trámite de carácter legislativo, pero hay un compromiso
firmemente expresado que da tranquilidad en este momento al conjunto
de los ciudadanos. Hágalo y hágalo hoy, anúncielo cuanto antes y,
repito, apruebe un plan relacionado
con la retirada de harinas que es costoso pero es vital. En esto no
debe haber la más mínima posición de cautela, desde el punto de vista
económico, desde el punto de vista que quiera. La mayor cautela tiene
que ver con la salud. La clave está, efectivamente, en los piensos.

Sobre el principio de precaución hay que recordar algunas cosas,
experiencia de la que se debe aprender, especialmente usted, señor
ministro, y el conjunto del Gobierno, pero de la que se deben sacar
lecciones. El Gobierno de España durante estos años, desde que en
marzo de 1996 se abre una crisis de gran envergadura en el conjunto
de los países de la Unión Europea, especialmente en el Reino Unido,
al relacionar la enfermedad en el ganado con su transmisión a los
hombres, empieza una carrera de decisiones muy importantes. ¿Dónde
está en todo ese tiempo el Gobierno de España? Pues está justamente
en el lado contrario a quienes aplican, en el conjunto de la Unión
Europea, el criterio de precaución; justo en el punto contrario.

Florencia, junio de 1996, el Gobierno de España vota a favor de
levantar el embargo para importar a nuestro país y otros países
gelatina, semen y sebo del Reino Unido; pero ésta no es la única
actitud contraria al sentido común, sobre todo al criterio de
precaución, que toma el Gobierno de España. En 1996, la Comisión
Europea empieza a proponer la retirada efectiva de una cuestión clave
en la transmisión de la enfermedad: los materiales específicos de
riesgo, vitales en el desarrollo de la enfermedad. El Gobierno de
España en el Consejo vota en contra. En 1997 lo vuelve a plantear; el
Gobierno de España vota en contra, pero desde 1996 algunos países
empiezan por su cuenta a tomar la medida efectiva de retirada de los
materiales específicos de riesgo, muy costoso también, haciéndolo
efectivo. Hoy, ¿de qué discutimos en España? Hoy nuestros clientes en
el exterior, por ejemplo, y nos preocupa su actitud, saben que en
España estamos hablando de cuántas incineradoras hacen falta para
hacer efectiva esta medida, de cómo apoyamos el transporte, la
retirada efectiva de los animales muertos, de los mataderos y las
granjas; de cómo hacemos efectiva una medida vital, cautelar, sin la
cual es muy difícil enfrentarse de una manera correcta y seria a este
problema. Hoy discutimos dónde vamos a hacer la prueba de los test
rápidos, en qué laboratorios. ¿En unos laboratorios con ocho personas
y ocho millones de presupuesto? Estamos discutiendo de esto, de poner
en marcha una estructura básica que se tenía que haber puesto en
funcionamiento hace varios meses obligatoria y cautelarmente, si
hubiéramos tenido en este país un Gobierno que hubiera actuado con
eficacia hace varios años. Estamos hablando de una prohibición que ya
es efectiva desde el 1 de octubre de este año, nos hemos dado cuenta
ahora de que hay que hacer todo eso y, además, lo presentamos como si
fueran medidas excepcionales en relación con una crisis. No, son
medidas que ya eran obligatorias, como la que tienen que ver con la
trazabilidad, por ejemplo.




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Por tanto, el Gobierno de España no ha estado a la altura de las
circunstancias durante estos años y ahora tenemos un pago añadido a
una crisis que por sí misma ya es suficientemente grave.

Hay que tomar medidas. Efectivamente, transparencia, prioridad para
la salud de los ciudadanos, principio de precaución mediante medidas
preventivas, como se ha hecho ya en otros países, y medidas concretas
que afectan a la organización de las respuestas a la crisis en el
conjunto del territorio nacional. ¿Qué medidas? Le he citado ya una:
anuncien inmediatamente la retirada efectiva de los materiales
específicos de riesgo; desde ya. Porque nosotros no tenemos un comité
científico en el seguimiento de la crisis, que tiene un alto valor,
tal como se está observando en la experiencia de otros países, debido
a que tiene el valor de la independencia. El Gobierno tiene que tomar
decisiones, porque una agencia alimentaria como la que funciona en
Francia o un comité científico director como el que existe en la
Unión Europea y en otros países, tienen un alto valor cuando ocurre
una crisis como esta, porque la gente mira a alguien que no tenga
sesgo de ningún tipo, que tenga la credibilidad de proponer medidas
al Gobierno desde una independencia absoluta en esta materia; las
medidas por supuesto las tendrán que tomar los poderes públicos, como
es su obligación, Lo que está ocurriendo en este momento en relación
con la retirada de los materiales específicos de riesgo es una
realidad a la que hay que mirar de frente y que no está resuelta en
España.




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Cuadrado, le ruego vaya
concluyendo.




El señor CUADRADO BAUSELA: Voy concluyendo.




No está resuelto en España, y si a usted un científico de reconocido
prestigio como el señor Badiola le dice que esto es así, su respuesta
crea alarma porque contradice la realidad. Nosotros tenemos una
laguna enorme por no haber hecho los deberes en el momento en el que
los tenía que haber hecho el Gobierno.

Con las harinas es una medida de precaución que le aseguro que en
este momento tiene un valor enorme, anúncielo ya, anúncielo de manera
inmediata y ponga encima de la mesa un plan nacional para hacer
efectiva una medida que es costosa.

Hacen falta más medidas. Hace falta no solamente anunciar cuántos
test rápidos compramos, sino hacer efectiva, con la logística
adecuada, que no existe en el país, la puesta en marcha de ese
diagnóstico que es vital en este momento para España; es vital saber
lo que pasa; de poco sirve que usted haga declaraciones, o las haga
quien las haga, de yo como carne, etcétera. En este momento el
diagnóstico de la situación real de la cabaña en España es mucho más
importante y, por tanto, hay que poner en marcha la logística
concreta sin
la cual la voluntad de voy a hacer cosas no sirve para mucho, es
vital en este momento.




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Cuadrado, vaya
concluyendo.




El señor CUADRADO BAUSELA: Sí, señoría.

Tenemos que crear, porque es urgente después de haber sido aprobada
hace dieciocho meses por este Parlamento por unanimidad, la agencia
de seguridad alimentaria.




Señor ministro, recordará perfectamente que antes del verano usted
llamó irresponsable al Comité director científico europeo porque
había calificado a España en el nivel 3 de riesgo geográfico. Usted y
yo, y toda la Cámara, podemos imaginar lo que están pensando de
aquellas declaraciones los miembros de este Comité científico
director. Irresponsabilidad, enorme irresponsabilidad, la que ha
cometido su Gobierno. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Cuadrado.

Señor ministro de Agricultura.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señor presidente, señorías, comenzaba usted su intervención
hablando de si había o no transparencia en el Gobierno. El Gobierno
informó a la sociedad del primer caso dos horas después de que se
recibiera en los servicios técnicos el primer diagnóstico confirmado
por los expertos; dos horas después. Anunció que había un segundo
caso dudoso, que sigue siendo caso dudoso después de una semana. El
Gobierno actuó con total responsabilidad. Este Gobierno no actúa por
rumores, por suposiciones o por futurología; actúa por datos
científicamente contrastados. Conocido el caso, se informó a la
opinión pública, porque estamos ante un tema que afecta la seguridad
alimentaria, afecta a la salud pública y hay que tratarlo con el
rigor oportuno. El Gobierno, inmediatamente de conocido el tema,
convocó a las comunidades autónomas y, junto con ellas, estableció la
respuesta al mismo desde el marco institucional de competencias
respectivas, sin que nadie eludiera sus responsabilidades y siendo
solidarios con las de todos. Lo hicimos desde el rigor del análisis
de la situación, desde la lealtad institucional y desde una respuesta
unitaria a una situación en la que, teniendo que hacer todo lo que
hay que hacer, no hay que crear alarmas sociales innecesarias. Porque
al oír a S.S. da la impresión de que no se ha hecho nunca nada para
prevenir esta epizootia, y no es cierto. Hay una larga trayectoria en
la lucha contra una enfermedad, una lucha sobre la que usted,
frívolamente en su intervención, al hablar del origen de la
enfermedad dice: La mutación genética espontánea es una entelequia.

No. Esa es la conclusión definitiva del informe Philips que se ha
hecho en el Reino Unido, después de tres años de estudios, por los



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expertos del país que más ha estudiado la enfermedad, que dice que su
origen se debe a una mutación genética espontánea. El origen, no la
transmisión a la cadena alimentaria, que efectivamente está en los
piensos.

Le recuerdo que España desde 1994 había prohibido el uso de harinas
animales en los rumiantes. Además, estamos en un país donde no se
utilizan estas harinas. Se utiliza la soja porque es más barata,
porque existe un convenio con los Estados Unidos y porque tenemos una
ganadería distinta. En 1996 España adoptó medidas específicas
limitando la entrada de bovinos y embriones desde los países que
tenían la encefalopatía espongiforme bovina, prohibiendo la entrada
de proteínas y mamíferos, de harinas de carne y hueso, de piensos que
tuvieran estos productos, retirando desde 1996 los materiales
específicos de riesgo en matadero de todos los animales procedentes
de países con encefalopatía. Le puedo citar la larga cadena de
órdenes que regulan este tema: Orden de 10 de septiembre de 1996, de
agricultura; de Presidencia, de 30 de abril de 1997; de Agricultura,
de 24 de septiembre de 1998; de 19 de enero de 1999; de 28 de
diciembre de 1999; de 8 de noviembre del 2000. Y órdenes de Sanidad y
Consumo, con resoluciones de la Dirección General de Salud Pública de
4 de julio y 9 de octubre de 1996, estableciendo medidas de
protección frente a las encefalopatías; orden de 24 de septiembre de
1998, medidas cautelares para bovinos procedentes de Portugal; de 10
de mayo de 1999, sobre nuevas medidas cautelares; 22 de julio de
1999, nuevas medidas cautelares.

De acuerdo con toda esta normativa, se ha prohibido desde 1994 la
alimentación de rumiantes con harina de carne y hueso. Prohibida la
importación de animales del Reino Unido desde 1996; Suiza, 1997;
Portugal, 1998. Prohibida la importación de harinas de carne y hueso
de Francia, Irlanda, Suiza, Reino Unido y Portugal desde 1996, medida
unilateral no impuesta por la Unión Europea. Prohibida la importación
de reproductores de Francia e Irlanda. Hemos establecido medidas de
seguridad alimentaria, concretamente con un sistema informático de
trazabilidad que permite seguir el movimiento a los animales. Se puso
el etiquetado en marcha por Real Decreto de 30 de diciembre de 1999
con carácter voluntario. Estará en vigor con carácter obligatorio
desde el día 1 de enero. Se está elaborando un real decreto
consultado con las comunidades autónomas. Se han puesto en marcha
comisiones interministeriales para el análisis y prevención del
fraude. Además, esta es una materia en que el Gobierno no está sólo.

Trabaja solidariamente con las comunidades autónomas, que realizan
actuaciones tanto en granjas como en mataderos, identificando
obligatoriamente todos los animales de 1998 con marcas auriculares y
documentos sanitarios desde su nacimiento, con libros registro de
productores, con campañas de saneamiento ganadero. En 1999 se han
controlado 197.000 explotaciones e investigado cuatro millones de
casos. En matadero se
realizan inspecciones por los veterinarios de la comunidad autónoma
en animales con sintomatología compatible antes de ser sacrificados.

Desde el año 1996 se retiran todos los materiales específicos de
riesgo de animales con casos de encefalopatía. Desde 1997 se toman
muestras en matadero de todos los animales con sintomatología
compatible para el análisis en el laboratorio nacional de referencia,
y las comunidades autónomas, en uso de sus competencias, realizan la
inspección y control de las fábricas de piensos para comprobar que no
hay presencia de harinas de carne y hueso en el pienso de los
rumiantes.

Tras la reciente crisis en Francia, en el último Consejo de Ministros
de los días 20 y 21 de noviembre, España reclamó nuevas medidas
comunitarias de prevención y control y pedimos que a nivel
comunitario se estableciera la prohibición de las harinas. Fuimos el
país más beligerante con los análisis y más beligerante con las
harinas. Pedíamos medidas horizontales a nivel comunitario, porque de
nada sirve tener medidas unilaterales si en otros países no se toman
las mismas medidas. La respuesta a una crisis europea tiene que venir
por medidas de carácter europeo. En este Consejo de Ministros España
votó la obligación de que a partir del 1 de enero del 2001 se
hicieran los test en los bovinos de más de 30 meses sacrificados de
urgencia o que tuvieran alguna sintomatología sospechosa. Apoyamos
también que desde el 1 de julio se investigaran todos los bovinos de
más de 30 meses. Adelantamos al mes de octubre del año 2000 la
obligación que teníamos de hacer los test desde el 1 de enero del
2001, y ya desde el 1 de octubre se empezaron a hacer, en efecto,
como ha dicho S.S., inicialmente desde el laboratorio de Algete,
porque teníamos un número de test más reducido que el que en este
momento tenemos que afrontar. Cerramos las fronteras con Francia e
Irlanda, y desde el 1 de octubre estamos aplicando la retirada de
materiales específicos de riesgo. En todos los mataderos se retiran
los materiales específicos de riesgo de todos los animales rumiantes
en los términos establecidos en la normativa comunitaria. Pero es que
además, desde 1997 elaboramos, en colaboración con las comunidades
autónomas, programas anuales de normas de prevención y vigilancia de
las encefalopatías, creando un comité miltidisciplinar para los
planes de vigilancia y control anuales. En 1998 modificamos nuestro
programa para adaptarlo a las normas de la Oficina Internacional de
Epizootias. Y en el año 2001 hemos acordado con las comunidades
autónomas elevar este programa anual a un plan concertado con
capítulos específicos para regular la retirada de animales muertos en
granja, la retirada y eliminación de los MER y la eliminación, en su
caso, de las harinas, como S.S. ha propuesto.

Quiero decirle a S.S. dos cosas. En primer lugar, este Gobierno tiene
un asesoramiento científico que le había llevado a pedir la
prohibición de las harinas de rumiantes en todo tipo de alimentación.

En el día de



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hoy la Unión Europea ha tomado las siguientes propuestas, que va a
someter el próximo lunes al Consejo de Ministros de la Unión Europea.

La Comisión ha tomado unas medidas que tiene que ratificar el Comité
veterinario de la Unión Europea, en el sentido de ampliar los
materiales especificados de riesgo que deben retirarse para que
comprendan la totalidad del intestino de las especies bovina, ovina y
caprina, y va a pedir la prohibición de utilización de harinas de
origen animal para todas las especies destinadas a la producción de
alimentos, con la excepción de la harina de pescado para los peces y
los productos lácteos para todos los animales. Entrará en vigor el
próximo 1 de enero hasta el 30 de junio, será revisada según la
situación sanitaria de cada Estado miembro y se van a excluir de la
cadena alimentaria todas las reses de vacuno mayores de 30 meses,
salvo las sometidas a test de detección.




En definitiva, la Unión Europea va a poner en marcha las medidas que
nosotros habíamos solicitado. Yo siempre he dicho que si en el
Consejo de Ministros no se tomaban las pondríamos con carácter
unilateral, pero que España quería medidas europeas, que tendrán
apoyo europeo, financiación europea y que nos permitirán asumir una
mayor colaboración con las comunidades autónomas, porque establecida
la prohibición de las harinas, como bien dice S.S., se plantea el
tema de la destrucción de los materiales específicos de riesgo. En
este momento España dispone de una capacidad de destrucción de 86.000
toneladas. Generamos 60.000 toneladas, pero si prohibimos las
harinas, habrá que establecer nuevas plantas de incineración. El
Gobierno está dispuesto a colaborar con las comunidades autónomas en
el fomento de la ubicación de estas plantas. Hay que buscar su
ubicación, la colaboración del sector privado y establecer los
programas para su puesta en marcha, y lo vamos a hacer porque ya
estamos dialogando con las comunidades autónomas que, con enorme
lealtad institucional y rigor, están afrontando un problema que es de
todos los españoles. Este es un problema que se afronta desde la
lealtad institucional, desde la colaboración del Gobierno,
comunidades autónomas y ayuntamientos, desde la colaboración de todos
los partidos políticos. Vamos a insistir en el tema de los
diagnósticos. Su señoría dice que no basta asegurarse los test, pero
si no hay test no hay prevención, y el Gobierno lo primero que ha
hecho es garantizarse un número suficiente de test para poder abordar
el año que viene el cumplimiento de las obligaciones comunitarias.

En segundo lugar, nos hemos puesto en contacto con las comunidades
autónomas para decirles los requisitos técnicos que tienen que tener
sus laboratorios y para ofrecernos a colaborar con ellas equipándolos
para que estén en disposición de afrontar este asunto. El Gobierno
está dispuesto a hacer todos los esfuerzos de diálogo y colaboración
en una cuestión importante para los consumidores y para la salud de
los españoles; pero el
Gobierno quiere también lanzar una llamada de confianza y decir que
se están haciendo las cosas con sosiego y con orden, y que todo lo
que haya que hacer se va a hacer. No podemos crear alarmas
innecesarias porque entonces destruimos los mercados y la confianza
en los productores y la crisis adquiere unas magnitudes que no tiene
en este momento.

España tiene seis millones de vacas y, de 1980 a 2000, hemos tenido
un solo caso confirmado. Dimensionemos la crisis y tomemos todas las
precauciones, pero no creemos más alarma social de la necesaria.

Estoy dispuesto a trabajar lealmente con las comunidades autónomas y
con todos los grupos políticos y a escuchar todas las sugerencias. He
recabado el análisis técnico más importante y he leído personalmente
el informe Philips, sus 17 volúmenes, que se ha publicado en
Inglaterra sobre esta crisis y sobre lo que hay que hacer para
gestionar una crisis de esta naturaleza. Queremos aplicar la última
doctrina científica en la materia, pero desde el rigor, desde el
sosiego y desde la seriedad, no desde el oportunismo en ocasiones.

Agradezco el tono de la intervención de S.S. y el rigor con que ha
planteado las cuestiones. Sepa que el Gobierno está en esta línea:
dialogando con las comunidades autónomas y tratando de atajar una
crisis, que es europea, con el menor impacto económico en el sector
ganadero pero con las mayores garantías para todos los ciudadanos
españoles.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro de
Agricultura.

Señor Cuadrado.




El señor CUADRADO BAUSELA: Señorías, señor ministro, la palabra
alarma es una palabra clave en un debate de esta naturaleza. Usted la
ha empleado también en su intervención: alarma, evitar la alarma.

Estoy de acuerdo, hay que evitar la alarma.

Señor ministro, ¿cómo se genera la alarma? En una sociedad madura
como la nuestra, estará de acuerdo conmigo en que es la
desinformación, las declaraciones extemporáneas (Un señor diputado:
Las vuestras.) y la falta de rigor lo que genera la alarma. ¿Cuánta
alarma genera que una ministra del Gobierno de España diga que ella
sabe que hay mataderos incontrolados en España? (La señora Cunillera
i Mestres: ¡Ahí, ahí!) ¿Cuánta alarma genera esa afirmación de: yo
les aconsejo que no compren carne barata? ¿Cuánta alarma genera,
señor ministro, que durante todos estos años el Gobierno de España
haya ido por detrás -y volveré a referirme a ello- en todas las
medidas de precaución? Eso genera alarma.

Volveré al caso concreto que me preocupa. Usted sabe como sé yo,
señor ministro -tiene la misma información sobre ese asunto y aun más
de la que pueda tener el Grupo Socialista-, que la res a la que



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nos estamos refiriendo, que da positivo en los análisis, muere el día
25 de octubre. A partir de ahí, usted tiene que decir algo más de lo
que ha dicho, usted lo sabe. Es más, incluso el presidente de la
Xunta de Galicia se le adelantó -el día 21 de noviembre, no el 22- en
transmitir una cuestión de esa envergadura. El 25 de octubre, con lo
que en los primeros días de noviembre -no puede ser de otra manera-,
usted conocía esa situación. Si no lo sabía, dé una explicación
porque resulta grave en cualquier caso. Fue el 25 de octubre, y sabe
que los análisis a los que me refiero hay que hacerlos con los
tejidos frescos, si no, no valen.

Efectivamente, la trasparencia es el principal antídoto contra la
alarma y contra la desconfianza, que es la clave en este asunto, la
trasparencia, la información veraz y en el momento en que hay que
hacerlo, de manera inmediata. El Gobierno de España, lo reitero, ha
ido siempre -y se lo he demostrado con datos que se refieren a
reuniones del Consejo de Ministros de Agricultura- por detrás en esta
medida. ¿Cómo es posible que el Gobierno de España se haya empecinado
en los años 1996 y 1997, y que no hable de esta cuestión hasta que no
es obligatorio el 1 de octubre de 2000, pero que incluso hoy se esté
diciendo que vamos a hacer un plan para retirar los cadáveres, que
vamos a hacer un plan para cumplir esa decisión europea? (La señora
Cunillera i Mestres: Es que no tienen plan.) Eso crea alarma porque
cualquier persona que lo oye dice: ¿Teníamos ya el plan en marcha o
lo tenemos que poner ahora? Esa es la cuestión vital y cuando esa
barbaridad la dice alguien como el señor Badiola, esa enorme
barbaridad a la que se refiere S.S., no merece la contestación que le
da el Gobierno diciéndole que es algo irresponsable. No lo dice
solamente el señor Badiola, tenemos montones de materiales
específicos de riesgo amontonados y sin retirar. (El señor Madero
Jarabo: ¿Dónde?) ¿Y esta no es una cuestión de alarma? La respuesta a
eso es tomar medidas, medidas que son muy caras. ¿Cuánto cuesta ese
plan desde el año 1996 cada año en Francia? Seiscientos millones de
francos. Claro que es caro. ¿Cómo se garantiza el transporte, la
retirada, la entrega del cadáver? Con un plan financiado
nacionalmente porque no hay otra solución, eso está demostrado y
bastante demostrado.

Las harinas. Miren, en esto hay decisiones que hay que tomar en el
momento justo y cada día que pasa la efectividad de la medida es
menor. Anúncielo ya, aquí hoy si es posible en esta tribuna, no
espere -principio de precaución, señor ministro- a que exista una
iniciativa de la Comisión o del Comité veterinario. No espere a esto,
que Francia, Italia, Alemania no han esperado. En este momento hay un
tráfico de harinas de origen animal peligrosísimo y, por tanto, esa
es una medida muy importante, señor ministro.

Medidas que hay que tomar, que habría que haber tomado ya antes y que
no se han tomado. Por eso estamos hablando ahora de poner en marcha
un plan y se
aprueba deprisa y corriendo un real decreto que traslada a normativa
española lo que ya era obligatorio por normativa europea desde el día
1 de octubre. No es eso, es más concreto lo que hay que hacer.

Con respecto a los test. Por supuesto que hay que tener los test para
poder hacerlos, claro que sí. ¿Y la logística, señor ministro, dónde
estaba? ¿Nos acordamos ahora de que tenemos laboratorios que no son
capaces de absorber esos análisis específicos? ¿Ahora es cuando nos
acordamos? ¿Antes no? ¿Nos acordamos ahora del problema gravísimo que
tenemos en relación con esa materia? Es un poco tarde. ¿Y la
trazabilidad, las etiquetas por las cuales cada consumidor español
tendrá derecho, como se hace en otros países, a relacionar una pieza
de un animal con el animal? ¿Dónde está? A usted se lo preguntarán,
señor ministro, y a mí también. Es que dicen que es más seguro comer
carne de animales de menos de dos años, pero ¿cómo sé yo cuando voy a
la carnicería a qué animal corresponde y qué edad tiene? Como las
cosas, señor ministro, que le han dicho las misiones veterinarias que
se han ido sucediendo en España, la última en abril, que pone en
evidencia la falta de control sobre las harinas de origen animal del
Gobierno español. Pero a eso se enfrenta uno mirando de frente al
problema y tomando las decisiones adecuadas.

No quiero olvidarme de que en nombre del Grupo Socialista tengo que
decir que efectivamente hay un problema importante de financiación,
estamos hablando de recursos importantísimos que hay que poner en
marcha. Aquí no valen burladeros, ni comunidades autónomas, ni
Comisión Europea, cuanta más financiación haya de la Unión Europea
mucho mejor, pero no esperaremos a que haya financiación para tomar
las medidas. Es una acción en un problema de Estado en el que el
Gobierno tiene un papel básico de coordinación.




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Cuadrado, le ruego vaya
concluyendo.




El señor CUADRADO BAUSELA: Termino, señor presidente.

No se trata solamente de las medidas que he ido señalando, también de
las repercusiones sociales y económicas de la crisis. Usted sabe que
en este momento hay unos estocajes importantísimos porque ha caído
espectacularmente -y es un hecho que cabría esperar de la crisis- el
consumo de carne y hay que actuar rápidamente en esta materia. La
experiencia nos dice que hay que ir por delante; eso es lo que dice
la experiencia. Recuerde: retirada de materiales específicos de
riesgo, España la última. Hay que ir por delante, y tenemos que
aplicar medidas en el sector ganadero de ayuda económica en una
situación muy difícil. Mi grupo planteará, por supuesto, una moción
consecuencia de esta interpelación y propuestas concretas desde el
punto de vista de financiación, pero el Gobierno



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tiene que dar la confianza en este momento al sector de estar
haciendo lo que debe hacer. Lo contrario es esconder la cabeza debajo
del ala y, desde luego, no ayuda a salir de una crisis, insisto, ya
de por sí bastante grave.




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Cuadrado.

Señor ministro de Agricultura.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Sigue S.S. hablando de falta de transparencia y sigue
empeñándose en que el Gobierno conocía o dejaba de conocer. El
Gobierno conoció un análisis contrastado. Llevo toda esta semana
llamando al Centro Nacional de Referencia para saber qué está pasando
con el segundo análisis. Y estas enfermedades tienen un diagnóstico
mucho más complejo, análisis histopatológico, análisis muy complejos,
no se les llama inmunoquímicos; son complejos. Y tenemos un segundo
caso que lleva una semana en el laboratorio que ha analizado 180.000
casos en Weybridge, en el Reino Unido, y no consigue dar datos
concluyentes. Además, si se ve la alarma que genera el primer caso,
S.S. tendrá que convenir conmigo en que sólo cuando los científicos
estén totalmente seguros de que un caso está confirmado se podrá
anunciar a la opinión pública, porque menudo ridículo si se hubiera
anunciado un caso por una sospecha y luego el diagnóstico no lo
hubiera confirmado. ¿Alarma innecesaria es lo que ustedes quieren?
No. En primer lugar, este Gobierno trabaja sobre análisis científicos
y diagnósticos de su Centro Nacional de Referencia, que es
independiente del Gobierno, que está en Zaragoza. (Aplausos.) En
segundo lugar, S.S. querrá ver el problema como quiera, pero en el
sistema competencial que tiene este Estado las competencias
exclusivas del Estado en esta materia están en comercio exterior y
corresponde al Estado la ejecución de actividades de control sobre
los productos o animales importados de países terceros en los puntos
de inspección fronteriza y la actividad legislativa o reglamentaria;
y todas las demás competencias sobre el terreno les corresponde a las
comunidades autónomas. Sin embargo, el Gobierno no quiere ampararse
en las comunidades autónomas, ha hecho todo lo contrario, ha
convocado a las comunidades autónomas y les ha dicho que se pone al
frente de la manifestación y que va a desarrollar en conjunto un
plan; no nos ocultamos detrás de las comunidades autónomas. Pero si
en España hay muchas cosas que no estaban hechas, apunte usted dónde
no estaban hechas. Y el Gobierno en este momento dice que si no hay
laboratorios, los va a poner y va a colaborar con ellos.

Efectivamente, tampoco podía haber el test de Prionic en estos
laboratorios, por una razón: este test se ha desarrollado hace un año
y medio, es novísima tecnología y, por lo tanto, los elementos
complementarios
para el análisis son complejos. Si tiene usted curiosidad por saber
lo que pueden costar en España los laboratorios sobre esta materia,
prácticamente con 55 equipos pueden costar 2.417 millones de pesetas.

Haremos el esfuerzo financiero y pondremos los laboratorios, pero
vamos a poner los laboratorios por dos razones: en primer lugar
porque técnicamente no podían existir al ser el test de Prionic de
ultísima generación y en segundo lugar porque sólo teníamos uno a
nivel central, el laboratorio de Algete, y ahora vamos a potenciar
dicisiete en las comunidades autónomas.

Los MER, hay que decirlo a la población, se están retirando en
matadero desde el año 1996 y desde el 1 de octubre; se retiran y no
entran en la cadena alimentaria; en unos casos se transforman y en
otros están almacenados, pendientes de transformación, y se regulan
en el decreto las características que tienen que tener las
instalaciones de almacenamiento provisional. Ahora vamos a debatir
sobre la prohibición de harinas. Dice usted: Prohíbalas hoy. Fíjese
lo fácil que es decir: Yo prohíbo las harinas hoy. Y mañana, ¿cómo se
alimentan todos los cerdos de este país, todos los pollos, todos los
conejos y todos los peces? ¿Se mueren de hambre? Porque no hay
sustitutivo en dos días. O sea, mañana quedan prohibidos y pasado,
¿qué? ¿Qué hace la Unión Europea? Dice: Se prohiben desde el 1 de
enero, y tienen ustedes un mes para buscar alternativas.

Evidentemente, tendremos que fomentar el cultivo de oleaginosas en la
Unión Europea y de proteaginosas, porque tendremos que pasar de los
piensos animales a los vegetales. De la noche a la mañana no los
improvisa S.S., no hay capacidad de abastecimiento en España. ¿Qué
quiere, que desaparezcan todos los productores de este país? Las
medidas hay que tomarlas con el principio de precaución pero también
con la inteligencia suficiente para crear las menos distorsiones. En
este momento están prohibidos en la alimentación de rumiantes piensos
con origen en rumiante, y su utilización sería un delito contra la
salud pública. El Seprona está vigilando que no se produzca, así como
la Policía nacional, los servicios de las comunidades autónomas y las
fábricas de piensos. Por tanto, la cadena alimentación está
interrumpida.

Ahora vamos a dar, por el principio de precaución, un paso más para
evitar la contaminación cruzada, para evitar la tentación que en
explotaciones mixtas que tengan cerdos y vacas se pueda utilizar el
pienso de los cerdos en las vacas. Desde el 1 de enero prohibimos
todas las harinas, con rigor, abasteciéndonos y teniendo la
precaución de que la soja que importemos no sea transgénica, porque
vamos a ver en qué mercado encontramos soja suficiente para compensar
estas pérdidas de alimentación.

El Gobierno, cuando dice que va a colaborar en estos programas de
retirada, lo hace porque las comunidades autónomas hasta la fecha,
que eran las competentes, no han sido capaces de ponerlo en marcha
por problemas



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presupuestarios o porque, como la medida se puso en marcha el 1 de
octubre, ha habido poca capacidad de reacción. El Gobierno lleva
dialogando sobre este tema con las comunidades autónomas desde el mes
de junio, cuando se tomó la medida a nivel comunitario. Ya en la
conferencia sectorial advertimos: El 1 de octubre tienen que estar
los mecanismos puestos en marcha. En este momento estamos dispuestos
a colaborar con todas las comunidades autónomas para que haya una
ubicación racional de plantas, porque hay plantas suficientes, pero
en este momento están ubicadas en León, en Orense, en Gerona, en
Castellón y en Valencia, pero en el sur y en el centro de la
Península tenemos más dificultades; por tanto, habrá que hacer un
esfuerzo de promoción con las comunidades que no tienen en este
momento plantas para establecerlas. Pero tenemos capacidad de
tratamiento, 60.000 toneladas de consumo de materiales específicos de
riesgo contra 86.000 de capacidad. Si prohibimos las harinas, habrá
que poner incineradoras, y habrá que entrar en un diálogo con las
comunidades autónomas para ubicar las incineradoras o los vertederos
controlados. Ese es el problema y agradecería al grupo de S.S. el
apoyo para que podamos establecer incineradoras y vertederos
controlados, porque ahora sí hace falta. Si queremos prohibir las
harinas y tenemos que eliminar todas las que no se van a poder
utilizar, tendremos que incinerarlas, y ya se sabe que el prión es
muy resistente, o se trata bajo presión a más de tres bar de
atmósferas, a 130 grados durante 20 minutos o bien se incinera por
encima de los 950 grados durante tres minutos, y esto requiere
instalaciones muy específicas.

He consultado todo lo que se ha hecho en la Unión Europea, hemos
visto los precedentes de países que lo están tratando, y para que S.

S. sepa, en el Reino Unido, que padecen la enfermedad desde 1980 y
que tienen medidas desde 1995, las harinas animales están almacenadas
en grandes instalaciones, tanto de la Real Fuerza Aérea como del
Gobierno, porque no tienen capacidad de incineración. Cuando se
genera un problema de esta magnitud, es muy complejo poder incinerar,
están almacenados los residuos y se van incinerando poco a poco. Es
compleja la instalación y ahora tendremos que empezar el debate de
dónde instalamos las incineradoras y los vertederos controlados de
los materiales específicos de riesgo. En este tema pido el apoyo del
grupo de S.S. y de las comunidades autónomas donde gobierna, porque
esta es una tarea de todos los españoles, de todas las comunidades
autónomas y que entre todos podemos superar sin grandes problemas,
pero, desde luego, no haciendo banderías de una cuestión que nos
afecta a todos, porque todos estamos presentes en alguna comunidad
autónoma y somos responsables, el Gobierno el primero. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.

¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)Señor Vázquez.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a intervenir con la mayor brevedad posible para fijar la posición
del Bloque Nacionalista Galego en este debate sobre el mal de las
vacas locas. Lo haré brevemente por el tiempo que disponemos y
también porque lo podremos hacer en el debate de la moción y mañana
en la comparecencia del señor ministro en la Comisión de Agricultura.

Desde el punto de vista del BNG sepa, señor ministro, que nosotros
afrontamos el debate de este gravísimo problema desde la perspectiva
de que es necesario hacerlo con seriedad, sin alarmas innecesarias,
pero hablando con toda la claridad posible para que se adopten por el
Gobierno y el conjunto de la Unión Europea -y en este punto voy a
coincidir con usted en que las medidas que hay que tomar deben
adoptarlas este Gobierno y el conjunto de la Unión- las medidas, pero
que sean todas ellas serias y de fondo, que permitan erradicar este
problema y que no siga reapareciendo cíclicamente.

Desde esta perspectiva, señor ministro, es evidente que todos
coincidimos en que no estamos ante un problema menor, sino muy grave
y que, vuelvo a repetir, debe abordarse con tranquilidad, con rigor,
con conciencia del mismo y con decisión. Porque la aparición de esta
encefalopatía espongiforme bovina nos sitúa, en primer lugar, ante la
necesidad de que los gobiernos, también el Gobierno español, protejan
la salud de los ciudadanos y, en segundo lugar, ante la necesidad de
que se protejan los intereses económicos de un sector como el de la
carne de vacuno que, como es habitual, al final va a pagar las
consecuencia de las políticas practicadas por los gobiernos, incluido
también su Gobierno. La aparición de nuevos casos en Europa, señor
ministro, lo que viene a demostrar es que, contra lo que se vino
afirmando en los últimos tiempos, la extensión de la enfermedad no
está controlada ni mucho menos. Por tanto, la extensión de la
enfermedad de las vacas locas demuestra que las medidas adoptadas
para controlar su extensión, por decirlo suavemente, fueron
insuficientes e ineficaces, por no hablar de irresponsabilidad
política ante la evidencia de que tal como está estructurada
económicamente la Unión no podían ni pueden existir islas libres en
la propagación de este mal que está presente en Europa desde hace
cuando menos 15 años.

En esta situación, señor ministro, tanto el Gobierno español como el
conjunto de la Unión Europea deben adoptar, insisto, medidas de
fondo, que usted dice que no se pueden improvisar, evidentemente,
aunque uno se debe plantear cómo no se han tomado en estos 15 años.

Medidas que sin duda serán muy costosas, pero que también son
necesarias e imprescindibles si de verdad se quiere controlar y
erradicar este grave proble-



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ma. Son, por consiguiente, en primer lugar medidas para detectar,
aislar y eliminar los posibles focos de enfermedad que existen, para
lo que nosotros creemos necesario establecer un protocolo común para
todos los Estados miembros y, por tanto, criterios comunes para
afrontar con garantía la tarea de aislar estos focos. Para esto ya
sabemos que es necesario adoptar este programa de los fondos
necesarios, aumentar el personal veterinario, los laboratorios, la
eliminación de las materias de riesgo, etcétera. A su vez, pensamos
que deben tomarse medidas por el Gobierno y por el conjunto de la
Unión destinadas a eliminar las causas que provocan esta
encefalopatía espongiforme bovina, porque si no se acometen las
causas no resolveremos los problemas. Una de las causas demostradas
científicamente parece ser la transmisión, vía alimentación, con
harinas de origen animal, por lo que habrá de usarse, en todo caso,
el principio de precaución en aquellos casos en que existan sospechas
en este sentido. Si una de las causas como vía de contagio demostrada
es la alimentación con piensos elaborados con restos de rumiantes,
habrá que afrontar la prohibición de la producción de este tipo de
piensos. Si no se afronta la prohibición de su producción, usted me
dirá, señor ministro, cómo podremos evitar que parte de ésta, aunque
se prohiba para determinados usos, no acabe usándose para estos fines
que estamos viendo que se usan.

Y hablando de causas, señor ministro, yo creo que también es
necesario -y aquí hasta el momento no se ha hablado de esto- hacer un
debate serio y de fondo para reflexionar y corregir el modelo de
producción de alimentos de origen animal, que está implantado en este
momento a nivel de la Unión Europea, por no decir a nivel mundial, un
modelo de producción productivista, basado en el bajo coste y
desvinculado de la alimentación natural y que se impuso a lo largo de
los tiempos sin pensar en sus consecuencias. Es necesario afrontar el
debate sobre este modelo porque como consecuencia de este modelo de
producción aparece la crisis del mal de las vacas locas, como aparece
la crisis de los pollos belgas, derivada del mismo asunto, del mismo
origen: el modelo de producción. Con el mantenimiento de este modelo,
señor ministro, no solamente se provocará irremediablemente
producción de alimentos de baja calidad, sino que nuevos riesgos para
la salud humana aparecerán y también al final para los propios
sectores productivos.

Dicho esto complementariamente y no porque tenga menos importancia...




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Vázquez, le ruego vaya
concluyendo.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Señor presidente, con toda rapidez.

Decía que no porque tenga menor importancia es evidente que el
Gobierno debe actuar en relación a la
garantía de la salud de los ciudadanos, pero hablaremos con el
Parlamento respectivo.

Por último, quiero hacerle una reflexión, señor ministro. Es evidente
que, para poder llevar adelante las medidas para erradicar el mal de
las vacas locas, es imprescindible contar con la colaboración activa
de los ganaderos y también con otros eslabones, probablemente, de la
cadena de comercialización. Y esa colaboración activa, señor
ministro, no se obtendrá si no se les garantizan las indemnizaciones
a sus pérdidas. Por tanto, creemos necesario que deben habilitarse
fondos para compensar las pérdidas del sector derivadas de la más que
notable disminución de beneficios por pérdida de ventas; también las
pérdidas ocasionadas o que se ocasionen por la eliminación de las
cabañas, para lo que no bastan las compensaciones previstas, señor
ministro, sino que tienen que basarse en el principio de res muerta,
res puesta. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y para contar con
esa colaboración también es necesario no hacer recaer sobre los
ganaderos el coste de la detección de la enfermedad o de la
eliminación de los restos ocasionados por los animales afectados por
este mal. Si no es así, no se obtendrá la colaboración de los
ganaderos.

Concluyo, señor presidente. Nosotros, señor ministro, creemos que las
medidas deben de ser de fondo y solo así se recuperará la confianza
de los consumidores, que es básica para recuperar el sector. Quiero
decirle también que me parece una vía poco adecuada...




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Vázquez, ha superado
sobradamente su tiempo.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Le aseguro, señor presidente, que acabo.

Voy a dejarlo así.

Me parece poco adecuada la vía que consiste en que ese rigor y esa
transparencia del Gobierno se puedan sostener, manteniendo que, en el
caso del Estado español, estamos ante un solo caso aislado, limitado
sospechosamente a una determinada comunidad autónoma.

En todo caso, señor ministro, contará con el poco o mucho apoyo que
el Bloque Nacionalista Galego le pueda prestar para tomar las medidas
de fondo para erradicar este mal. Si no es para eso desde luego no
cuente con nosotros.




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.

Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, el señor Frutos tiene la
palabra.




El señor FRUTOS GRAS: Evitar alarma, impedir la destrucción de
mercados... Muy bien, de acuerdo, señor ministro. Poner en marcha las
propuestas de la UE que, por cierto, son flojas y tardías;
bienvenidas sean, pero son flojas y tardías.

Señor ministro, en 1990 se reúne el Comité veterinario de la Unión
Europea para estudiar el tema de la



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encefalopatía espongiforme, el mismo Comité que se va a reunir
mañana, creo, será gente diferente pero el mismo Comité.¿Qué deciden?
Primer apartado de la reunión: declaración que dice que es preciso
mantener una actitud fría para no provocar resoluciones desfavorables
para el mercado, no para la salud de la gente. No hablar de la
encefalopatía, por tanto, y que este punto no figure en el orden del
día de la reunión que hace este Comité de veterinarios. Durante la
reunión se dice y se aprueba que van a pedir oficialmente al Reino
Unido que no publique los resultados de sus investigaciones. Y el
tercer acuerdo de los cuatro que hay, es declaración de la República
de Irlanda, aprobada, para que sea preciso modificar -dice el acuerdo
en concreto- la decisión de la Comisión concerniente a las carcasses,
en francés (que tengo el texto en francés), huesos; si no, Irlanda se
hundirá, se arruinará. Irlanda tiene un negocio con el norte de
África de un 40 por ciento de venta de estas carcasses.

O sea, ¿creamos alarma? ¿No creamos alarma? ¿Vigilamos el mercado?
¿No vigilamos el mercado? ¿O vigilamos, en primerísimo lugar, la
salud de la gente?
Como no tengo tiempo de argumentarlo -pero ya lo he explicado a la
ciudadanía a través de una rueda de prensa esta mañana, porque no
tenía confianza en que este debate tuviera la amplitud y el tiempo
suficientes que corresponden a un debate de tanta entidad, porque
seguiría los mecanismos reglamentarios estrictos, limitativos que hay
en este Parlamento- voy a ir a las propuestas concretas que hacemos.

Mi primera propuesta es que todas las reses de más de 30 meses,
dedicadas al consumo humano, sean sometidas al test suizo actualmente
utilizado. Además, en aplicación del principio de precaución y dado
que el actual texto utilizado no es lo suficientemente operante antes
de los 30 meses, que hasta que no estén a punto nuevos tests de
comprobación cualquier res menor de 30 meses no pueda ser sacrificada
para el consumo humano. A nuestro entender, esto restablecería la
confianza, a partir de explicar la verdad y con medidas concretas.

Naturalmente este es un problema serio de infraestructuras, de
laboratorios, de transporte, de incineración, etcétera, pero es lo
que es necesario hacer en este momento concreto: no matar ninguna res
antes de los 30 meses.

Le pasaré luego, señor ministro -imagino que usted ya lo tiene-, un
artículo muy serio sobre las limitaciones del test suizo actualmente
utilizado, el que va a comprar España, en número de 300.000, creo
recordar. Ustedes tienen sus expertos y nosotros los nuestros. Debo
decirle, señor ministro, con toda honestidad, que el pasado lunes, a
las 15 horas, nos hemos puesto al habla con uno de los inventores del
test, que nos ha confirmado lo siguiente. Primero, cuando el test da
positivo es que, sin lugar a dudas, la vaca está infectada, con
riesgo cierto para nuestra salud si la consumimos.

En segundo lugar, cuando el test da negativo es que o bien la
vaca no está infectada o bien sí que lo está, pero no en fase
terminal o avanzada. Este error es un elemento general en todos los
análisis veterinarios que se hacen de forma normal. En tercer lugar,
a la pregunta que se le hace a este inventor del test para cuando se
da el caso de que la vaca esté infectada pero no en fase terminal o
avanzada, de si ello significaría que no existe riesgo de
contaminación al consumir carne, la respuesta textual ha sido: No se
puede decir que no hay riesgo de contagio sino solamente que hay
menos riesgo. Como verá usted, el test suizo actual sólo sirve con
certeza a los 30 meses de la infección. Por ello, insistimos en la
propuesta de que solamente las vacas de más de 30 meses y que
sometidas al test den negativo deben ser dedicadas al consumo humano.

Las de menos de 30 meses no, hasta que los cumplan y sean comprobadas
con el test. Sabrá usted, señor ministro, que está en fase avanzada,
pero no todavía definitiva o definitoria, un nuevo test para intentar
detectar la enfermedad desde el principio.

Segunda propuesta, la supresión inmediata -en la línea de lo que ha
aprobado, pero sólo para seis meses, la Comisión Europea- del uso de
las harinas animales para cualquier animal, porque en la actualidad
no existe ningún medio operativo para determinar si los piensos de
composición animal están contaminados o no. Además, distintas
especies animales, no sólo las vacas, están siendo alimentadas con
piensos suplementados con harinas potencialmente contaminadas.

Tercera propuesta. Dado que no se sabe si sí o si no, pero se
sospecha que sí, que esta enfermedad se transmite también por la
sangre, restablecer una moratoria para admitir donaciones de sangre,
tejidos y órganos procedentes de ciudadanos que hayan residido en
Gran Bretaña, Irlanda, Francia y Portugal más de seis meses entre
1980 y 1996.

Cuarta propuesta. Retirada inmediata del mercado de todos los
productos farmacéuticos, biológicos, cosméticos y alimentarios
susceptibles de estar contaminados.




Después hago otra serie de propuestas que irían en la línea de la
vigilancia estricta sobre mataderos clandestinos. La ministra de
Sanidad ha hablado de esto y algún dato tendrá. Dice que no tenía
datos concretos pero algo sabrá, por algo lo ha dicho, y hoy lo ha
reiterado en la rueda de prensa. Por tanto, vigilancia estricta sobre
mataderos clandestinos, cuya existencia ha sido denunciada. Otra
propuesta sería la de la indemnización de los ganados al cien por
cien del valor, a nivel de mercado, de las reses que han de ser
sacrificadas por estar contaminadas. Sólo así se podrá controlar el
fraude. Esta es una medida que tomó Gran Bretaña en 1988 para el 50
por ciento del valor de las reses y un año y medio después, en 1990,
lo hizo ya para el cien por ciende las reses.




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Finalmente, van una serie de propuestas en esta misma línea, como la
creación de una comisión parlamentaria para investigar si se ha
trabajado de forma adecuada durante todo este tiempo. Yo le he
citado, porque no tenía más tiempo para ello, una reunión del Comité
de veterinarios de la Unión Europea, que violó de forma flagrante e
irresponsable todas las deontologías profesionales que se pueden
violar y además las decisiones políticas y democráticas que se
habrían tenido que tomar en este caso. Por tanto, que haya una
comisión parlamentaria debidamente asesorada para poner en marcha una
serie de iniciativas en esta línea. Finalmente, un plan urgente de
incineración de animales y piensos minimizando el riesgo
medioambiental y optimizando la conversión energética. Esto
necesitará laboratorios, transportes, incineración, etcétera, por lo
que será un elemento caro, pero se creará ya una infraestructura
necesaria para el control de la producción alimentaria para uso de
las personas de cara al futuro. Es decir, no será una infraestructura
que sirva únicamente en este momento coyuntural sino que será una
infraestructura para el futuro.

Para terminar, quisiera decir, en la línea que se ha explicado antes
por otro interviniente, que todo esto que está ocurriendo con los
pollos, con las vacas y con otros productos viene determinado por la
introducción de sustancias animales en la alimentación de criaturas
herbívoras, no carnívoras. Es decir, aquí sí que se ha hecho una
verdadera mutación, una transformación de los hábitos naturales de
los animales para...




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Frutos, le ruego vaya
concluyendo.




El señor FRUTOS GRAS: Termino enseguida. ¿Cuál es el beneficio real
para el consumo de la sociedad? ¿Qué se saca de ello? Porque debe
haber un beneficio real, alguien debe beneficiarse de esta forma
irresponsable de actuación. ¿A cuánto sube este beneficio real?
Porque, señor ministro, nada es casual cuando se acepta una ley del
beneficio ciego sin control técnico, sin control democrático, sin
tiempo para investigar, sin respeto a los procesos naturales. Por
ello, es necesario entrar en otro debate en profundidad, que no será
el debate de la coyuntura concreta que tenemos en este momento, a la
cual tenemos que hacer frente en este momento, sino el debate de qué
productos son necesarios para que haya una sociedad que esté bien
alimentada, con precios razonables, pero al mismo tiempo sin dar
duros a cuatro pesetas, porque los duros a cuatro pesetas no se
pueden dar. Por tanto, un debate a fondo sobre qué tipo de producción
agraria y ganadera tiene que haber en nuestro país y en el conjunto
de la Unión Europea para hacer frente, de forma razonable, racional
y de cara al futuro, a todos estos problemas que han aparecido ya de
forma sistemática en toda una serie de aspectos.




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Frutos.

Señor Companys.




El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, muy brevemente y desde el escaño, ya que nuestro
grupo parlamentario pidió hace unos días la comparecencia del
ministro de Agricultura en comisión para debatir en profundidad sobre
las medidas que el Gobierno estaba aplicando por lo que hace
referencia a la encefalopatía espongiforme bovina, mal llamada
también mal de las vacas locas. Por tanto seré muy breve, porque
tendré la oportunidad de intervenir mañana en la Comisión y en la
moción en el próximo Pleno, pero voy a hacer tres reflexiones que sí
me parecen importantes.

Señor ministro, no podemos confundir a los consumidores, por lo que
creo que sería bueno que usted mismo dijese a la ministra de Sanidad
que tiene que medir más sus declaraciones públicas. De lo contrario,
nos tendrá que explicar sobre qué base sanitaria lógica la ministra
de Sanidad divide la calidad sanitaria de la carne de bovino en
función de su precio de mercado. ¿O es que el Ministerio de Sanidad
cree que las carnes que tienen un precio más asequible no cumplen con
las medidas sanitarias? Si la ministra cree realmente que es eso, lo
debe decir claramente. Por lo que hace referencia a la existencia de
mataderos ilegales, la obligación de la ministra, si conoce alguno,
es ponerlo en conocimiento inmediato de la Fiscalía y acusarles de
delito contra la salud pública; si no conoce ninguno, eso sí que es
alarma para la población y no hace ningún bien al sector.

Segundo tema. Nuestro grupo parlamentario quiere creer -y está
absolutamente convencido- que se están adoptando las medidas
necesarias, tanto por parte del Gobierno como de las comunidades
autónomas, para evitar la aparición de nuevos casos y entendemos que,
de momento, no hay excesivos motivos de preocupación. No obstante,
señor ministro, hay que ser especialmente rígidos en el control de
las fronteras a fin de que se cumplan las prohibiciones que el propio
Ministerio ha establecido.

En tercer lugar, señor ministro, no sé si hoy, el próximo día o
cuándo, tendremos que hacer una reflexión sobre la competitividad
llevada a los últimos extremos. A mi entender, señor ministro, esa
lucha sin límites para producir más barato nos ha llevado a la
situación en la que estamos ahora. La ingeniería genética, las
plantas transgénicas, la soja transgénica, como mínimo, son medidas
que están absolutamente contestadas. La sustitución de las grasas
vegetales por aceites minerales en la alimentación de las aves, que
se hizo en Bruselas, nos llevó al problema de las dioxinas hace
algunos meses, creando una grave situación de peligro para el propio
sector; ahora, la sustitución de las grasas



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vegetales por otras de origen animal, procedentes de cadáveres de
animales, como elemento básico para los herbívoros rumiantes, es otra
de las barbaridades que estamos acostumbrados a ver. Estamos
modificando toda la lógica natural, vamos contra natura y por eso nos
pasan esas cosas. ¿Es que alguien ha visto alguna vez a un herbívoro
rumiante comer carne de forma natural? Eso es absolutamente
antinatural y, por tanto, yo creo que, en un futuro próximo, tendrá
que abrirse un debate al respecto.Señor ministro, Europa tiene que
apostar por la calidad, las producciones europeas tienen que ser
signos inequívocos de calidad y de seguridad alimentaria en los
mercados mundiales. Si no somos capaces de hacer eso, desde luego
vamos por el mal camino.

Si me permiten, quiero aprovechar esta ocasión para manifestar mi más
absoluta solidaridad, la de mi grupo parlamentario, con los
productores de carne gallegos por su trabajo, por su profesionalidad,
porque no hay derecho que se pueda poner en duda una trayectoria tan
seria, tan profesional, por la aparición de un caso absolutamente
controlado y que hubiera podido aparecer en cualquier otro lugar de
la geografía española.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Companys.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Madero.




El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.




Señorías, asistimos al primer capítulo de este largo serial que en
relación con el caso de encefalopatía espongiforme bovina se va a
desarrollar en el Parlamento, esta tarde con motivo de esta
interpelación que presenta el Grupo Socialista, y mañana por la tarde
con la comparecencia del ministro, a petición propia y de otros
grupos parlamentarios, en la Comisión de Agricultura.




Señor presidente, señorías, cuando aquí se dice por parte del grupo
interpelante que no ha habido prevención, que no ha habido
información adecuada y que no ha habido transparencia, mi grupo ha
constatado esta tarde, una vez más, a través de las palabras del
señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que no se puede
minimizar, que no se pueden tirar por la borda los trabajos
realizados desde hace bastantes años. Señorías, hemos oído de boca
del ministro que el ganado bovino tiene un estricto control sanitario
desde el año 1978, y de sobra son conocidas las campañas de
saneamiento. Además, conocida la aparición del brote de la
encefalopatía, desde 1996 hasta 2000 el señor ministro nos ha
relatado distintas órdenes ministeriales y distintas iniciativas de
los diferentes gobiernos, de los anteriores al Partido Popular y de
los del Partido
Popular, en los que se adoptan medidas cautelares en las
importaciones procedentes de distintos países. Esta tarde hemos oído
de boca del señor ministro, una vez más, que desde 1990 esta
enfermedad es de declaración obligatoria en España, por lo que es de
aplicación toda la legislación española para la investigación de
animales sospechosos, toma de muestras, notificación de aparición de
casos positivos, etcétera. Además, desde el año 1997 se efectúan
análisis específicos para la detección de esta encefalopatía,
ampliándose el programa de actuación a lo largo de 1998, desde el que
se está actuando muy por encima de los mínimos marcados por las
autoridades veterinarias de la Unión Europea.




Hay otro punto importante que es necesario constatar una vez más. Se
ha repetido hasta la saciedad que desde el año 1994 en España está
prohibida la utilización en rumiantes -es decir, en poligástricos- de
piensos con proteínas de mamíferos, actuándose en consecuencia. Mi
grupo tiene que suponer que se está actuando en consecuencia y que se
está actuando bien, no sólo por parte de la Administración central,
sino de las administraciones autonómicas, puesto que esta materia,
como se sabe, está transferida como competencia exclusiva a las
comunidades autónomas.

Entendemos -lo ha dicho el señor ministro- que el Seprona está
cumpliendo con su obligación. Estamos seguros de que no se están
incorporando a la dieta de los animales rumiantes harinas proteicas
de origen animal. Además, hay un tema económico que nos ha inducido a
ello: la obligatoriedad por parte de España de aceptar la importación
de dos millones de toneladas de soja en régimen de perfeccionamiento
activo. Creo que el grupo interpelante no lo sabe, así que se lo
explico: se queda aquí la harina de soja y el aceite se reexpide. La
harina de soja, harina proteica, igual que la del girasol producido
en España, es la que se incorpora a los piensos de los rumiantes, por
ley, por obligación, y no proteínas de origen animal.

Además, el señor ministro -y ya lo sabíamos- nos ha recordado que
existe una eliminación obligatoria en el matadero de las partes del
animal que contienen el agente nocivo, esas que se denominan
materiales específicos de riesgo. Por tanto, hoy y los días
anteriores ha habido información por parte del Gobierno, no solamente
sobre las medidas de prevención que ya existían, sino sobre la
actuación inmediata que se ha llevado a cabo. Por tanto, ha habido
absoluta transparencia porque, conocido oficialmente el único caso de
encefalopatía, ha habido una información inmediata, una solicitud de
comparecencia en el Parlamento, y una información exhaustiva, no sólo
a las comunidades autónomas corresponsables en la materia, sino
también a las organizaciones de productores agrarios, a las
cooperativas, a la Federación de industrias agroalimentarias, al
sector de la distribución y al sector cárnico. Además, conscientes de
la importancia del problema y



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para evitar alarmas -cosa que parece que otros no quieren evitar-, el
Ministerio y las comunidades autónomas -aquí tengo el acta de esa
reunión- han dicho absolutamente toda la verdad y han informado con
absoluta celeridad. Así lo piensa mi grupo y así lo digo aquí. Pero
además, los controles han funcionado y por eso se ha detectado,
afortunadamente, un solo caso. Parece que algunos están deseando que
se detecte alguno más. Que los controles sigan funcionando, y si se
existe alguno más, que lo detecten.

Se han intensificado los controles en toda la cabaña, actuando además
sobre un número muy superior de reses al que marcan los protocolos de
la Unión Europea, e incluso ha habido anticipación en los plazos de
aplicación de tales protocolos. Se han reforzado los controles en
fábricas de piensos, fronteras y mataderos, incluida por cierto la
eliminación de los MER -materiales específicos de riesgo-. Cuando
aquí se dice que no se está procediendo a esa eliminación, conviene
escuchar dónde está ocurriendo eso. Capacidad de eliminación -lo ha
dicho el señor ministro y todos lo sabíamos- existe. Dice el grupo
interpelante que no se está haciendo. ¿Dónde? ¿Por quién? Es el
momento de decirlo, para que no quede ni una sola duda. Además,
y esto es muy importante, se ha constatado con absoluta certeza que ni
el caso positivo ni el caso no concluyente ni sus posibles
derivaciones han entrado en la cadena alimenticia, es decir, se ha
preservado de forma absoluta la salud humana. Además, en esa reunión
del Ministerio con las comunidades autónomas y en todas aquellas
intervenciones que mi grupo o mi partido hayan podido tener, hemos
expresado siempre nuestra confianza en los laboratorios, tanto en el
del Reino Unido, como en el de Zaragoza, como en el de Algete.

Expresar la confianza en los laboratorios es confiar en el personal
que allí trabaja. Es inaceptable que se citen aquí palabras del
profesor Badiola, cuando es el número uno en la especialidad, merece
toda nuestra confianza y está actuando correctamente.

En cuanto a los plazos, cuando se dice que ha habido retraso, no se
tiene ni idea de lo que es una toma de muestras y del tiempo que
llevan unos análisis: de ocho a once días, y si tienen que pasar por
dos laboratorios, no menos de veintitantos días. Justo lo que ha
tardado en producirse la información.

Por tanto, señorías, señor presidente, se ha dicho la verdad, ha
habido transparencia y se ha dicho con prontitud. Es un tema muy
importante para el Gobierno y para todos nosotros. Por eso hay que
hablar con rigor y con conocimiento de causa. Señor Frutos, ahora que
gesticula, no se puede dar como oída su propuesta de que se consuman
reses con una edad superior a los treinta meses...




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Madero, le ruego vaya
concluyendo.

El señor MADERO JARABO: Concluyo, señor presidente.

Justo lo contrario de lo que están recomendando todas las autoridades
sanitarias y veterinarias de la Unión Europea. No nos parece adecuado
-acabo, señor presidente- el oportunismo de las declaraciones que se
están haciendo durante todos estos días por parte del Grupo
Socialista y del Partido Socialista, con tal de molestar al Gobierno
sin reparar, o quizá reparando, en la alarma que causaban y el
tremendo daño que estaban haciendo al sector porque se hacían,
repito, sin conocimiento de causa. De manera irresponsable y frívola
se falta a la verdad o se dice la verdad a medias en los medios de
información. ¡Qué distinto el tono del portavoz cuando sube a esta
tribuna que cuando actúa en las ruedas de prensa!
Se dice que la Administración ha fallado, se critica a la
Administración ¿Dónde? ¿Ministerio? ¿Comunidades autónomas?
Entendemos que su actuación ha sido correcta y, sin embargo, las
sugerencias muy pocas. Estudiaremos el tema de las harinas, pero el
caso de los rumiantes no es el que nos afecta porque su consumo está
prohibido. Fuera de oportunismos y frivolidades, nos parece, señor
ministro, que ésa es la línea en la que se debe seguir actuando, en
estrecha colaboración y corresponsabilidad con las comunidades
autónomas, que es la única forma de atajar el problema. Nuestro grupo
le brinda su colaboración, dando confianza a la sociedad y, sobre
todo, en la seguridad de que el alimento que llega a la mesa de cada
español es un alimento sano.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Madero.




- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA POLÍTICA DE
PRECIOS DE LOS VUELOS REGULARES ENTRE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA (Número
de expediente 172/000044)


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Concluido el debate de esta
interpelación, corresponde ahora el debate de la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la
política de precios de los vuelos regulares entre España e
Iberoamérica.




Señor Rivero.




El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señor ministro, siempre
decimos aquí que el Parlamento está para acercarse a los problemas de
los ciudadanos. A veces hay problemas que a uno le pueden parecer
menores, pero por los que la ciudadanía está extraordinariamente
sensible porque afectan directamente a su situación social, a su
situación económica. Por eso, el



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problema que hoy traigo aquí es un problema eminentemente social,
relacionado con personas que en otras situaciones dieron mucho a
España y que ahora pasan por dificultades. España, en general, señor
ministro, ha sido a lo largo de su historia un país de emigración, un
país emigrante, fundamentalmente después de la postguerra
y básicamente en la década de los cincuenta, de los sesenta y primeros
años de los setenta. Cientos de miles de españoles, según los datos
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales más de dos millones de
españoles, viven fuera. Esta cantidad se multiplica de una forma
extraordinaria si añadimos los descendientes de españoles o aquellos
que por distintas razones adquirieron la nacionalidad del país que
les dio acogida y perdieron su propia nacionalidad. Todos sabemos que
algunos países de acogida imponían como condición la necesidad de
nacionalizarse en ese país de acogida para poder tener opción a un
puesto de trabajo. Por eso, muchos emigrantes o sus descendientes en
estos momentos están implicados en el proceso de recuperación de la
nacionalidad española. A lo largo de estos últimos años, y
paralelamente con la nueva situación de progreso en la que se
encuentra España, muchos están adquiriendo esa nacionalidad española.

Podemos decir sin temor a equivocarnos que son varios millones los
españoles que en estos momentos están fuera, si tenemos en cuenta los
emigrantes de origen, los descendientes o personas vinculadas a
España. Al propio tiempo, esos compatriotas que viven fuera tienen
una vinculación directa con familiares, con amistades en nuestro
país. Más de la mitad de esos emigrantes en estos momentos están en
Hispanoamérica, especialmente en países como Venezuela, Argentina y
Brasil. Venezuela es el país que a lo largo de la historia ha acogido
más emigrantes españoles. Según un censo realizado por el Gobierno de
Canarias en colaboración con el Gobierno venezolano, hay un millón de
personas de origen canario que viven en Venezuela. Como todos
sabemos, también son muy importantes en ese país las colonias
gallega, asturiana y extremeña.

La emigración supuso riqueza para España. Debemos mucho a los
emigrantes que en su día se arriesgaron buscando un mejor futuro para
los suyos y abandonaron España, porque, durante mucho tiempo a lo
largo de la historia, cuando nosotros pasábamos una situación difícil
y complicada en España, desde los países que los acogieron enviaban
dinero a nuestro país para que sus familias salieran adelante, y
además nos quedamos menos a vivir en España, con lo cual los que nos
quedamos podíamos vivir mejor.

La situación ha cambiado, es diferente. España ha avanzado de una
forma espectacular en progreso, en políticas sociales, en todos los
parámetros. Sin embargo, en algunos de los países de acogida -voy a
referirme en concreto a Venezuela- se han invertido las posiciones.

En este momento pasan una difícil situación. Si tenemos en cuenta que
los emigrantes que se
marcharon de nuestro país en los años sesenta y setenta en estos
momentos están en el umbral de los setenta años y que es un país con
una escasa estructura social, un país en dificultades económicas, nos
daremos cuenta que nuestros emigrantes en estos momentos pasan
verdaderas dificultades.

Hay iniciativas en este Parlamento, que creo que son loables, como la
moción aprobada por unanimidad el 17 de octubre de este año,
encaminada a adoptar medidas para mejorar jurídica y económicamente
la situación de los emigrantes españoles. En el debate de esa moción,
la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, grupo mayoritario que
apoya al Gobierno, decía que su grupo se ha comprometido en esta
legislatura con la emigración. Yo creo que este es un problema que
compartimos todas las fuerzas políticas de esta Cámara, todos tenemos
un compromiso con la emigración. Esa voluntad, ese compromiso tenemos
que materializarlo en acciones concretas que beneficien a nuestra
gente, a la gente que vive en estos momentos fuera y que pasa por una
situación difícil y complicada. Son muchas las acciones que en estos
momentos están en marcha, pero una de las situaciones más injustas,
que mi grupo califica de arbitraria, discriminatoria y abusiva, es el
costo de los billetes entre España y Venezuela.

Señoras y señores diputados, el movimiento de pasajeros, de personas
en general, entre España y Venezuela, y viceversa, no se debe al
turismo, a viajes de negocios o a viajes relacionados con el
comercio. El flujo de personas que cruzan el Atlántico en este
momento se debe en la mayoría de los casos a motivos sociales,
fundamentalmente relacionados con reencuentro de familia directas,
añoranza de la tierra, deseo de no perder la identidad con la tierra
que les vio nacer, deseo de que sus hijos conozcan sus raíces,
defunciones, enfermedades, bodas, nacimientos, etcétera. Motivos
extraordinariamente sociales, por lo que creo que debemos hacer un
esfuerzo para solucionar esta situación. Debería ser el billete más
económico de cuantos destinos haya por la serie de consideraciones
que acabo de realizar, pero, incomprensiblemente, es al revés. El
viaje más caro del mundo, teniendo en cuenta distancia y horas de
vuelo, es el que tiene como origen y destino España y Venezuela.

Quiero, aunque este asunto no sé si puede considerarse obvio, hacer
una serie de referencias porque creo que son muy importantes para
concretar esta afirmación de que el viaje a Venezuela es el más caro
del mundo. Voy a poner algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en
estos momentos, distinguiendo la temporada alta, que va de junio a
octubre y del 10 al 25 de diciembre, del resto, que está calificada
como temporada baja. Pues bien, en temporada alta, un billete Madrid-
Caracas cuesta en estos momentos 156.900 pesetas, siendo un trayecto
de nueve horas. Si lo comparamos con destinos similares en número de
horas, como puede ser Madrid-Miami, Madrid-Nueva York o



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Madrid-Chicago, estamos hablando de que contra las 156.000 del
billete Madrid-Caracas, los importes a estos otros destinos son
102.000 ó 111.000 pesetas. En temporada baja, el coste de un billete
Madrid-Caracas es de 122.750, y el de cualquier otro destino a los
que me acabo de referir anteriormente está en torno a las 80.000
pesetas. Estamos hablando de que el precio de un billete con destino
a Caracas es superior en un 40 ó 50 por ciento.

Si nos referimos en concreto a Canarias -y pongo este énfasis en
Canarias porque es uno de los territorios del Estado con mayor número
de emigrantes- el asunto es todavía más escandaloso, porque tenemos
que comparar el trayecto Canarias-Caracas, que es de siete horas, con
las nueve o diez horas de vuelo a cualquiera de los otros destinos a
los que antes hacía referencia. Un billete Canarias-Caracas en este
momento, con siete horas de vuelo, está costando, en temporada alta,
163.800 pesetas, y un billete Canarias-Nueva York, 100.000 pesetas,
es decir, 63.000 pesetas más caro, teniendo tres horas más de vuelo
el destino a Nueva York. Si hablamos de temporada baja, 120.000
pesetas el billete Canarias-Venezuela, y el billete CanariasNueva
York, con tres horas más de vuelo, 102.000 pesetas. Si además de esto
comparamos la relación distancia- tiempo, el destino de siete horas
con el destino de diez, el precio real de un billete Canarias-
Venezuela con el que la compañía obtendría beneficios, en lugar de
las 163.000 pesetas que cuesta actualmente, debería ser de 74.000
pesetas.

Aún es más dramático el asunto, señor ministro, si los billetes se
sacan en Caracas para venir a España. Hay que tener en cuenta que son
descendientes de españoles, que tienen sus raíces en España. Aquí el
asunto es absolutamente inexplicable. Un billete sacado en Caracas
para venir a España cuesta 236.400 pesetas, con diez horas de vuelo,
y para venir, insisto, desde cualquier otro destino adonde vuela
Iberia cuesta por debajo de las 100.000 pesetas. En temporada baja
son 177.000 pesetas frente a las 80.000 que cuesta venir desde un
destino similar, como Miami, Boston o Nueva York.

Por ello, Coalición Canaria, señor ministro, presenta la siguiente
interpelación para que el Gobierno explique cuáles son las razones
por las que la ruta entre España y Venezuela, tanto de ida como de
vuelta, las realiza la compañía aérea Iberia de manera exclusiva y
con una política de precios abusiva y discriminatoria con respecto a
otros trayectos de similares características y duración.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rivero.

Señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Con la venia,
señor presidente.

Señorías, el Grupo de Coalición Canaria ha traído a esta Cámara un
debate muy interesante en relación con los problemas de la emigración
en Iberoamérica, y de manera muy concreta, con datos muy precisos,
sobre los precios del transporte en las comunicaciones entre España y
Venezuela. Creo que para completar la descripción del problema y, por
tanto, para abordar las soluciones, es necesario ampliar algunos
datos y seguramente buscar algunas salidas constructivas en términos
de política real de transporte, que yo creo que es lo que estamos
discutiendo esta noche aquí, en este hemiciclo.




Permítanme que enmarque -y voy de lo general a lo particular muy
rápidamente- el enfoque del transporte aéreo internacional y su
aplicación a las relaciones bilaterales con Iberoamérica. La
regulación del transporte aéreo internacional trae causa de la
Conferencia internacional sobre transporte aéreo, celebrada en
Chicago en el año 1944, donde se intentó establecer un acuerdo
multinacional destinado a regular y ordenar el transporte aéreo entre
los distintos Estados. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)El convenio de Chicago resultante de aquella conferencia,si bien
estableció unas pautas generales de regulación del transporte
mundial, no fue capaz de encontrar principios capaces de unificar las
distintas posiciones de los Estados en lo que se refería
fundamentalmente a intercambio de derechos de tráfico y acceso a su
propio territorio. La consecuencia de este fracaso fue que los
Estados se vieron abocados a desarrollar un sistema alternativo,
basado en la conclusión de convenios bilaterales sobre el transporte
aéreo, bajo los cuales los derechos y obligaciones de las partes
contratantes se establecían por acuerdo entre los Gobiernos
implicados y cuyo contenido básicamente regulaba el sistema de acceso
de las compañías respectivas al territorio de cada una de las partes
y los principios relativos a la concesión recíproca de derechos de
tráfico.

El establecimiento de acuerdos aéreos bilaterales sigue constituyendo
en la actualidad, salvo en el contexto de la Unión Europea, donde
rigen los reglamentos del mercado interior, el tercer paquete aéreo,
el estatuto básico de las relaciones aeronáuticas internacionales, y
ha venido representando el único sistema capaz de concordar los
distintos intereses y potencialidades económicas existentes en los
diferentes Estados. Estos acuerdos aéreos bilaterales son pactos
suscritos entre dos Estados, por los cuales se comprometen a cumplir,
por las disposiciones establecidas en el texto, determinadas
obligaciones. Su naturaleza jurídica se identifica con un tratado
internacional con rango de ley, con sometimiento a lo establecido al
respecto en la Constitución, y los principios básicos de un convenio
bilateral son: el reconocimiento de la soberanía de cada Estado sobre
el



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espacio aéreo de su territorio; la reciprocidad, es decir, el
otorgamiento mutuo de derechos; y la previsión de servicios adecuados
a las necesidades del mercado de que se trate.

El contenido tiene una serie de cláusulas administrativas y otras
económico-comerciales, que me permito sucintamente enumerar:
cláusulas relativas a la capacidad de los aviones; designación de
empresas concretas; tarifas, donde se establece el procedimiento de
aprobación, pero no se establecen mecanismos de decisión sobre la
tarifa, repito, tarifas donde se establece procedimiento de
aprobación; y derechos de tráfico por los que se otorgan entre las
partes derechos de sobrevuelo -la primera libertad-, de escala
-segunda libertad-, enlaces aéreos entre puntos en el territorio de
ambas partes -tercera y cuarta libertad-, y también el derecho
recíproco a explotar la denominada quinta libertad, que permite
realizar a una parte tráfico desde puntos situados en el territorio
hacia y desde puntos situados en terceros países. También hay cuadros
de rutas y pueden incluirse otras cláusulas relativas a facilidades
operativas para las empresas aéreas designadas.

Estas cláusulas económico-comerciales, señorías, constituyen la base
fundamental de estos acuerdos y, de hecho, su adaptación a las
necesidades del mercado, a las necesidades de dar respuesta a los
problemas de transporte, es el motivo de los constantes contactos
entre las autoridades aeronáuticas de los distintos países. España
tiene actualmente suscritos acuerdos bilaterales con 87 países,
incluyendo los firmados con los países miembros de la Unión Europea
en vigencia y aplicables en aquellas materias que no están
contempladas en la reglamentación comunitaria. La conclusión
y actualización de los distintos convenios aéreos suscritos con España,
de conformidad con el procedimiento establecido en los mismos, se
lleva a cabo a través de negociaciones aéreas entre autoridades
aeronáuticas de los países interesados, siendo así que los objetivos
de la parte española se fundamentan en los tres pilares básicos
siguientes: Favorecer y potenciar la expansión de la red de enlaces
aéreos internacionales por parte de las compañías nacionales,
fomentar la presencia de estas compañías en los distintos mercados y,
por supuesto, mejorar las condiciones ofrecidas al usuario del
transporte.

Para el cumplimiento de estos objetivos, la política del Ministerio
de Fomento en las relaciones aéreas con otros países y concretamente
con los que conforman el área iberoamericana, va dirigida a potenciar
al máximo el desarrollo del transporte aéreo entre España y los
países de la zona, aplicando criterios muy flexibles que propugnan la
introducción de elementos muy liberalizadores en el conjunto de los
convenios aéreos bilaterales. Por ejemplo, la múltiple designación de
empresas, que permite la presencia y la competencia de varios
operadores, y con ello el consiguiente beneficio para el usuario, la
liberalización de la capacidad, las
frecuencias, las rutas, mayor flexibilidad tarifaria, y otras
facilidades operativas capaces de dar respuesta a los proyectos de
las compañías respectivas y a las reales necesidades de los distintos
mercados.

España tiene convenios con la práctica totalidad de los países del
área iberoamericana, pero en la línea de lo que acabo de exponer, se
han intentado modificaciones de los distintos convenios aéreos que
conforman la zona para potenciar esos principios que le he descrito.

Este objetivo ha sido alcanzado y cumplido con países de gran interés
en el ámbito de las relaciones aéreas y también con países de gran
interés en relación con la presencia masiva de emigrantes españoles
en esos países. Me refiero a Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, la República de Panamá y la República Dominicana. En
cambio, en otros casos el resultado no ha sido tan satisfactorio como
la parte española hubiera deseado. En este sentido, cito los casos
concretos de Méjico, Colombia y Venezuela -son datos que creo que
conoce S.S. pero que deben ponerse sobre la realidad de este debate-,
debido a la política proteccionista adoptada por las autoridades de
estos países respecto de sus empresas, que ha impedido la presencia
de otros transportistas en competencia en estos mercados. De hecho,
el acceso a los mismos está restringido a la presencia de una sola
compañía designada por cada parte.

En el caso de las relaciones aéreas con Venezuela, el convenio
vigente fue suscrito en julio de 1972. Con el ánimo de flexibilizar
el convenio con Venezuela de modo que permitiese la presencia en el
mercado de nuevos operadores, la parte española solicitó
negociaciones aéreas con las autoridades venezolanas, celebrándose
las mismas durante el mes de julio de 1999, en las que, si bien se
logró para ambas partes la posibilidad de designar a dos compañías
aéreas, no fue posible alcanzar el objetivo de la parte española de
levantar las restricciones en relación con la capacidad y número de
frecuencias a ofrecer entre ambos países, lo que impidió la puesta en
marcha de proyectos operativos de nuevos transportistas por ambas
partes.

En el curso de las negociaciones, la parte venezolana comunicó no
estar en posición de avanzar en esta materia debido a la corta
experiencia operativa de la compañía designada por la parte
venezolana, informando que deseaba dejar este tema pendiente para ser
tratado en negociaciones posteriores a celebrar durante el mes de
octubre del año 2000. En virtud de este compromiso, el pasado mes de
septiembre, la Dirección General de Aviación Civil española solicitó
fechas para la celebración de las consultas acordadas, concertándose
las mismas para los días 7 y 8 de noviembre de 2000. El día anterior
a la reunión se recibió una comunicación de las autoridades
venezolanas informando de la imposibilidad de trasladarse a Madrid en
las fechas convenidas, debido a compromisos de última hora contraídos
por el Gobierno nacional relativos a la modernización del sector del
transporte aéreo. Debo reseñar que la



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compañía designada por la parte venezolana, Avensa, suspendió sus
operaciones en el inicio de la temporada de tráfico del verano de
2000 y las ha reanudado el pasado día 25 del presente mes de
noviembre. La posición de la parte española, que yo creo que es la
clave para acometer la solución de los problemas que plantean SS.SS.,
sigue siendo abrir nuevamente el proceso negociador, siempre y cuando
lógicamente esta voluntad e interés sean compartidos por la parte
venezolana.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Rivero.




El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, por su actitud a lo largo del día de hoy, en la
comparecencia en el Senado, en contestación a distintas preguntas
relacionadas con temas de las comunicaciones con territorios
sensibles, con problemas que afectan a los ciudadanos, en su
contestación a una pregunta que le hacíamos desde el grupo
parlamentario al que yo represento, ayer en una comparecencia a
petición del Grupo Socialista para hablar del tráfico marítimo y los
cumplimientos de las obligaciones de servicio público, me consta que
usted es una persona sensible con estos temas, sensible con los
problemas de los ciudadanos y que está en la línea de que intentemos
poner medidas, de que hagamos un esfuerzo para resolver el problema
serio que en estos momentos preocupa a un importante número de
compatriotas.

Apesar de la buena voluntad que muchas veces tiene uno de aportar lo
mejor de sí mismo para resolver los problemas, es muchas veces
complicado justificar prácticamente lo injustificable, lo que en
estos momentos ningún mortal entiende, porque es absolutamente
inentendible. Con todo el respeto para lo que son los acuerdos
bilaterales, con lo que es la garantía de la libre competencia,
cuando surge un problema de esta naturaleza -y yo estoy convencido de
que en la Cámara todos los grupos parlamentarios entendemos que esto
es una situación absolutamente injusta-, los que tenemos
responsabilidades políticas, los poderes públicos, tienen que
utilizar todos los instrumentos legales que existen, y si no existen
crearlos, para evitar que esas situaciones injustas se mantengan en
el tiempo. Ésta es una situación injusta, insolidaria, abusiva, y
tenemos que hacer todos un esfuerzo -yo creo que usted va a ser el
primero, el que se va a poner en la primera línea- para intentar
resolver el problema, sobre todo porque en el mundo de las
comunicaciones, en el mundo del transporte, cuando hablamos de
situaciones como ésta -en Canarias se dice que Venezuela es la octava
isla, pero para España es también un destino importante, por los
millones de descendientes españoles que viven en Venezuela-, estamos
hablando de un
tema de carácter social. No pude ser solamente un tema de carácter
mercantilista. En el conjunto de España, en el conjunto de la Unión
Europea, decimos: para estas situaciones hemos creado un mecanismo,
las obligaciones de servicio público, para atender temas sociales.

Estamos hablando ahora de un tema mucho más complejo, pero yo creo
que si hay buena voluntad tendremos soluciones. Podríamos decir -y
usted no lo ha introducido en el debate- que el destino a Venezuela
es un destino que tiene problemas, no hay suficiente número de
pasajeros que ocupen esas plazas, pero no es así. Estamos hablando de
un destino para el que, si se quiere conseguir un billete, hay que
hacer la reserva con tres meses de antelación, porque los aviones
están completos. Es un tráfico absolutamente cautivo. Y estamos
hablando de que en esta situación los billetes tienen un coste,
dependiendo de si se sacan en España o se sacan en Venezuela, de más
del 50 por ciento o de más del cien por cien en el convenio
bilateral. España tiene que hacer un esfuerzo para modificarlo. En un
mundo en que estamos apostando por la competencia, porque el libre
mercado es, si no la panacea, el que resuelve los problemas para
abaratar los costes de los transportes y mejorar la calidad del
servicio, tenemos un convenio bilateral monopolizado por Avensa y por
Iberia. Avensa ha estado sin volar, sin cumplir sus obligaciones,
hasta primeros de diciembre; llevaba mucho tiempo sin volar. Tenemos
que negociar la apertura de ese mercado a la competencia; tenemos que
lograr que haya competencia, porque así se ha logrado que podamos
volar a otros destinos del mundo, con la misma distancia y tiempo,
por un 50 por ciento menos.

El Gobierno español tiene que hacer un esfuerzo en la modificación de
ese convenio y abrirlo a la competencia. Y no para introducir
solamente una compañía más, como se está diciendo, con las
condiciones del Gobierno venezolano. Hay que abrirlo de verdad a la
competencia, si queremos que los billetes se ajusten al precio de
mercado en relación con otros destinos. Hay voluntad política, me
consta su interés político por resolver este asunto. En el convenio
bilateral dependemos del país venezolano. Hubo una negociación
compleja y será el tiempo el que, poco a poco, nos irá señalando en
qué disponibilidad están las autoridades venezolanas para abrir el
convenio bilateral y generar competencia. Por los datos que tengo, me
consta que no están ahora por ampliar la competencia, sino por salvar
a su compañía, Avensa. Entienden que, cuanto más caro sea el billete,
más posibilidades tienen de mantener la competitividad de Avensa, una
compañía que ha pasado por muchas dificultades.

Dependemos ahí de Venezuela, pero hay otras medidas que podemos poner
en marcha, señor ministro. Iberia, en estos momentos, es una compañía
que ingresa beneficios por encima de lo exigible a una compañía que
compite en el mercado. Iberia no está perdiendo respecto a los vuelos
que hace a Miami, a Nueva York



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o a Boston, destinos a la misma distancia y tiempo que Venezuela.

Tiene ahí un sobrebeneficio. Y nosotros podemos condicionar que el
coste de Iberia sea igual que para otros destinos del mundo. Si
quieren y existe voluntad política, pueden ponerse en marcha los
mecanismos necesarios, instrumentar un acuerdo del Gobierno con
Iberia por medio del cual hablemos de lo mismo: una subvención al
pasajero. La compañía no está privatizada. Tendremos que buscar
mecanismos para subvencionar en el mismo porcentaje a los
descendientes de origen español que quieran venir a ver a su familia
o a los españoles que viven en España y vayan a ver a su familiar a
Venezuela; poner este destino en igualdad de condiciones que otros
destinos del mundo.

Hay mecanismos, lo que hace falta es voluntad política. A mí me
consta que usted la tiene y espero que el conjunto del Gobierno la
tenga y que la tenga el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señora presidenta.

Señorías, señor Rivero, yo me quedo con la parte más importante de lo
que ha dicho usted en esta segunda intervención: reconocer que hay
que volver a negociar ese convenio, que hay que abrirlo a la
competencia, para designar, si es posible, a más de dos empresas.

Esta es la clave. El mecanismo esencial que tienen los Gobiernos para
influir en la estructura de precios pasa precisamente por la adopción
de medidas liberalizadoras para sus correspondientes convenios
bilaterales. En otros países hay por lo menos igual tradición de
emigración española y, a los efectos de la representación en esta
Cámara, no discutiremos que no hay presencia de distintos
territorios, no sólo de Canarias, repartida por Iberoamérica. En
estos momentos, los emigrantes españoles en Argentina tienen la
suerte de que la parte española ya ha designado a dos compañías -y no
ha designado a más porque no lo han solicitado-, Iberia y Spanair. En
Brasil ya hay tres designadas por parte española: Iberia, Air Europa
y Spanair; en la República Dominicana, dos: Iberia y Air Europa; en
Cuba, tres: Iberia, Spanair y Air Europa; y con Estados Unidos, por
parte española, ya hay cuatro. Repito: además de las que la otra
parte haya designado.

Y tenga por cierto que no es posible hoy, en el marco de los
convenios internacionales vigentes ni de los convenios bilaterales,
para la administración aeronáutica española, rechazar unilateralmente
una tarifa que haya sido establecida siguiendo los mecanismos que
figuran
en el convenio, salvo que la otra parte también la rechace. Y este es
el caso del convenio con Venezuela.

Ha dicho S.S. en algún momento que no hay nadie que entienda esto.

No, señoría, hay mucha gente que entiende que las tarifas de los
billetes aéreos en la actualidad, en un mercado en competencia,
tienen poco que ver con los kilómetros, en algunos casos casi le
diría que nada que ver. Las tarifas que hoy establecen las compañías
en competencia se deciden en función de otros factores. Las de Iberia
y las de las demás compañías. La situación de cada mercado; los
precios de los competidores; el tipo de producto o del paquete de
viajes que se oferta, tanto en un sentido como en otro; el aporte de
pasajeros a otras rutas. Le voy a poner un ejemplo para que no me
diga que es una singularidad de Iberia. Air France ofrece tarifas de
78.000 pesetas entre Madrid y Buenos Aires en este momento, mientras
que el precio de París a Buenos Aires de Air France, con similares
condiciones, es de 209.000 pesetas. ¿Podríamos interpretar con esto
que Air France discrimina a los ciudadanos franceses en relación con
los españoles? No, señorías, es que esa es la realidad del mercado
aéreo. A esa realidad es a la que tenemos que adaptarnos y por esa
realidad es por la que tenemos que trabajar. Y a mí me parece que hay
suficientes elementos de coincidencia para que esa voluntad política,
no sólo del Gobierno, sino de los distintos grupos de esta Cámara -y
ahora tendremos oportunidad de escuchar a los demás-, en el marco de
los cauces establecidos en las reglas del transporte aéreo
internacional y en el marco de los convenios bilaterales, encuentre
una respuesta para las necesidades de mejora del transporte aéreo y,
como consecuencia, de los precios de los viajes en avión, de ida y
vuelta, entre España y Venezuela. Espero que con el apoyo y la
coincidencia de SS.SS. sea más fácil seguir avanzando en la
renegociación de este convenio.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, escuchando la intervención del proponente de esta
interpelación en representación de su grupo parlamentario, el señor
Rivero, y la contestación del ministro, en los dos turnos que han
consumido, he experimentado, como interviniente del Grupo
Parlamentario Socialista, la satisfacción de comprobar que les ha
costado, al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al Grupo
Parlamentario Popular y al Gobierno, irse acercando a las posiciones
que desde esta tribuna ha defendido el Grupo Parlamentario
Socialista. Les ha costado pero, afortunadamente, van



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rectificando sus posiciones, van aprendiendo; los vocales asesores
del ministro de Fomento sin duda alguna se han leído las diferentes
intervenciones que este diputado ha tenido en esta tribuna y en la
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, y me
alegra el enriquecimiento intelectual de los grupos parlamentarios.

Señorías, el 23 de diciembre de 1996 -porque me gusta hacer una
aportación rigurosa marcando la temporalidad de las resoluciones que
el Congreso de los Diputados ha adoptado a propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista-, en el primer medio año de gobierno del
Partido Popular, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una
larga moción del Grupo Parlamentario Socialista, derivada de una
interpelación sobre política aeronáutica que el Grupo Parlamentario
Socialista sugería a las Cortes Generales. Esa interpelación se
refería a la adaptación de España a las políticas comunitarias de
liberalización del transporte aéreo. La moción estaba integrada por
un número importante de puntos, con resoluciones diferenciadas, que
seguro que en los meses próximos tendré la oportunidad de recordarles
que se han aprobado en esta Cámara. Concretamente el punto sexto -y
está recogido en el «Diario de Sesiones» del Congreso de los
Diputados, repito, del 23 de diciembre de 1996- dice lo siguiente: Se
insta al Gobierno a abrir negociaciones bilaterales con los países
iberoamericanos para introducir en los nuevos convenios de transporte
aéreo derivados de las mismas el criterio de la múltiple designación
de empresas transportistas, con la intención de intensificar la
participación aeronáutica española. Nosotros pedíamos que el Gobierno
de España renegociase con los distintos países iberoamericanos los
convenios bilaterales reguladores del transporte aéreo de pasajeros y
mercancías para adaptarlos a la normativa comunitaria y para
posibilitar la múltiple designación, para abrirlo a las políticas de
quinta libertad aeronáutica que posibilitara asimismo el libre
intercambio de pasajeros entre los distintos países, que traería
consigo el abaratamiento de tarifas.

Si tienen interés por estos temas, señorías, les recomiendo que
acudan al «Diario de Sesiones» de la Comisión de Asuntos Exteriores,
donde se recoge un debate el 5 de noviembre de 1997 en el que, a la
hora de analizar los contenidos de determinados convenios bilaterales
con determinados países iberoamericanos -El Salvador, Cuba,
Argentina- y otros países terceros no iberoamericanos, como Kuwait,
etcétera, ya el Gobierno, es cierto que a través de sus negociadores,
intentaba introducir el concepto de la liberalización en el
transporte aéreo. He tenido la curiosidad, por rigor intelectual ante
la preparación de esta intervención en representación del Grupo
Socialista, de ver los convenios bilaterales suscritos en los últimos
tiempos. Y es cierto que en algunos convenios se introduce la
múltiple designación; en otros no ha sido posible, porque el
reino de España negocia con otros países y naturalmente, en una
negociación bilateral, cada país hace su aportación pertinente.

Por eso estimo que el planteamiento que hace Coalición Canaria, que
es positivo en su origen y en su intencionalidad y que nosotros
compartimos, hay que viabilizarlo a efectos de que en la próxima
sesión plenaria, en la moción consecuencia de este debate de
interpelación que ahora se está produciendo, se presenten
resoluciones que representen aportaciones positivas. Y no duden
ustedes que el Grupo Parlamentario Socialista va a hablar de nuevo de
la exigencia del cumplimiento de los contenidos de las políticas de
liberalización del transporte aéreo suscritos por el reino de España
como parte integrante de la Unión Europea y su aplicación en la
renegociación de convenios bilaterales, para posibilitar, por ejemplo
con la república de Venezuela y con otras repúblicas, la múltiple
designación y, en consecuencia, que varias compañías puedan prestar
esos servicios. Además, vamos a hacer una propuesta de resolución en
la moción que incluya algún mecanismo que permita a las compañías
españolas actuar con generosidad hacia los españoles residentes en el
exterior. Porque de todos los usuarios de las compañías aéreas es
conocido que, por ejemplo, la compañía Iberia, para un mismo tramo
dispone de la tarifa equis, la super equis, la mini, la super mini,
en terminología coloquial conocida por todos. ¿Por qué no se
posibilita una tarifa específica y singular, mediante la acreditación
de determinada condición de español residente en un país
iberoamericano o familiar en segundo grado, para que se le pueda
aplicar un determinado mecanismo de apoyo?



La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego que concluya.




El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.

Nosotros vamos a proponer también, en la moción consecuencia de esta
interpelación, una iniciativa para que las compañías españolas se
acojan a un mecanismo que abarate el coste del billete.

En suma, señorías, la coherencia en la defensa de los planteamientos
del Grupo Parlamentario Socialista en materia de política de
transporte aéreo va siendo reconocida e incorporada a las
preocupaciones de los grupos parlamentarios de la Cámara, cosa que a
todos nos satisface, sin duda alguna. También nos satisface que el
Gobierno poco a poco se vaya incorporando a esa línea directriz de
aplicación de las políticas de liberalización en el transporte aéreo
a la propia empresa transportista española y para beneficio de los
usuarios de la misma.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.




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Para fijar la posición por parte del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor López-Amor.




El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señora presidenta, intervengo muy
brevemente para decir que la interpelación que plantea Coalición
Canaria a través del señor Rivero creo que tiene una intención
absolutamente loable, en el sentido de que se preocupa y se ocupa de
unos españoles que viven en Iberoamérica, en Venezuela
fundamentalmente. Y ello porque de todos es conocido que en Venezuela
en concreto existe un número importante de canarios o de
descendientes canarios.

Esa preocupación es compartida por todos y nos gustaría enfocarla
debidamente y no como lo ha hecho el señor Rivero. Porque si bien es
verdad que el reino de España -entiendo además que el Gobierno lo
está haciendo así- no se despreocupa nunca de ninguno de sus
conciudadanos directos o de los descendientes de sus ciudadanos, no
puede formularse la interpelación de la manera en que lo ha hecho
Coalición Canaria. ¿Y esto, por qué? Porque liga los precios de los
vuelos regulares, en este caso de la compañía Iberia, con las
políticas activas sobre la emigración. Y a mí me parece que son cosas
bien distintas. Una cosa es aceptar el sentido último de la
interpelación presentada por el señor Rivero, considerar que
Coalición Canaria está propugnando una profundización en la
liberalización del transporte aéreo, una mayor competencia en el
mismo y, como consecuencia inmediata, una disminución del precio de
los vuelos entre España e Iberoamérica en general. En este sentido
nuestro grupo sí que apoya a Coalición Canaria. Yo entiendo su
interpelación de esta manera y no en los términos estrictos en que la
ha planteado Coalición Canaria. Convendrá conmigo S.S. que establecer
los precios de unos vuelos regulares en función de la subjetividad
personal o del motivo que produce el viaje produciría una distorsión
bastante importante en cualquier compañía regular española o no
española. Esto no se debe aceptar.

Ha hecho una afirmación el señor Rivero que me parece un poco
aventurada y es decir que el destino Madrid o Canarias a Venezuela es
el más caro del mundo. Tengo una oferta hecha por Internet donde el
viaje vale 80.000 pesetas en el mes de febrero. Existen ya
oportunidades claras de viajar entre la Península o Canarias y
Venezuela con unos precios muy distintos a los de los vuelos
regulares en temporada alta o baja, según se genere el viaje.

La intervención del señor ministro ha sido plenamente acorde con lo
que tiene que ser una intervención de un ministro y es que los vuelos
y toda la ordenación del transporte aéreo está sometido a la ley, a
la ley que rige en este caso, que no es otra que el Convenio de
Chicago de 1984 y los convenios bilaterales que rigen y que no se
oponen, en los casos que no deban hacerlo, a dicho convenio.




Yo creo por tanto que la intención de esos convenios bilaterales -que
no es otra que potenciar nuestra red de enlaces de transporte,
fomentar la presencia de las empresas operadoras españolas si se
pudiere y facilitar en consecuencia una mejor movilidad a todos los
ciudadanos- es algo que se está intentando hacer de forma adecuada y
prioritaria por parte del Ministerio. Y en esto el Grupo
Parlamentario Popular le va a apoyar de forma decidida. ¿Por qué digo
esto? Porque, como usted sabe, la renegociación del convenio
bilateral con Venezuela es un tema absolutamente importante y en el
que está empeñado el Ministerio, pero que, como todo convenio,
depende de la voluntad negociadora de dos partes, la república de
Venezuela y el reino de España. Yo pienso que en este sentido hay
importantes intereses que van a determinar que esos acuerdos se
puedan lograr de forma inmediata.

No quiero más que exponer esta posición de mi grupo, decir que
apoyamos al Gobierno de forma decidida en la negociación o en la
renegociación del convenio bilateral vigente y que, cuando se
presente la moción, concretaremos mucho más nuestra intervención.




Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Amor.




- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO ANTE LA PRÓXIMA FINALIZACIÓN DE LA
PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA (PSS). (Número de expediente 172/
000047.)


La señora PRESIDENTA: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Catalán ( Convergència i Unió) sobre las medidas previstas por el
Gobierno ante la próxima finalización de la prestación social
sustitutoria.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quiere abordar esta
tarde en el Pleno un debate que entiende que está presente en
importantes sectores de nuestra sociedad, como es el que se deriva de
la próxima supresión, a finales del año que viene, de la exigencia
del servicio militar obligatorio, y muy en concreto, derivada de esta
propia exigencia, la desaparición de la prestación social
sustitutoria, cuestión a la que mi grupo parlamentario ha sido
especialmente sensible.

Quiero recordar que el contexto de este debate se produce después de
que en la pasada legislatura se impulsase desde Convergència i Unió y
en el marco de los pactos de gobernabilidad con el Partido Popular la
supresión del servicio militar, que la ley 17/1999 prevé



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en sus disposiciones adicionales decimotercera y transitoria
decimoctava. En concordancia con aquello que también prevé la
reciente Ley de objeción de conciencia en su disposición adicional
cuarta, la desaparición del servicio militar obligatorio implica
también la desaparición de la exigencia de la prestación social
sustitutoria. El marco de estas leyes, y en concreto la 17/1999,
situaba la desaparición del servicio militar obligatorio hacia
finales del año 2002, plazo que, por un compromiso asumido por el
presidente del Gobierno, va a ser avanzado y por tanto contemplamos
que a finales del año que viene termine la mili obligatoria y termine
también la prestación social sustitutoria.

Nos parece que, en relación con esta segunda cuestión, es un buen
momento para hacer un balance de lo que ha sido la experiencia de la
prestación social a lo largo de estos últimos diez años, pero también
para empezar a discutir en sede parlamentaria sobre las posibles
soluciones a la nueva situación que se va a generar con la
desaparición de la prestación social. En primer lugar, el balance que
hacemos desde Convergència i Unió de diez años de ejercicio de la
prestación social sustitutoria parte de una valoración de lo que ha
sido la evolución del propio marco legislativo. Una primera
legislación del año 1984, contestada socialmente, contestada incluso
por el Defensor del Pueblo, con importantes elementos de injusticia y
de desequilibrio y que además fue acompañada de una gestión
gubernamental no suficientemente eficaz. Parte también de una
modificación legislativa introducida en 1998, en el marco de una
iniciativa de Convergència i Unió, que permitió reformar aquella
legislación del año 1984, introduciendo una ley mucho más justa y
mucho más equilibrada, que redujo el plazo de realización de la
prestación social a los nueve meses, equiparándolo con el servicio
militar obligatorio y que implicó, de facto, una amnistía para más de
55.000 jóvenes que tenían pendiente realizar su prestación social
sustitutoria. En definitiva, fue un nuevo marco legal de la objeción
de conciencia y de la prestación social especialmente positivo, uno
de los más avanzados en el contexto de la Unión Europea y que sabemos
que hoy está sirviendo de referencia en muchos países de la Europa
del Este en el proceso de incorporación de legislaciones de este
tipo.

El marco de la Ley del año 1984 implicó también una práctica
administrativa caracterizada por pocos recursos destinados a la
prestación social, con poca información, con excepción de la
realizada desde los gobiernos autonómicos o municipales o desde la
propia sociedad civil y con pocos recursos económicos para el
conjunto de la entidades, lo que, por tanto, llevó a un nuevo
funcionamiento de esta cuestión. Creo que es de justicia reconocer
que el cambio de Gobierno del año 1996, junto con la nueva
legislación, implicó una mejora sustancial de la gestión en este
ámbito: se redujeron los plazos o periodos de espera por parte de los
objetores de conciencia; se facilitaron e incentivaron los procesos
de convalidación del voluntariado en función de la PSS; se
aumentó de manera muy sustancial el número de plazas en donde se
podían realizar estas actividades y la participación de las
comunidades autónomas en la gestión. Por tanto, es una práctica
administrativa que ha tenido también una evolución positiva, y me
remito a las cifras de incorporación de objetores de conciencia en
los últimos períodos.

Finalmente, existe una evolución de lo que ha sido la objeción de
conciencia desde la perspectiva sociológica. Ha pasado de ser esta
una realidad que afectaba fundamentalmente a jóvenes de grandes y
medianas ciudades, jóvenes la mayoría de ellos estudiantes
universitarios, de clases medias o medias altas, a ser una realidad
sociológica muy amplia, que afecta a jóvenes del ambito rural y de
otros ámbitos sociales, de barrios de familias trabajadoras, no tan
sólo estudiantes, con lo que hay una extensión de la objeción de
conciencia y unas cifras muy contundentes que la sitúan en cerca de
un millón de jóvenes que a lo largo de estos años han optado por
declararse objetores de conciencia, colocando al Estado español entre
los primeros en número de objetores de conciencia. Por tanto, también
hay una evolución desde esa perspectiva sociológica a nuestro
entender muy positiva.

El cambio de la ley, esta buena práctica que introdujo la
Administración a partir de 1997-1998, ha permitido el ejercicio de un
derecho constitucional como es la objeción de conciencia; ha
permitido que las plazas de prestación social sustitutoria
canalizasen esta previsión de la legislación y, asimismo, dar cauce a
la voluntad de participación de muchos jóvenes de nuestra sociedad.

Hay que señalar que el auge de la objeción de conciencia y la
capacidad de darle salida con las plazas de la prestación social
sustitutoria ha permitido ahondar en la crisis de legitimidad social
del servicio militar obligatorio. La objeción de conciencia era una
de las principales expresiones del rechazo de la sociedad a la mili
obligatoria y, por tanto, el fin hoy del servicio militar tiene mucho
que ver con este auge de la objeción de conciencia.

Estrictamente en el terreno de la prestación social sustitutoria es
evidente que la experiencia de estos diez años ha permitido dar
respuesta a determinadas necesidades sociales que desde el ámbito
público y desde el ámbito privado no estaban siendo cubiertas.

También ha permitido detectar otras nuevas, elementos que en el
terreno de las políticas públicas aún no se habían asumido como de
necesaria intervención; ha permitido introducir innovaciones
importantes en el terreno de lo social y de lo asociativo; ha
permitido convertir la PSS en un buen instrumento de formación de
muchos de los jóvenes que optaron por ella, formación de carácter
integral y formación de carácter técnico, y creemos que incluso a lo
largo de estos años ha habido una percepción positiva de la sociedad
ante aquellos jóvenes queoptaban por declararse objetores de
conciencia. En últi-



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mo termino, la prestación social sustitutoria ha supuesto un buen
elemento para reforzar en muchos casos un tejido social. En un
contexto como el español, donde las políticas públicas dirigidas
hacia el tercer sector, hacia las asociaciones sin ánimo de lucro,
han estado siempre caracterizadas por un importante nivel de
debilidad, la prestación social ha reforzado estas capacidades del
mundo asociativo.

Es evidente que existen elementos negativos, plazas desprovistas de
contenido o inútiles, cuya desaparición en su día no va a implicar
consecuencias; muchas veces ha habido espacios donde, de hecho, los
objetores de conciencia terminaron ocupando puestos de trabajo y
algunas asociaciones que generan dependencias respecto a lo que
representa la PSS. También ha existido una contestación social con
relación al fenómeno de la insumisión. Sin embargo, a pesar de ello,
el balance que queremos hacer desde Convergència i Unió de la
experiencia de la prestación social es positivo. ¿Y ahora qué? Ahora
que con la perspectiva de ese final de la mili la prestación social
va a desaparecer ¿qué va a suceder con estos servicios que han
prestado las entidades? ¿Qué va a suceder con estas necesidades que
hoy hemos asumido que deben ser cubiertas? ¿Qué instrumentos vamos a
poner en marcha para continuar reforzando nuestro tejido social? El
debate existe y prueba de ello fue una iniciativa parlamentaria del
Senado, en la pasada legislatura, que mandataba al Gobierno a poner
en marcha un grupo de trabajo sobre esta materia. Ha habido también
un debate importante en mi país, en Catalunya, con una propuesta del
departamento de Bienestar Social de la Generalitat y un
posicionamiento del movimiento juvenil a través del Consell Nacional
de la Joventut. En el marco del propio Estado, hace pocos días,
algunos parlamentarios manteníamos un encuentro con un denominado
foro cívico ante el servicio civil, impulsado desde el Consejo de la
Juventud de España y por los propios sindicatos. Por tanto, el debate
está también en la sociedad y en el propio movimiento asociativo.

Hoy nuestra pretensión es simplemente conocer cuál es la posición que
va a mantener el Gobierno ante esta situación y qué previsiones tiene
con relación a estas cuestiones. Nos gustaría que del debate de hoy y
de la moción que presentaremos dentro de 15 días pudiésemos enviar un
mensaje a la sociedad de cómo desde los poderes públicos vamos a
afrontar todas las cuestiones que se abren con la desaparición de la
prestación social sustitutoria.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señora presidenta,
señorías, en primer lugar quiero pedir disculpas por la escasa
calidad de mi voz, pero ciertamente el comienzo del invierno me ha
afectado. No es efecto del diálogo sino de una faringitis crónica.

Creo que es oportuna esta interpelación, y no lo digo de manera
tópica, porque ha existido sin duda ninguna inquietud en muchos foros
por la desaparición de la prestación civil sustitutoria,
evidentemente asociada a un hecho positivo como es la ya finalización
del servicio militar obligatorio. Esa es la primera referencia. Creo
que es una buena noticia que estemos ya prácticamente en las
postrimerías de lo que ha sido un esquema y un modelo, el del
servicio militar obligatorio y ese producto final generado en los
últimos años de prestación civil, que coincido con S.S. en que ha
tenido finalmente utilidad social, aunque también debemos reconocer
que en algunos momentos ha tenido una notable artificialidad.

Existe una preocupación y creo que también es el momento de ver si
algunas de las circunstancias han cambiado. Si hay que tomar alguna
referencia, una primera sería la posibilidad que nos ofrece la
Constitución española, próximos también a celebrar su vigesimosegundo
aniversario, que en su artículo 30.3 ya abre la posibilidad de
creación de un servicio civil. Creo que era una sugerencia que, con
esa visión de modernidad y con esa permanente actualidad que tiene la
Constitución, ha merecido también reflexión en ese grupo de trabajo
al que hacía mención S.S. y que el Gobierno puso en funcionamiento
siguiendo el mandato, en este caso, del Senado. Junto a esta
consideración de las ventajas e inconvenientes que puede plantear la
opción que podríamos denominar opción primera, la del servicio civil,
también valoraré las importantes posibilidades que ha abierto en
España el maravillosamente acelerado fenómeno social, muy positivo,
del voluntariado. Creo que el voluntariado es una institución joven,
pero con una enorme pujanza y potencialidad en nuestra sociedad.

Hoy, el problema, por decirlo de alguna manera, afectaría a unas
60.000 personas. Estaríamos hablando aproximadamente de unos 60.000
puestos de trabajo -dicho entrecomillado, son puestos de prestación
social sustitutoria- de un total de 123.000 ó 124.000 puestos
habilitados. El nivel de cobertura ha sido bajo, ya se lo anuncio,
porque estaríamos hablando de unas 80.000 personas, y esas 60.000
ubicaciones posibles para prestaciones sustitutorias serían aquellas
que podríamos calificar directamente de interés social, porque, como
saben, hay un amplio catálogo asociado a cuidados medioambientales,
asistencia en la sanidad o asistencia en educación. Pues bien, la
lectura quizá de mayor dimensión numérica sería pensar cómo sustituir
esos 80.000 prestadores sociales sustitutorios -no sé qué nombre
utilizar porque no es sencillo-.

Decía que evidentemente hay una vía a escrutar, la del servicio
civil. Conocemos países, como puede ser



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el caso de Estados Unidos y de algunos países del ámbito europeo, que
lo han desarrollado, pero en el bien entendido de que tiene elementos
internos de contradicción. Sirva como ejemplo que tiene que tener
carácter voluntario, pero, una vez que se adquiere el compromiso por
parte del ciudadano, tiene que haber una necesaria obligatoriedad de
cumplir con ese compromiso. Tiene también riesgos, que no se le
ocultan a S. S., y es que debe haber algún grado de compensación,
bien económica, bien de reconocimiento social. Siempre se ha hablado
de que aquello que no se puede compensar con pesetas contantes y
sonantes debe ser compensado desde el Estado con alguna otra
alternativa. Se ha hablado de prioridades y preferencias para ciertos
accesos, incluyendo los accesos a la Función pública.

Ciertamente, sería un área de suficiente polémica establecer las
sutiles, y a veces imperceptibles, fronteras entre la compensación y
la remuneración. Tal vez eso explique el rechazo que se ha generado
en algunas organizaciones sindicales, puesto que se correría el
riesgo de laboralizar una relación que yo no creo que tenga esa
naturaleza; antes al contrario, desvirtuaría su propia naturaleza
esencialmente. También es evidente que puede crear problemas en
aquellas organizaciones o instituciones donde se producirían
situaciones de rara dualidad o de raro fraccionamiento.

Encontraríamos a personas que actuarían desde el más absoluto
altruismo y generosidad, sin contrapartida alguna, ejerciendo
puramente voluntariado, y quienes, en el caso de convivir con esa
fórmula de servicio civil, estarían recibiendo algún grado de
compensación. No se oculta a S. S. que eso podría generar tensiones y
disfunciones en muchas de estas organizaciones. Tal vez eso explique
que, cuando el grupo de trabajo del Gobierno ha acudido a ciertos
foros a pedir opiniones estas son, como mínimo, discrepantes y en
muchos casos poco favorables -lo subrayo ya- a la implantación de un
modelo de servicio civil tomando siempre como referencia alguno de
los preexistentes. Quiero dejar claro que lo que el Gobierno ha
llevado a consulta a través de este grupo serían los modelos que ya
existen, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ninguno parece
fácilmente trasladable a nuestra propia realidad. Si a eso se une que
el servicio civil generaría una segmentación de la población que
podría lógicamente acceder -tradicionalmente se reserva para un tramo
de edad que convencionalmente suele ser entre quince y treinta años-,
me parece que tampoco es lo más deseable excluir a personas que, por
la segunda vía, insisto, no exclusivamente incompatible pero
distinta, que es la vía del voluntariado, sí que pueden acceder,
porque debo recordar que, por la vía del voluntariado, es posible,
felizmente posible y frecuente en España, que muchas personas de más
edad participen de labores y de tareas sociales.

Esos son un poco los esquemas, pero sintetizo diciéndole que se han
hecho los deberes por parte del Gobierno. Ha habido actuaciones desde
la Dirección General de Objeción de Conciencia y especialmente desde
el Instituto de la Juventud, que ha celebrado jornadas de reflexión,
lógicamente, con las organizaciones del tercer sector que pueden
estar más interesadas, con asociaciones juveniles, con organizaciones
sin ánimo de lucro e incluso con instituciones como la plataforma
para la promoción del voluntariado y organizaciones sindicales, que
podían dar opiniones interesantes y fundadas.

Le decía antes que ha habido un movimiento espectacular de desarrollo
del voluntariado en España y esta es la noticia que yo creo que puede
transmitir una gran carga de tranquilidad y de serenidad a cualquier
debate. En este momento, no debemos eliminar ninguna de las
posibilidades ni de las alternativas, pero es cierto que cuando uno
ve que en apenas cinco años se ha más que duplicado el número de
personas comprometidas activamente con el voluntariado, que estamos
hablando ya de más de medio millón de personas que están dispuestas
a participar, nos encontramos con un modelo que -insisto-, sin
pretender ser excluyente o radicalmente alternativo al primero, nos
abre otra perspectiva y que tal vez suscita en este momento mayores
niveles de consenso o de acuerdo. Lo digo porque, como bien sabe -y a
impulso no solamente del Partido Popular sino también de otras
fuerzas políticas-, se desarrolló el primer Plan estatal del
voluntariado, con vigencia del año 1997 a 2000, buscando los efectos,
que pienso que son positivos, de sensibilizar, de promover, de apoyar
a los voluntarios y de coordinar las políticas de voluntariado. A lo
largo de este tiempo se ha ido haciendo e insisto en que el
desarrollo puede calificarse de espectacular. En el año 1995 teníamos
aproximadamente 290.000 voluntarios y hoy tenemos más de medio
millón, 550.000 según las últimas estimaciones, y además este sector
del voluntariado ha generado empleo. Un análisis muy reciente de la
Fundación Tomillo nos hablaba ayer de más de 280.000 empleos. Creo
que este modelo elimina esa tensión, porque distingue con suficiente
claridad la relación pura de voluntariado y las relaciones que han de
ser necesariamente laborales y profesionales, lo cual me parece que
es una ventaja; insisto, sin inclinarme a priori por otra
formulación.




Yo creo que el año 2001 va a ser una ocasión doblemente excepcional,
primero porque cumple renovar el plan anterior de voluntariado y
segundo porque es el año mundial del voluntariado, con lo cual yo
creo que tendremos a los medios de comunicación y a la opinión
pública a favor de este debate que suscita S.S., que a mí me parece
un debate enormemente interesante. Sin prejuzgar lo que sean
ulteriores aclaraciones, yo creo que el Gobierno ha cumplido el
encargo de pulsar opiniones cualificadas en torno a la viabilidad de
la



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implantación del servicio social, siguiendo al menos alguna de las
formulaciones ya existentes. Ha encontrado en este momento posiciones
muy discrepantes -estoy seguro que esta experiencia también se ha
vivido por parte de alguna comunidad autónoma, que me consta que
también ha manejado ya textos en forma de proyecto de ley- y hoy
vemos quizás como una vía más practicable, y en ese sentido de más
proximidad a la realidad social, la vía de potenciación del
voluntariado, que, insisto, elimina alguna de las tensiones que si no
parecen ineludibles. Le he citado las más básicas, que siguen siendo,
sin duda alguna, desde problemas de disfunción interna a problemas de
pseudolaboralización o laboralización indebida de puestos que son de
perfil básicamente de asistencia social, y entiendo que también
podrían generarse problemas desde lo que sería una invasión, por
decirlo así, de un ámbito en expansión tan positivo y deseable como
es el mundo del voluntariado y de las organizaciones no
gubernamentales.




Ha sido una primera intervención. Espero que en la réplica, si así lo
entiende S.S. o algún otro grupo, pueda dar explicaciones
complementarias, pero creo que podemos ver esta cuestión con evidente
interés pero también con suficiente tranquilidad.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, yo creo que la interpelación que hoy plantea el Grupo
Parlamentario Catalán es la expresión de una buena noticia, que es la
previsión clara e inequívoca de la supresión del servicio militar a
finales del año que viene. El Grupo Parlamentario Catalán se alegra
de que quien hoy haya respondido a esta interpelación haya sido el
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, quien desde el Gobierno tiene
la máxima responsabilidad en el ámbito social, porque yo creo que nos
está permitiendo abordar con conocimiento de causa el seguimiento del
debate en relación con estas consecuencias, que en la sociedad
funciona desde hace ya al menos un par de años, y, por tanto, nos
permite una aproximación a cuáles son los elementos de la discusión.




El enfoque que el señor ministro de Trabajo ha dado a esta cuestión
coincide básicamente con la posición de Convèrgencia i Unió tanto en
esta Cámara como en Cataluña, donde ejerce responsabilidades de
Gobierno. El debate que se nos plantea sobre la prestación social es
fundamentalmente sobre los mecanismos para reforzar el conjunto de
nuestro tejido asociativo. Es evidente que el planteamiento del
servicio civil, que empezó a circular hace dos o tres años, ha tenido
una importante
contestación por parte de sectores sociales concretos y también por
parte de las organizaciones sindicales, que seguramente va a requerir
un nivel de discusión mayor que el de hoy, que probablemente no sea
suficiente para llegar a la conclusión de que la principal respuesta
a la desaparición de la prestación social tiene que ser el servicio
civil. Por ejemplo, el propio Gobierno de la Generalitat, hoy, en sus
planteamientos a medio plazo sobre esta cuestión, ya no contempla la
necesidad de regular esta figura. En este sentido coincidimos con el
análisis que hacía el ministro.

Nos parece que existen al menos tres cuestiones importantes en la
línea de lo que apuntaba el propio ministro. En primer lugar, se va a
abrir un debate sobre qué vamos a hacer con aquellos fondos que hemos
destinado desde 1989 a la prestación social sustitutoria y que se han
convertido en elementos para reforzar las propias sociedades y en
instrumentos para dar respuesta a necesidades de carácter social.

Esas 60.000 plazas responden a esa evidencia. Debemos hacer un
esfuerzo para que todos esos recursos no se pierdan ante la supresión
de la prestación social sustitutoria. Las asociaciones se han
comprometido con el Estado en la posibilidad del cumplimiento de un
derecho constitucional y hoy no podemos dejarlas en el puro abandono
que se podría derivar si no se destina parte de los recursos a estas
políticas. Este es un primer aspecto que sabemos que va a ser
polémico, pero que Convèrgencia i Unió quiere plantear.

Una segunda cuestión a la que aludía en su intervención es que buena
parte de nuestro movimiento asociativo va a necesitar -y esas cifras
de puestos de trabajo que usted citaba indican las posibilidades que
existen- mecanismos más eficaces que permitan continuar creando
ocupación de calidad en el denominado tercer sector. En el marco del
diálogo social, con la participación de las organizaciones
sindicales, pero también con las organizaciones del tercer sector,
debemos ser capaces de introducir en nuestras medidas de fomento de
la ocupación líneas que den respuesta a esa necesidad de crear
ocupación por parte del tercer sector. La pasada legislatura,
precisamente a propuesta de Convèrgencia i Unió, se aprobó una moción
en este Pleno que apuntaba en esa dirección. Esta tiene que ser una
de las prioridades ante el fin de la prestación social sustitutoria.

Existe un tercer elemento, que a nuestro entender va a corresponder
más a los gobiernos autonómicos que al Estado, aunque éste también
puede participar en determinadas medidas, que es el fomento del
voluntariado. Como muy bien ha apuntado el señor ministro, el año que
viene, que es el año internacional del voluntariado, va a ser un reto
para el conjunto de las administraciones públicas en España y un reto
para el propio movimiento asociativo de cara a esa necesidad de
modernizar el voluntariado en nuestra sociedad. Es evidente que el
auge del mismo es contundente -las cifras así



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lo indican-, pero nos parece que desde el terreno de las políticas
públicas en esta materia aún queda mucho por hacer. Existen modelos
muy cercanos en Francia, en Alemania, en Bélgica o en otros países de
nuestro entorno, que nos permiten ver que en el campo del
voluntariado podemos hacer más de lo que estamos haciendo. La Ley del
voluntariado aprobada en su día continúa sin desarrollarse en muchos
de sus aspectos. Ahí existen unas posibilidades y sería bueno que el
tercer sector y la Administración llegasen a acuerdos para
impulsarlas el año que viene.

De entrada, hacemos una valoración positiva de esta interpelación,
porque la intervención del señor ministro ha aclarado algunas dudas y
algunas reticencias que aún hace escasos días manifestaban algunos
sectores de la sociedad. Además, con la moción que nuestro grupo
presentará en las próximas horas, esperamos ser capaces de apuntar
también soluciones, propuestas y líneas de actuación en las que la
Cámara pueda ponerse de acuerdo.

Nada más. Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señora presidenta.




Subo a la tribuna no porque mi intervención pretenda ser
especialmente larga, sino para no tener una perspectiva occipital,
que es la que tengo desde el escaño, del grupo al que pertenece su
señoría.

Los planteamientos que ha hecho reflejan el ánimo que tienen todos
los grupos parlamentarios -creo interpretar que la práctica
totalidad- de dar respuesta a lo que son nuevas demandas de la
sociedad de no crear lagunas o vacíos cuya cobertura en este caso
pienso que se puede ver con un razonable optimismo por la expansión
en este caso de los movimientos de tipo voluntariado. Me recuerda
bastante a aquel segundo principio de Gay-Lussac de que todo vacío
tiende a ser ocupado por otro fluido. Permítanme esa licencia como
químico y que entienda que sí se produce en este caso un llenado
positivo en cuanto a algunos riesgos -no hablaría propiamente de
vacíos- a través de lo que ha sido la expansión del voluntariado, que
es además la expresión de un sentimiento solidario y social por parte
de muchos españoles, en este caso más de medio millón y para otras
estimaciones, incluso un número superior.

Hacía una pregunta en esta última fase de su intervención que estoy
seguro tendrá muchas respuestas. Quedarían aparentemente recursos
liberados, pero estoy seguro de que una parte de los mismos debe ser
aplicada a lo que es ese buen ejército profesional, que es un modelo
socialmente más deseable pero económicamente
más caro -eso lo sabe S.S. como yo-, aunque no dudo que puede
y debe ser perfectamente compatible con mantener las acciones que
hemos desarrollado en materia de potenciación del voluntariado. El
año 2001 tiene que tener dimensiones emblemáticas, pero tienen que
ser también prácticas o pragmáticas. Me gustaría recordar al respecto
que a lo largo de estos años este primer plan que ahora procede
renovar ha movilizado recursos importantes: más de 900 millones de
pesetas por transferencia a las comunidades autónomas; más de 2.600
millones en los programas con cargo al 0,52 por ciento del impuesto
sobre la renta de las personas físicas y también se ha buscado que
haya programas de voluntariado en las organizaciones de carácter
general o de régimen general que operan en el mundo de la
colaboración social.

Finalmente, permítame la especial satisfacción de reconocer también
en su grupo lo que es preocupación de este Gobierno. Hoy, junto al
diálogo político que sigue siendo imprescindible en materias que son
pacíficas y tranquilas para la propia sociedad, junto al diálogo
social en el que tantas cuantas veces sea posible debemos involucrar
a nuestros empresarios y a nuestros sindicatos, también es la hora de
intentar ese diálogo con el tercer sector, un diálogo tal vez más
difícil porque aunque se han dado pasos muy importantes en estos
últimos años, no tienen la vertebración o la cohesión que nos
gustaría, pero insisto que se ha mejorado mucho y estos foros y
órganos de encuentro para lograr esa vertebración deben ser también
una pauta. Sería un inmenso error por parte de las fuerzas políticas
no reconocer como interlocutor válido a la hora de diseñar los
programas de cooperación social a ese más de medio millón de
españoles y a esas organizaciones no gubernamentales que manejan y
movilizan con inteligencia y generosidad los recursos que les son
encomendados y que están dando, además, una hermosa dimensión a la
sociedad española. Uno de los motivos que sin duda nos lleva a pensar
con propiedad y a sentirnos orgullosos de esta sociedad es ver cómo
las prestaciones de carácter voluntario surgen tanto entre nuestros
jóvenes como entre nuestros mayores, con un excelente sentido
intergeneracional y con una sociedad que honra no solamente a quien
la practica sino a la misma sociedad en la que vivimos.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señorías, está bien que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos haya traído esta
interpelación a laCámara porque no será mi grupo quien niegue las
vir-



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tudes del diálogo o del debate sobre cualquier materia. Conocido es
que el grupo al que represento siempre ha estado en contra de que
exista la obligación de la prestación del servicio militar, aunque
reconocemos que está constitucionalmente previsto. Por lo tanto, en
consonancia con esto, hemos reconocido también, de acuerdo con el
artículo 30.2 de la Constitución, que la regulación de la prestación
social sustitutoria, puesto que era sustitutoria de un título que es
defensa, correspondía al Estado, es decir, estábamos en el ámbito del
149.1.4. Sin embargo, si desaparece la obligación militar, y el
Gobierno ha contraído ese compromiso, no estaríamos hablando del
artículo 30.1 ni del 30.2 de la Constitución, sino del 30.3, que
habla de la posibilidad de que se establezca un servicio civil para
el cumplimiento de fines de interés general. Desde nuestra
perspectiva, aquí ya saldríamos de títulos competenciales que le
corresponden al Estado. Creemos que estamos hablando de títulos
sociales, de títulos de bienestar social, la propia intervención del
ministro de Trabajo avala un poco esta perspectiva, no ha intervenido
el ministro de Justicia, ni siquiera el ministro de Defensa, con lo
cual no comprendemos exactamente qué virtualidades obligatorias puede
tener el contenido de lo que en esta Cámara se pueda debatir al
respecto. Por supuesto, acataremos todo lo que de orientador tenga el
debate y nos complacerá conocer las opiniones que al respecto se
sustentan en el Congreso de los Diputados, pero entendemos que no
será decisorio. Esperaremos al contenido de la moción, pero
-insisto-, desde la perspectiva del grupo al que represento, el
artículo 30.3 se refiere a títulos que son propios de las comunidades
autónomas.

Muchas gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Moragues.




El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Socialista está de acuerdo con los demás grupos, incluso con
el Gobierno, en que ésta es una interpelación oportuna en el tiempo,
a partir naturalmente del anuncio de la desaparición del servicio
militar obligatorio.

El grupo interpelante ha utilizado su turno no solamente para hacer
una reflexión sobre la necesidad de contar con una alternativa a la
actual prestación social sustitutoria, sino también para hacer un
somero balance de lo que han significado los diez años de prestación
social sustitutoria. Ha hecho referencia básicamente a la aplicación
de la legislación de 1984 que, según el portavoz del grupo
interpelante, fue contestada por el Defensor del Pueblo. Ciertamente,
señor Campuzano, he de reconocerle que la gestión de la prestación
social sustitutoria siempre ha originado controversias y siempre
ha tenido dificultades. En el año 1985, en el año 1990, pero
también actualmente.

Voy a leer, señor Campuzano, cuál es el comentario que este tema le
merece al Defensor del Pueblo en el informe que mañana vamos a tener
oportunidad de debatir en esta Cámara, que continúa lamentándose de
la mala gestión de la prestación social sustitutoria, a pesar de las
reformas de la ley del año 1996. El informe dice así:
Lamentablemente, la modificación de la normativa reglamentaria no ha
servido por el momento para solucionar los numerosos problemas que
afectan a los objetores de conciencia en relación con las condiciones
de cumplimiento de la prestación, la falta de coordinación entre los
órganos administrativos competentes, las convalidaciones de los
servicios prestados como voluntarios, así como otras irregularidades
y disfunciones que, a juicio de esta institución, exigen la adopción
de medidas que aseguren que la gestión de la prestación social
sustitutoria no suponga una constante fuente de reclamaciones.

Es decir, en el año 1995 el Defensor del Pueblo ya apuntaba la
necesidad de modificaciones, pero en el informe del año 1999 continúa
diciendo lo mismo, a pesar de las modificaciones. Y es lógico,
señores diputados, la gestión de la prestación social sustitutoria
exige un planteamiento al que las administraciones muy difícilmente
pueden responder porque, a pesar de lo que ha dicho el portavoz del
grupo interpelante, la evolución de la objeción de conciencia no ha
ganado en calidad, como usted ha querido plantearnos aquí esta tarde,
sino que yo creo que ha servido en muchos casos como salida para no
efectuar el servicio militar obligatorio. Y esta es una tendencia que
se ha incrementado de una manera muy clara a partir de tenerse la
seguridad de la implantación de un modelo de ejército profesional que
elimina el servicio militar obligatorio. Esto es muy fácil de
comprobar viendo cómo han aumentado las solicitudes de la prestación
social social sustitutoria desde el año 1995 a 1998, se han duplicado
exactamente, de 70.000 han pasado a más de 150.000. Esto no se debe a
que haya ganado en calidad la postura a favor de la prestación social
sustitutoria o de la objeción de conciencia, sino -y hemos de ser muy
claros, señor diputado- porque naturalmente esto ha servido, sirve y
va a servir en España, como ha servido en otros países, desde estados
Unidos a Bélgica, en el período transitorio hacia el modelo de
ejército profesional, como espita para saltarse la obligación de
efectuar el servicio militar obligatorio.

Es cierto -y acabo, señora presidenta- que el Grupo Socialista
tampoco tiene absolutamente claro cuál debe ser la alternativa a la
prestación social sustitutoria, pero, coincidiendo con lo que ha
expresado el señor ministro, nuestro grupo cada día se decanta más
por la idea de impulsar la participación de los voluntarios a través
de la Ley del voluntariado. Creo que elministro ha dado cifras
absolutamente claras de cómo



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se ha incrementado en los últimos cinco años la participación
voluntaria en los distintos trabajos de instituciones y de
organizaciones no gubernamentales. Nosotros pensamos que en este
camino es en el que se debe profundizar.




No tengo tan claro, señor ministro, el tema de las compensaciones.

Creo que en el trabajo de los voluntarios la compensación debe ser
básicamente de carácter ético, de reconocimiento social y de
satisfacción por la realización de un deber cívico como una expresión
de solidaridad entre las personas. Espero, señor ministro, poder
trabajar en este sentido en los próximos meses y ya veremos cómo se
concretan las medidas que el grupo interpelante va a presentarnos en
la próxima moción Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Atencia.




El señor ATENCIA ROBLEDO: Muchas gracias, señora presidenta. Voy a
intervenir con toda brevedad en nombre del Grupo Popular en este
turno de fijación de posición sobre la interpelación que está
terminándose de debatir.

Quisiera destacar, como ya han hecho los portavoces que han
intervenido, que el proceso de profesionalización de nuestras Fuerzas
Armadas, que tiene una fecha límite, anticipando en un año lo que
establecía la Ley 17/1999, en diciembre del año 2001, supone la
desaparición, en este caso la suspensión, del servicio militar
obligatorio y conlleva también la desaparición de la prestación
social sustitutoria que hasta ahora venían prestando los objetores de
conciencia. Yo quisiera destacar en este turno, como han hecho ya
otros portavoces y el propio ministro, el importante papel que la
prestación social sustitutoria ha desempeñado durante los últimos
años y el apoyo importante que ha representado para diferentes
actividades especialmente en el ámbito social. Creo que la
experiencia de los últimos cuatro años, con las modificaciones
legales que se han introducido, ha permitido que la prestación social
sustitutoria se prestara en mejores condiciones y se superaran
los problemas que había antes, como ha señalado el señor
Campuzano.

La desaparición de la prestación social sustitutoria implica un reto
importante para toda las administraciones públicas, como sin duda en
su propia interpelación señalaba el grupo interpelante, y no sólo
para las administraciones públicas, sino para todo el ámbito en que
nos movemos. En este sentido conviene destacar algunas cosas, como ya
ha hecho el señor ministro. En primer lugar, el Gobierno cumplió el
mandato parlamentario del Senado para establecer un grupo de trabajo
que aportara unas soluciones. Y ahí se establecieron las reflexiones
sobre el servicio civil. Hoy el señor ministro en su intervención ha
hablado de las dos alternativas: primera alternativa, servicio civil,
que tiene algunas dificultades, contestación y falta de consenso
entre los propios grupos afectados, incluso rechazo por algunos
grupos (precisamente en el día de hoy me ha llegado algún teletipo en
este sentido); y segunda alternativa, el voluntariado. Es evidente
que el voluntariado es una experiencia nueva que abre unas
perspectivas muy grandes, que la apuesta que hizo el Gobierno en el
primer plan del voluntariado, y que ahora ha reafirmado el señor
ministro con el segundo plan del voluntariado, abre nuevas
perspectivas que pueden dar solución al vacío que la desaparición de
la prestación social sustitutoria sin duda deja.

Termino diciendo, en nombre del Grupo Popular, que esperaremos a que
presenten su moción para fijar nuestra posición y respaldar, como no
podía ser de otra forma, la actuación que realiza el Gobierno
especialmente en lo que significa potenciar las soluciones, las
alternativas a una necesidad que aparece como consecuencia de la
aplicación de una ley que deja sin cubrir otro sector.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.

Se suspende el Pleno, que se reanudará mañana a las nueve de la
mañana.




Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.