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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 156, de 03/02/2022
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 156

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 149

celebrada el jueves,

3 de febrero de 2022



ORDEN DEL DÍA:


Palabras de la Presidencia ... (Página8)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


- Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. (BOE núm. 313, de 30 de diciembre de 2021). (Corrección de
errores en BOE núm. 16, de 19 de enero de 2022). (Número de expediente 130/000072) ... (Página8)


- Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de
crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de
Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. (BOE núm. 16, de 19 de enero de 2022). (Número de expediente 130/000073) ... (Página46)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:


- Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo (antes denominada
proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo). 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 167-1, de 21 de mayo de 2021. (Número de expediente 122/000143) ... (Página62)



Página 2





Dictámenes de comisiones de investigación:


- Dictamen de la Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este
partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular. (Número de expediente 152/000002) ... (Página73)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página89)


Dictámenes de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página89)


Solicitud de prórroga de subcomisiones:


- Solicitud de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades de prórroga de dos meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la subcomisión relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis
de la modificación de la Ley de la Ciencia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 250, de 31 de marzo de 2021. (Número de expediente 154/000007) ... (Página90)


Avocación de iniciativas legislativas:


- Proyecto de ley de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector
público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (procedente del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 79-1, de 17 de
diciembre de 2021. (Número de expediente 121/000079) ... (Página91)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página91)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página92)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página94)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Continuación). (Votación) ... (Página95)


Votación de conjunto ... (Página95)


Dictámenes de comisiones de investigación. (Continuación). (Votación) ... (Página95)


Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página96)


Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página96)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Palabras de la Presidencia ... (Página8)


La Presidencia anuncia que las votaciones no se producirán antes de las 14:00 horas.



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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página8)


Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo ... (Página8)


La señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno en contra de la convalidación interviene la señora Gamarra Ruiz-Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno a favor de la convalidación interviene la señora Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista.


Interviene nuevamente la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.


Replica la señora Gamarra Ruiz-Clavijo y duplica la señora Peña Camarero.


Vuelve a hacer uso de la palabra la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno, Martínez Oblanca, Mazón Ramos y Quevedo Iturbe, la señora Oramas González-Moro y el señor Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Matute García
de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Arrimadas García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Baldoví Roda, la señora Sabanés Nadal, el
señor Bel Accensi y la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, y el señor Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX.


Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de
crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de
Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria ... (Página46)


La señora vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Calviño Santamaría) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; y Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Rego Candamil y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; Uriarte Torrealday,
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Manso Olivar, del Grupo Parlamentario VOX; Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Casares Hontañón, del Grupo Parlamentario Socialista.



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Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página62)


Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo (antes denominada
proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo) ... (Página62)

En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su defensa en el Pleno intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; y las señoras Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos;
Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario
VOX, y Berja Vega, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictámenes de comisiones de investigación ... (Página73)


Dictamen de la Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este
partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular ... (Página73)


La señora Leal Fernández, presidenta de la Comisión de Investigación, presenta el dictamen.


En defensa de los votos particulares y, en su caso, turno de fijación de posición intervienen el señor Martínez Oblanca (turno de fijación de posición) y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Iñarritu García,
del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y Rego Candamil, Boadella Esteve (ambos en turno de fijación de posición) y Pagès i Massó, del
Grupo Parlamentario Plural; la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Cortés Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; la señora Olona Choclán, del Grupo
Parlamentario VOX; y los señores Santamaría Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página89)


Sometidas a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo (antes denominada proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo), son rechazadas.



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Dictámenes de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página89)


Sometidos a votación los votos particulares al dictamen de la Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y
de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular, se aprueba el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en lo relativo a la propuesta 15, en los
términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV), y se rechazan los demás.


Solicitud de prórroga de subcomisiones ... (Página90)


Solicitud de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades de prórroga de dos meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la subcomisión relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis
de la modificación de la Ley de la Ciencia ... (Página90)


La Presidencia informa de que este punto del orden del día se someterá directamente a votación al final de la sesión.


Avocación de iniciativas legislativas ... (Página91)


Proyecto de ley de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público,
ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras
y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (procedente del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre) ... (Página91)


La Presidencia informa de que este punto del orden del día se someterá directamente a votación al final de la sesión.


La Presidencia informa de que desde este momento hasta las 18:00 horas de hoy se podrán votar telemáticamente las proposiciones no de ley y las mociones, los reales decretos-leyes, los dictámenes de Comisión y la votación de conjunto del
primero de ellos, la solicitud de prórroga de la subcomisión y la solicitud de avocación, y de que se suspende la sesión hasta las 18:15 horas.


Se suspende la sesión a las cinco y veinticinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las seis y quince minutos de la tarde.


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página91)


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la conectividad y de la tecnología 5G en zonas afectadas por la despoblación, con la incorporación de



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la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 273 votos a favor más 14 votos telemáticos, 287; y 62 abstenciones.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la supresión del Ministerio de Consumo, se rechaza por 149 votos a favor más 5 votos telemáticos, 154; 182 en contra más 9 votos
telemáticos, 191; y 4 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página92)


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio de Igualdad para garantizar la igualdad de los españoles, se rechaza por 54 votos a favor, y
281 en contra más 14 votos telemáticos, 295.


Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario VOX a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a
adoptar el Gobierno para proteger el sector turístico español, se recha por 139 votos a favor más 5 votos telemáticos, 144; 187 en contra más 9 votos telemáticos, 196; y 9 abstenciones.


Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la inexistencia de corredores humanitarios que permitan salvaguardar los derechos fundamentales de las personas migrantes en tránsito en el interior de las
fronteras de la Unión Europea, se aprueba por 197 votos a favor más 9 votos telemáticos, 206; y 138 en contra más 5 votos telemáticos, 143.


Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a las medidas y promesas del Gobierno para hacer frente al desorbitado precio de la luz, se aprueba por 175 votos a favor más 9 votos telemáticos, 184; 149
en contra más 5 votos telemáticos, 154; y 11 abstenciones.


Sometida a votación separada por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la observancia constitucional del programa legislativo del Gobierno, son rechazados todos.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página94)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, se aprueba por 166
votos a favor más 9 votos telemáticos, 175; y 169 en contra más 5 votos telemáticos, 174.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 169 votos a favor más 5 votos telemáticos, 174; y 166 en contra más 9 votos telemáticos, 175.


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen
jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, se



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aprueba por 256 votos a favor más 12 votos telemáticos, 268; 53 en contra; y 26 abstenciones más 2 votos telemáticos, 28.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 333 votos telemáticos más 12 votos telemáticos, 345; 2 votos telemáticos en contra y 1 abstención.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Continuación). (Votación) ... (Página95)


Sometido a votación el dictamen de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción
voluntaria del embarazo (antes denominada proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria
del embarazo), se aprueba por 274 votos a favor más 10 votos telemáticos, 284; y 61 en contra más 4 votos telemáticos, 65.


Votación de conjunto ... (Página95)


Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico, se aprueba por 195 votos a favor más 9 votos telemáticos, 204; y 139 en contra más 5 voto telemático, 144.


Dictámenes de comisiones de investigación. (Continuación). (Votación) ... (Página95)


Sometido a votación el dictamen de la Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas
inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular, se aprueba por 186 votos a favor más 9 votos telemáticos, 195; 86 en contra más 5 votos telemáticos, 91; y 63 abstenciones.


Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página96)


Sometida a votación la solicitud de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades de prórroga de dos meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la subcomisión relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y
el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia, se aprueba por 333 votos a favor más 14 votos telemáticos, 347; y 2 abstenciones.


Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página96)


Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación votación final del proyecto de ley de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de
programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (procedente del Real
Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre), se aprueba por 318 votos a favor más 14 votos telemáticos, 332; y 14 abstenciones.


La señora Gamarra Ruiz-Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso pide la palabra.


Se levanta la sesión a las seis y cuarenta minutos de la tarde.



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Se reanuda la sesión a la nueve de la mañana.


PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.


La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Ocupen sus escaños, por favor.


La presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación del dictamen de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden
a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Por tener carácter de ley orgánica, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por
la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anuncio que las votaciones no se producirán antes de las 14:00 horas.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


- REAL DECRETO-LEY 32/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA LABORAL, LA GARANTÍA DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO. (Número de expediente 130/000072).


La señora PRESIDENTA: Empezamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley
32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora
vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Buenos días, señorías.


Quiero saludar de manera especial al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y al secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que nos acompañan en la tribuna de este hemiciclo. (Aplausos).Una vez más, quiero expresar mi
gratitud, queridos Pepe y Unai, por vuestra contribución decisiva a esta norma que sometemos a convalidación.


Comparezco ante ustedes para exponer el contenido y alcance del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
El lenguaje es la medida de nuestras vidas y el texto que hoy traemos a esta Cámara para su convalidación es la medida exacta de una transformación vital que atañe al corazón mismo de nuestras relaciones laborales. La jurista y pensadora ferrolana
Concepción Arenal escribió en una ocasión: 'Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican'. En este texto confluyen y se asocian varios vectores de fuerza que han multiplicado su importe, su impronta y su alcance. Es una
norma fruto del diálogo social, como tantas veces he explicado, y lo digo con satisfacción, orgullo y gratitud; un resultado claro del acuerdo, del consenso y de la generosidad, de esa ética y política de la generosidad que tanto hemos defendido,
de esa ética de la responsabilidad que me han enseñado en mi casa... (aplausos), de muchos meses y de muchas mesas de negociación.


Hay quienes no saben lo que se ha hecho, pero fueron nueve meses, horas y horas y horas de discusiones, horas y horas y horas de entendimiento. Ayer mismo conocíamos los efectos más inmediatos de esta norma que, como saben, ya entró en
vigor el pasado 30 de diciembre. Son los primeros pasos del proceso de transformación que reclama nuestro tejido productivo. Son ya -estando en vacatio- 238 672 nuevos contratos indefinidos suscritos en el mes de enero de este año, cuando la norma
todavía se encuentra en vacatio. Y, créanme, es un récord en la serie histórica. El 15 % de los contratos nuevos suscritos el pasado mes de enero lo fueron con carácter indefinido, lo que supone un importante aumento de la ratio de esta modalidad
contractual. Les hablo, señorías, de una reforma que, mediante la protección de las personas trabajadoras, restaura, adapta a nuestro tiempo y refuerza el Estado social y democrático de derecho en que España se erige desde el artículo 1 de nuestro
texto constitucional.


Se trata de una reforma en defensa de la democracia y, por lo mismo, quiero afirmar su trascendencia histórica. No le temo a la palabra histórica, señorías. Como afirmó Eric Hobsbawm, la historia ayuda, si no a predecir el futuro, sí a
reconocer lo que es nuevo desde un punto de vista histórico. Y esta norma,



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créanme, es histórica. Los preceptos de este Real Decreto-ley 32/21 transparentan todo lo que en él hay de innovador. En cada línea, señorías, se inscribe el absoluto cambio de paradigma que esta norma representa, la rotunda negativa
-inédita hasta hoy- a una cultura de la precariedad que ha lastrado durante décadas el desarrollo del mercado de trabajo español y las condiciones de vida de tantas personas trabajadoras en nuestro país. ¿Por qué resignarnos al empobrecedor
monólogo de la precariedad al que hemos asistido tanto tiempo sin respuestas y sin voz? ¿Dónde está escrito que nuestro país deba someterse a condiciones anómalas que nos alejan de Europa y que han hipotecado tantas décadas de nuestra democracia?
La lectura atenta de este real decreto-ley, señorías... (Rumores). La lectura atenta de este real decreto-ley, señorías, les ha permitido comprobar qué hay y qué no hay en su texto. No hay resignación ni hay complacencia. Se lo puedo asegurar,
en ninguna de sus páginas hay resignación ni complacencia. Hay, sin embargo, firmeza, compromiso colectivo, mirada larga y una reclamación expresa, aquella que nos habla de la centralidad del trabajo en la vida social y política, en línea
justamente con la declaración de Filadelfia del año 44 y el impulso desmercantilizador del trabajo, junto con la labor desarrollada por la OIT en defensa del trabajo decente, sin servidumbres, con plenitud de derechos y con dignidad, dándole a la
ciudadanía el lugar seguro que con justicia demanda; abrigando sus expectativas de vida; acompañando desde el derecho del trabajo y los sistemas de protección social cualquier intemperie vital, cualquier contratiempo; garantizando protección a
las personas trabajadoras en la relación de intercambio de salario por trabajo con sus empleadores -de esto hablamos, de la vida de los trabajadores y las trabajadoras, del derecho laboral-, y asegurando, además, la percepción de rentas cuando el
trabajo falla por uno o por otro motivo.


El desempleo es un mal crónico de nuestro modelo productivo que se ha utilizado como coartada para acometer sucesivas reformas del Estatuto de los Trabajadores. Esas reformas, más de cincuenta, han caminado en una única dirección, en una
dirección muy concreta: la remercantilización del trabajo y su creciente debilidad. En otras palabras, señorías, la pérdida continua y permanente de derechos para las personas trabajadoras. Desde las sucesivas reformas estructurales de los años
1984, 1994 y el ciclo 2010-2012, hemos asistido a la decadencia del principio de estabilidad en el empleo, considerado hasta entonces -recuérdenlo- como uno de los elementos vertebradores que justificaban el derecho al trabajo. Ese deterioro
progresivo se dio la mano con el aumento de la temporalidad en la contratación, así como con la creciente precariedad en el empleo. La devaluación salarial y la cada vez más débil posición contractual de los sindicatos nos fue conduciendo, en medio
de una creciente conflictividad, hasta el ominoso ciclo iniciado en 2012 de la mano de la reforma laboral del Partido Popular. A estas alturas ya saben de lo que les estoy hablando: una reforma impuesta, unilateral, que blindó el poder de las
empresas, que despreció y humilló el diálogo social y que causó y provocó dos enormes huelgas generales en este país, la huelga del 29 de marzo y la del 14 de noviembre del año 2012; una reforma que se situó en los márgenes establecidos para la
calidad democrática de las leyes -fue impugnada varias veces por el Tribunal Supremo- y que instituyó hasta nuestros días aquel nocivo mal menor que tanto recuerdan ustedes: mejor un trabajo de miseria que nada; mejor un salario de miseria que el
paro; no te quejes que, aunque sea un trabajo basura, tienes empleo. Estas frases, señorías, duelen, aún duelen hoy en esta Cámara. Permítanme decirles, como decimos en Galicia, que en ruín gando pouco hai que escoller, y ustedes, señorías del
Partido Popular, nos han obligado a escoger durante demasiados años entre la miseria y la nada. Ustedes han atado las manos de las personas trabajadoras de este país con la devaluación salarial (aplausos), con la externalización productiva y con
las situaciones de sobreexplotación como la que hasta hoy han sufrido las camareras de piso, cronificando sine die aquella temporalidad disfrazada en sus inicios de necesidad coyuntural, como decían ustedes.


La reforma laboral del Partido Popular, que en este texto hoy sometemos a su convalidación, deja atrás como un mal sueño aquello que entronizó como el trabajo basura. Pero no solo eso, les mandó un mensaje muy claro a nuestras madres y a
nuestros padres, quienes, como saben, con tanto esfuerzo habían logrado darnos educación y posibilidades de futuro a toda una generación: los derechos laborales que durante décadas habéis defendido y por los que habéis luchado como un bien
arqueológico ya no existen. Era el sálvese quien pueda. Ese fue su mensaje de alarma, señorías del Partido Popular; ese fue su gran abandono. Tal irresponsabilidad se saldó con altísimos costes sociales y económicos. Aún hoy somos deudoras de
aquella generación perdida de jóvenes sin trabajo en España o de jóvenes obligados a buscar horizontes de prosperidad en el extranjero. Acuérdense, una juventud sin futuro. Conocimos cuotas de desigualdad y pobreza laboral nunca alcanzadas en
nuestro país, una brecha inédita de los ingresos salariales y el vergonzoso récord histórico de 771 000 hogares sin ingresos



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laborales en España. Les hablo de personas que, a pesar de tener varios trabajos -esta es la vida real, personas que tienen que acumular pequeños trabajos-, no llegaban a cobrar un salario decente a final de mes. También decimos en
Galicia: Tanto traballar para andar descalzo. Me refiero a ese 16 % de personas trabajadoras que en 2015, señorías, aun teniendo trabajo, eran pobres, sin poder llegar tampoco a final de mes. En ese año, en 2015 -se lo recuerdo, presidente del
Gobierno-, el salario mínimo era de 648 euros al mes. Sus señorías recordarán a la perfección las cifras que acompañaron aquel ciclo de dolor colectivo: más de un millón de empleos destruidos en los dos primeros años de aplicación de la reforma
laboral del año 2012. Hemos tardado once años, con sus días y sus noches, en recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis financiera, once años; una reforma que sustentó un incremento insoportable del desempleo en nuestro país,
exactamente 6 278 200 parados en nuestro país, personas sin empleo, una tasa de paro nunca conocida, del 27 %, disparada en los jóvenes en el 56 %. El texto de 2012 supuso, en definitiva, la regresión y el deterioro no solo de la vida democrática
de nuestro país -que también, y es muy importante-, sino, lo peor, de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en su vínculo con el Estado del bienestar. (Aplausos). Vidas y trabajos precarios, señorías, que nos fueron legados por
aquella nefasta reforma de 2012 frente a lo que deben de ser vidas y trabajos plenos, decentes y con derechos, justamente lo que quiere instituir la norma que hoy sometemos a la convalidación de esta Cámara.


Conocen el texto y saben que es una norma moderna, que nos aproxima a Europa en términos de temporalidad, tal y como ya avanzamos y conocen, en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyos contenidos se
afrontan íntegramente en esta reforma. Es una norma acorde al momento que vivimos, que acompaña el momento de una Europa social y solidaria, que moviliza importantes recursos para dar respuesta a la pandemia global. Hoy más que nunca los derechos
sociales, la protección y creación de empleo y unas relaciones laborales sanas y sostenibles son una preocupación y una meta colectiva que este texto consagra.


A continuación, voy a profundizar de manera sintética en los contenidos de este Real Decreto-ley 32/2021 a lo largo de sus cincuenta y una páginas. Quiero decirles que lo hago con mucha ilusión, pero también con preocupación; ilusión
porque estamos -lo sé muy bien- ante una norma decisiva que tiene tras de sí un gran esfuerzo colectivo, una década de luchas para devolver a la legislación laboral la dignidad que la reforma del Partido Popular le arrebató. Hoy, una semana antes
de que el Real Decreto 32/2021, de 28 de diciembre, cumpla diez años justamente, este Congreso, por segunda vez, vuelve a debatir si confirma para siempre la reforma laboral del Partido Popular. Esto es lo que nos jugamos hoy, si esa reforma
agresiva del Partido Popular recibe una vez más su aval, o si dejamos atrás definitivamente el modelo de precariedad, bajos salarios, subcontratación pirata y tanto prejuicio antisindical que tiene la derecha. (Aplausos). Esta y no otra es la
encrucijada, esto y no otra cosa es lo que debatimos aquí. Debatimos el contenido de una norma que en cada uno de sus preceptos recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.


Pero les decía que también entro a relatar los contenidos con preocupación. Llevamos muchos días en el Gobierno de España hablando con los interlocutores políticos para recabar su apoyo a la reforma, muchas semanas, justamente para
conseguir que el respaldo obtenido en el diálogo social se sume al respaldo de esta Cámara, al respaldo político, amplificando la legitimidad de una norma de consenso, y cuando hay consenso, son normas de un país. He de reconocerlo, no lo he
logrado. Sin embargo, con muchas de sus señorías no he conseguido hablar del contenido de la norma, no he logrado trasladarles lo que conlleva este real decreto-ley, porque frente a la ultraactividad, prioridad de convenios o lucha contra la
precariedad, yo solo he escuchado proyectos personales, humo, maquillaje, una norma insignificante, una norma, decían las señorías del Partido Popular, que no cambiaba nada.


Me entristece -se lo confieso- que una norma que creo que es la más importante de esta legislatura se sustancie en debates superficiales que no ayudan a superar -créanme- el descrédito de la política; me apena que el debate se sitúe en el
campo de las rivalidades partidistas; me entristece. (Rumores.-Aplausos). Tal y como me han enseñado en mi casa, concibo la política como un camino para mejorar la vida de la gente, de las personas trabajadoras. He aprendido y me han enseñado
que si una norma contiene avances, si contiene avances, hay que votar a favor. Lo que hoy se vota aquí es decir sí o no al modelo fracasado del Partido Popular; sí o no a un trabajo decente. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!-Rumores).



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La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Esos contenidos, que ahora detallaré, son los que nos deben de ocupar. Este real decreto-ley recupera la ultraactividad indefinida de los convenios
colectivos. Tan solo este precepto lo justificaría para quien sepa qué es verdaderamente y qué significa el voto afirmativo a esta norma (aplausos); quien no sepa de qué hablamos es que no se entera de lo que está pasando con el Partido Popular y
el despliegue de la ultraactividad. Solo este precepto justifica votar a favor.


Miren ustedes, repasen. ¿Cuántos países en el mundo contienen hoy la ultraactividad indefinida? Repásenlo. Un artículo que les habla directamente -seguro que sus señorías de toda España lo conocen- a los trabajadores y trabajadoras de
Endesa, porque justamente por la ultraactividad, por esa muerte súbita que instauró el Partido Popular, como saben ustedes, los jubilados y las jubiladas de Endesa han perdido sus beneficios sociales. Hoy los trabajadores y las trabajadoras de
Endesa no hubieran perdido los beneficios sociales que estaban incorporados en sus convenios colectivos. (Aplausos). La ultraactividad indefinida les habla a los trabajadores y trabajadoras de Cádiz que tantas veces las señorías de esta Cámara han
invocado. Han hecho una huelga general y han ganado los trabajadores y las trabajadoras. Hoy los trabajadores y las trabajadoras de Cádiz no tienen que salir a manifestarse por la ultraactividad indefinida; lo harán por otras cosas, pero por
esto, no. Solo este precepto garantiza o debería garantizar el voto a favor, porque, en definitiva, este precepto dice alto y claro en la norma: hasta aquí hemos llegado. Esta norma, este precepto les dice a centenares y centenares de
negociadores y negociadoras obligados a rebajar sus aspiraciones de negociación que esto es lo de lo que iba la ultraactividad, bajo la amenaza de que su convenio decayese y dejase al sector, como hemos visto con las camareras de piso, cobrando, por
ejemplo, el salario mínimo interprofesional o directamente sin garantías laborales. Ahora, con esta norma, les decimos que ahora sí van a negociar en condiciones de igualdad y de seguridad. (Aplausos).


Este es el contenido, señorías. ¿Van a decir que no a esto? ¿Le van a decir a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que si por ustedes fuera, señorías de muchos partidos, iban a volver al modelo del Partido Popular? ¿Quién se
siente cómodo o cómoda en este plenario con convenios colectivos afectados de muerte súbita? ¿Quién se siente cómodo? Explíquenselo a Cádiz, a los trabajadores de Endesa, a las camareras de piso, que -por si ustedes fuera- mañana las personas
trabajadoras se levantarían sin este derecho que hoy ya está vigente en nuestro país. (Aplausos).


El real decreto-ley deroga la prioridad de los convenios de empresa. ¡Cuánto hemos discutido sobre esto! Esto significa, señorías, acabar con el instrumento más pernicioso articulado por el Partido Popular para bajar el salario de las
personas trabajadoras; de esto es de lo que estamos hablando, fue la gran estrategia del Partido Popular: propiciar la mayor devaluación salarial de nuestra historia, y -créanme- lo han conseguido. Lo conozco bien, me he enfrentado a estos casos
como abogada laboralista (rumores), y puedo afirmar, con este texto en la mano, que los convenios de empresa ya no servirán para dar cobertura a empresas piratas que ponen en jaque el sistema de relaciones laborales arrastrándonos también a la
competencia desleal, porque también esto supone competencia desleal entre las empresas. Con esta norma esto hoy se acabó.


Les hablo de contenidos sin máscaras, tal y como figuran en el texto. Son esos contenidos los que justifican que la derecha, tan enemiga de la negociación colectiva sectorial, no pueda verse reflejada en esta norma y hoy haga ostentación
del no. Porque las grandes vigas maestras de la reforma del 2012, la ultraactividad y los convenios de empresa, han sido sencillamente tumbadas, han sido tiradas para abajo. Diez años de lucha han merecido la pena; la acción sindical ha merecido
la pena; la movilización de las trabajadoras y trabajadores de este país ha valido la pena. ¡Claro que se podía! Y a los que nos hablaron de los impedimentos de la Unión Europea les demostramos que los compromisos se cumplen y esto no es humo, es
algo sólido y es real, es tangible. (Aplausos).


El real decreto-ley también regula la subcontratación, el tantas veces -querida Magdalena- mencionado artículo 42. Trabajar en una subcontrata ya no será sinónimo de precariedad, señorías. Se acabó que trabajadoras y trabajadores de la
limpieza, de la seguridad privada, de los call center o de empresas auxiliares se vean condenados a tener un contrato temporal por trabajar en una empresa que presta servicios a otra. Todas las compañías auxiliares en este momento no pueden tener
contratos temporales, tienen que tener a sus trabajadores y a sus trabajadoras estables, y esto es un cambio sustancial. (Aplausos). A partir de ahora, estas compañías auxiliares tienen que tener contratos indefinidos, más allá o con independencia
de la naturaleza de su empresa.



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Pero permítanme, señorías, que aterrice en la gran contribución de este real decreto-ley al empleo decente, y es la lucha contra la precariedad. Ya lo he dicho, España constituye la gran anomalía de la Unión Europea por sus inusitadas
cifras de temporalidad. Esa temporalidad abusiva ha generado inseguridad, desánimo y falta de motivación, factores que repercuten, como saben, en nuestra salud mental y ante los que desarrollaremos más estrategias y buscaremos más soluciones, tal y
como nos hemos comprometido en nombre del Gobierno a hacer con sus señorías de Más País y de Compromís. Esta norma, señorías, ha venido a transformar por completo el paradigma de nuestras relaciones laborales. Decimos adiós a la indiferencia
legislativa, a las zonas grises, a las ambigüedades. La contratación indefinida es ya la norma en nuestro país. Y la contratación temporal deberá estar plenamente justificada, así lo dice la ley y ese es nuestro compromiso con la estabilidad.


El contrato de obra y servicio determinado, que muchas personas con las que he hablado estos días desconocían que nos acompaña desde el franquismo y además proyecta su mala sombra sobre nuestras relaciones laborales, desaparece. Les hablo
de aquel viejo artículo 15.1 a) -los laboralistas lo sabemos bien, aquello que hemos estudiado-. Dejamos de dar amparo a prácticas que expulsaban de la estabilidad a centenares de miles de trabajadores en muchos sectores de actividad, que van desde
la construcción al telemarketing. Fíjense, en el año 2019 se hicieron 8,2 millones de contratos por obra y servicio determinado que hoy ya no se van a poder hacer. Esto quiere decir que se van a convertir en contratos estables. Estos son los
contenidos que hoy debatimos: 8 millones de contratos, señorías; son personas, no son humo. (Aplausos). Y créanme, esos 8 millones de personas creo que se merecen tener un trabajo decente en nuestro país. La temporalidad en nuestro país, que
con la reforma del PP -recuérdenlo, contrato por obra y servicio determinado- podía alcanzar los 4 años de duración, se reducirá estrepitosamente a 6 meses como máximo con una causa justificada, o 90 días en el caso de un contrato que atienda a una
relación ocasional; 90 días no acumulables. Díganme, señorías, cuándo se ha realizado en la historia de las reformas laborales de nuestro país -más de cincuenta- semejante limitación de la posibilidad de contratar temporalmente. ¿Cuándo? Yo se
lo voy a decir -cincuenta y dos reformas-: nunca. Francisco Largo Caballero dijo en una ocasión que no solo eran necesarias leyes sociales sino buenas leyes cuyo cumplimiento quedase garantizado. Lo he citado muchas veces en esta Cámara. Y esta
norma, efectivamente, está hecha para su cumplimiento y ha desarrollado garantías que así lo certifican. Fíjense, esta norma dice sin presunciones, ni perífrasis, alto y claro: 'Las personas contratadas incumpliendo lo establecido en este artículo
adquirirán la condición de fijas'. No se puede contratar temporalmente a un trabajador -esto lo saben muy bien los trabajadores en su centro de trabajo- por más de 18 meses en un periodo de 24 -recuerden de lo que estamos hablando-, y con una
novedad definitiva: no se puede defraudar esta regla contratando a distintos trabajadores, pues lo que vincula el carácter temporal o no es el puesto de trabajo. Esto lo hemos prohibido. Una promesa, por cierto, siempre incumplida en un sistema
de contratación laboral que nos ha acompañado a lo largo de la democracia.


Penalizamos los contratos de corta duración porque no es posible seguir con ese modelo inaceptable de contratos por días; contratos irregulares que conllevarán una sanción de 27 euros por cada baja en el contrato formal. Recuérdenlo, los
daban de baja el viernes para darlos de alta el lunes; serán penalizados con 27 euros por trabajador. Esta media lo que va a evitar es que hagan justamente esto, que los vuelvan a contratar el lunes. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social
controlará el buen uso de la contratación temporal, y lo hará -créanme que lo hará- acompañando este nuevo tiempo de estabilidad. Las empresas ya no pagarán como antaño una única sanción. Muchas empresas, como saben, encontraban rentable
defraudar, pues la multa era única; muchas empresas tenían a miles de trabajadores contratados temporalmente de manera irregular, pero como la sanción era única, lógicamente era más económico. Ahora los infractores ya lo saben: la norma se aplica
individualmente, y cada uno de esos miles de trabajadores y trabajadoras va a responder a una sanción, y esa sanción se llama 10 000 euros por trabajador. Esta práctica que hacían algunas empresas de incorporar en su propio presupuesto la
irregularidad temporal porque resultaba barata, créanme, se ha acabado. Este giro hacia la estabilidad es la mejor forma de proteger frente al despido a aquellas y aquellos que siempre han estado fuera de él. No necesitaban despedir, sencillamente
con la temporalidad lo tenían todo arreglado. Hablo de ese tercio de la población trabajadora española a la que no hay que despedir porque, sencillamente -como saben y sabemos bien-, sus contratos se extinguían sin posibilidad alguna de despido.
Hablamos del 30 % de los asalariados y asalariadas en nuestro país; no es humo, son personas. (Aplausos). Porque estaban o porque están atrapados en la temporalidad y sus secuelas, siete millones de personas trabajadoras viven este drama que la
reforma laboral actual se afana en corregir.



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La protección real frente al despido es a lo que se orienta la reforma y lo hace combatiendo la temporalidad como nunca se ha hecho en nuestro país, con una herramienta que ya ha sido exitosa en nuestro país, dando alternativas reales para
que el despido no se convierta en la vía de ajuste en las crisis económicas. Lo hemos demostrado. Cuántas veces escuché, más allá de la incorrección técnica, que se iba a pasar de un ERTE a un ERE. La incorrección técnica es flagrante, pero más
allá de ello, esto que ustedes decían no ha resultado cierto. (Rumores.-Aplausos). Quiero recordarles, señorías, que nada más aprobarse la reforma laboral del PP y en medio de una enorme crisis financiera, el dato fue, en ERTE -¿saben cuántas
personas?-, exactamente 36 000. ¿Saben cuántos trabajadores -lo saben las señorías, el diálogo social y el Gobierno de España- hemos tenido protegidos en ERTE? 3 600 000 trabajadores y trabajadoras. (Aplausos). De esos, hoy en día, el 97 %, a
pesar de sus discursos, se han incorporado a sus puestos de trabajo, recuperando y manteniendo todos y cada uno de sus derechos. Es un mecanismo de protección que ha salvado a más de 550 000 empresas. Yo he escuchado en esta Cámara a mucha gente
decir que los ERTE no valían para nada, he visto cómo votaban en contra, de una parte de la bancada y de otra. Creo, honestamente, que se han equivocado. Si algo ha salvado a nuestro país en esta crisis es este enorme mecanismo de amortiguación
social, son los ERTE, a pesar de los votos en contra que han recibido en esta Cámara. (Aplausos).


Ese modelo de despido clásico de la derecha española, el modelo del PP, que ahora puede volver a imponerse si no aprobamos este texto es el que nosotros hemos demostrado que se puede revertir. Y como les decía, ahora los ERTE se convierten
en una verdadera alternativa a los despidos, con protección social, sumando la formación para el empleo como un elemento nuclear y promoviendo la recualificación y recolocación de los trabajadores y trabajadoras de sectores en crisis. Creamos
además, como saben, el Mecanismo RED para proteger el empleo, haciendo estructural lo que todas y todos hemos aprendido con los ERTE pandémicos, otorgándoles un carácter permanente que responda tanto a una crisis cíclica como a las transformaciones
en un sector de actividad que haga preciso un proceso de transición profesional. Sé que es difícil, pero cambia la lógica, señorías. Lo que va a pasar a partir de ahora es que no es necesario despedir. Son contramedidas reales frente al despido
que impiden realmente que sigamos siendo ese país que suma cientos de miles de parados cada vez que las cosas van mal. Recuerden las previsiones que los organismos internacionales hicieron sobre la tasa de paro acerca de España. Recuerden al Banco
de España y a tantos organismos internacionales que llegaron a decir que íbamos a alcanzar una tasa del 25, del 26 % de paro; dato que han tenido que corregir, pues hoy la tasa de paro es del 13,3 % -hay que retrotraerse a catorce años atrás para
un dato parecido-, la tasa de paro más baja de la media de nuestro país, y esto ha sido gracias al mecanismo de protección social. (Aplausos).


Esta reforma, señorías, supone por todo ello un verdadero cambio cultural y yo sé muy bien que los cambios culturales son difíciles. Es la oportunidad para que las empresas y las personas trabajadoras de este país dejen definitivamente
atrás un modelo de relaciones laborales profundamente insatisfactorio fundado en esa inseguridad que atenaza la vida de tanta gente y, si me permiten, singularmente de tantas mujeres y personas jóvenes en nuestro país. Y sí, les hablo de los
jóvenes, muchos de ellos y de ellas en nuestro país no han conocido otra realidad que la precariedad; ellas y ellos también protagonizan este texto. Nos alejamos de aquellos contratos en los que la formación, como conocen bien, era una excusa para
precarizar y apostamos por vez primera por una contratación formativa plena para el acceso en el empleo. Lo hacemos con el modelo alemán, con un modelo de formación dual basado en la colaboración entre instituciones y empresas, con contenidos
teóricos y desarrollado en los centros de trabajo, integrando a las personas jóvenes en el mundo laboral, siempre con derechos equiparables a los de cualquier persona trabajadora y siempre aplicándoles el convenio colectivo, y esto, créanme, es un
cambio sustancial. (Aplausos).


Este real decreto-ley representa la gran oportunidad para que también en el ámbito de la ciencia y la investigación en nuestras universidades podamos dar la espalda a la temporalidad y podamos -lo más importante- retener el talento de la
juventud. (Aplausos). No podemos tener a investigadores e investigadoras precarias, es una vergüenza como país. No se puede seguir defendiendo la contratación precaria en nuestro sistema de investigación, este modelo no es trabajo decente.
¿Saben cuál es la mejor fórmula para impedir la fuga de cerebros? Es muy sencilla, ofrecer buenas condiciones de trabajo y posibilidades de vida en nuestro país a una joven comunidad científica e investigadora, es ofrecerles carreras investigadoras
y científicas a los jóvenes en nuestro país.


El cambio que esta norma propone se despliega en varias direcciones. Me han oído hablar de la importancia de los fijos discontinuos y quiero decir -porque esto sí lo he escuchado en estos días-



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que es una modalidad contractual estable, no es un contrato temporal. Lo aclaro porque hay personas estos días que nos decían que esto es un contrato temporal; no, es un contrato estable. (Rumores). Esta norma propicia en su artículo 16
una transformación y una mejora auténtica de un modelo que, créanme, ha mostrado su eficacia en el marco de la economía productiva española. Dotamos a las personas trabajadoras fijas discontinuas de todos los derechos con los que cuentan el resto
de los contratos; esto es, exactamente -ayer, hablábamos de ello-, combinar la estacionalidad de algunos sectores productivos en España no con precariedad, sino con estabilidad en los contratos. Los fijos discontinuos gozarán -era una gran
reclamación de los trabajadores y las trabajadoras- de la antigüedad acumulada y de su protección social, que va a ser exactamente igual a la de cualquier otro trabajador, y así en esta norma se reconoce el acceso al subsidio para mayores de 52
años.


Como no podía ser de otro modo, este texto también se ocupa, querida María Jesús, del empleo público, poniendo freno a los despidos en las administraciones públicas, asegurando que todas las actividades permanentes de la Administración
tendrán que ser cubiertas con contratos estables. Las personas trabajadoras en empresas públicas deben ser estables, no solo en el Gobierno de España, también en todas y cada una de las autonomías. Parece una cosa ligera, nosotras sabemos que no.
(Aplausos). Nosotras sabemos que no. Fíjense si sabemos que no, que esta norma también acompaña desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública una tasa de reposición específica para poder atender a esta necesidad de contratación estable. Esto
es lo que hace que centenares de miles de trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas, de los entes instrumentales de la Administración, pasen a ser estables y abandonen también los contratos por obra y servicio determinado. Hasta aquí,
señorías, los contenidos de esta reforma.


Quiero darles las gracias más allá de lo que ustedes voten. Quiero darles las gracias a los representantes parlamentarios del Partido Socialista, a mis queridos compañeros y compañeras de Unidas Podemos, a Ciudadanos, al PDeCAT, a Más País,
a Compromís, a Nueva Canarias, a Teruel Existe, al Partido Regionalista de Cantabria, a Unión del Pueblo Navarro y también a Coalición Canaria. (Aplausos). Quiero darle las gracias al PNV, porque sí ha discutido de contenidos, sí han sido serios
en este debate y han sido claros, y al PNV le doy las gracias. También mi gratitud, en nombre del Gobierno de España, a los interlocutores sociales en nuestro país. Voy a seguir defendiéndolos siempre, soy una gran defensora del diálogo social y
sé muy bien lo que ello supone. (Aplausos). Gracias a Pepe Álvarez, a Unai Sordo, a Antonio Garamendi y a Gerardo Cuerva. Gracias de verdad.


Tengo la sensación de que en un debate político que dura ya semanas no hemos abordado con rigor y con seriedad lo que esta reforma laboral supone. Señorías, es la primera reforma laboral que se mueve nítidamente, desde la primera hasta la
última de sus 51 páginas, en la dirección de recuperar y garantizar los derechos laborales. Es la primera en 40 años y este Gobierno, sí, se siente muy orgulloso de hacerlo. Es una reforma laboral, señorías, que trae el aval expreso de sindicatos
y empresarios -en cualquiera de sus comunidades autónomas, díganle no ustedes al diálogo social-, empresarios y sindicatos, tras meses de negociación. Vuelvo a decirlo, no saben ustedes lo que ha sido; nosotros sí lo sabemos: un pacto laborioso,
esforzado, un pacto artesanal, muy complejo, créanme, pero en el que cada uno de nosotros y de nosotras ha dado lo mejor de sí mismo. Creo que este pacto, señorías, es una gran lección para la política, porque eso es justamente la política, esto
que reclamamos. La política es diálogo, es la negociación permanente, es tejer acuerdos, es hacer síntesis. Esto es la política. La política no es el no por el no, no es el partidismo, no es el ruido, no son los insultos. La política es esto,
cuidarse, llegar a acuerdos, aunque uno, a veces, no consiga el cien por cien de sus objetivos. (Aplausos). Esta profunda reforma abre -y aquí estoy, en nombre del Gobierno de España- una nueva y apasionante etapa para la negociación colectiva,
para el diálogo, para la construcción en común de un nuevo estatuto del trabajo para el siglo XXI. Un nuevo estatuto, apasionante, la compilación de la legislación laboral en extenso, que consagrará el espíritu y la orientación profundamente
reparadora y democrática de este texto. Darle la espalda a esta reforma, rechazarla, dejarla caer -como harían algunos y algunas, si por ellos fuera-, es devolvernos a la casilla de salida en el juego funesto de la precariedad. No voy a estar
nunca en el retroceso de los derechos laborales, lo he dicho al principio. Me han enseñado en mi casa que cualquier avance en los trabajadores y las trabajadoras merece un voto afirmativo. Nadie que haya vivido en ese lugar que se llama la
precariedad quiere volver a él, al miedo a no poder pagar la luz, al miedo a no poder pagar el alquiler, al miedo a no poder atender a sus hijos (aplausos), y nadie, con su voto, debería obligarnos a hacerlo. Le he dado muchas vueltas, he pensado
mucho estos días y no encuentro, por mucho que lo busque, un argumento sólido para votar en contra



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de esta reforma, para enrocarse ante un real decreto-ley que ya está dejando sentir sus efectos positivos en nuestro mercado laboral y en la vida de tantas personas trabajadoras.


Termino ya. 'Nada ayuda tanto como la realidad', dice un verso de mi admirada poeta Francisca Aguirre. Y es así. Esta norma emana de la realidad de nuestro país, de su conocimiento directo. Ese es su gran valor, su componente intangible
y lo que nos permite proclamar el peso y trascendencia del gran objetivo de esta reforma, que no es otro que mejorar la vida de la gente. La vida de Eva María Cancelo, una trabajadora de ayuda a domicilio que, con esta reforma, verá cómo su salario
aumenta en 2529 euros al año al pasar a depender del convenio sectorial de la provincia de A Coruña en lugar de aplicarle el convenio de empresa multiservicios que ahora se le aplica. (Aplausos). A los diputados y diputadas galegos de las bancadas
me dirijo, porque esta es una cuantía menor; si fuera en Catalunya, hablaríamos de más de 5500 euros al año. Esta norma va para ellos. O de la vida de Juan Manuel Formoso, que trabaja en el sector de la limpieza y que, tras la aplicación del
convenio del sector, pasa a ganar, fíjense, un 26 % más que en la actualidad. De la vida de Eva María, de la de Juan Manuel, de la vida de decenas de miles de mujeres y hombres de nuestro país, que reclaman desde hace mucho tiempo que el trabajo
sea un espacio de democracia e igualdad; que nunca más el trabajo sea un reducto de inseguridad, de miedos, de explotación laboral y, sobre todo, porque no hay nada peor, de desesperanza. La igualdad social es una garantía de confianza. Nos lo
enseñó el historiador británico Tony Judt, que nos decía también que la falta de confianza es incompatible con el buen funcionamiento de una sociedad. El texto que traemos para su aprobación en esta Cámara está escrito al dictado de la confianza y
de la responsabilidad; una responsabilidad que, entre todas y entre todos, debamos hoy, con un voto afirmativo, hacer nuestra, la responsabilidad y el orgullo de proteger a las personas trabajadoras de nuestro país. Esta norma va para ellos.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y de los miembros del Gobierno presentes, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora Gamarra Ruiz-Clavijo. (Aplausos).


La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías.


Señora vicepresidenta, la verdad es que esta mañana asistimos a una de las votaciones parlamentarias más delirantes que se recuerdan, como mínimo, en esta legislatura. La he notado especialmente nerviosa y, curiosamente, muy poco segura de
sí misma -cuando usted suele ser una mujer con bastante seguridad-, cosa que me parece normal, y me parece perfectamente normal porque sabe usted que ha traicionado a los suyos. Usted llegó aquí como la líder de los piquetes, y hoy para todos ellos
está al frente de la troika. (Risas). Pero es que, además, sabe que, de manos de su propio Gobierno, hoy quieren que aparezca aquí como una vicepresidenta derrotada. Yo entiendo perfectamente que usted se sienta insegura y nerviosa ante el
escenario que le han creado y que usted misma ha promovido. (Aplausos). Por eso ha dedicado la mayoría de su tiempo no a defender esta reforma, sino a atacar al Partido Popular. Ha llegado incluso a transformar lo que debiera ser una
convalidación de un real decreto, el 32 del pasado año, en la confirmación de la reforma del Partido Popular, reduciéndolo, además, a una simplicidad de sí o no. Y nos preguntaba usted a todos: ¿Van a confirmar ustedes la reforma del Partido
Popular? (Varios señores diputados: Sí). Pues se lo decimos alto y claro: ¡Por supuesto! Y por supuesto, porque estamos absolutamente orgullosos de ella. (Aplausos).


¿Qué legislación laboral es la que ustedes pretenden derogar? Pues ni más ni menos que el marco normativo laboral más avanzado y moderno que ha tenido nunca España para beneficio de trabajadores y de empresarios. No en vano se trata de una
reforma laboral en las antípodas conceptuales de la contrarreforma de ley que usted trae hoy aquí, porque en el año 2012 se partía de la premisa de que, salvo casos muy excepcionales, los trabajadores y los empresarios reman juntos en la misma
dirección, comparten unos mismos propósitos y aspiran a unas metas comunes en beneficio de la empresa y del bienestar y desarrollo profesional de todos sus empleados. Esta filosofía, tan alejada de la noción sectaria y trasnochada del mercado de
trabajo como un juego de suma cero en el que siempre gana el malvado empresario, se plasmó en esta legislación novedosamente basada en la flexiseguridad: flexibilidad para las empresas y seguridad para el trabajador. Con esta reforma el Gobierno
del Partido Popular consiguió



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revertir el tsunami destructor de empleo iniciado bajo el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en el año 2008. Eso es lo que se trae hoy aquí. Con ella dimos comienzo a uno de los ciclos de creación de empleo más fecundos que ha
habido en nuestro país. Le voy a dar unos datos señora Díaz, como le suele gustar decir a usted: gracias a esta reforma laboral del Gobierno del Partido Popular se crearon medio millón de empleos al año entre 2014 y 2018, cinco años consecutivos
creando 1400 empleos al día. Sí, 1400 personas con nombres y apellidos. (Aplausos). Se crearon 132 000 pymes; 265 000 autónomos crearon nuevos negocios; 2,8 millones de españoles encontraron un empleo, incluyendo 1,3 millones de mujeres y 230
000 jóvenes; se redujeron en 615 400 el número de hogares con todos sus miembros activos en paro, y se encadenaron 52 meses de incremento de contratación indefinida. En resumen, según los datos de Eurostat de abril de 2018, cuando el Partido
Popular dejó el Gobierno, España era líder. ¿Pero líder en qué? En reducción de paro y en creación de empleo en toda la zona euro. España era líder en crear empleo joven, líder en crear empleo femenino, líder en crear empleo autónomo y líder en
creación de empleo a tiempo completo... (aplausos), y no vamos a renunciar a ser líderes en esto. Este marco laboral, por si fuera poco, está superando el primer gran test de estrés y es el del impacto de la crisis económica y social derivada de
la pandemia. ¿Gracias a qué? Al ERTE, efectivamente, señora ministra, ese que usted descubrió ante los ojos de todos los españoles en una rueda de prensa en plena pandemia. ¿Recuerda? Las niñas y los niños de este país recordarán y aprenderán lo
que es un ERTE. Nosotros queremos que aprendan lo que es empleo. (Aplausos).


Ha hablado usted de 3,6 millones de personas que durante esta pandemia han estado en situación de ERTE. Efectivamente, con esa figura que se desarrolla y moderniza con la reforma laboral de 2012, que usted demoniza constantemente y que hoy
quiere derogar. Y lo más pasmoso es que, además, usted forma parte de un Gobierno que lleva meses sacando pecho de unos datos de creación de empleo y de afiliación a la Seguridad Social, que son justo el resultado de esa reforma que demoniza del
año 2012. Si funciona, ¿por qué la deroga? ¿Por qué no reformarla con ambición y bajo los mismos principios que ha hecho que funcione el mercado laboral en nuestro país? Esta es la clave de la pregunta que se hace el Partido Popular y a la que
respondemos con nuestro sentido del voto.


Por primera vez en nuestra historia la flexibilidad y la resiliencia de nuestro marco de relaciones laborales han permitido que la evolución del mercado de trabajo se desacople de la tambaleante marcha del crecimiento económico. Esta es la
reforma que hizo que no fuera necesario un 2 % de crecimiento para crear empleo, sino que con un 1 % se pudiera crear empleo. Fíjese si es importante y trascendente lo que hizo el Partido Popular en el año 2012.


Pero es que, señoría, usted trae esta reforma con una inflación disparada y con la previsible subida de tipos de interés, es decir, no lo hace precisamente en el mejor momento para esta desafortunada contrarreforma que usted quiere
convalidar. Además, hay algo muy claro, la reforma ha funcionado pero también lo que nos están demostrando estos ya tres años de Gobierno de ustedes -nefasto para España- es que con unas políticas económicas que no son las acertadas se puede
tambalear la situación, y hoy eso ocurre. ¿De qué es líder España? Pues ya no es de creación de empleo, sino que ahora somos los líderes de la tasa de desempleo de Europa. Somos líderes en paro juvenil, líderes en paro femenino, y eso no es lo
que nosotros queremos para nuestro país.


Hay una segunda pregunta: ¿Es esta la reforma que necesitan nuestros sectores económicos? No, señora ministra. ¿Sus efectos serán positivos o negativos? Negativos, señora ministra. Vayamos a algunos sectores concretos. ¿Responde este
real decreto a las necesidades del campo? No. Pero es que le diré más, el Ministerio de Trabajo tiene un absoluto desconocimiento sobre el sector agrario español, porque lo que pretende convalidar en materia de temporalidad no vale para la
realidad de nuestro campo. Y esto no se lo dice solo el Partido Popular, esto se lo están diciendo los agricultores de toda España. (Aplausos). El campo tiene como condición intrínseca la temporalidad, que no significa la precariedad, y ese
contrato de noventa días que usted ha establecido se va a quedar corto para muchísimas de las campañas que son necesarias en nuestro país, pero es que, además, va a conllevar el incremento de los costes laborales y el incremento de la burocracia;
en definitiva, la puntilla que necesita el campo español para acabar fuera de juego. ¿Sabe dónde va a llevar todo esto? A la mecanización y la robotización. ¿Es eso lo que usted pretende? Pues eso no es lo que yo quiero para los agricultores de
La Rioja ni para los agricultores de ningún punto de España. Por eso es por lo que nuestro voto es no.


¿Y responde la reforma a las peculiaridades del sector de la automoción? Pues, señora vicepresidenta, tampoco. Estamos hablando de la novena potencia mundial en la fabricación de automóviles, la segunda de Europa, de un país que tiene
diecisiete fábricas que se encuentran por toda nuestra geografía, y que



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están en riesgo porque esta reforma laboral dinamita la flexibilidad en la fabricación. Habrá más rigidez en un sector que ha demostrado una gran capacidad de concertación social, una concertación social que ha mantenido grandes niveles de
competitividad, con flexibilidad interna y con una relativa moderación de costes laborales. Nosotros, con nuestro voto, no vamos a quitar esta flexibilidad que necesita el sector de la automoción. (Aplausos).


Señora Díaz, usted ha hablado de los investigadores, y hay 25 000 investigadores en este país que no saben qué va a ser de ellos el 1 de abril. Porque, ¿cómo se va a contratar a partir del 1 de abril si desarrollaban su labor con contratos
hasta fin de obra y ustedes han decidido y han dicho que a este real decreto no se le cambia ni una coma? ¿Me quiere contar usted qué va a pasar ese día con ellos? Con nuestro voto le decimos que no.


Señorías, el Partido Popular no tiene una concepción patrimonialista de la reforma laboral. Si esta reforma viniera a mejorar el mercado laboral, contaría con nuestro apoyo. La gran debilidad que tiene es justo que mira hacia el pasado y
no hacia el futuro. La gran debilidad es justo lo que no está en esta reforma, y le diré que es especialmente en dos dimensiones: la primera, en apostar por una mayor simplificación y por intensificar incentivos a favor de una mayor eficiencia y
equidad en el mercado de trabajo, es decir, creer en la libertad de empresa y en su derecho a gestionar su futuro. En cambio, ¿ustedes por qué optan? Por el control administrativo y burocrático. Ha dado usted un ejemplo, pero no es justo el mejor
porque la desaparición del contrato de obra y su sustitución por un mecanismo alternativo de finalización del contrato solo se hace para un sector, el de la construcción, una excepción sectorial injustificada que no podemos compartir. Pero es que
hay una segunda parte y es que se podía acabar con la dualidad: en vez de optar por restringir la contratación temporal se puede optar por favorecer la contratación indefinida, y ahí es donde está el Partido Popular, en favorecer la contratación
indefinida, no en restringir en aquello que es necesario la contratación temporal. (Aplausos). ¿Por qué no hacer otras cosas? ¿Por qué no premiar con menos cotizaciones a las empresas que crean empleos estables? Señoría, esta reforma no es ni
ambiciosa ni supone un salto necesario para resolver los problemas estructurales que tiene nuestro mercado laboral. Lo que necesita son medidas que vayan en el ámbito de la productividad y la competitividad, señora Díaz. ¿Le suena eso? No, porque
no está en este real decreto que usted nos trae aquí. Si hubiera estado, pudiera haber contado con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.


Señorías, este real decreto corre justo en sentido contrario a las nuevas realidades del mercado de trabajo y, nosotros, el Partido Popular no puede ni transigir ni permanecer indiferente ante un cambio que es objetivamente malo. Algunos
respiran satisfechos porque no nos retrotrae a los tiempos de Atapuerca. Para nosotros eso es insuficiente. El Partido Popular ni transige ni contemporiza ni se resigna cuando está en juego el empleo de los españoles. Hoy también se vota
retroceder o seguir hacia delante, y retroceder y dar un paso atrás ni para coger carrerilla (aplausos), y menos cuando de lo que se está hablando son de los derechos de los trabajadores y, fundamentalmente, señora Díaz, de los parados que hay en
este país.


El Partido Popular, como le decía, no se conforma con dar algunos pasos hacia atrás con tal de que no le empujen. De eso, el que lo decida, tendrá que dar cuentas. No nos conformamos con dar el visto bueno a lo que consideramos un mal
menor por miedo a las represalias. Siempre vamos a mirar hacia delante. España lo que merece es un nuevo paso hacia delante en la reforma del año 2012, no pasos hacia atrás. Aun cuando se convalide este real decreto, no le quepa ninguna duda de
que va a tener corta vida porque pronto el Partido Popular desde el Gobierno, como en el 2012, con una mayoría absoluta, podremos volver a tomar las riendas y devolverle a este país el futuro que necesita. Y lo haremos, además, con pasos que sí que
llevan adelante, con reformas que sí son estructurales como es la implantación de la mochila austriaca, es decir, la creación de esa hucha del trabajador que hoy mismo registraremos en la Cámara como proposición de ley.


La señora PRESIDENTA: Señora Gamarra, tendría usted que terminar, por favor.


La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Voy terminando, presidenta.


Una proposición de ley que, por cierto, cuenta con el respaldo del Banco de España en sus recomendaciones y hasta contó con el aval de la ministra Calviño. Yo lo que espero es que, como tuvo ese aval, usted no la censure y permita que siga
hacia delante.


En definitiva, señoría, nos hacía usted una pregunta al inicio de su exposición: ¿confirman ustedes, sí o no, la reforma del Partido Popular? El Partido Popular la confirma.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie).



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gamarra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


¿Señora vicepresidenta? (Denegaciones).


Ha solicitado la utilización del turno a favor el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra en representación de dicho grupo la señora Peña Camarero. (Aplausos).


La señora PEÑA CAMARERO: Señorías, muy buenos días.


Sí a cumplir con los trabajadores y empresarios; sí a reconstruir consensos perdidos; sí a los acuerdos que hacen crecer a nuestro país. ¡Claro que sí! (Aplausos). El Grupo Parlamentario Socialista votará sí a la convalidación del Real
Decreto 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, y lo va a hacer por tres razones. Estamos ante una reforma del mercado de trabajo acordada en la
Mesa del diálogo social y, por tanto, la dota de plena legitimidad social. Por primera vez en la historia el Gobierno y los agentes sociales acuerdan unánimemente una reforma laboral de amplio calado que recupera derechos para los trabajadores.
Por eso quisiera empezar dando la bienvenida a su casa y felicitando a los interlocutores sociales, por su disposición y por los consensos alcanzados. (Aplausos).


Existe otra forma de gobernar, con diálogo, con acuerdos que representan a la mayoría de los españoles por encima de las ideologías, sin ruidos, sin teatros, sin extremismo, sin Casado y sin Abascal, que, como hoy estamos hablando aquí de
trabajo y de derechos, no están, porque ellos de trabajo y de derecho poquito (aplausos), un consenso que se ha visto facilitado por los seis acuerdos previos, por la legitimidad ganada durante la pandemia, con medidas que demuestran que se pueden
hacer políticas diferentes con un impacto positivo en el mercado laboral. Así que, señora Gamarra, lecciones las justas. El Partido Popular tuvo la oportunidad de llevar a cabo una reforma laboral basada en el acuerdo. Era enero de 2012. Los
sindicatos y los empresarios suscribieron el acuerdo para el empleo en la negociación colectiva. Apenas quince días después, el 10 de febrero, el Gobierno del PP aprobó su reforma laboral. El PP eligió hacerlo en solitario, sin acuerdo y sin
negociación, una reforma laboral impuesta que socavaba los cimientos de la ordenación laboral, que dinamitó la negociación colectiva, que supuso la pérdida de derechos para las personas trabajadoras y una devaluación salarial sin precedentes.


En segundo lugar, apoyaremos esta reforma porque aborda los principales problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo: temporalidad, precariedad y desigualdad, cuestiones detectadas, diagnosticadas, analizadas, a las que por fin se les
enfrenta con políticas correctoras, porque, señorías del Partido Popular, cuando ustedes pudieron, esto es lo que hicieron. En su primer año de Gobierno, más de un millón de trabajadores perdieron su empleo. La tasa de paro superaba el 56 %, los
contratos temporales se incrementaron un 32 % y la población activa se puso en caída libre: 350 000 personas abandonaron el mercado de trabajo por desánimo, por expulsión o por emigración. Los datos son incontestables porque su reforma laboral es
perversa, está demodé, perseguida por los datos, por los malos datos, y por la justicia, por las sentencias. No se asusten, no voy a hablar de las decenas de tramas de corrupción del PP de Castilla y León -podría y no acabaría nunca- (aplausos),
sino de las sentencias del Supremo para acabar con la precariedad existente en las subcontratas o de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo que condenó a nuestro país por falta de control y parcialidad, motivos de más para
derogarlos.


Una tercera razón. Las normas laborales llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis COVID demuestran que hay otra forma de salir de la crisis y no destruyendo empleo, con resultados. España tiene hoy 20 millones de
ocupados y una tasa de paro del 13 %. Hay seiscientas mil familias más con todos sus miembros ocupados. Ahí están las ayudas a los autónomos, a las empresas, la importante inversión en los ERTE, los datos de la EPA y los del PIB y ahí está el
incremento del salario mínimo interprofesional, que demuestran que nos encontramos ante una recuperación sólida, con una extraordinaria reactivación de nuestro tejido productivo y dando confianza y certidumbre a los españoles. (Aplausos). No se
engañen, no hay varita mágica que valga. Esto se hace comprometiéndose con nuestro país, creyendo en los españoles; se hace a través de acuerdos sociales, con una política laboral que ha salvado a más de tres millones y medio de trabajadores y a
miles de empresas. Por cierto, es un acuerdo que cumple con los de dentro, con la ciudadanía de este país, pero también con los de fuera, porque nos homologamos a la corriente europea de modernizar las relaciones laborales, nos homologamos a los
consensos europeos en la respuesta a esta crisis, nos homologamos como país que cuida a sus trabajadores, que cuida de sus empresas, que aumenta salarios y que compite en calidad y no en devaluación vital.



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Por todo esto, estar en contra de esta reforma es estar en tierra de nadie, ni ayudas a los empresarios para crear empleo ni ayudas para dar trabajos dignos y con derechos, es quedarse en el limbo de la intrascendencia más absoluta, porque
este no es un real decreto más, porque ya ha habido equilibrios previos en esta negociación, y preservar su contenido es respetar a los agentes sociales. A algunos grupos les diría hoy aquí que malo es que no quieran respetar los acuerdos del
diálogo social que se debate hoy aquí, pero peor es que no se respete, por ejemplo, ese acuerdo interprofesional firmado por los agentes sociales vascos en 2017 que ya resuelve la prevalencia del convenio económico, con lo que ustedes hoy se excusan
aquí.


Hablaba de contenidos, un contenido donde la nueva tipología de contratos normaliza la contratación indefinida. Otorgará estabilidad y expectativas de futuro a millones de personas y castigará con dureza la temporalidad sin causa. En caso
de crisis, la salida fácil del despido se sustituye desde ya por flexibilidad interna y por ERTE, los trabajadores subcontratados cobrarán los salarios dignos convenidos por el sector y no los mínimos impuestos por las empresas multiservicio. La
prevalencia del convenio del sector afectará a más de un millón y medio de trabajadores subcontratados, la mayoría mujeres, que se verán rescatadas de la cuneta de la precariedad. (Aplausos). Y la reforma recupera la ultraactividad de los
convenios, clave para la fortaleza negociadora. Este es el momento de poner todo esto en marcha, o se está a favor o se está en contra de elevar el salario de miles de trabajadores y trabajadoras a las que, gracias a las propuestas del Gobierno de
Pedro Sánchez, se les aplicará un convenio sectorial más ventajoso; o se está a favor o se está en contra de apostar por los ERTE y por la formación en vez de por los despidos fulminantes en épocas difíciles; o se está a favor o se está en contra
de dar estabilidad laboral y salarial a miles de jóvenes, a miles de familias que tienen, claro que sí, derecho a poner en marcha un proyecto de vida, alejados de la contratación infratemporal, apostando por la contratación indefinida. Y difícil lo
van a tener los que voten en contra para explicar a los trabajadores y a las trabajadoras que deben cobrar menos, a las empresas que no deben tener derecho a la flexibilidad interna o a los parados que se quedarán sin oportunidades de integración
laboral. Esta es nuestra responsabilidad, máxime tras los datos que hemos conocido esta misma semana. Con solamente un mes que lleva este decreto en vigor, esta nueva normativa laboral, por primera vez en España el 15 % de las contrataciones
nuevas ya se producen con carácter indefinido. Esto sí que es favorecer la estabilidad en el empleo (aplausos) y esto es lo que algunos, desde esa sorprendente izquierda y la decadente derecha de siempre, no quieren que suceda.


Hoy hay grupos aquí que van a renunciar a recuperar la ultraactividad en los convenios. Y digo yo: ¿qué les ha pasado? El pasado 20 de octubre izquierda y derecha votaron a favor de la propuesta idéntica que presentó el Partido Socialista
en la Comisión de Trabajo. Es más, todos ustedes fueron a hacerse fotos a la Bahía de Cádiz apoyando a los trabajadores que exigían recuperar la ultraactividad. Les han engañado, ¿verdad? Díganles a los trabajadores de astilleros que hoy van a
votar en contra de lo que les prometieron. (Aplausos). Hoy hay grupos aquí que van a decidir no acabar con la subcontratación irregular, y me pregunto: ¿qué ha cambiado? Porque el pasado 11 de marzo izquierda y derecha de nuevo votaron que sí a
la propuesta exacta que presentó el PSOE en Comisión de Trabajo, porque ustedes, señorías, sus grupos, votaron a favor, se reunieron con los del sector de la construcción y hoy les traicionan votando en contra de lo que les prometieron. (Aplausos).


Diría que estamos impacientes por escucharles, sobre todo a la izquierda sorprendente, explicar por qué van a decidir con su voto que una mujer trabajadora del sector de la hostelería en Barcelona pierda los 443 euros al mes a los que tiene
derecho desde ya con esta nueva regulación por la prevalencia del convenio del sector frente a la empresa. (Aplausos). Y decía que estamos impacientes, pero la verdad es que ni siquiera, porque esto no es aceptable; como diría aquel, no se juega
con las cosas de comer. No tiene nombre que por sus cálculos electorales y problemas internos un mozo de transporte en Castilla y León pierda los 585 euros al mes que le corresponden con esta norma tras acordarse con empresarios y sindicatos, no
tiene nombre y no tiene perdón. (Aplausos). Hoy en esta Cámara algunos partidos seguramente no van a utilizar palabras malsonantes; hablaran de cosas que faltan, de temas territoriales, pero, sorprendentemente, con su voto y su actitud van a
mantener el espíritu de esa diputada del Partido Popular, la señora Fabra, que decía que los trabajadores de este país se jodieran. Eso es lo que van a hacer muchos grupos parlamentarios hoy aquí. (Aplausos).


Ya voy terminando, porque es verdad que en un momento, en un día como hoy, que tiene que ser de alegría, muy bueno para este país, algunos siguen muy muy pero que muy enfadados. Señorías del Partido Popular, es verdad, todo se les pone en
contra. Ustedes votan en contra de subir el salario mínimo



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interprofesional, pues este Gobierno lo sube 30 puntos. A ustedes les irrita que se haya demostrado que las políticas de salario mínimo son el mecanismo más potente de distribución de renta, les molesta. Y es que, fíjense, no es que la
subida del salario mínimo no afecte a la creación de empleo en negativo, sino que, al revés, el caso español indica que puede suponer un impulso para la creación de empleo. Les repito, hoy tenemos la mayor cifra de ocupados de la historia, 20
millones de ocupados, casi 140 000 parados menos que antes de la pandemia. (Aplausos). Ustedes están muy disgustados, muy disgustados porque hace meses profetizaban y asustaban a la población en medio de una pandemia diciendo que los ERTE se
convertirían en ERE. Engañaron a los autónomos diciendo que no se acogieran a las ayudas que el Gobierno ponía a su disposición y, claro, por suerte para los trabajadores y las empresas, sus mentiras duran menos que un caramelo en la puerta de un
colegio. Así que hablando de mentiras, la carta de felicitación de la Comisión Europea al Gobierno de España por la gestión de los fondos europeos y por este acuerdo laboral no deja en ridículo al señor Casado -cosa no difícil, porque ya lo estaba,
¿verdad?-, lo que hace es dotar a la ciudadanía que le interesa la verdad de un elemento objetivo e incontestable para conocerla. Su esperpento, señorías del Partido Popular, es monumental. Aunque el Partido Popular no quiera, llegarán 140 000
millones de euros a nuestro país, se pongan como se pongan. (Aplausos).


Finalizo. Con todo el respeto a las valoraciones y a las decisiones que correspondan legítimamente a cada formación política, el acuerdo laboral logrado entre trabajadores y empresarios merece el respaldo del Congreso de los Diputados.
Venimos de un año muy duro y, tras el esfuerzo de los españoles, del diálogo social, todos merecen una nueva etapa mejor, con mejores salarios, con mejores empleos y con mejores posibilidades para desarrollar, claro que sí, una vida plena.
Señorías, diputados y diputadas, no preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan solo si marchamos por el mismo camino.


Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y de los miembros del Gobierno presentes, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Peña. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Señorías, gracias por el turno a favor de esta norma. No reproduzco lo expuesto, pero contestándole a la portavoz del Partido Popular, señora Gamarra,
créame, estoy muy contenta. Soy hija de trabajadores y de trabajadoras y sé lo que esta norma supone (rumores), y hoy me siento especialmente orgullosa, sí, orgullosa. (Aplausos). Yo sé que ustedes no saben de lo que les hablo, pero yo sé muy
bien de lo que hablo, estoy muy contenta, muy contenta. Pero, fíjese, señora Gamarra, hoy voy a estar de acuerdo con ustedes por primera vez en una cosa, ha dicho usted una verdad a pesar de la confusión de estos días. Ha dicho que esta norma se
coloca en las antípodas conceptuales del Real Decreto 3/2012, denominado y conocido como reforma laboral del Partido Popular. Y ciertamente es verdad, se coloca en las antípodas conceptuales del modelo fracasado de relaciones laborales del Partido
Popular. (Aplausos). Sí, modelo fracasado, señoría, porque el papel lo aguanta todo y las intervenciones mucho más. Pero yo voy a citar hoy aquí en esta Cámara a Fátima Báñez, repasen su intervención. Ella compareció ante esta Cámara -y está en
el Diario de Sesiones de este hemiciclo- cuando teníamos la peor tasa de paro de la historia de España, el 27 %, señora Gamarra, 6 278 200 trabajadores y trabajadoras en paro; una tasa de jóvenes del 56 %, señora Gamarra, hoy tenemos en España una
cifra de paro juvenil elevadísima, pero fíjese, en un año y medio hemos reducido la tasa de paro en 10 puntos, señora Gamarra. Y cuando eso pasaba en España, con el fracaso de su política laboral... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): ... la señora Fátima Báñez compareció en esta Cámara y dijo alto y claro: Esta reforma no está pensada para crear empleo, está pensada para devaluar los
salarios. Y, efectivamente, para eso sirvió la estrategia de relaciones laborales del Partido Popular. Efectivamente, usted por primera vez dice una verdad y es que esta norma la votan en contra porque se coloca en las antípodas conceptuales de
las relaciones laborales de nuestro país. (Aplausos).



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Señoría, yo le voy a explicar, antes de dar algunos datos, que se los voy a dar, la catástrofe del modelo de relaciones laborales del PP. Primero, la catástrofe social; he hablado en la intervención de democracia y es que cuando una norma
tiene dos huelgas generales -yo participé en ellas- (rumores) es que lo que hizo fue muy grave, muy grave; dos huelgas generales, machacando y despreciando el diálogo social, despreciando el respeto de quienes a día de hoy en nuestro país saben muy
bien de lo que hablan: los empresarios y los trabajadores. Y eso, señora Gamarra, no es humo. Ustedes nada más llegar al Gobierno en cincuenta y un días, sin hablar con nadie, encargando, subcontratando, con ese real decreto-ley impusieron una
norma que sirvió, efectivamente -por cierto, como también dijo el Banco de España-, para propiciar la mayor devaluación salarial del empleo en nuestro país. (Aplausos).


Señoría, no es cierto lo que dicen. No solamente no han creado empleo, sino que han destruido empleo, más de un millón de puestos de trabajo y una tasa de paro -le vuelvo a recordar- del 27 %. Señoría, hoy estamos en el 13,3. En los años
de mandato de Rajoy -busque si quiere, incluso, de otros gobernantes del Partido Popular- busque un año -a ver si lo encuentra, a ver si lo encuentra- sin crisis, en el que la tasa de paro sea del 13,3 %. Ya le digo yo, no lo va a encontrar, no lo
han conseguido. Porque sus medidas no estaban pensadas para esto. (Rumores). Yo creo que una dirigente como usted cuando sube a una tribuna tiene que decir que, aunque la tasa de paro estructural en España es muy mala, lo que hemos conseguido hoy
es una buena noticia. Es curioso, la señora presidenta de la Comunidad de Madrid se arroga y dice que esta tasa de paro es buenísima, pero, claro, dice que es porque ella gobierna muy bien. Pero, curiosamente, ustedes no son capaces de reconocer
lo que es positivo para este país cuando las previsiones -se lo vuelvo a decir- para nuestro país eran como las que siempre se esperaban en Europa, el 26 % de paro ante una crisis brutal como la que ha vivido España. Faltan a la verdad. No han
creado empleo, lo han destruido y han colocado a los jóvenes en una tasa de paro del 56 %. (Aplausos).


Le voy a hablar de alguna cosa más. La temporalidad con su reforma -después le voy a hablar de los grandes objetivos y de su marco conceptual en cuatro bloques- estaba pensada para devaluar y para afincar un modelo basado en relaciones
precarias, y lo han conseguido. Es muy exitosa, aquello que dijo el señor De Guindos en Europa -efectivamente, vamos a hacer una norma muy agresiva- es verdad, lo hicieron. Y fíjense, con su norma la temporalidad en España creció nada más y nada
menos que 5 puntos. Se colocó por encima del 27 %, exactamente en el 27,4 %; todo un éxito, toda una estrategia de vida para los jóvenes y las personas trabajadoras de nuestro país.


Y sí, les preocupa muchísimo la agricultura. Les voy a recomendar un libro, un libro bien hermoso, de Manolo Rivas, Un millón de vacas. Léanlo, es una joya, y a lo mejor dejamos de frivolizar con la agricultura, a pesar de que estemos en
campaña electoral en Castilla y León. Y hablando de agricultura, señora Gamarra, ¿sabe usted cuál era la tasa de temporalidad de la agricultura cuando ustedes gobernaban? Se la voy a decir yo: el 70 %. Una vergüenza en toda Europa. He dado ayer
la tasa de temporalidad de la agricultura en nuestro país, que sigue siendo una vergüenza también en toda Europa, el 57 %, pero cuando ustedes gobernaban, con su estrategia de relaciones laborales, la tasa de temporalidad en la agricultura era del
70 %. A día de hoy seguimos estando a una distancia de 25 puntos con Europa. Entiendo perfectamente que este es el modelo laboral que ustedes defienden, pero el Gobierno de España va en dirección contraria. Y le decimos también a un sector que es
estacional que tiene que ir a una figura clave, que son los fijos discontinuos, que sirven justamente para esto, para acomodar el carácter estacional con la estabilidad en el empleo.


Señora Gamarra, ha hablado usted de hogares. ¿Sabe cuántos eran los hogares sin ningún ingreso laboral en España cuando ustedes gobernaban? Cifra récord, les vamos a dar un premio: 751 000. ¿Sabe usted, señora Gamarra, cuántos contratos
de trabajo se han registrado en el Servicio público de empleo desde que ustedes gobiernan? Una vergüenza. Cuando lo explicamos en los organismos internacionales no dan crédito: 186 millones de contratos de trabajo. La cifra es verdaderamente
escandalosa, es la peor carta de presentación de un país. Pero le voy a dar otro dato más. ¿Sabe, de esos 186 millones de contratos de trabajo en España, cuántos son inferiores en su duración a siete días? Pues, fíjese, otra friolera: 44
millones y medio. Una vergüenza, señora Gamarra. Para esto estaba pensada la estrategia de relaciones laborales del Partido Popular.


Pero sigo dando datos. Usted ha hablado de los ERTE. Yo, señoría, voy a ser clara. Por mucho que repitan la historia mil veces no va a ser como ustedes quieren. La definición moderna de los ERTE se propicia en una ley, en la Ley 35/2010.
Señoría, dejen de jugar, porque están aquí los representantes sindicales y los trabajadores y trabajadoras de toda España, que saben que durante toda la democracia han existido en distintas formulaciones los ERTE; dejen de jugar. (Protestas). Es
verdad que la definición



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moderna de los ERTE se hace con la Ley 35/2010, y sí, era presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, no Mariano Rajoy. (Protestas.-Aplausos). Era presidente Rodríguez Zapatero y no Mariano Rajoy. Pero le voy a decir más, señora Gamarra,
si los ERTE que estaban en la Ley 35/2010 son los mismos que han dado fruto a distintos reales decretos-leyes en nuestro país, ¿me quiere decir qué hemos estado haciendo en esta Cámara votando normas diferentes y qué han estado haciendo los agentes
sociales en el diálogo social? Muy sencillo, estos ERTE que tenemos hoy y los que de manera estructural se consolidan en los artículos 47 y 47 bis del Estatuto de los Trabajadores no se parecen ni por asomo a los ERTE de ninguna legislación laboral
de nuestro país hasta ahora, tampoco a la de la Ley 35/2018. Por tanto, dejen de jugar.


Por cierto, señora Gamarra, si por ustedes fuera, con su voto nunca hubiéramos salvado a 3 600 000 trabajadores y trabajadoras ni a 550 000 empresas, porque no han acompañado al Gobierno de España ni a los agentes sociales en la principal
medida que ha servido para salvar la vida de las personas trabajadoras y de las empresas. Si por ustedes fuera, como van a hacer muchos y muchas hoy, esta norma claro que decaería. Y le vuelvo a dar los datos. Le sonaban tan de lejos los ERTE que
el dato que he dado es real: 36 000 personas trabajadoras en ERTE cuando gobernaba la crisis financiera el Partido Popular. Y hoy, señora Gamarra, hemos tenido a 3 600 000 trabajadores en ERTE y más de 550 000 empresas salvadas. Esto supone
multiplicar por 100 el despliegue que ustedes han hecho.


Pero voy a continuar, señoría. Ustedes han hablado de empleo. Señora Gamarra, busquen en los años de Gobierno del Partido Popular y de la aplicación de su reforma laboral un año en el que ustedes tengan 20 millones de ocupados en su país;
búsquenlo, no lo van a encontrar. Le voy a dar el dato de afiliación que ustedes han tenido. ¿Sabe cuál era la afiliación cuando ustedes gobernaban? Dieciséis millones de personas trabajadoras. (Rumores). No sé, alégrese, porque esto es
positivo, señora Gamarra.


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Y esto no es opinable, son datos: 16 millones frente a 20 millones. Supongo que usted está aquí para mejorar la vida de la gente y le tiene que alegrar que en España tengamos,
frente a sus 16 millones de ocupados y ocupadas, a 20 millones de trabajadores y trabajadoras con empleo. Pero también supongo, señora Gamarra, que le tiene que alegrar que hayamos sido capaces de crear empleo, de crear nada más y nada menos que
840 700 puestos de trabajo. Supongo que le alegra, porque es positivo para su país. Supongo que también le alegra que la mitad de esos puestos de trabajo, 480 000, sean ocupados por mujeres y supongo que también le alegra que tengamos una cifra
récord de afiliación a la Seguridad Social de mujeres trabajadoras: 9,3 millones. Quiero pensar, señora Gamarra, que, aunque usted sea de derechas y yo una mujer de izquierdas, a usted esto también le alegra.


Y fíjese, señora Gamarra, antes de entrar en esos cuatros bloques de lo que supuso su reforma laboral, que, efectivamente, esta norma combate, quiero decirle algo. No habla usted, a pesar de que el señor Casado todos los días habla de ello
-supongo que hablará después-, de que la gran receta para el Partido Popular es mantener la reforma laboral del Partido Popular, reforma que ha sido cuestionada por el Tribunal de Justicia Europeo y por el propio Tribunal Supremo en muchas de sus
medidas. Pero es que, además, ustedes, ya volviendo al colmo del absurdo, lo que dicen ahora a los trabajadores y a las trabajadoras españolas es que la garantía para nuestro país es recuperar la mochila austriaca. Ustedes lo que nos dicen es que
quieren sencillamente que paguemos con dinero público los despidos de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Yo pensé que ustedes se iban a quedar ahí, pero no, no se han quedado ahí, le han dado una vuelta de tuerca más. Sus
políticas son de tal ligereza que, desde luego, cuando yo las he leído me he quedado absolutamente sorprendida, porque la gran idea que han tenido ustedes es que el Gobierno de España dedique 10 000 millones de euros -que es lo que cuesta implantar
la mochila austriaca en España- de los fondos de recuperación económica a pagar las indemnizaciones por despido de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Créame, señora Gamarra, cuando lo leí no daba crédito. ¿Usted sabe cuál es la
posición de la Unión Europea sobre esta frivolidad de dedicar 10 000 millones de euros a despedir a los trabajadores y trabajadoras en nuestro país? ¿Ustedes realmente saben de qué están hablando? ¿Le están diciendo en serio a nuestro país que
quieren que de los fondos de recuperación destinemos 10 000 millones de euros para despedir a los trabajadores y las trabajadoras? Yo creo a veces que no saben de qué están hablando y, sobre todo, creo que no saben de qué están hablando por una
sencilla razón, señora Gamarra: gobernaban ustedes, era ministra Fátima Báñez y, fíjese, señora Gamarra, hubo una comisión de expertos y expertas para abordar la implantación de la mochila austriaca en nuestro país. La mochila austriaca, por
cierto, señorías, como



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saben, casualmente solo se aplica en un país, Austria. Por algo será. Y no solamente eso, es que se aplica en un país que se llama Austria en un porcentaje pequeñísimo de la población asalariada, y esto, señora Gamarra, son datos, son
realidades. Cuando ningún país despliega la mochila austriaca es que quizás no es una buena herramienta para el mantenimiento del empleo. (Aplausos). Pero le digo más: ¿Sabe cuáles son las conclusiones de esa comisión de expertos? Pues, fíjese,
en esa comisión estaban representadas todas las opciones políticas, empresarios y sindicatos, y todos concluyeron lo mismo: la mochila austriaca no se puede desplegar en nuestro país. Pero ustedes nada, erre que erre, dan una vuelta de tuerca y
les dicen a los españoles y a las españolas que nada. Por ejemplo, tanto que les preocupa la automoción, los 4300 millones de euros del PERTE del vehículo eléctrico, que no nos llegaría, vamos a dedicarlos, en lugar de a la transformación del
modelo productivo español, que necesita 10 000 millones de euros, a despedir gente. Esto sí que es una brillantísima idea, y esto que hago yo, señora Gamarra, es ironía.


Fíjese, señora Gamarra, usted ha hablado de flexiseguridad. A ustedes no les gusta lo que esta norma hace y lo que hemos hecho en el despliegue de la gestión de la mayor crisis sanitaria, ustedes quieren una cosa que nos han enseñado muy
bien a los españoles; hasta las personas que están ajenas al mundo del derecho laboral y del trabajo ya saben de qué les hablaban. Ustedes no son de flexibilidad interna, no son de ERTE, como se ha demostrado, ustedes son de un eufemismo muy claro
que conocimos en España que se llama flexibilidad externa. ¿Sabe cómo se llama eso, señora Gamarra? Despidos masivos, que es lo que hemos tenido en España cuando ustedes gobernaban: 6 278 200 parados en nuestro país. (Aplausos). Pueden ustedes
hablar de flexibilidad interna, si quieren, como un ajuste en el empleo, que queda mucho más delicado, o bien, como lo conoce la gente normal de la calle: despidos masivos. Y esto es justamente lo que ustedes, es verdad, de manera eficaz han
practicado.


Ahora sí, resumo el modelo conceptual del Real Decreto-ley 3/2012. Lo primero, estaba pensado para desplegar la mayor estrategia de devaluación salarial de nuestro país. Le voy a dar un dato, señora Gamarra: la reducción de los salarios
en España desde que aplicaron su ley fue del 10 %. Ahora nos habla usted de poder adquisitivo. Cuando ustedes gobernaban y practicaban esta devaluación salarial, en nuestro país, señora Gamarra, el salario mínimo era de 641 euros, no de 965 euros,
como lo es ahora, gracias al Gobierno de España; eran 641 euros y, a pesar de eso, ustedes decidieron recortarles los salarios un 10 % de media a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Es lo que ha permitido que pasáramos de una
reducción nefasta de la participación de las rentas salariales en la renta nacional, efectivamente, con una pérdida de más de cinco puntos, señora Gamarra, a que, gracias a otra estrategia de política laboral y económica, hoy hayamos recuperado tres
puntos. Esto es para lo que servía fundamentalmente la reforma laboral del Partido Popular, para bajar de manera masiva los salarios. (Aplausos).


Y sí, señora Gamarra, hay un segundo bloque que tiene que ver con algo muy importante. Voy a citar, ya lo dije, un artículo que ha escrito Nicolás Sartorius estos días. Decía: Solo por la implantación de la ultraactividad indefinida, solo
por la recuperación de la ultraactividad indefinida, hay que votar a favor de esta norma. Pues claro que hay que votar a favor de esta norma, porque lo que han hecho ustedes con el Real Decreto 3/2012 es el mayor ataque, sin precedentes, contra los
derechos de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, es el mayor ataque contra el sindicalismo de clase en nuestro país y es el mayor desprecio que se ha propiciado contra la mayoría de la población trabajadora de nuestro país. Si para
algo ha servido lo que se denomina muerte súbita en los convenios ha sido para algo muy fácil. Si al año decae el convenio colectivo, ¿sabe lo que hacían muchas empresas, señora Gamarra? Le puedo dar, si quiere, nombres y apellidos. Pues sentarse
esperando a que el tiempo pasase, porque cuando ese convenio decaía, ¿sabe lo que les pasaba a los trabajadores y a las trabajadoras? Que se aplicaba, en el mejor de los casos, el salario mínimo interprofesional. Y no le digo ya la degradación de
las condiciones laborales, no le digo ya lo que han vivido las camareras de piso o no le digo ya la no necesidad de sentarse a negociar nada, porque la fuerza la tenían por imposición directa los empresarios y las empresarias en nuestro país. Como
le he dicho, con esta norma, esto se ha acabado en nuestro país. Esta norma recupera el poder de negociación de los trabajadores y las trabajadoras. (Aplausos). Y, señora Gamarra, sí, estoy muy satisfecha, el Gobierno de España está muy
satisfecho, y comparto con el señor Sartorius, a quien conozco bien desde que soy una niña, que solo por este precepto merecería votar a favor de la norma.


Pero, fíjese, el ataque que han hecho contra el sindicalismo ha sido brutal. Lo vuelvo a decir hoy en esta Cámara. (Rumores).



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La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Este Gobierno es defensor del sindicalismo, porque hablar de sindicalismo en España es hablar de democracia, y cuando hay vocación del constituyente
español para colocar, nada más y nada menos, a los agentes sociales en el artículo 7 del texto constitucional, es que nos están diciendo que son claves para la transformación del país. No voy a citarle frases, que van a pasar a la historia de esta
Cámara, de dirigentes del Partido Popular acerca de los sindicatos porque son vergonzantes, señora Gamarra, son vergonzantes. Es un ataque sin precedentes. A pesar de ustedes y a pesar de la oposición que han practicado, hoy el sindicalismo es más
fuerte en nuestro país.


Fíjese, señora Gamarra, la tercera estrategia del Real Decreto 3/2012 fue provocar, nada más y nada menos, la subcontratación pirata, low cost, o la degradación absoluta de las relaciones laborales en nuestro país. Usted me puede decir:
No, fíjese, es que el artículo 42 no lo hemos tocado. Y tiene razón. El Real Decreto 3/2012 no ha tocado el artículo 42, pero ¿sabe por qué, señora Gamarra? Fue una combinación muy hábil -yo les reconozco a los juristas que hicieron la norma que
sabían muy bien a quién defendían- y fue exitosa para los suyos, no para los nuestros. Pero ¿sabe por qué no era necesario combinar ni tocar el artículo 42, que casi es la madre del derecho laboral español? ¿Sabe por qué? Sencillamente porque la
combinación del 42 con la preferencia del convenio de empresa hacía innecesario su retoque. ¿Y sabe lo que ha producido, señora Gamarra? Pues esto que conocen muy bien los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Sencillamente, que
trabajadores y trabajadoras que realizaban las mismas funciones en las empresas -vean ustedes en un aeropuerto distintas empresas de seguridad privada-, haciendo las mismas actividades, las mismas tareas, con la misma clasificación profesional,
tenían condiciones laborales radicalmente distintas. Por no hablarle, señora Gamarra, de lo que pasaba con la combinación del convenio de empresa. Sabiendo de la naturalidad en muchos sectores -hablo de la limpieza, de la seguridad privada, del
telemarketing, de lo que ustedes quieran-, sabía usted muy bien lo que iba a pasar automáticamente con la aplicación del convenio de la empresa multiservicios. Sustancialmente, la estrategia de la combinación de la ultraactividad no indefinida con
la preferencia del convenio de empresa ha servido para conseguir lo que quisieron, que fue destrozar las relaciones laborales en España. Efectivamente, el modelo conceptual es radicalmente distinto. ¿Por qué, señora Gamarra? Por lo que he dicho
antes. Primero, y muy importante, las compañías auxiliares hoy con actividades subcontratadas no pueden tener contratos temporales, tienen que tener relaciones laborales estables. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Perdone, señora vicepresidenta.


Señorías, les pido un poco de silencio por favor.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Pero lo mejor es que el artículo 42 ahora dice que se va a aplicar el convenio del sector de la actividad ejecutada. Para que nos entiendan, si una
persona trabajadora es camarera de piso, a esa persona se le va a aplicar el convenio de su actividad ejecutada. ¿Saben cuál es este? Hostelería. Esto es lo que dice esta norma, pero esta norma dice algo más. Fíjese, señora Gamarra, yo soy de
Ferrol, una ciudad de grandes luchas obreras. Me siento muy orgullosa. Pero, fíjese, en el año 1972 -hay aquí diputados y diputadas galegas, alguno mayor que seguro que lo vivió mucho más intensamente que nosotros- asesinaron a dos trabajadores,
Amador y Daniel. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): ¿Y sabe por qué los asesinaron? Por defender un convenio de empresa. (Rumores). No sé qué risa ni gracia les hace. Por defender un convenio de
empresa. El Gobierno de España no tiene nada en contra de los convenios de empresa, al revés. Sabemos que hay sectores productivos en los que los convenios de empresa -tanto que habla usted, por ejemplo, de la automoción- son efectivamente
ejemplares. Por tanto, no tenemos nada contra el convenio de empresa. ¿Y qué hacemos en el artículo 42? Disponer una norma en el sentido de que si existe un convenio de empresa que mejora las condiciones laborales del sector, también será
aplicado a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Efectivamente, este modelo laboral no tiene nada que ver con el diseñado por el Partido Popular en grandes despachos de abogados de nuestro país. (Aplausos). Y, fíjese, con esta
norma se acabaron los



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trabajadores de quita y pon, que esto es lo que hacían ustedes con ella. Ya no hay trabajadores de quita y pon. Además, les hemos dicho que cuando el contrato sea temporal, lo es el puesto. No cabe hacer trampas con la cadena de
contratación de distintos trabajadores. Si ese puesto tiene una causa de temporalidad, la tiene el puesto, señora Gamarra. Se acabaron las cosas que ustedes han diseñado en esa norma para propiciar la mayor precarización de las relaciones
laborales.


Voy terminando. La cuarta estrategia tuvo como resultado, además de devaluar y de atacar a los trabajadores, la negociación colectiva y el sindicalismo de clase en nuestro país, defender la subcontratación pirata. Fíjese, señora Gamarra,
no voy a desvelar ninguno de los debates a los que asistimos en la mesa de diálogo social, pero créame que la parte empresarial entendía que la subcontratación low cost era auténtica competencia desleal, y esto también se va a evitar con esta norma.
Lógicamente, las empresas que cumplen con la legalidad tienen que ser premiadas frente a otras que estaban inspiradas y potenciadas por esta norma de la que usted hoy presume.


Finalmente, su norma, esa de la que presume, fue una auténtica estrategia para destrozar el mercado laboral en España, para que la precariedad fuera la norma. Voy a darles solamente tres frases. Hay frases en la historia de España y de la
política española que ya se han configurado como auténticas políticas: Toda España es urbanizable; la mejor política industrial es aquella que no existe... En fin, hay frases que van a pasar a la historia, pero hay una frase que ustedes repetían
permanentemente -lo sabemos muy bien- respecto al modelo que diseñaron con la norma laboral. Ustedes nos decían: Es lo que hay. Yo recuerdo perfectamente a la señora Fátima Báñez decir: Hay que elegir entre el paro o un trabajo precario. Vaya
dirigentes y vaya modelo de sociedad. Esto hoy, señorías, se ha acabado. (Aplausos).


La portavoz socialista citó literalmente la frase de una destacada dirigente del Partido Popular que en esta Cámara insultó a todos los parados y paradas de nuestro país. No voy a repetir la grosería -ya lo ha dicho la señora Peña-, pero
fue verdad. Ese es el modelo de protección social, el de verdad, que defiende el Partido Popular: insultar a los parados y a las paradas de nuestro país. Imagínese, señora Gamarra, si lo que hoy hubiéramos hecho fuera, en esta estrategia de
gestión de la crisis, aplicar la norma del Partido Popular. Pues, como ya saben, los parados y paradas españolas verían reducida su prestación por desempleo exactamente hasta el 50 % de su base reguladora.


Nos decía usted: tienen estas buenas cifras gracias a la política laboral del PP. No, señora Gamarra, tenemos estas buenas cifras, ¿sabe gracias a qué? A una estrategia deliberadamente adversa a su norma. Tanto es así que durante toda la
crisis, con el apoyo de la mayoría de esta Cámara y de los agentes sociales, lo que hemos hecho ha sido sortear la legislación del Partido Popular. Fíjese lo que hemos hecho: hemos llegado a prohibir el despido en el artículo 2 del Real Decreto
9/2020, señora Gamarra. Si hubiéramos aplicado sus normas, hoy tendríamos esas tasas de paro del 26 % y del 27 % que ustedes han llegado a tener. Y fíjese, lo más triste para un país es escuchar a gobernantes, como hicieron varios y varias de sus
dirigentes, decirle a los jóvenes en España: No hay alternativa. Esto que estamos haciendo con la reforma laboral del Partido Popular se llama movilidad exterior. Tremendo eufemismo. Centenares de miles y miles de jóvenes fueron expulsados de
nuestro país. (Aplausos). Movilidad exterior. Llegaron a decir -y con esto termino- que los jóvenes se iban de nuestro país porque tenían espíritu aventurero. Señora Gamarra, esta norma no solamente acaba con esto, sino que hace algo más
importante, que es defender el trabajo decente y la dignidad de los jóvenes y de las jóvenes en nuestro país.


Por tanto -tal como he empezado-, esta norma camina en dirección contraria al modelo conceptual de relaciones laborales que ustedes han diseñado. En esta ocasión, ustedes, señora Gamarra -y lo ha dicho expresamente-, claro que van a votar
no a la convalidación de la norma, porque, efectivamente, quieren que, si hoy no sale esta norma, lo que esté vigente sea la norma del Partido Popular; el Gobierno de España justamente trabaja para lo contrario. (Aplausos de las señoras y los
señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y de los miembros del Gobierno presentes, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz-Clavijo.


La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Gracias, presidenta.


Señora vicepresidenta, me va a permitir, antes de entrar al fondo del asunto, que le haga una precisión, porque usted reitera constantemente que es hija de trabajador y trabajadora. Yo no sé de dónde cree que



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somos nosotros. Hijos del sol no somos. (Aplausos). La mayoría de nuestros padres, por no decir la totalidad, evidentemente son trabajadores y trabajadoras, por lo menos los míos. (Aplausos).


Le agradezco enormemente esa recomendación literaria de Manuel Rivas, un fantástico escritor que tenemos en este país, al que he leído y cuya valía realmente reconozco, pero yo, para conocer la profundidad de la agricultura, no me tengo que
ir tan lejos, porque provengo del campo y sé lo que es. Por mi propia familia, sé perfectamente cómo funciona el sector. Además, le pediría que no lo demonicen ni lo señalen tanto, porque la persecución que se está produciendo desde el punto de
vista de la inspección laboral a las explotaciones agrarias roza el delito; sinceramente, lo roza. (Aplausos). Esa referencia que ha hecho usted al cambio del régimen sancionador que establece esta reforma, francamente, se convierte en una
persecución para muchos agricultores, que están denunciándolo constantemente.


Pero vayamos un poco más allá. Creo que muchísimas de las cuestiones que usted nos ha planteado aquí tienen de fondo los prejuicios, prejuicios hacia las políticas que desarrolla otro partido y que ha desarrollado históricamente, cuando los
españoles así lo han decidido, el Partido Popular. Son políticas que han funcionado, señora vicepresidenta, y no está nada mal que se reconozca cuando las cosas funcionan, aunque eso es algo que usted no tiene como hábito. Hemos podido ver aquí
cómo se habla del año 2013 y de la situación del paro en el año 2013. La verdad es que hace falta valor por parte del Partido Socialista y por parte de usted para referirse a esa cita. Pero más valor hay que tener, señora vicepresidenta, para
referirse a los años 2010 y 2012 en relación a los ERTE, cuando usted fue una de las personas que estuvo al frente de las manifestaciones y de las huelgas en los años 2010 y 2012. (Aplausos). Señora vicepresidenta -se lo decía al principio pero es
que se ratifica-, usted lo que aquí está ratificando y lo que está exponiendo es cómo ha pasado del piquete a la troika. Porque, ¿es usted la misma Yolanda Díaz que en el año 2010 en Galicia llamaba a las movilizaciones y a las manifestaciones?
¿Es usted la misma Yolanda Díaz que en el año 2012 llamaba a las manifestaciones y a las movilizaciones, aquella que además decía, antes de ser vapuleada en las urnas por Feijóo, que quería ser la Dolores Ibárruri? Yo creo que eso no se lo van a
dejar a usted, me da la sensación, viendo sobre todo cómo está el banco azul en el día de hoy. (Aplausos). Mire, en el año 2010 y en el año 2012 se hicieron las dos reformas que impulsaron los ERTE, ambas, esos en los que usted se ha apoyado
durante todos estos meses y en los que ha contado para su ratificación y convalidación con el Partido Popular. Por cierto, en muchas cuestiones le hemos pedido anticipadamente la prórroga de esos ERTE que usted dejaba hasta el último día, generando
con ello ansiedad a miles y miles de familias españolas, que no sabían hasta el último segundo -desde esa gran sensibilidad que dicen ustedes tener y practicar- qué iba a ser de ellos el lunes por la mañana (aplausos); no sabían si seguirían en
ERTE o si estarían en paro. (Continúan los aplausos). Esa es la gran sensibilidad que ustedes han demostrado. Y este partido es el que ha estado pidiendo la ampliación de los ERTE constantemente y seguiremos pidiéndola, por supuesto, porque es un
instrumento que no solo funciona sino del que nos sentimos honradamente orgullosos, aunque ustedes sean quienes lo apliquen. ¡Claro que nos alegramos cuando le va bien a nuestro país! Por eso no entendemos que usted quiera derogar una reforma que
lleva aplicando durante tres años y que ha funcionado. Porque usted dice estar orgullosa de los datos. Si está orgullosa de los datos, no podemos entender por qué la deroga, salvo que sea por el sectarismo y por el sesgo ideológico que tienen que
implementar absolutamente a todo.


Hablan de 2013. (Rumores.-Muestra un gráfico en azul y rojo sobre Evolución del paro registrado). Mire, esta es la evolución del paro registrado en nuestro país. He tenido la deferencia de poner en rojo lo que corresponde a la izquierda y
en azul lo que corresponde al Partido Popular. Puede ver claramente cómo, gracias a la herencia, a esa herencia que todos los españoles saben que el señor Rodríguez Zapatero dejó a España (aplausos), a esas medidas de recortes sociales, que
contaron con el voto del señor Sánchez, que se ha ausentado de este debate, todo eso hizo que se alcanzara esa cifra, la de más de 6 millones de españoles. Pero esas políticas son las que hicieron que a partir de ese momento esa reforma -la que
ustedes quieren hoy derogar- fuera generando medio millón de puestos de trabajo durante cinco años consecutivos. ¿Cree que va a conseguir usted lo mismo con esta reforma que trae? Ya le digo yo que no (aplausos), y esta es la clave.


Habla usted de cómo estaba este país cuando lo dejamos, y miente; ha vertido mentiras una tras otra. Ha hablado de la afiliación. Mire, según la EPA, en el segundo trimestre de 2018, cuando el Partido Popular salió del Gobierno por una
moción de censura, había más de 19 millones de españoles afiliados a la Seguridad Social. (Aplausos). ¿Y cuál era el objetivo con esta reforma? El que se alcanzó: 20 millones de afiliados a la Seguridad Social en el año 2020. ¿Conseguido? Sí.
¿Con qué reforma? Con la del Partido Popular. (Aplausos). Y mejor que podría ir si las políticas económicas



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que se estuvieran aplicando no fueran las de las subidas de impuestos, las de la inseguridad jurídica, las de la burocracia, que es lo que está generando este mal Gobierno para España.


Señora vicepresidenta, es que además, en esa obsesión suya por mentir todos los días, nos ha adjudicado una frase que es del señor Solchaga: 'La mejor política industrial es la que no existe'. Solchaga. Dice que es nuestra. (Aplausos).
Simplemente le pregunto si la asume usted como nueva socialista o sanchista. (Continúan los aplausos). Luego nos lo aclara, si quiere hacerlo.


Pero hay algunas cuestiones más que creo que es importante abordar en este debate. Aquí no solo traemos la convalidación de un real decreto, traemos la convalidación y la no tramitación como proyecto de ley, algo que se está asentando en
esta Cámara como: aquí el Ejecutivo hace lo que le da la gana. Y esta semana tenemos dos ejercicios francamente vergonzantes. El primero se produjo el lunes; hoy, 47 millones de españoles van por la calle con esta mascarilla, sin ningún informe
que avale que la tengamos que llevar, porque ustedes lo valen y así lo hacen. Secuestran -legislativamente hablando- a un grupo de pensionistas, chantajean a grupos parlamentarios que pasan por el aro y aquí 47 millones de españoles vamos con una
mascarilla por los exteriores hasta que al señor Sánchez le apetezca que volvamos a sonreír. (Aplausos). Y cuando él quiera que los españolitos volvamos a sonreír, sonreiremos. Y, mientras tanto, tendremos que convalidárselo a aquellos que le han
dado el voto para la convalidación porque, si no, hay un grupo de pensionistas que se quedan sin una medida. Cuando con una mayoría parlamentaria, que es lo que representa la oposición, podríamos estar trayendo aquí el resto de los grupos la
aprobación para que esos pensionistas no pierdan esa medida que tramposamente han ustedes establecido y que así impiden que se pueda legislar.


Pero es que hoy volvemos a las mismas en otra modalidad, y en el fondo lo que hay detrás es convertir a esta Cámara en una Cámara de burocrática convalidación. No hacemos otra cosa y aquí estamos para legislar. Este real decreto ley no
solo para nosotros es negativo, sino que, además, no queremos que se nos hurte nuestra capacidad de legislar y de mejorarlo en aquello que, dentro de nuestras convicciones y para aquello a lo que nos han dado sus votos los españoles, porque nosotros
tenemos un programa electoral que representar, queremos desarrollar en la tramitación parlamentaria. Por lo tanto, esto nuevamente vuelve a ser lo que se podría denominar políticamente un atraco: o lo tomas o lo dejas. Y nosotros nos rebelamos.
¡Por ahí no vamos a pasar! (Aplausos). ¡Y menos con la reforma del Estatuto de los Trabajadores! Parece mentira que a usted que presume de ser tan sindicalista le parezca bien que el rodillo de un Gobierno sea quien modifique a través de un real
decreto ley nada más y nada menos que el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, es cierto que usted ha ido cambiando mucho y también nos ha dejado claro algo muy importante durante toda su segunda exposición y es la defensa el sindicalismo y su
fortalecimiento, fortalecimiento del que no nos ha quedado ninguna duda viendo cómo han subido sus subvenciones desde el presupuesto general del Estado. (Aplausos). ¡Vamos que si sale fortalecido el sindicalismo con usted! (Continúan los
aplausos).


Y usted cuestiona para qué pueden ir los fondos europeos. ¿Por qué no para la mochila austriaca?, ¿por qué no? ¿Ah, para el sindicalismo sí, para fortalecer el sindicalismo sí, pero para un instrumento que puede permitir que la dualidad
sea algo con seguridad jurídica, eso no? ¡Curioso, curioso, curioso! Pero le diré algo más, ¿no hay sindicatos cuando hay un convenio de empresa? Porque en la realidad empresarial y sindical que yo conozco los convenios de empresa tienen
sindicatos negociando esos convenios de empresa. Y eso es a lo que nosotros no renunciamos. ¿Sabe por qué? Porque no renunciamos a algo que usted ha obviado en todas sus exposiciones y que es fundamental: a la productividad y a la
competitividad. Y toda reforma laboral debe abordar la productividad y la competitividad. (Aplausos). Y cuando esto se obvia porque lo único que obsesiona es la defensa del sindicalismo y el reforzamiento del sindicalismo es cuando se está
anteponiendo un interés personal y partidista al interés general de los españoles. Y eso es lo que hay aquí y ante lo que nosotros nos rebelamos, señora vicepresidenta.


La señora PRESIDENTA: Señora Gamarra, tiene usted que terminar, por favor.


La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Voy terminando.


Siento enormemente lo que usted está pasando porque, aunque diga estar muy contenta, sabe perfectamente que la maquinaria del sanchismo se ha puesto en marcha contra usted. Se puede decir que ha entrado en la sala de despiece del presidente
del Gobierno. Yo le recomiendo que pregunte a gente que ha estado con usted en el banco azul: señor Ábalos, señora Calvo, y le contarán cómo empieza esa maquinaria a funcionar porque a usted ese reloj también se le ha puesto en marcha.


Muchas gracias. (Rumores.-Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gamarra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra la señora Peña Camarero.


La señora PEÑA CAMARERO: Bueno, bueno, señorías del Partido Popular, qué desnortados, ¿no? Con su intervención me dan tres opciones: entrar en una batalla de datos, convertirme en un verificador de verdad o hablar de lo que realmente
importa a los españoles. Casi voy a hacer las tres cosas.


Batalla de datos. Les aviso que se va a convertir en un bumerán. El Partido Popular -claro que sí- nos hizo líderes en temporalidad: veintidós millones de contratos al año son temporales. Nos hizo líderes en devaluación salarial. Lo
dice el INE. La estructura salarial, el salario neto cuando ustedes llegaron al Gobierno era de 26 000 euros; tres años después, ochocientos euros menos. Nos hizo líderes también en destrozar proyectos vitales, en lanzar al abismo a jóvenes que,
tras el esfuerzo de sus familias para formarse (aplausos), o se van o se frustran con el mercado laboral que ustedes nos han dejado aquí empantanado.


Puedo hacer también de verificador. Le decía a su compañero que mentiroso sin memoria pierde el hilo de la historia. Es la decimoséptima ocasión en que tenemos que indicar aquí que la Ley 35/2010 la firmó un presidente socialista y provocó
los ERTE (aplausos), que han beneficiado de manera modernizada en esta pandemia a más de tres millones y medio de trabajadores. Hablan de la tramitación por real decreto-ley y es que están confundiendo el real decreto-ley con el real decreto.
Casado ese día tampoco debió ir a la clase en la que se explicaba la normativa.


Voy a terminar con lo que de verdad preocupa. Preocúpense un poquito de prepararse los temas. (Rumores.-Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora PEÑA CAMARERO: Todavía me acuerdo cuando el otro día la vicepresidenta de su partido fue a televisión y no se acordaba de que el Partido Popular hizo una reforma laboral de manera unilateral y sin el consenso de nadie. Prepárense
un poco las cuestiones porque tienen un jaleo... Unos, que se lean el texto; otros, que no digan que no antes de leerlo. Céntrense y dejen de perjudicar a empresas y a trabajadores.


El Partido Popular muchas veces habla aquí de Atapuerca -como burgalesa, les animo a que lo visiten- y lo hace siempre con desprecio. Voy a ponerles un ejemplo para terminar. Atapuerca es un lugar extraordinario, un lugar donde podemos
observar la evolución humana. Hace 450 000 años había una niña pequeña -se llamaba Benjamina- que nació con una lesión craneal. Por sí sola, Benjamina no hubiera sobrevivido, pero, lejos de ser considerada un lastre... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora PEÑA CAMARERO: ... y abandonada, como hacían las sociedades de aquel momento, decidieron cuidarla. Ese hito hizo que por primera vez viéramos cómo las sociedades y los grupos se encargan de cuidar a los que más lo necesitan. Y
desde Atapuerca hasta hoy los que no han evolucionado son ustedes, la derecha recalcitrante de este país. (Aplausos). Este Gobierno, sin duda, recoge el hito -claro que sí- de esa sociedad grupal de Atapuerca que cuidaba de los suyos, un Gobierno
liderado por Pedro Sánchez que cuida de los españoles en lo laboral, en lo económico, en lo social, llegando hoy a firmar una reforma laboral que beneficia a los empresarios tras un largo camino. La subida del salario mínimo interprofesional, la
derogación del artículo 52. d) para que los que han tenido baja por COVID no puedan ser despedidos, la Ley rider, la Ley del teletrabajo, ese es el largo camino de apoyo a los trabajadores y empresas que hoy el Partido Socialista defiende también
aquí. (Aplausos). ¡Parece mentira que no se acuerden de dónde venimos! ¡Es que seguimos en pandemia! Hemos vivido dos años durísimos -durísimos- en los que hemos visto lo importante que es no solo lo público, sino los cuidados; dos años en los
que hemos visto a reponedoras en supermercados subcontratadas, a enfermeras atendiendo veinticuatro horas con contratos temporales, a recogedores de basura. Solo por ellos merece la pena decir un gran sí a esta reforma laboral que mejora las
condiciones laborales (aplausos), después del cuidado y del servicio que -ellos sí- como buenos patriotas han hecho a este país. Claro que sí. Por ellos, solo por ellos merece la pena decir que sí, porque de eso va esta norma, de cuidar a
trabajadores y a trabajadoras, de cuidar a empresarios, de cuidar el tejido productivo, de cuidarnos como país y de demostrarnos ante el mundo que somos un país serio, fiable y que llega a consensos.



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Termino ya. Con todo el orgullo, con todo el respeto a los agentes que han negociado para llegar hasta aquí hoy, con toda la alegría y con toda la pasión que siempre imprime el Partido Socialista Obrero Español cuando se trata de levantar
los derechos laborales de los trabajadores de este país, sí a esta reforma laboral.


Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Peña. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. (Rumores).


Silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Señorías, igual tienen ustedes un problema con la democracia. Sería conveniente que nos escucháramos. Si quieren ustedes más tiempo lo pueden tener,
pero sería conveniente que nos escucháramos con respeto aunque pensemos de manera diferente.


Señora Peña, gracias por la defensa de esta norma, porque usted sabe muy bien de lo que estamos hablando, de la vida de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Gracias también por los trabajos que colectivamente desde Unidas
Podemos y desde el Partido Socialista están haciendo en la Comisión de Empleo.


Señora Gamarra, hombre, que usted me diga a mí que esto es un atraco... Desde luego, usted debería reflexionar antes de hablar tan enardecidamente en esta tribuna. Le vuelvo a recordar que lo que ustedes hicieron sin diálogo social fue el
Real Decreto-ley 3/2012, que no hubo lugar a discusión, que lo impusieron y que causó dos enormes huelgas generales en nuestro país. Que nos hablen ustedes de atraco es cuando menos una broma de mal gusto. Le voy a recordar, señora Gamarra, porque
supongo que lo conoce o debería conocerlo, que el Tribunal de Justicia Europeo y las normas de la Unión señalan que el diálogo social es fuente de derecho. Supongo que usted lo sabe. ¿O nos está diciendo aquí a los agentes sociales, al Gobierno de
España, a nuestro país, que el diálogo social no sirve para nada? ¿Esto es un atraco, señora Gamarra? ¿Lo están diciendo en serio ustedes, que no han hecho en cincuenta y un días más que desbaratar los derechos laborales de nuestro país? Yo sé
que en política vale todo, pero esto se está pareciendo más cada día a aquello que un gran gallego ilustraba muy bien, se llamaba esperpento. Y esto, señora Gamarra, no es un atraco.


Señora Gamarra, que usted nos hable a mí, al Gobierno de España y a la sociedad española de subir impuestos es una broma de mal gusto, porque -ya se lo he dicho en varias ocasiones al señor García Egea- ustedes en su mandato, con Mariano
Rajoy a la cabeza, practicaron hasta treinta subidas de impuestos, llegaron a gravar el sol, señora Gamarra, y cuando tienen que acompañar al Gobierno de España para suspender impuestos, para reducirlos, para rebajarlos en esta enorme crisis, ¿sabe
lo que han votado ustedes? Pues exactamente no. Es decir, que si hoy fuera por ustedes el IVA en la electricidad no se hubiera reducido. El modelo impositivo del Partido Popular ha propiciado -no es ninguna broma- treinta subidas de impuestos,
señora Gamarra, y esto no es que lo sepamos aquí, es que lo sabe la mayoría trabajadora de este país, que lo ha sufrido en sus propias carnes. No nos dé lecciones de subidas de impuestos a este Gobierno ni a los Gobiernos precedentes, porque fueron
ustedes los campeones de la subida de impuestos, y además la más injusta, que es la de los impuestos indirectos, que tienen, como sabe, un carácter regresivo.


Sí, señora Gamarra, he citado a Solchaga y no tengo inconveniente; he citado a Solchaga. (Protestas). ¿Qué le preocupa?


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): También he citado a José María Aznar: Toda España es urbanizable. Y fíjese cómo acabamos. (Aplausos). Y hablando de desigualdad y hablando de
retribuciones, voy a citar al señor Rajoy. ¿Se acuerda usted, señora Gamarra, de lo que les dijo a las trabajadoras españolas el presidente del Gobierno? ¿Se acuerdan las bancadas que nos acompañan de izquierdas de lo que les dijo a las mujeres de
nuestro país cuando defendíamos romper la brecha de género en la actividad retributiva? ¿Sabe lo que les dijo el



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señor Rajoy? No nos metamos en eso, que, total, lo que perciban salarialmente las mujeres qué más da. (Aplausos). Pues frente a esa frase, el Gobierno de España, y fruto del diálogo social, señora Gamarra, ha hecho dos grandes normas que
ha iniciado la ministra Valerio con un real decreto, dos grandes normas que, por cierto, son vanguardia en la Unión Europea, que se están discutiendo ahora mismo en una directiva: nada más y nada menos que la igualdad retributiva entre hombres y
mujeres y los planes de igualdad en las empresas. Y fíjese, ustedes que están tan en contra del salario mínimo interprofesional, que decían que iba a caer y desplomarse el empleo, que iba a producirse una hecatombe en España por subir el salario
mínimo interprofesional, la subida del 31 % del salario mínimo ha servido para reducir la brecha de género entre hombres y mujeres un 2,5 %, señora Gamarra. A usted le parecerá poca cosa, a nosotras no. A lo mejor usted piensa, como Mariano Rajoy,
que no hay que meterse en esto. El Gobierno de España se mete en esto y en profundidad para que las mujeres de nuestro país sigamos conquistando derechos a pesar de sus políticas.


Señora Gamarra, por mucho que torture los datos de la EPA y el empleo de verbos, discúlpeme, no va a conseguir la creación de tres millones de empleos. Eso sí que es una falsedad, señora Gamarra; eso sí que es una falsedad, e invito a
todos los periodistas, las periodistas y a esta Cámara a que repasen la intervención de la señora Fátima Báñez explicando bien para qué servía la reforma laboral del Partido Popular, cuando ella, efectivamente, reconocía que en España teníamos 6 278
200 personas en paro. (Rumores.-El señor Hispán Iglesias de Ussel pronuncia palabras que no se perciben). Torture los datos cuanto quiera...


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): ..., no son verdad. No solamente no han creado empleo, sino que lo que han propiciado son despidos masivos. Señora Gamarra, eso sí era hablar del
artículo 51, eso sí era hablar de ERE, eso que no saben muy bien ustedes: qué es un ERTE y qué es un ERE, cuando afirmaban aquellas cosas de que los ERTE se iban a convertir en ERE -vuelvo a decirlo- con un enorme desconocimiento técnico. Por
tanto, sigan torturando los datos y, se lo digo de verdad, no van a encontrarnos. Pero también sería bueno que usted hubiera aprovechado su intervención para decirnos si en algún año del mandato del Partido Popular ustedes tuvieron una cifra de
paro del 13,3 % y la cifra de paro juvenil que tenemos, porque ya le digo yo que no, señora Gamarra. No, señora Gamarra, ni siquiera la tasa media, porque la tasa media fue del 17 %; ni siquiera la tasa media, pero observo que a usted esto le da
exactamente igual.


Y fíjese, señora Gamarra, a mí me ha preocupado algo que ha dicho y no me lo esperaba de usted. Me preocupa mucho que usted diga aquí que puede llegar a ser delictivo que el cuerpo de inspectores e inspectoras de la Seguridad Social actúe y
que actúe -no está el ministro Marlaska- muchas veces de la mano del Ministerio del Interior, porque ya no estamos ante infracciones en el orden social, sino ante auténticos comportamientos delictivos. Que usted haya dicho en nombre del Partido
Popular, el principal partido de la oposición, que estas actuaciones pueden llegar a ser delictivas me preocupa y mucho, porque, efectivamente, ustedes ya están decididas a estar fuera del sistema. (Aplausos). ¿Me quiere decir usted que cuando
actúan la Inspección de Trabajo y el Ministerio del Interior lo están haciendo vulnerando la ley, señora Gamarra? ¿Me está diciendo esto en serio? Si es así, efectivamente, pierdo la esperanza, no hay nada que hacer con el Partido Popular.
(Aplausos). Yo entiendo que estén secuestrados por VOX, pero que se encuentren al borde de la legalidad me parece grave; me parece incluso que no es responsable; me parece que ustedes van a tener que explicarles a los inspectores e inspectoras lo
que hoy aquí acaba usted de afirmar. Y le voy a decir, señora Gamarra, de las actuaciones que desplegamos en el campo, igual que las desplegamos en muchas otras actividades productivas de nuestro país, ¿sabe cuántas infracciones se han cometido?
Le podría dar infracciones graves, cuantos delitos... ¿Sabe cuántas, señora Gamarra? Pues 3677. ¿Usted quiere decir aquí que esto fue cometer delitos, señora Gamarra? ¿Sabe cuánto supusieron en términos de recaudación estas infracciones solo en
el orden social y solo en términos del Servicio Público de Empleo, desgajadas de la Seguridad Social, que lidera el señor Escrivá? Pues nada más y nada menos que 22,6 millones. ¿Sabe cuánto en las cotizaciones a la Seguridad Social? Pues 4,5
millones. ¿Sabe qué esperaría yo de un partido que es de derechas y conservador y que espero defienda la legalidad en esta tribuna? Que mandara un mensaje claro y les dijera a los sectores productivos de este país que los que hacen las cosas bien
van a ser premiados... (El señor Hispán Iglesias de Ussel pronuncia palabras que no se perciben).



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La señora PRESIDENTA: Señor Hispán, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): ..., pero a estos que infringen la legalidad yo esperaría que usted, con claridad, les dijera que cumplan las leyes. Esto es lo que tenemos que hacer
las personas que dirigimos en distintos ámbitos nuestro país. Y su papel, señora Gamarra, es muy importante. A lo mejor tiene usted la oportunidad de rectificar y decirnos a los españoles y las españolas si usted está en la rebeldía de lo que
vimos estos días en Lorca o está en cumplimiento de la ley. (Protestas.-Aplausos). Sería una buena ocasión para que nos lo explicase.


Y sigo, señora Gamarra. Nos habló usted de los investigadores y las investigadoras. Sería bueno que lo explicite. ¿Qué quiere usted decirnos? ¿Que quiere continuar en la investigación pública con el modelo fracasado del Partido Popular?
Dicen que sí, fenomenal. Contrato por obra y servicio determinado, eso es una garantía absoluta de país. Son muy claros, está muy bien, a mí me gusta escucharlo porque con franqueza nos entendemos. Entonces, ustedes quieren una investigación
pública devaluada y de mala calidad; el Gobierno de España no, porque sabe que la investigación es clave, como estamos viviendo precisamente en estos tiempos de pandemia. Por tanto, sería bueno, señora Gamarra, más allá de las discrepancias, que
usted también velara por una investigación pública de calidad en nuestro país.


Y voy terminando, señora Gamarra. Que usted vuelva a decirnos aquí que quiere que destinemos 10 000 millones de euros del Fondo de Recuperación de nuestro país, privándolo de la transformación productiva de España, a despedir a los
trabajadores y a las trabajadoras... Estoy esperando a que se lo expliquen a los comisarios y comisarias de la Unión Europea, porque es algo impresionante; impresionante. Desde luego, son atrevidos, es verdad; son atrevidos y temerarios, si me
permite la expresión (rumores), porque es lo nunca visto: 10 000 millones de euros, que efectivamente es lo que cuesta la implantación de la mochila austriaca -por eso fue rechazada por empresarios y trabajadores-, ustedes nos dicen que la
destinemos no a la transformación del modelo productivo sino a despedir a trabajadores y a trabajadoras en nuestro país. Yo le insisto, pensé que eran declaraciones de prensa, pero cuando lo vi en papeles no salí de mi asombro.


Y termino como empecé, señora Gamarra. Me gusta mucho que cite a Dolores Ibárruri; era demasiado grande, demasiado grande... (La señora Gázquez Collado pronuncia palabras que no se perciben).


La señora PRESIDENTA: Señora Gázquez, silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): ..., pero fíjese, señora Gamarra, yo estos días estuve en Galicia, ¿y sabe qué me han dicho en mi ciudad, una ciudad hastiada y golpeada por el paro y
por la mal llamada reconversión social, esa que nunca vimos? ¿Sabe qué me decían los trabajadores de las auxiliares del naval, con nombres y apellidos, señora Gamarra? Me decían: Yolanda, no me puedo creer que deje de tener un contrato por obra y
servicio determinado. ¿Sabe qué me dijeron dos amigos personales cuando les llegó una carta, sin tener que hacer nada, diciéndoles que su contrato temporal se había convertido en indefinido, amigos y amigas que muchas veces me discuten y me ponen
las cosas más negras todavía de lo que yo las puedo ver? Que se sentían emocionados y que a quien fuera le daban las gracias. (Rumores). ¿Sabe lo que me han dicho las trabajadoras del hotel en el que dormí el domingo en Santiago de Compostela?
Que la política desplegada por el Gobierno de España les había salvado las vidas. Y a mí, señora Gamarra, eso me hace sentir orgullosa. Créame, estaban conmigo mis escoltas, no me invento nada. (Protestas). No, recibo más...


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): ... que parabienes de los trabajadores y trabajadoras de este país, porque ellos y ellas saben que hablar de contratos por obra y servicio determinado es
hablar de la vida real de las personas. Por tanto, señora Gamarra, teniendo muchas discrepancias (protestas), voy a seguir haciendo... No se preocupen, si sé que es un problema de educación.


La señora PRESIDENTA: Silencio. Les pido silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Es un problema de educación, ya está, no hay vuelta que darle. (Aplausos).


Señora Gamarra, soy una gran defensora de las movilizaciones en nuestro país, primero, porque las reconoce el texto constitucional y, créame, están aquí los agentes sociales, pero están muchos colectivos



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sociales a los que les digo sin ambages -siendo ministra de Trabajo lo he dicho muchas veces públicamente, aunque yo ahora no puedo hacerlas- que, por supuesto, ellos y ellas deben seguir movilizándose. No se preocupe, lo digo alto y claro,
porque estoy convencida de que esto es lo que el constituyente español quiso hacer y, sobre todo, señora Gamarra, porque soy una demócrata (rumores) y sé que la democracia en este país no solo se construye en el diálogo social ni en el diálogo
político; sé también que la democracia se ensancha con las movilizaciones de los distintos colectivos de nuestro país. Por tanto, créame, voy a seguir defendiéndolas. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno. (Rumores).


El señor GUITARTE GIMENO: Señora presidenta...


La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor Guitarte.


Señorías, el debate tiene que seguir desarrollándose en condiciones de silencio.


El señor GUITARTE GIMENO: Señora presidenta, señora ministra, señorías, nosotros apoyaremos la convalidación del real decreto-ley de la reforma laboral. Lo hacemos, en primer lugar, por su origen y naturaleza, una norma construida desde el
consenso social, debatida y acordada por las organizaciones empresariales y sindicales con el respaldo del Ministerio de Trabajo, para ordenar las relaciones laborales y mejorar las modalidades de contratos. La Agrupación de Electores 'Teruel
Existe' se reclama transversal y tomó la construcción de consensos como norma básica de funcionamiento interno y también como principio para intervenir en política. El consenso bien construido ha sido el método que ha permitido avanzar en la
política española; debe ser también el camino para diseñar, por ejemplo, las reformas que corrijan la despoblación y reviertan los desequilibrios territoriales. Por ello, el consenso entre organizaciones sociales para diseñar la reforma laboral,
esta reforma laboral, es un avance para el país. Como ya hemos advertido, puede no ser fácil su aplicación en algunos sectores laborales de las provincias despobladas, que por su atonía económica y dimensión de empresas carecen de comités de
empresa representativos y legalmente constituidos para negociar convenios. En este punto es posible que deban hacerse adaptaciones para tutelar, ayudar y contrastar la implantación de la ley, que auguramos será provechosa y fructífera para todos
los españoles.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra, a continuación, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días, señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. En 2012, tras la ruina legada por el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, que en su perjudicial fantasía presidencial había llegado a prometer
el pleno empleo, Foro Asturias respaldó una reforma laboral denostada por la izquierda, pero con el infalible Sánchez ya en la Moncloa se ha tomado tres años y medio aplicándola. Aquella reforma resultó un exitoso conjunto de medidas que
revirtieron la calamidad socioeconómica que a punto estuvo de costar una durísima intervención de España, evitada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, los del culebrón derogatorio venido a menos proponen un texto de adhesión inquebrantable, que
mengua la participación de las Cortes Generales y la reduce al papel de comparsa, bloqueando legítimas modificaciones parlamentarias en favor del mercado de trabajo.


Rechazo participar de este ceremonial antidemocrático y, en consecuencia, votaré en contra de la convalidación de esta norma.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.



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El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días.


En el PRC hemos sido claros desde el principio. Aunque todo es mejorable, aplaudimos un acuerdo alcanzado por los representantes de la mayoría de los empresarios españoles y los sindicatos mayoritarios, donde además también está presente el
Gobierno, que es el mayor empleador de este país. En el PRC somos coherentes con nuestro itinerario, con nuestro ideario. El PRC no negocia ni chantajea ni se pone en contra cuando lo que hay es positivo para todos. Por eso hemos sido tan claros
desde el primer momento, estamos aquí para defender el interés de todos los españoles, cántabros incluidos. Por eso, es incomprensible que este Congreso votara en contra de este acuerdo. La gente no entendería cómo sus representantes pueden estar
tan alejados de la sociedad, tan alejados de lo que piensa la calle. ¿No se decía que había que plasmar en las leyes el sentimiento mayoritario de los ciudadanos? ¿Qué democracia quieren aquellos que van a votar hoy en contra? ¿No nos está
pidiendo todo el mundo que lleguemos a un acuerdo? Pues aquí lo tenemos, esta es la prueba del algodón, este no es un decreto al uso. Veamos el resultado de la votación. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.


El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos.


Primero, una aclaración, Nueva -sin ese- Canarias -con ese-, con ocho islas y cuatro islotes espectaculares, va a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley. Y lo vamos a hacer porque, a pesar de que yo me encuentro entre
aquellos que cuando se perpetró la contrarreforma laboral del año 2012 nos comprometimos a, en cuanto fuese posible, derogar completamente la reforma laboral que había planteado el Partido Popular, tenemos que reconocer que, siendo este un proyecto
de reforma laboral incompleto, es un proyecto de reforma laboral que, evidentemente, supone un avance sobre lo anterior. (El señor vicepresidente, Gómez Rodríguez de Celis, ocupa la Presidencia). Y no solo supone un avance en cuanto a los
contenidos -la tengo que felicitar por su explicación-, sino también por su procedimiento. El procedimiento de consenso se opone frontalmente al procedimiento por el que se hizo la reforma anterior, que fue aplicar el rodillo, ordeno y mando, sin
escuchar a nadie, ni en la Cámara ni fuera de la Cámara. Por lo tanto, eso tiene un valor que nosotros reconocemos y, después de un debate de nuestra ejecutiva, entendemos que hay que apoyar este real decreto-ley porque supone un avance. También
es verdad que creemos que hay más cosas que hacer, señora ministra, y supongo que tendremos tiempo para hablar de eso.


Una preocupación sí que tengo que trasladarle, es la del tercer sector. Usted sabe que el tercer sector tiene una relevancia importantísima en relación con el empleo en el Estado español. El tercer sector son entidades colaboradoras de las
administraciones públicas y funcionan por proyectos. O esta cuestión se aclara como se ha aclarado con la formación en alternancia, por ejemplo, que se reconoce dentro del proyecto de reforma, o es necesario contemplar que se les mete en un lío
monumental, porque aunque estamos de acuerdo en que los contratos por obra y servicio son una fórmula franquista a extinguir, también es verdad que deben ser sustituidos por algo para no hacerles peligrar en el futuro.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, Coalición Canaria considera que si los que crean empleo en este país, que son las empresas, y los que defienden los derechos de los trabajadores, que son los sindicatos, tienen un acuerdo, pues hay que aceptarlo,
porque ese es realmente el mundo laboral. Y no solo eso, porque en este caso no solo coinciden los empresarios y los sindicatos nacionales, sino también los sindicatos canarios y el empresariado canario.


Tenemos dos cositas. Una, hay un error técnico en determinado artículo, y donde debería decir isla dice provincia, y eso irá en perjuicio de los trabajadores precisamente. Ya lo hemos hablado con el secretario de Estado, para Canarias es
fundamental, porque habría despidos de trabajadores precarios si no se desplazaran a otra isla; entonces, para Baleares y Canarias es importante. La segunda cosa que le



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quería decir es que ojalá esta reforma laboral se aplicara a las administraciones públicas, porque parte de esos millones de contratos de días han sido de las administraciones públicas. Sí nos preocupan los contratos de obra y servicio del
tercer sector -me estoy refiriendo a Cruz Roja o a las ONG-, que entran, dijéramos, por un proyecto y que afectan también a determinados ayuntamientos, y nos ha pedido la Federación de Municipios que usted lo vea.


Por último, quiero decirle que usted ha dado unos datos de la evolución del paro y del paro juvenil en este país cuando gobernaba el PP. Desgraciadamente, ese 24 % de paro de hace diez años y ese 54 % de paro juvenil en Canarias son los
datos de hoy en día. Tenemos que seguir trabajando con planes de empleo, con Formación Profesional y, sobre todo, con fondos europeos que permitan revertir esa situación de empleo.


En cualquier caso, vamos a apoyar esta reforma laboral, que es la que han pactado empresarios y sindicatos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidente.


Ministra, lo que nos traen a votación hoy no es la derogación de la reforma laboral del 2012, que es su compromiso en campaña electoral o en discursos en legislaturas anteriores. Solo comparando lo que ustedes exigían vehementemente en ese
momento y lo que nos traen, se ve que quien ha faltado a la palabra y a los compromisos con la clase trabajadora son principalmente el PSOE y Unidas Podemos.


Es cierto que se reduce la temporalidad, pero, si se sigue despidiendo con las condiciones que impuso el Partido Popular, lo que tenemos es que los indefinidos son muy frágiles. Se seguirá despidiendo con las condiciones que impusieron en
cuanto a indemnizaciones, salarios de tramitación, autorización administrativa de los ERE, etcétera. Y, en materia de subcontratación, no se han dado todos esos avances que usted citaba. Y cita a las camareras de piso, pero en el colectivo donde
están organizadas, que son Las Kellys, ni mucho menos se dan por satisfechas con esta reforma laboral. (Aplausos). Consulte lo que han dicho Las Kellys últimamente.


Sin embargo, hoy, con lo que nos traen, cuentan con el apoyo de la patronal, con el de la FAES, con el de la banquera Botín, y se lo terminarán votando Ciudadanos y el PDeCat, herederos de Convergència, que ya votaron la del 2012. Cualquier
avance que pueda contener, con esta foto, demuestra que es irrisorio. Y nos dirán que cualquier avance es bueno. Pues, depende, porque lo que están haciendo hoy ustedes es dilapidar una fuerza acumulada en diez años con huelgas y movilizaciones, y
lo que pierden es la credibilidad. ¿Con qué credibilidad se presentarán a las próximas elecciones para decir que ahora sí derogarán lo que se dejaron por el camino, si cuando han tenido la oportunidad no lo han hecho? No lo han hecho, y han puesto
de excusa el diálogo social, porque el diálogo social es un método, no es un fin en sí mismo. Y lo que es injusto es que la derecha, en su momento, apruebe la reforma laboral tan solo acordándola con los empresarios y, después, cuando lleguen
ustedes, se aten de pies y manos a la Mesa del diálogo social, de tal forma que los empresarios vuelven a estar en la mesa, ponen sus vetos y limitan lo que se puede ganar. (Aplausos). Y ellos siempre están, en el 2012 y en el 2022, ellos siempre
ganan.


A nuestro entender, es un error convertir la fuerza acumulada de huelgas y de movilizaciones, la fuerza que les llevó a ustedes al Gobierno, en el fiasco que hoy nos traen. Es un error. Por eso, nosotros votaremos que no y continuaremos
luchando para la derogación de la reforma laboral del 2012 de la mano de las fuerzas sindicales combativas alternativas, especialmente en Galicia, Euskal Herria y los països catalans.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, egun on, buenos días.


Venimos hoy aquí a este debate con una mano tendida, pero con un puño cerrado. El puño cerrado es el de la tradición de las luchas obreras, de las huelgas generales, de las reclamaciones históricas del



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sindicalismo de clase y combativo. Es, por tanto, un gesto de compromiso con el ayer, con el hoy y con el mañana, con los principios y valores que han hecho desde siempre avanzar las sociedades en derechos y libertades públicas. La mano
tendida es la del acuerdo y la propuesta. Esta ha sido la disposición de nuestro grupo, de la izquierda soberanista independista vasca, la de hacer de este proyecto, de esta ley, la mejor de las leyes para los y las trabajadoras de Euskal Herria y
del Estado español. No la que nos dejen quienes no se presentan a las elecciones, sino la que deseamos y necesitamos. Por eso realizamos una propuesta concreta, una propuesta que mejoraba esta ley, para que pasara de la insuficiencia actual a una
de resultados notables. Una propuesta que hemos trasladado y hecho pública con la más clara voluntad por nuestra parte de haber podido alcanzar algún acuerdo que recogiese todo lo que hizo salir a millones de personas a movilizarse a lo largo de
estos diez años, unas movilizaciones que concitaban el consenso de la izquierda social, sindical y política prácticamente en su conjunto. Por eso, hemos planteado cinco cuestiones, no veinte ni cincuenta, cinco. Una era recuperar y establecer la
prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos, junto al blindaje jurídico de los acuerdos interprofesionales autonómicos allá donde existan, y no ha sido posible. Otra, que se incorporara a
esta ley la necesaria autorización administrativa ante los despidos colectivos o expedientes de regulación de empleo. Bien saben de lo que hablo los trabajadores de PCB, de Tubacex, de Arcelor, de Arnova y de cientos y cientos de empresas. Tampoco
esto ha sido posible.


Planteábamos que se especificara, en el marco de esta ley o reforma, una revisión y modificación de la causalidad y procedimientos del despido, así como de los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, para que se
dejen de esgrimir de una vez por todas las razones de causa económica, técnica y organizativa como el cajón o desván donde pueden meter los derechos y las vidas de los y las trabajadoras para seguir optimizando sus beneficios empresariales. Tampoco
ha sido posible.


Planteábamos incorporar en el texto la recuperación de la indemnización por despido improcedente de cuarenta y cinco días y un tope de cuarenta y dos mensualidades, lo que había antes de la reforma del 2012. La respuesta es que tampoco esto
era posible.


Nos planteamos recuperar los salarios de tramitación para los despidos improcedentes, para que ningún trabajador sea chantajeado en un largo periplo judicial. ¿Y cuál fue la respuesta? Que tampoco esto era posible.


Esta, y no otra, ha sido nuestra posición en todo momento, y ahora que esto está tan de moda, para que se me entienda bien, lo diré: ni una coma más ni una coma menos.


Ya ven, compañeros y compañeras de la izquierda aquí presentes, no es una propuesta de máximos, eran cinco puntos. No traíamos hoy aquí la socialización de los medios de producción, ni tampoco el asalto a los cielos de manera inmediata.
Vamos paso a paso, pero con paso firme y decidido. Tan solo planteábamos que en esta coyuntura histórica -porque esto sí es lo que es histórico, la coyuntura de una mayoría parlamentaria de izquierdas y no tanto la reforma- lleváramos adelante algo
que vienen reclamándonos desde décadas, si no siglos, la clase trabajadora: que se nivele la balanza entre el esclavo y el que manda. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Porque, ¿cuál de las cuestiones que he referido es perjudicial para
la clase trabajadora? ¿Cuál de las cinco cuestiones que he dicho hace difícil la vida y el desarrollo personal de la clase trabajadora? ¿Cuál de ellas no merecen tener desde ya? ¿Es que hay que dejarlas para mañana, para dentro de diez años, para
cuando la patronal quiera pulsar el botón de desbloqueo del veto que se le ha dado en esta Mesa del diálogo social? ¿Cuál no formaba parte del argumentario que hizo salir a las calles a millones de personas desde el 2012 hasta ahora en diferentes
huelgas generales, más si cabe en Euskal Herria?


A esta posición nos aferramos. Ya ven, no es nada original, pero también lo decimos. No lo hacemos para debilitar a este Gobierno y para hacer que se tambalee el bloque de investidura. Si hoy se fractura, y se fracturará en el sentido de
voto, desde mañana tocará rehacerlo y tendremos espíritu constructivo. Nosotros y nosotras vamos a trabajar para ello, pero que a nadie se le olvide: solo las políticas de izquierdas consiguen avances para la clase trabajadora, para las mayorías
populares; nunca lo consiguen las derechas ni yendo de la mano de las derechas. Nos mantenemos en nuestra posición porque se lo prometimos a los y las trabajadoras. Les prometimos derogar la reforma del Partido Popular y por ello les pedimos el
voto. Hoy defendemos el valor de sus votos hasta el final. Ya ven, nada sorprendente. Si acaso, coherente. Seguimos defendiendo la necesidad de derogar todo lo lesivo de la reforma laboral del 2012, porque que salga una u otra marca la línea
entre defender a las mayorías populares o darle el gusto a las élites de la derecha. Pero, sobre todo, nos aferramos a esta decisión porque tenemos palabra, porque somos gente de palabra. Hemos defendido durante diez años la derogación de la
reforma laboral del



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Partido Popular. Hemos firmado con ustedes la derogación de la reforma laboral, y para nosotros y nosotras lo firmado, obliga. Es compromiso adquirido o palabra dada.


Decía Julio Anguita: Programa, programa, programa. El programa es lo concreto, lo firmado y lo prometido a las clases populares. No puede haber exigencia de los hombres o mujeres de negro de Bruselas ni de la CEOE -y de ambas ha habido,
aunque no se quieran contar- que esté por encima de nuestro compromiso con nuestra clase. Para nosotros y nosotras, no. No resulta lógico ni razonable que se desaproveche la oportunidad que nos da una mayoría autoproclamada de izquierdas para
mejorar y fortalecer esta ley en su tramitación como proyecto de ley con las propuestas que hoy aquí, de nuevo, hemos trasladado. Ni razonable ni muy innovador, diría, cuando se da más valor y vigencia a las formas y modos que evocan directamente a
los Pactos de la Moncloa y al régimen del 78; a unos pactos y a un régimen que parece que hoy se quieren resucitar en lugar de aprovechar la oportunidad histórica que nos daba el bloque de investidura y el compromiso inicial compartido y expresado
para ir mucho más lejos de lo que hoy se pretende ir. No vamos bien cuando se da más valor y poder de decisión a la patronal que a fuerzas que representamos a cientos de miles de personas más que la misma patronal.


Termino con dos citas de dos grandes mujeres que creo que, en conjunto, sintetizan bien nuestra posición pasada, presente y futura en este espacio de lucha y trabajo que para nosotros y nosotras, para las gentes de la izquierda
independentista vasca, es el Congreso de los Diputados. A las gentes de izquierda que temen el acceso al poder de las derechas extremas les decimos: no temáis, somos gente de palabra, y si es por nosotros y nosotras, no pasarán, que dejó impreso
en la historia Dolores Ibárruri. Y a quienes estos días nos piden pragmatismo y abrazar la memoria de los peces, les repetimos lo que proclamó Angela Davis: No estamos aquí para aceptar las cosas que no podemos cambiar, estamos aquí para cambiar
las cosas que no podemos aceptar. (Termina su intervención en euskera.-Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban Bravo.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señoras y señores diputados, señoras ministras, la verdad es que el día está bien elegido para votar esta modificación a la reforma laboral. Hoy es san Blas, se celebra en muchos lugares, y ya saben que es el patrón
de los otorrinolaringólogos y protege de los dolores de garganta. Hombre, siempre protegerá cuando haya que tragar una bola de hiel bastante grande para aprobarla por quienes no votan a favor de esta reforma por convencimiento, sino que,
simplemente, lo hacen llevados por su intolerancia hacia formaciones como la mía, y que, en realidad, quieren cargarse al Gobierno. A otros, siendo patrón de los otorrinolaringólogos, espero que les proteja de la sordera, a pesar de los avisos
continuos y con tiempo que tuvieron.


A nosotros nos gustan los consensos, y valoramos también lo que se ha hecho en el diálogo social, pero los consensos no se imponen, y menos en un parlamento democrático. No oculto que hay muchas cosas que me parecen positivas: impulsar la
contratación indefinida; la nueva regulación del contrato fijo discontinuo, que va a tener en otros lugares más impacto que en Euskadi, pero me parece muy positiva y había que hacerlo; los mecanismos de reducción de la temporalidad; la
recuperación de la ultraactividad, que nosotros, también, siempre hemos reclamado. Nos atendieron en lo que les apuntamos sobre los Centros Especiales de Empleo. También, por ejemplo, nos atendieron cuando les apuntamos que la formación en
alternancia no se limite a la Formación Profesional, sino también que quede abierta al marco de formación para el empleo; y está en la disposición final segunda.


Nos preocupan también otras cosas, por ejemplo, que las medidas para la flexibilidad estructural de empresas y estabilización del empleo son políticas activas de empleo. La prestación del Mecanismo RED, relacionado con estas, en la reforma
se da al SEPE con criterio unitarista, aunque esa prestación carece de carácter contributivo, y ello quiebra la distribución competencial que fijaron ya las sentencias 100 y 157, de 2017, sobre el Plan Prepara y el Plan de Activación para el Empleo.
Lo mismo sucede con la financiación de las bonificaciones de cuotas de contingencias comunes y la financiación y seguimiento de actividades formativas de las empresas, tanto en bonificaciones de cuotas como en su financiación adicional.


Habrá de respetarse, por tanto, el reparto competencial, y allí donde haya competencias en políticas activas de empleo tendrán que ser los organismos que se encarguen de ellas los que desarrollen esto, y no el SEPE, y, paralelamente,
arreglar las vías de financiación, que en nuestro caso, como saben, son particulares.



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Además, tenemos un asunto que para nosotros era irrenunciable y urgente, y que considerábamos -y lo advertimos así- que debía arreglarse, que es proteger el marco vasco de relaciones laborales y el acuerdo interprofesional vasco del año
2017, un asunto que concita la unanimidad de los agentes sociales en Euskadi y que no perjudica a nadie; no perjudica a nadie. Por cierto, quiero recordar que la mayoría sindical de Euskadi, que es diferente a la de todo el Estado, no ha estado
representada en ese diálogo social. Por lo tanto, entiendan también que nuestra perspectiva a la hora de contemplar el acuerdo incida en algunos debes que se encuentran ahí.


Nosotros, desde luego, hemos sido claros y transparentes, no hemos engañado a nadie; de hecho, avisamos con mucho tiempo de antelación, porque estábamos viendo que, encelados con sacar adelante el acuerdo total en el diálogo social, no
estaban prestando atención al Parlamento, y luego había que pasar por aquí; no estaban asegurando una mayoría, y nos preocupaba. Por eso se lo advertimos a los sindicatos, y hemos estado con ellos, como saben. Se lo advertimos a la patronal, y
estuvimos con ella. También se lo advertimos al Ministerio de Trabajo. Le agradezco de verdad, ministra, porque sé que usted se ha empeñado, el esfuerzo y la voluntad que ha demostrado siempre con nosotros también para intentar llegar a acuerdos;
se lo digo sinceramente. Y se lo advertimos al presidente; fuimos expresamente a La Moncloa a decirle esto: para nosotros esto es algo que tiene que estar ahí, y tenemos que arreglarlo ahora; que se arregle en el diálogo social si queréis,
cuando sea y, si no, tendrá que ser posteriormente, pero nosotros no podemos mirar hacia otro lado con este tema. Creo que lo han tenido en su mano, y saben perfectamente los miembros del Gobierno, desde el presidente hasta el último ministro, que
el contenido no ha sido un problema. El contenido no ha sido un problema, ha sido el miedo escénico o la rigidez de algunos.


Cuando la patronal dijo que no admitiría cambiar ni una coma, a mí lo que me pareció, sinceramente, fue un chantaje intolerable a los representantes democráticos. Desde el primer día se cerraron en banda, ellos, la patronal, con
declaraciones como esta: no admitiremos ni un solo cambio. Pero es que enseguida se sumaron ministros y el propio presidente del Gobierno, ministros socialistas especialmente al no admitiremos ningún cambio. Bueno, eso es el colmo del
antiparlamentarismo, porque si querías que eso hubiera sido así tenías que haber conseguido una mayoría anteriormente, ir negociando una mayoría, ya que corresponde al Parlamento, por ley, aprobar una reforma de este calibre. Que lo traigan como
decreto-ley es una anomalía per se, pero ustedes lo justifican, y lo puedo entender. Lo justifican basándose en las exigencias europeas de que la tramitación sea rápida y que vaya más o menos, digamos, encajado. Bien, pero si el problema es Europa
y el problema son los millones que pueden venir, etcétera, hablen con Declan Costello, que ha sido su interlocutor y es director general adjunto de Asuntos Económicos y Financieros, o con Gentiloni, y explíquenles claramente que se pueden hacer
retoques sin tocar el núcleo fundamental del acuerdo, que es lo que le importa a Europa. Seguro que Europa iba a entender esto. Europa iba a entender que se pudieran hacer cambios que no supusieran romper el núcleo de la negociación. Pero ni
siquiera se ha intentado por parte del Gobierno.


Nosotros no les pedíamos nada que rompiera el núcleo de lo pactado en la mesa social: proteger el marco vasco y el acuerdo interprofesional; proteger los convenios a nivel de comunidad autónoma cuando mejoran la situación de los
trabajadores. ¿Quién puede estar en contra de esto? En todo caso, algunos de la patronal, y creo que no todos, porque hoy en día, por mucho que se diga, queda al albur de la reserva que se pueda hacer en convenios estatales y si estos dicen que
prevalecen, prevalecen. Por lo tanto, hoy en día no está asegurado ese marco. La patronal dice que no hace falta y hoy ha dicho la portavoz del PSOE: si no hace falta, si ya lo tienen. Si es así, si no es un cambio, si en la práctica es lo
mismo, ¿por qué se oponen a ello? ¿Por qué se oponen?


Es una contradicción, una auténtica contradicción. Si no supone cambio lo que nosotros estamos proponiendo, si ya está, pues, entonces, háganlo. La única explicación a esto es que esta tozudez es simplemente por razones simbólicas y
político-ideológicas. Hay que oír las declaraciones del señor Garamendi diciendo que rompe la unidad de mercado, cuando en privado nos ha dicho lo contrario. ¡Vaya hipocresía por su parte! ¿Qué rayos tendrá que ver la prelación de convenios con la
unidad de mercado?


La señora PRESIDENTA: Señor Esteban, tendría que ir terminando.


El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, voy acabando.


¿Qué rayos tendrá que ver? No tiene que ver nada, porque entonces, tal y como está ahora, esto sería un archipiélago, con la cantidad de convenios provinciales y menores que hay.



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Nuestra posición -acabo, señora presidenta- ha sido clara, honesta, moderada y razonada. Saben que lo que solicitamos era posible y no perjudicaba a nadie, y agradezco sus esfuerzos. El Partido Nacionalista Vasco no desistirá, bien lo sabe
nuestro pueblo, y aprovechará todas las oportunidades que le brinde el trámite parlamentario para tratar de incorporarlo al ordenamiento jurídico.


Que San Blas proteja las gargantas y sane las sorderas.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil. (Pausa). Discúlpeme, porque he saltado a un grupo parlamentario. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Arrimadas
García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora ARRIMADAS GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Hoy es un día importante para España. Es un día importante para España porque se va a aprobar una normativa fundamental para una de las cuestiones más relevantes de la vida de cualquier ciudadano español, que es su puesto de trabajo y su
futuro laboral. Pero hoy también es un día importante para España porque por primera vez en mucho tiempo los que suelen ganar en el mercadeo político del Congreso hoy pierden. Hoy pierde Bildu, hoy pierde Esquerra y hoy pierde el sectarismo, que
quería hacer de nuestro país un país mucho peor para la contratación laboral.


Nosotros sabemos que el empleo, la precariedad y el paro han sido uno de los principales problemas estructurales de España, y lo siguen siendo. Lo han sido con Gobiernos del Partido Popular y Gobiernos del Partido Socialista, lo han sido
con normativas laborales del Partido Popular y del Partido Socialista, que no llegan a asumir que tenemos un problema de país y que no se soluciona simplemente con su dialéctica de echarse la culpa los unos a los otros. Los datos están ahí, y tanto
con gobiernos del PP como del PSOE hemos sido líderes en precariedad, líderes en paro y líderes en paro juvenil. Por tanto, yo les pediría tanto al Partido Popular como al Partido Socialista o a Podemos que no se esfuercen tanto en hacer estos
discursos parlamentarios, porque el Partido Popular va a votar siempre que no a cualquier normativa que apruebe el Gobierno de signo contrario, igual que el Partido Socialista y Podemos votarían que no a cualquier normativa laboral que trajera el
Partido Popular, incluso aunque estuviera avalada por los agentes sociales. Así que yo les pido por favor que nos ahorren el teatro de siempre, porque no se apoyan los presupuestos, no se van a apoyar las investiduras, no se van a apoyar ni
negociar las leyes educativas; solo se van a poner de acuerdo para repartirse Radiotelevisión Española, los jueces y el Tribunal de Cuentas. Por eso es tan necesario que, en medio de estos dos señores, de estos dos partidos, de estos dos
movimientos o espacios políticos, haya un partido liberal, haya un partido sensato, que siempre en los momentos importantes para España aporte sensatez y tenga sentido de Estado.


Nosotros somos muy conscientes de lo que se debate y se aprueba hoy aquí. Nosotros somos conscientes de que el empleo para un ciudadano es una de las cosas más importantes, porque es lo que te permite tener un proyecto de vida,
independizarte, formar una familia, realizarte personalmente y, en definitiva, tener libertad. A nosotros no nos lo han tenido que contar: nosotros sabemos muy bien los nervios que se pasan antes de ir a una entrevista; sabemos muy bien la
alegría con la que llamas a tus familiares o a tus amigos cuando te contratan; sabemos la satisfacción que se siente cuando uno asciende o progresa dentro de su empresa; sabemos perfectamente lo que es pasar una crisis durísima como la de 2008,
2009 o 2010 en una empresa privada, y sabemos lo que sufren los autónomos y las pymes para mantener el empleo con los impuestos, con la burocracia y con los costes. Creo que si todos los líderes políticos de los principales partidos de este país
supieran lo que es esto en carne propia otro gallo cantaría en España, otro gallo hubiera cantado en nuestro país. Por eso hemos trabajado con sensatez y duramente estas semanas, para que salga adelante lo que es de sentido común.


Les voy a hablar de las características de la norma que se vota y que espero que se apruebe hoy. Esta no es una norma de Sánchez ni de Yolanda Díaz ni del Gobierno, esta norma la han hecho los agentes sociales. Por tanto, es la norma menos
sanchista de las que se pueden aprobar en esta legislatura; se parece muy poco a lo que prometía Sánchez, se parece muy poco a lo que exigía Podemos y entierra muchas de las soflamas que había hecho la izquierda respecto a la normativa laboral. No
sé si recuerdan ustedes este documento (muestra un documento) de acuerdo entre Bildu, Podemos y el PSOE, firmado por la señora Lastra, que decía que se iba a derogar íntegramente la reforma laboral y que este tipo de cosas generaban incertidumbre e
inseguridad jurídica. Pues bien, hoy esta norma consolida elementos de



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la reforma laboral de 2012. Hoy hace que haya más seguridad jurídica, porque es una norma que habrá sido aprobada por un Gobierno conservador y por un Gobierno supuestamente de izquierdas, y eso va a ser bueno para España, porque va a dar
credibilidad y seguridad jurídica, ya que estas soflamas y promesas de Podemos y de la parte más radical del PSOE lo que hacían, como saben ustedes, era frenar inversiones y ahuyentar la contratación. ¿Es mejorable esta norma? Sí, mucho, como lo
era la de 2012. Mejorable, sin duda, pero también incorpora mejoras, y tengo que decir que algunas de ellas van en la línea de lo que ha pedido Ciudadanos muchas veces, que es disminuir ese menú de contratos para favorecer el contrato indefinido y
luchar contra la temporalidad.


Pero tiene otra característica esta norma, y es que va a dar credibilidad a España de cara a la recepción de los fondos europeos, que era uno de los compromisos que adquirió nuestro país ante nuestros socios. ¿Por qué? Porque está avalada
por los agentes sociales. Esta no es la reforma de un Gobierno, sino la reforma de un país avalada por los agentes sociales, que es mucho mejor -mucho mejor- de lo que querría haber hecho Podemos y querría haber hecho el señor Sánchez. Solo hay
que ver -con cariño se lo digo- el poco entusiasmo, señora Díaz, que ha tenido a la hora de defender esta reforma.


Por tanto, es ridículo que el Partido Popular diga que la reforma de 2012 es maravillosa, como si no hubiera habido paro y precariedad desde entonces; es ridículo decir a la vez que esto es un mero maquillaje y que no tocan ni el 10 %; es
ridículo reconocer que viene avalado por la CEOE y los empresarios y los autónomos y, luego, venir aquí y votar que no diciendo que es muy malo. Pues es ridículo, porque estos agentes sociales se seguirán oponiendo a otras cosas del Gobierno, como
a la subida de impuestos o al hachazo que quiere dar el señor Escrivá a los autónomos, pero en esto han conseguido un buen acuerdo.


Quiero decir también que hoy Bildu y Esquerra no han conseguido meter las zarpas en la normativa laboral de España. Hoy Bildu y Esquerra han perdido poder de negociación. Hoy Ciudadanos ha conseguido que los futuros contratos laborales de
los españoles no dependan de lo que decidan Otegi y Rufián en un despacho con estos señores del Gobierno. (Aplausos). Y como eso es bueno para España, ahí ha estado Ciudadanos. Gracias a nuestra responsabilidad por salir a decir que, si no se
tocaba una coma y no se cedía en nada con estos señores, ahí íbamos a estar, estos partidos han perdido poder de negociación. Sé que otros partidos -VOX y PP- estarían encantados de que Bildu y Esquerra se hubieran salido con la suya, de que hoy
Bildu hubiera estado muy contento y el señor Rufián también, pero nosotros siempre, siempre y siempre vamos a pensar en el interés general. Y no nos gusta nada este Gobierno, pero somos conscientes de que, mientras esté este Gobierno, todos y cada
uno de nuestros votos van a servir para que hagan el menor daño posible a España.


Hoy, gracias a Ciudadanos, pierden Bildu y Esquerra y ganan los trabajadores y los empresarios de este país. Hoy, gracias a Ciudadanos, España va a tener más seguridad jurídica y más credibilidad en un mercado laboral importante. Hoy va
triunfar la sensatez sobre el sectarismo. Siempre estoy orgullosa de ser la presidenta de Ciudadanos, pero os quiero decir, compañeros, que hoy me siento más orgullosa que nunca de ser la presidenta del partido liberal que siempre, en los momentos
importantes para España, actúa con responsabilidad y pensando en nuestro país. (Rumores).


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Arrimadas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Señora ministra, tras dos años de promesas siempre aplazadas llegan hoy aquí con una propuesta que no solo no deroga la reforma laboral del Partido Popular, sino que consolida sus aspectos más lesivos. Frente a la propaganda, la realidad es
que mantienen sin tocar los elementos más perjudiciales para los intereses de los trabajadores y trabajadoras y que motivaron dos huelgas generales en el año 2012. No tocan ustedes las facilidades ni el abaratamiento de despido; la autorización
administrativa de los ERE; los salarios de tramitación; la prevalencia de los convenios de empresa, que pueden empeorar a los del sector, excepto en los salarios; la prevalencia de los convenios estatales; la posibilidad de descuelgue del
convenio; la facultad de las empresas para la modificación de las condiciones de trabajo y la movilidad geográfica colectiva o la distribución irregular de la jornada, hasta el 10 %, por ejemplo. Esa propuesta es la expresión del incumplimiento de
sus promesas y compromisos y no sirve para recuperar derechos para los trabajadores y trabajadoras.



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Usted dice que tendremos que explicar por qué votamos en contra de una propuesta decepcionante y fraudulenta. No, señora ministra, serán ustedes los que tendrán que explicar por qué, teniendo mayoría parlamentaria para ello, no quisieron
recuperar, por ejemplo, la indemnización de cuarenta y cinco días por año en los despidos improcedentes. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Ustedes optaron por seguir los dictados de la Unión Europea y
contentar los intereses de los empresarios, en vez de cumplir con los trabajadores y trabajadoras. Que tengan que aprobarlo con los votos de la derecha ultraliberal es la mejor imagen práctica de ello.


Como fuerza coherente y firme en la defensa de los intereses de la clase trabajadora gallega, el BNG votará en contra para forzar a este Gobierno a negociar una propuesta que realmente permita avanzar en derechos para los trabajadores y
trabajadoras, que es lo que pasaría si este decreto no fuese convalidado. En todo caso, solicitamos que sea convalidado como proyecto de ley, porque no renunciamos ni renunciaremos nunca a avanzar en derechos colectivos para la clase trabajadora
gallega y el conjunto del Estado.


Obrigado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra el señor Baldoví Roda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.


La legislatura no acaba hoy, y reconozco que hoy es un día complicado para mí. Gente que conozco y que aprecio me ha hecho llegar su desconcierto o su decepción, y lo entiendo. Otros me han hecho llegar su ánimo y su reconocimiento.
Gracias. Cualquiera que fuera el sentido de mi voto tendría consecuencias. Podría haber votado no. Entiendo las razones de Esquerra, del BNG, de la CUP, de Bildu y también del PNV. Son legítimas y comparto muchas. El Gobierno generó tantas
expectativas..., y ahora se quedan muy cortas. Las razones del PP y de VOX son otras, son las de cuanto peor mejor. No les interesan los trabajadores ni la España que madruga, les interesa volver al poder para hacer política justamente contra la
España que madruga.


A pesar de compartir las razones de una parte del bloque de la investidura, Compromís ha decidido votar sí. Porque tumbar esta reforma no garantiza que vaya a haber otra. Porque aunque faltan muchos derechos avanzamos en otros. Ayer me
llegó un tuit de una persona que llevaba cuatro años encadenando contratos parciales y me dijo: soy indefinido. Porque ganarán derechos los trabajadores y las trabajadoras, los fijos discontinuos, los temporales, los subcontratados low cost;
recuperarán derechos y salarios. Porque los sindicatos recuperan capacidad de negociación, mantienen los convenios sectoriales. Porque se endurecen las sanciones para los que defrauden.


Acabo. No, no ha sido fácil decidir nuestro voto, pero votamos con la cabeza alta y la conciencia tranquila. Si una limpiadora de un hotel de Benidorm, Málaga, Las Palmas o Mallorca acaba ganando 2000, 3000 o 5000 euros más habrá valido la
pena mi voto. Y hoy no termina la legislatura, hoy empieza un nuevo periodo de sesiones. Tenemos, mínimo, tres. Tengamos la habilidad...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.


El señor BALDOVÍ RODA: ... de aprovecharlos.


Moltes gràcies, president. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra la señora Sabanés Nadal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidente.


Señorías, esto no va de cómo acabemos este debate ni de cómo nos vaya a los diferentes partidos políticos, esto va de cómo quedan los trabajadores y trabajadoras después de este debate y de esta reforma. Eso es lo que realmente nos jugamos
en este debate. Los trabajadores y trabajadoras, señora Gamarra, sufrieron mucho con la reforma de 2012: los trabajadores y trabajadoras vieron vulnerados sus derechos; les trajo precariedad, temporalidad, y golpeó especialmente a los jóvenes y a
las mujeres. Por eso, desde Más País-Verdes Equo vamos a apoyar esta reforma, porque es la primera que en muchos años no retrocede en derechos de trabajadores y trabajadoras y porque recupera el diálogo social. Son



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dos motivos muy importantes para posicionarse en este debate. Además, nosotros sí hemos dialogado -el ministerio nos ha escuchado- y hemos tratado de comprometer acuerdos que acompañen a esta reforma, como poner en marcha un plan de choque
contra los abusos de la parcialidad en el empleo, que afecta especialmente a mujeres y jóvenes, o una línea de colaboración sobre salud mental y precariedad.


En cualquier caso, este es un día importante para los trabajadores y trabajadoras. Y un aviso a navegantes, señora ministra y señores del Gobierno. En esta legislatura se han producido muchos avances por un bloque de progreso de
investidura. Hoy tenemos esta reforma y, desde luego, no va a cambiar las mayorías, pero si no tenemos cuidado lo que puede cambiar es la legislatura. Por eso, hay que recomponer, porque puede que no cambie las mayorías, pero sí puede interrumpir
una época de cambios y una época de propuestas que son imprescindibles para los trabajadores y trabajadoras y para el conjunto de la sociedad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra el señor Bel Accensi. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.


Vicepresidentas, ministras, ministros, señorías, esta reforma laboral que vamos a proceder a votar el día de hoy es fruto de un consenso, un acuerdo entre empresarios y trabajadores, entre la patronal y los sindicatos. Esto en cualquier
otro país sería una buena noticia y las Cámaras legislativas lo recibirían con los brazos abiertos. Por ello, señora vicepresidenta, queremos felicitarla personalmente, al Gobierno, pero sobre todo a los sindicatos y a los empresarios, por este
acuerdo. Los acuerdos o los consensos en política siempre deberían cotizar al alza.


Respecto al contenido, más allá de algunas cuestiones puntuales, nosotros estamos de acuerdo con los aspectos que se modifican: la prevalencia del convenio sectorial versus el convenio de empresa, la ultraactividad y la reducción de la
temporalidad. Y estamos de acuerdo con los aspectos que no se tocan: los salarios de tramitación y el coste de la indemnización por despido. Si hoy no se aprueba esta reforma laboral, el diálogo social queda tocado de muerte. Si hoy no se
aprueba esta reforma laboral, se crea más inestabilidad en el mercado de trabajo en un momento de recuperación económica, no se mejora el marco de relaciones laborales y, lo más importante, se para la llegada de los fondos europeos. Por eso,
nosotros vamos a votar a favor.


Y, miren, yo constato hoy aquí una paradoja. Mientras los sindicatos y los empresarios hacen un esfuerzo de acuerdo y de consenso por pactar una reforma laboral, realista, pragmática y factible, estoy viendo que algunos de ustedes se
esfuerzan en adelantar por la derecha a la patronal y otros de ustedes se esfuerzan en adelantar a los sindicatos por la izquierda. Paradojas de la vida.


Nosotros votamos a favor...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.


El señor BEL ACCENSI: ... de esta reforma laboral de 2012 y vamos a votar a favor de esta reforma laboral. El tiempo quita y da la razón; lo hizo en el 2012 y lo va a hacer en el 2022.


Muchas Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene la palabra la señora Nogueras i Camero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, president.


No soy la primera que le recuerda, señora ministra, que ustedes prometieron derogar la reforma laboral del Partido Popular, una reforma laboral hecha por y para las grandes empresas: excluye al 99,9 % del tejido empresarial de Cataluña. Lo
que han hecho ustedes ha sido pactar un parche con los de siempre y desde arriba. Un diálogo entre la CEOE y los sindicatos españoles es eso, un diálogo entre la CEOE y los sindicatos españoles, no es un diálogo social. Nosotros no podemos dar por
bueno un diálogo que excluye a la mayoría de trabajadores de Cataluña, a los autónomos catalanes: más de seiscientos mil autónomos catalanes afiliados maltratados por todos los Gobiernos españoles, también por el suyo. Es un diálogo que excluye al
99,8 % del tejido empresarial en Cataluña, pequeñas y las medianas empresas que



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representan más del 60 % del PIB, el 70 % de la ocupación, y también -le voy a dar un dato- a una cuarta parte de las pymes de su país. Espero que le parezcan unos argumentos lo bastante sólidos, señora ministra. A ellos usted les ha dado
la espalda, plegándose a los mismos a los que se plegó el Partido Popular en 2012.


Voy al grano. ¿Está usted dispuesta a modificar el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, tal y como piden... (continúa su intervención en catalán). ¿Está este Gobierno dispuesto a devolver las competencias que corresponden a
Cataluña y que les arrancó el Partido Popular? Dudo que lo hagan, porque ustedes están haciendo lo mismo. ¿Se puede comprometer usted a respetar el... (continúa su intervención en catalán).


Termino. Señora ministra, no puede usted exigirnos apoyar una reforma laboral basada en un diálogo en el que se ha ignorado por completo a los trabajadores, a los autónomos y a las pymes catalanas. Han ignorado al 99,8 % del tejido
empresarial de Cataluña. El diálogo social en España, señora ministra, no parla català.


Muchísimas gracias. Moltes gràcies.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero.


El señor RUFIÁN ROMERO: Permítanme una previa, un recuerdo para nuestro compañero Jordi Salvador, que está confinado en su casa por COVID, que se ha currado todo esto y merecería estar aquí. (Aplausos). Una abraçada, Jordi.


Un par de comentarios. Algunos de ustedes, sobre todo desde el ministerio, han hablado mucho de Cádiz y de los trabajadores del metal de Cádiz. Está muy bien. La próxima vez no les envíen una tanqueta de la Policía; estaría muy bien.
(Aplausos). Y el segundo comentario es que ustedes -también desde el ministerio- han hablado mucho de Fátima Báñez. Bueno, Fátima Báñez trabaja para la CEOE y avala su reforma laboral, así que no la nombren tanto.


Creo que a estas alturas se pueden extraer un par de titulares de todo lo que está pasando esta mañana. El primero es que no se acaba el mundo; no se acaba el mundo. Algunos y algunas creen que hoy se acaba el mundo. No se acaba. Mañana
tendremos que seguir hablando porque somos, al menos nosotros y nosotras, muy conscientes de la alternativa. Y el segundo titular es que el diálogo social está muy bien. Nosotros respetamos enormemente a los agentes sociales, enormemente, y nos
parece incluso muy hábil que estén todos en esto, pero las leyes se hacen en el Congreso, guste más o guste menos. (Aplausos). Y cuando tú vienes aquí diciendo: esto es lo que hay y no se toca porque lo he pactado fuera, tú no te crees que el
Congreso sea la sede de la soberanía popular; tú te crees que el Congreso es un notario, un notario que sella acuerdos que están fuera. Y para nosotros y nosotras eso sienta un peligrosísimo precedente que, evidentemente, no aceptamos.


Pero yo hoy aquí no me voy a dirigir a quienes han hecho esta ley. Ya hablamos mucho entre nosotros, señorías. Hablamos tanto entre nosotros que a veces solo hablamos para nosotros. Así que yo hoy voy a hablar para quienes salen afectados
por esta ley, es decir, a la gente, es decir, a los trabajadores y a las trabajadoras. Así que, a ti que te va a afectar esta ley, ¿sabes cuánto le costaba a tu jefe despedirte injustamente, tras dos años trabajando y cobrando 1000 euros al mes,
con la reforma laboral del PP y de Rajoy? Exactamente 2531 euros. ¿Sabes cuánto le cuesta ahora a tu jefe despedirte injustamente, tras dos años trabajando por 1000 euros al mes, con esta reforma laboral? Lo mismo, 2531 euros. Lo mismo. ¿Saben
por qué? ¿Sabes por qué? Pues porque ni el ministerio ni el Gobierno -y es duro decirlo- han querido recuperar la indemnización o una indemnización justa frente a despidos injustos. ¿Podían hacerlo? Sí, podían. Primero, porque lo prometieron
-muy importante en política-; segundo, porque nosotros se lo proponíamos, y tercero, porque tenían los números y la mayoría de izquierdas para hacerlo. Que esta reforma laboral le guste a la CEOE, créeme, no es casualidad. A ti, que te afecta
esta ley, ¿sabes cuánto le costaba a tu jefe cada mes que pasaba desde que te despedía injustamente hasta que un juez dictaminaba sentencia con la reforma laboral del PP? Cero euros. ¿Por qué? Porque el PP y Rajoy se cargaron los salarios de
tramitación que, oye, le hacen a tu jefe pensarse antes de despedirte injustamente. ¿Sabes cuánto le costará ahora a tu jefe despedirte los meses que pasan desde que eso pasa hasta que el juez dictamina sentencia? Cero euros, lo mismo, exactamente
lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque el ministerio y el Gobierno no han querido -no han querido- recuperar los salarios de tramitación. ¿Podían hacerlo? Sí, podían. Primero, porque lo prometieron;



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segundo, porque nosotros se lo proponíamos, y tercero, porque - repito- había una mayoría de izquierdas dispuesta a hacerlo. (Aplausos).


Por tanto, aquí, señorías, la pregunta no es por qué nosotros no aceptamos esta reforma laboral; la pregunta es por qué la aceptan ellos. Si te gusta o si te dicen que te tiene que gustar la misma reforma laboral que le gusta a la CEOE, a
FAES, al Banco Santander y a Ciudadanos, quién se equivoca, ¿tú o ellos? (Aplausos).


Esquerra Republicana no está hoy pidiéndole al Gobierno que cumpla con las promesas y con el programa electoral de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana hoy simplemente le está pidiendo al Gobierno que cumpla con sus promesas y que
cumpla con su programa electoral. Quizá a algún militante o a alguna militante del Partido Comunista e Izquierda Unida le suene esto: programa, programa, programa. Es simplemente lo que venimos defendiendo desde hace diez años. Porque esto no es
la derogación de la reforma laboral que te prometieron, esto es el retoque de la reforma laboral que te prometieron que no harían. Y que nadie te venga a decir que si esto no se vota es que vuelve la reforma laboral del PP, porque si tú le vendes a
alguien una moto y acaba siendo una bici y le dices que al menos tiene ruedas, le estás mintiendo y, sobre todo, le estás intentando estafar, y nosotros no estamos para estafar a nadie. (Aplausos). La verdad, la dura verdad -y a los hechos me
remito- es que esta reforma -es durísimo decirlo- es exactamente la reforma laboral que hubiera negociado, hubiera firmado y hubiera votado Albert Rivera de haber sido vicepresidente. (Un señor diputado: ¡Ni de coña!). Es tan duro como eso.


Déjenme decir algo para acabar y para quien lo quiera entender. Esquerra Republicana, señorías, no funciona bajo amenaza; no funciona bajo amenaza. Esto no ha sido un proceso de negociación, esto ha sido un proceso de presión y de
negación. Aquí la posición inexplicable, créanme, no es la nuestra, porque, en definitiva, a nosotros y a nosotras nos han votado para hacer exactamente lo que estamos haciendo hoy aquí. ¿Y a ustedes?


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Vidal Sáez. (Aplausos).


La señora VIDAZ SÁEZ: Empecemos por el principio. Esta es una reforma de calado, ambiciosa y útil para afrontar las lacras del sistema y para, además, cambiar la cultura de las relaciones laborales en España; es un texto extenso y todo su
contenido son mejoras para las trabajadoras, todo, absolutamente todo. Esta reforma está pensada, por primera vez, para que las personas más precarias tengan derechos, para las mujeres, para la gente joven y para la que no es tan joven ya a día de
hoy. Con esta ley, para muchas -para muchas- será la primera vez que ganemos derechos laborales, ahí es nada, y es que en este país son ya varias las generaciones que solo hemos conocido precariedad.


En los años noventa nos contaron un cuento: si estudiabas mucho mucho, hablabas muchos idiomas y aguantabas un tiempecillo en precario, te esperaba la ansiada estabilidad. Que mejor un mal empleo que estar en paro. Cuando seas padre,
comerás huevos, nos contaban. Nos contaron, además, que era temporal, que los jóvenes podían ir tirando con menos y que cuando fuéramos mayores -padres- pues ya llegaría ese blanco unicornio llamado contrato fijo. Esfuércense, nos dijeron, y lo
hicimos, trabajamos por cuatro duros de 7 a 7 y los contratos basura se convirtieron en la norma. Aznar y Zapatero nos contaron que España estaba en la Champions League de las economías, pero no se redistribuyeron los beneficios y pasamos de la
precariedad laboral a la vital. Llegó la crisis del 2008 y las pérdidas -ahí sí- se redistribuyeron y se socializaron para todas: recortes, despidos, paro, desahucios..., y lo que tenía que ser temporal se convirtió en estructural. ¡Pobre
ejército de reserva! La precariedad y el paro no eran una etapa juvenil, eran y son el plan de la derecha para nuestras vidas, esa es su idea de libertad y ese es su modelo de relaciones laborales. Aprendimos, además, que tener reconocido un
derecho no implica poder ejercerlo. Y llegó M. Rajoy con su reforma laboral y aprovechó la gran recesión para bajar salarios de forma estructural, para patear la negociación colectiva en favor de la patronal y para facilitar el despido individual y
colectivo.


Esta ley revierte de pleno los objetivos de la reforma del Partido Popular, una reforma que impusieron de espaldas, evidentemente, a los agentes sociales y al Parlamento. De todo el Parlamento no, ahí estuvieron los fundadores de Junts per
Cat, que regalaron competencias a la Generalitat de Catalunya, porque su bandera son los negocios. (Aplausos). Ustedes no votan no por amor a los trabajadores; no, Junts desprecia



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a los trabajadores, los desprecia. Obedecen a Foment del Treball, que votó en contra de esta reforma en la votación interna de la CEOE. Han dejado, además, Cataluña con las cotas más bajas de autogobierno que hemos conocido jamás y se
permiten el lujo de llamar españoles, como si fuera un insulto, a los sindicatos catalanes -catalanes, señora Nogueras- (aplausos) que fundaron la escuela catalana y a quienes les ha votado -y escúcheme bien- más gente que al president de la
Generalitat. (Aplausos).


¿Comparte Esquerra Republicana este desprecio a los sindicatos? ¿Van a ser el tonto útil en la lucha de Foment y CEOE arrastrados por sus socios de Gobierno? ¿Van a blanquear su clasismo y su supremacismo? ¿A qué juegan Esquerra y Bildu
tumbando derechos? A mí me gustaría creer que no, de verdad se lo digo, pero hay mucha gente que puede pensar que votan no por cálculos electorales. Que Junts haga un remember y vuelva a votar con el Partido Popular es comprensible, pero que
Esquerra o Bildu voten con el Partido Popular y con VOX contra una mejora objetiva -objetiva-, de derechos, hay mucha gente que creo que no lo va a entender.


Mientras algunos se paseaban por el Congreso con impresoras y pactaban con la derecha en el Parlament, otros estaban plantando cara a las empresas jugándose el puesto de trabajo. (Aplausos). Miles de hombres y mujeres han luchado sin
descanso para frenar y amortiguar el alcance de las leyes pensadas para exprimir y para explotar a los trabajadores, no pocos entre sus votantes. En cada mesa de negociación, en las empresas y en la calle llevamos muchas reformas laborales;
aguantamos la represión del 315.3, ese artículo del Código Penal que, gracias a este Gobierno, ya conjugamos en pasado, pero más de trescientos sindicalistas pasaron por procesos penales por ejercer un derecho que es fundamental. Y, así, se ha
fraguado una nueva generación de trabajadores y trabajadoras a quienes hoy esta reforma da respuesta. Mucha gente ha hecho posible que esta norma llegue aquí, y no puedo nombrarlas a todas, pero si hablamos de personas que se hayan dejado la piel
para defender los derechos laborales, hoy quiero recordar un nombre, el de Alberto Rodríguez. (Aplausos).


Los cambios profundos jamás acontecen por una persona o por una ley, esto lo sabe bien la ministra, aunque hay personas que ayudan y leyes que lo fomentan. Esta reforma ni es descafeinada ni es maquillaje. Quien dice eso está despreciando
los logros de miles de trabajadores, está despreciando el diálogo social, demuestra saber muy poco del mundo del trabajo y le falta empatía con la gente que lleva décadas soportando la precariedad. La reforma que hoy convalidamos no solo revierte
parte del decretazo de Rajoy, es que va mucho más allá: supone una ruptura con toda la legislación que ha promovido la temporalidad abusiva desde 1984. A quienes legítimamente piensan que deberíamos llegar más lejos les digo que quedan dos años de
legislatura y pueden estar seguras de que esta no será ni la última ley ni el último derecho que ganemos. Seguiremos subiendo los salarios, seguiremos mejorando el empleo y seguiremos reduciendo la precariedad y la temporalidad, y lo haremos con el
diálogo social.


Y yo me pregunto, ¿Cómo estaremos en mejor condición para alcanzar estos retos, con contratos indefinidos y convenios fuertes o con contratos temporales y precariedad? Pregúntense eso. Con esta ley ganamos fuerza para seguir avanzando, que
es lo que importa. ¿Qué lucha vas a dar si no tienen ni siquiera que despedirte? Con no renovarte actualmente es suficiente. Ante el abuso de la temporalidad, las indemnizaciones por despido y las garantías del despido colectivo no llegan. A ver
si entienden eso. O esta realidad cambia ya, antes de que suba la contratación a raíz de la recuperación y de los fondos europeos, o la precariedad y el paro marcarán nuestras vidas para siempre. Esto es lo que hoy nos jugamos. Esta es la
coyuntura, señor Matute. Nadie habla del contenido de esta reforma. Si realmente creyeran que es insuficiente, votarían a favor, haciendo legítimas críticas, o se abstendrían. (El señor Matute García de Jalón hace gestos negativos). Hoy todo el
Parlamento debería de votar esta reforma porque es de consenso, pero el no es injustificable para quienes se identifican como izquierda, porque votan, básicamente, la reforma del Partido Popular hoy. Además, es curiosa la conciencia de algunas
voces críticas con la aparición de encuestas extremadamente favorables para Yolanda Díaz entre los votantes de esas formaciones. Al menos, sean honestos. Esta reforma es el primer intento serio de combatir la precariedad y se basa en las
experiencias de la política de protección del mercado en la pandemia.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe de finalizar, por favor.


La señora VIDAL SÁEZ: La propuesta de la derecha son los contratos temporales y los ERE; la nuestra, la estabilidad y los ERTE. Despidos masivos versus mantenimiento del empleo. Esto es. Y aquí proteger el empleo, generar empleo o
mejorar los derechos, todo esto, genera empleo. (Rumores.-Varias señoras y señores diputados: ¡Tiempo!).



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Termino. Estos días he sentido mucha vergüenza, pero quiero recordar una vez más a Almudena Grandes. No nos van a robar la alegría, porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí, es mucha la gente que ha luchado y hoy estamos contentas de
poder volver a casa y decir que volvemos con nuevos derechos. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en
pie.-Aplausos de los miembros del Gobierno presentes en el hemiciclo, algunos de ellos puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).


El señor AIZCORBE TORRA: Señor presidente, muchas gracias.


Son tiempos de oscuridad e incertidumbre, de miedos y prepotencias. Señora ministra, usted, al más puro estilo izquierdista que se ha impuesto como dogma de comportamiento zafio en esta Cámara, amenazó hace breves fechas a VOX con la
siguiente sentencia: si VOX llegara a gobernar, tendrían huelgas y movilizaciones masivas. No era un aviso distraído a navegantes, sino una declaración de intenciones donde se deja bien claro quién manda en los sindicatos de clase subvencionados
en España, convertidos en herramientas al servicio de los intereses políticos de la izquierda. (Aplausos). Señora ministra, el lenguaje modifica el pensamiento, efectivamente, y usted, solo por esta altanera amenaza al más puro estilo Largo
Caballero que tanto le gusta, per se justifica el voto negativo a esta reforma laboral, a la cual nos hemos opuesto desde el primer momento por razones claras y evidentes de forma y de fondo.


De forma. Una vez más, el Gobierno acude a la utilización abusiva del artículo 86 de la Constitución española y a la figura del real decreto-ley, igual que hizo el Partido Popular en su momento, cercenando la potestad legislativa en una
reforma estructural, que no es una cuestión en absoluto menor, tal como tiene señalado el Tribunal Constitucional. Y por el fondo: cinco artículos de modificación, siete adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y ocho finales donde se
incorporan algunas de las reformas que se indican en la componente 23 del plan de recuperación presentado a la Comisión Europea. Pues bien, sin entrar en la crítica de los alambicados y vaporosos textos que aparecen en el informe, que admiten una
interpretación y la contraria -de ahí que la Comisión los acepte-, lo cierto es que la reforma se entiende principalmente en dos ámbitos, el de la contratación y el de la negociación colectiva. Sucintamente, contratación: no es más que un
maquillaje nominal de contratos que encarece la misma. Punto. Más allá de lo dispuesto, se podrían haber buscado fórmulas mediante las cuales la temporalidad, necesaria por el modelo productivo español, no fuera asociada a la precariedad
(aplausos), pero para ello debería haber introducido un mecanismo de flexibilidad a través, por ejemplo, del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, ya que, ante situaciones complicadas de las empresas, estas solo podrán optar por el despido.
Es decir, con ello encarecemos, de nuevo, el coste de la contratación a la empresa, el impuesto al trabajo y más barreras de entrada.


Negociación colectiva. La finalidad de la ultraactividad y el refuerzo del convenio sectorial, cuando ya se hacía de facto y no peligraban los derechos de los trabajadores, solo tiene un objetivo, según el propio texto, y dice: Recuperar
el papel central y fortalecer el ámbito legítimo de actuación de los sujetos negociadores de los convenios colectivos. En definitiva, elevar el poder de los sindicatos de izquierda subvencionados (aplausos), los mismos que recorren las calles de la
mano de los terroristas pidiendo la libertad de los presos de ETA que han asesinado a centenares de trabajadores. Así pues, que quede claro que no somos el Partido Popular, y mucho menos Ciudadanos. No solo admitiríamos cualquier reforma laboral
que fuera beneficiosa para los trabajadores españoles, para la creación de empleo, para las empresas, para dinamizar nuestra economía, sino que incluso seríamos sus abanderados, pero no precisamente de esta reforma, porque esta reforma, tal como la
quiere el Gobierno, vela únicamente por los intereses de los sindicatos de clase y el IBEX 35, abandonando a la mayoría de trabajadores, dificultando la creación de empleo y obviando a las pymes y autónomos como principales motores de la ocupación
en España. (Aplausos). Y lo más importante, se olvida lo principal y, no obstante, el propio texto nos da la pista en el segundo párrafo del expositivo primero, cuando se dice: No es la norma laboral el único lugar donde afrontar y resolver estos
problemas, y es aquí donde hay que realizar los grandes cambios.


Señorías, el Estado español en la actualidad es una estructura de saqueo y expolio de las clases medias y trabajadoras (aplausos), que confisca por el doble método de la inflación, de una parte, y de la



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presión fiscal, de otra, que está reduciendo a la miseria a millones de españoles, cuando el trabajo es el gran patrimonio de muchos de esos españoles. Lo que no puede ser es que un trabajador que cobra 1400 euros le cueste a la empresa
2200 euros, y que, además, ese Juan Español medio tenga que pagar el 21 % de todas sus operaciones al mayor comisionista que es el Estado, sin perjuicio de todos los impuestos directos e indirectos más el vergonzoso coste de la fiesta de las
autonomías. (Aplausos). Un mileurista es un dosmileurista atracado por el Estado.


Y mientras la reforma penaliza el sector privado, el Ministerio de Trabajo, estando ya en vigor la norma, se permite contratar a interinos temporales, concretamente un millar, en un organismo que depende directamente de usted, señora
ministra, como es el SEPE. No se puede mentir a todo el mundo durante todo el tiempo. Estamos en una sociedad de jóvenes engañados, sin empleo, y con nuestros mayores olvidados, a los que se les obliga a operar con entidades financieras y a
contratar tarjetas bancarias y ni siquiera pueden contar con la sonrisa del cajero cuando van al banco, para mayor gloria de digitalizaciones y agendas internacionales. Son aquellas pequeñas cosas que no matan ni el tiempo ni la ausencia.


Este Gobierno es una farsa; no les importan los trabajadores, lo que les importa son los privilegios de los sindicatos, que hace mucho tiempo que no representan a los trabajadores. Por eso, no es admisible el mal menor cuando hay un bien
posible. El Estado debe ser fuerte, pero pequeño, austero, eficaz y ágil. (Aplausos).


En definitiva, ante una reforma que refuerza el enfrentamiento mediante sindicatos de clase, proponemos sembrar solidaridad; ante una reforma que pone trabas al empleo, proponemos sembrar facilidades de contratación; ante una continua
intervención del Estado, sembrar subsidiariedad e iniciativa privada; ante el espíritu de prohibición, sembrar responsabilidad; ante la permanente amenaza de sanción, sembrar asesoramiento y ayuda; ante la burocracia innecesaria, sembrar
sencillez de tramitación; ante la imposición arbitraria, sembrar seguridad jurídica; ante el abuso del Estado, sembrar Estado de derecho; ante la Agenda 2030, sembrar Agenda España.


Damas y caballeros, sabemos el camino para crecer sin miedos, vivir en paz y afrontar el mañana con optimismo. La bandera está en alto y no es un partido, es un movimiento y se llama VOX.


Muchas gracias, señor presidente. (Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.- Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


- REAL DECRETO-LEY 1/2022, DE 18 DE ENERO, POR EL QUE SE MODIFICAN LA LEY 9/2012, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO; LA LEY 11/2015, DE 18 DE JUNIO, DE RECUPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE
CRÉDITO Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN; Y EL REAL DECRETO 1559/2012, DE 15 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN DE ACTIVOS, EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA. (Número de expediente 130/000073).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al siguiente punto: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen
jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.


Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidente.


Señorías, comparezco hoy para defender la convalidación del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican tres normas, la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y



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resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el
régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Discúlpeme, señora vicepresidenta. Señorías, ruego silencio, por favor.


Continúe, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Gracias.


Este real decreto-ley modifica estas tres normas, con el objetivo de actualizar el régimen jurídico y la gobernanza de la Sareb tras su reclasificación contable dentro del sector público desde finales del año 2020, debido a un cambio de
consideración estadística impuesto por Eurostat. Dicho de otro modo, se trata de adaptar la gestión de la Sareb a su realidad económica actual. Se trata de un real decreto-ley muy diferente del que se acaba de debatir aquí en esta Cámara, que
miraba al futuro. Es también un real decreto-ley muy diferente de los que he presentado a convalidación anteriormente. No se trata de responder a la pandemia, no se trata de establecer medidas de apoyo a las empresas o de tejer una red de
seguridad para las personas, tampoco de adoptar una reforma laboral tan importante para nuestro país. No se trata de un tema en el que haya habido margen de decisión o alternativa. Se trata de uno de los últimos coletazos de la respuesta que en su
día se dio a la crisis financiera iniciada en 2008 -que ha sido mencionada reiteradamente aquí esta mañana- y que llevó en 2012 a la creación de la entidad de gestión de los activos procedentes de los balances de entidades financieras, que,
finalmente, ha dado como resultado un aumento de la deuda pública contabilizada de casi 35 000 millones de euros y del déficit público de casi 10 000 millones de euros el año pasado. Ante esa realidad es evidente que no podemos seguir dejando el
control de la Sareb en manos de los accionistas privados. Insisto, este Gobierno no ha tenido margen de maniobra en este asunto, consecuencia exclusiva de las decisiones que se tomaron en 2012 y 2013 y de la imposición por Eurostat de la
reclasificación contable de Sareb en el perímetro de las administraciones públicas. Voy a detallar algunos de los antecedentes más relevantes para luego concretar las medidas que recoge este real decreto-ley.


Para hablar de la Sareb tenemos que recordar su origen y remontarnos a la crisis financiera. La excesiva exposición del sector financiero español a la construcción y a la promoción inmobiliaria acabó por afectar a la solvencia de un
conjunto de entidades bancarias en nuestro país, y en ese contexto en 2012 el Gobierno -entonces del Partido Popular- solicitó asistencia financiera a las instituciones europeas sobre la base de un memorando de entendimiento que recogía, entre otras
condiciones, la creación de una entidad de gestión y liquidación de activos. La Sareb recibió de nueve entidades, entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, un paquete de casi 200 000 activos problemáticos, que incluía préstamos e inmuebles. Se
trataba de préstamos de muy dudoso cobro así como de inmuebles cuya calidad era heterogénea, su estado de determinación irregular y estaban situados en distintas áreas geográficas. Estos activos se valoraron en casi 51 000 millones de euros. A
cambio de estos activos deteriorados las entidades que los transmitieron recibieron bonos avalados por el Estado. El objetivo de la Sareb, por tanto, era la gestión y venta de dichos activos para así obtener los fondos necesarios para amortizar los
bonos con que pagó a las entidades que se rescataron. El plazo para hacerlo se fijó en 2027. En el momento de su creación, de acuerdo con Eurostat y teniendo en cuenta las características de la Sareb y la normativa contable europea, se clasificó
como una institución financiera privada, no controlada por las administraciones públicas, lo que determinaba que no consolidase en las cuentas públicas. Desde entonces, en la Unión Europea, entidades similares de otros Estados miembros -que también
se habían clasificado inicialmente fuera del sector de las administraciones públicas- se han visto incluidas progresivamente dentro del sector público. En esta situación, Eurostat requirió al Instituto Nacional de Estadística reclasificar la Sareb
en las cuentas nacionales como una unidad perteneciente al sector de las administraciones públicas dentro del subsector de la Administración central. La reclasificación de la Sareb tuvo, por tanto, un impacto en déficit público y en deuda pública
con efectos desde el año 2020. Desde ese momento, la deuda de la Sareb computa como deuda del Estado. No obstante, es muy importante señalar que no se trata de deuda adicional emitida por el Tesoro, sino de un pasivo contingente contabilizado cuyo
impacto final dependerá de la evolución futura de la sociedad, de su gestión a partir de ahora. En este punto también creo importante señalar que, aun asumiendo los tres puntos del PIB correspondientes



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a este cambio contable, gracias al crecimiento económico, a la buena gestión económica, en particular del Tesoro, y a las transferencias de fondos europeos durante 2021, hemos podido mantener un fuerte esfuerzo inversor en nuestro país,
responder a la pandemia de forma eficaz en el plano sanitario, económico y social, y la ratio de deuda pública sobre el PIB ha empezado ya a reducirse, cumpliendo así de sobra nuestros objetivos fiscales. Aunque los datos definitivos de la ratio de
deuda pública sobre el PIB para el año 2021 se conocerán en las próximas semanas, podemos decir con confianza que el año cerró por debajo del objetivo del 119,5 % del PIB.


Quizá la palabra que mejor sintetiza nuestra gestión en este asunto es responsabilidad; responsabilidad para responder a las herencias del pasado, para gestionar el presente y para tratar de encauzar el futuro de la mejor forma posible.
Estamos ante una nueva realidad económica y contable que hasta este real decreto-ley no se había reflejado en la gobernanza de la entidad. Sigue habiendo una estructura accionarial en la que el Estado tiene una participación minoritaria, es decir,
que las decisiones de gestión se toman en un consejo de administración en el que el Estado no tiene el control, y esta situación es a la que queremos poner fin con este real decreto-ley. Señorías, no podemos permitir que decisiones que afectan a
nuestras cuentas públicas, a nuestra deuda pública, se tomen por personas que no representan el interés público. Además de hacer posible que sea el Estado el que ejerza un control efectivo sobre la gestión de la Sareb, también hemos de dotar a esta
compañía de un régimen que le permita la necesaria flexibilidad para alcanzar sus objetivos de liquidación de los activos que le fueron transferidos. Para ello, el real decreto-ley sometido hoy a su convalidación, en primer lugar, elimina los
límites a la participación del Estado en el accionariado de Sareb. La disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, limitaba al 50 % la participación que podía tener el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria -en adelante el FROB- en el capital de la Sareb. Actualmente esa participación es de casi el 46 %, siendo el resto participación privada a través de bancos, aseguradoras y otras entidades. Tras el cambio adoptado por el real decreto-ley,
se eliminan los límites a la participación del Estado en el accionariado de Sareb, permitiendo así un posible aumento de su peso en el capital de esta sociedad, con el objetivo de que el Estado pueda ejercitar un control efectivo sobre la gestión de
la entidad. Se establecen también las condiciones en las que el FROB debe adoptar la decisión de la compra de participaciones de la Sareb, que deben someterse a un informe previo de la Intervención General de la Administración del Estado, que
evaluará tanto el cumplimiento de los procedimientos como la razonabilidad del precio propuesto.


En segundo lugar, se establecen limitaciones salariales. Hasta el momento, la Sareb era una entidad privada y no estaba sujeta a las limitaciones salariales del sector público, por lo que la remuneración del personal se ajustaba a las
remuneraciones predominantes en su sector de actividad de proveniencia de su personal: banca, fondos, inmobiliario. Dada la consolidación en el sector público, se considera ética y profesionalmente apropiado que las remuneraciones de los
directivos se ajusten a las propias del sector público. La Sareb estará sujeta al régimen retributivo de los trabajadores del sector público y, en concreto, al régimen retributivo aplicable a los directivos del sector público empresarial para
aquellos a los que se aplique. Este régimen establece una estructura salarial tipo y unas remuneraciones máximas en función de la clasificación de la sociedad que se actualizan periódicamente. También se limitarán las indemnizaciones en caso de
despido. Naturalmente, por lo que respecta a los miembros del consejo de administración, se tratará necesariamente de personas con reconocida honorabilidad profesional, que posean conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones.
Estos requisitos de honorabilidad y experiencia deberán concurrir asimismo en los directores generales o asimilados de la entidad. No puede ser de otra manera, dados los requisitos éticos y de diligencia profesional que se exigen para ejercer
profesiones en el ámbito de la Administración pública, tal y como se prevé en la normativa general aplicable al sector público, la normativa reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Además, el Banco de España
supervisará los criterios de honorabilidad comercial y profesional de los consejeros de la Sareb.


En tercer lugar, se adapta el régimen jurídico y de supervisión de la Sareb. Atendiendo al carácter especial del objeto de la Sareb y a que se trata de una sociedad que cuenta con una duración limitada a 2027, no adquirirá la condición de
sociedad mercantil estatal y seguirá sometida al ordenamiento jurídico privado. No obstante, la Sareb se someterá al régimen de contratación que le corresponda, de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público. Además, se opera un cambio
de naturaleza técnica, eximiendo a la Sareb de la aplicación del cumplimiento del artículo 327 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que prevé la obligatoriedad de la reducción de capital de una empresa cuando las pérdidas



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contables hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital social y hubiera transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto. Este tratamiento complementa el que ya
se aprobó por medio del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, garantizando así un elevado nivel de seguridad jurídica. Se mantiene, por lo demás, el actual régimen de supervisión y sanción atribuido al Banco de España y la fiscalización externa
queda en manos del Tribunal de Cuentas. Con el fin de evitar los conflictos de interés que podrían producirse por la participación de los supervisores de la Sareb en la estrategia y gestión de esta sociedad, se atribuye a la Comisión Rectora del
FROB, en su composición reducida, la toma de las decisiones que afecten a la gestión de su cartera de participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos.


Finalmente, este real decreto-ley introduce el principio de sostenibilidad en la enajenación de activos. El papel de la Sareb en materia de vivienda se debe realizar respetando el objetivo único de esta sociedad, que es optimizar el valor
de sus activos y maximizar los recursos obtenidos para amortizar su deuda, minimizando así el impacto final sobre los contribuyentes españoles. No obstante, esta optimización de valor no debe producirse solo en términos económicos, siendo
fundamental también el aspecto social. Por eso, otro importante cambio que se introduce mediante este real decreto-ley está orientado a dar cobertura a la actuación de la Sareb en este ámbito, habilitando la posibilidad de enajenación de activos en
línea con el principio general de sostenibilidad. De esta forma, se introduce la posibilidad de que la Sareb, en coordinación con el Gobierno, elabore estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o entidades no lucrativas en los casos en
los que la ponderación de su utilidad social sea especialmente relevante. De hecho, desde que llegamos al Gobierno hemos impulsado esta vertiente social de la Sareb. En 2019, la Sareb cerró por primera vez la venta a una Administración pública de
viviendas para fines sociales, ventas que se incrementaron de forma significativa en 2020. Además, se han facilitado acuerdos con ayuntamientos y comunidades autónomas para poder aprovechar los inmuebles para la política de vivienda social. En
2020, la Sareb amplió su parque social de viviendas desde las 4000 hasta las 10 000 unidades y en 2021 suscribió un acuerdo con los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por el que se
amplía el número de inmuebles destinados a vivienda social a 15 000. Esta labor, naturalmente, ha de continuar en el futuro, maximizando así el valor del patrimonio de la Sareb desde el punto de vista económico-financiero y social.


Señorías, compartirán conmigo que las medidas que se incluyen en el real decreto-ley, por su naturaleza y finalidad, permitirán la actualización del régimen jurídico de la Sareb y una actualización de su gobernanza para afrontar una realidad
económica ya vigente: el impacto en el déficit público y en la deuda pública, con efectos desde finales del año 2020, derivado de la reclasificación de la Sareb en las cuentas nacionales por parte de Eurostat. Este es un problema que arrastramos
de la gestión que se hizo de la crisis financiera y, llegados a este punto, el objetivo de este real decreto-ley es dar al Estado las herramientas para gestionar lo que ya es suyo. Tenemos que tener estas herramientas y centrarnos en utilizarlas
bien, defendiendo el interés general, así que cuento con que todos ustedes sabrán ver la importancia de la votación que afrontamos esta mañana y que voten a favor de la convalidación del presente real decreto-ley, que, como decía en mi introducción,
es radicalmente opuesto al que espero que se convalidará hoy y se ha debatido esta mañana en sede parlamentaria. Reflexionaba, señorías, sobre qué diferente está siendo la salida de esta crisis sin precedente causada por la pandemia, qué diferente
ha sido la respuesta de nuestro Gobierno, qué diferente ha sido la respuesta europea, qué diferentes las perspectivas de todos los ciudadanos en contraposición a aquella crisis financiera cuyos últimos coletazos estamos todavía abordando con la
convalidación de este real decreto-ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días, señora vicepresidenta primera y ministra de Economía. Voy a respaldar la convalidación del real decreto-ley que usted nos acaba de presentar y que solo en esta XIV Legislatura avanza raudo hacia el centenar de normativas a las
que el Gobierno aplica un procedimiento que debería ser excepcional pero que con el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya se ha tornado en cosa de rutina.



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En 2012, en mi calidad entonces de senador, intervine en la tramitación urgente del proyecto de ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que fue resultado del proceso de reformas que, como usted ha recordado, fue
tutelado por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Siendo crítico con el entonces incipiente Gobierno de Mariano Rajoy, no quedaba otra frente a la emergencia para afrontar aquel catastrófico legado
económico producto de la gestión socialista. Señorías, traté de enmendar entonces algunos de los planeamientos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como banco malo, alertando sobre el
traspaso de aquellos activos tóxicos derivados del estallido de la burbuja inmobiliaria y la descomunal crisis, única fórmula para que las entidades bancarias pudieran deshacerse del aluvión de activos inmobiliarios y créditos fallidos tras
desvelarse los números rojos acumulados en los años previos y ocultados irresponsablemente por los supervisores. Algunos no olvidamos -creo que es conveniente recordarlo ahora- que estaban en peligro los ahorros de millones de familias españolas
por la quiebra del sistema. También estaban en peligro decenas de miles de empleos del sector bancario. Aquí, en el Congreso, posteriormente se constituyó una comisión de investigación sobre la crisis del sistema bancario que tuvo unas elocuentes
conclusiones, pero aún hoy continúan las secuelas de la nefasta gestión del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que, como ustedes no olvidarán, culminó con la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución española, que Foro Asturias, por
cierto, votó en contra. Ahora, ante la insuficiente amortización de la deuda de la Sareb, del banco malo, son necesarias, son imprescindibles las medidas de actualización contempladas en esta norma que ha explicado la señora Calviño, y de ahí que
votaré a favor de la convalidación.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: Presidenta, ministra, hoy vivimos un nuevo capítulo de una historia recurrente, la del capitalismo que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas, la historia de los capitalistas que se llaman a sí mismos
liberales y que no quieren que el Estado intervenga, por ejemplo, para subirles los impuestos, pero sí quieren que intervenga para comprarles las deudas cuando lo necesitan. Y dentro de esta historia, el caso de los bancos es el más escandaloso en
el Estado español: por un lado, la privatización de los beneficios. No olvidemos que desde que fueron rescatados en el año 2008 han seguido amasando beneficios. Se calculan entre 2008 y 2018 unos 100 000 millones de euros de beneficio para las
entidades bancarias, que han sido repartidos entre accionistas y el sueldo de los directivos, porque en otras cuestiones no los han invertido, han echado a personal a la calle y han cerrado oficinas y, por eso, hay ahora un incipiente movimiento que
se queja precisamente de esto, de que las entidades bancarias no están cuidando la atención al cliente. Pues eso, estos beneficios se dedicaron al lucro, a los accionistas y a los directivos. Privatización de estos beneficios, pero socialización
de las pérdidas, porque cuando cayeron con la explosión de la burbuja y la crisis de 2008, los poderes públicos, de acuerdo con la troika, lo que llevaron a cabo fue su rescate directo con una cifra que fue de 60 000 millones de euros en aquel
momento, que luego se ha ido incrementando y que algunos especialistas calculan que serían unos 80 000 millones de euros lo que hemos acabado aportando al rescate bancario. E incluso hubo más maniobras, porque se les regalaron, se les entregaron
las cajas de ahorros y hay una concentración bancaria bestial en el Estado español, y también lo que nos trae hoy, la creación del banco malo para que absorbiese los activos tóxicos e incluso maniobras derivadas, como convertir al Estado en avalador
de los bonos de ese banco malo, que eran bonos basura, pero, claro, con el aval del Estado dejaban de serlo. Toda esta estafa -que no tiene otro nombre- que es pasar dinero público para salvar el negocio de la banca privada, se hizo evidentemente
con la bendición de la Unión Europea e incluso tiene premio, porque el principal responsable, el señor Luis de Guindos, hoy es vicepresidente del Banco Central Europeo. Pero hoy quien está en el Gobierno no es De Guindos, ni es el PP, sin embargo
lo que nos traen tiene una cierta continuidad con su obra, que es comprar el resto de las acciones del banco malo, quedárselo y con ello asumir su deuda, unos 35 000 millones de euros, que pasarán a incrementar la deuda pública del Estado español.
Por cierto, esta generosidad que se tiene desde las instituciones con la deuda de los bancos no es la que se tuvo con la deuda de las familias, a las que se les aplicaron los desahucios por impago de hipoteca. Entonces, ahora tenemos un banco
público, pero público solo a medias, porque públicas serán sus deudas, pero ¿y sus activos?



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Este es el discurso que nosotros queríamos dar y, en consecuencia, abstenernos en la votación, porque los activos del banco público deben pasar, cederse indefinidamente a las políticas de vivienda social de comunidades autónomas y
municipios, porque, si no, ante lo que estamos hoy es ante un muy mal negocio, quedarse únicamente con la deuda. Se quedan con los activos y deben ponerlos al servicio indefinidamente de las políticas de vivienda social. Solo así podría tener
algún sentido lo que hoy se aprueba.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías, eguerdi on ya.


Volvemos a tener que debatir un real decreto como el que se denunciaba hace uno o dos días -ya no recuerdo con exactitud-. Son esos reales decretos que incluyen cosas aparentemente diferentes y entonces uno no sabe si se tiene que agarrar a
algunas de ellas porque le puede parecer bien o tiene que fijarse en la que no le parece nada bien. Porque es verdad que en este decreto se habla de la Sareb -es lo que ha ocupado gran parte de la intervención-, pero no es menos cierto que también
se habla de una corrección técnica del Estatuto de los Trabajadores. Pues parece que no es tan difícil. Eso nos alegra, o sea, que ya vamos a seguir por la vía de las reformas del Estatuto de los Trabajadores para todo lo que en el debate anterior
hemos dicho que queda pendiente. Y luego se nos plantea otra que tiene que ver con las zonas turísticas tensionadas, que también es otro elemento que aparece ahí y con el que en principio uno no podría estar tampoco en gran desacuerdo, más allá de
que la Comunidad Autónoma vasca tenga una lógica de disposición de horarios comerciales que para sí quisieran los trabajadores y trabajadoras del Estado español, para que no les obligaran a trabajar tantos domingos, quiero decir. Pero hay una cosa
que llama la atención en este caso concreto, y luego me centraré en la Sareb. Plantean que los municipios de esas zonas turísticas tensionadas tengan la capacidad de señalar, en función de la adaptación que plantean pre-COVID, si es o no una zona
turística tensionada y, por tanto, habilitar más horarios comerciales, y tengan un tiempo para que sean ellos mismos los que determinen qué zonas son las que tienen que tener, digamos, esa flexibilidad horaria comercial, pero les ponen una cortapisa
de seis meses. Es decir, si en seis meses no lo hacen pasará el Estado a decidir por ellos y declarará que todo sea zona turística tensionada. Bueno, pues si creen que lo van a hacer y además creen que se debe hacer -y nosotros también creemos que
es así, que lo hagan las autonomías y las localidades- dejémosles, no les pongamos ningún plazo y que sean ellas las que lo hagan, que ya nos ocuparemos otros y otras de que los horarios comerciales no pasen por encima del derecho al descanso de los
y las trabajadoras. (Rumores).


Pero por centrarme en el tema estrella de este real decreto -porque los otros son añadiduras- y por centrarme en la Sareb, quiero señalar que al final esto es el fin de un triste periplo para el Estado español. Nos están planteando que
entre todos y todas nos traguemos el sapo de este caminar agónico y de este despilfarro que ha supuesto para las arcas públicas tener que sostener la avaricia y la codicia de unos pocos, que son aquellos que decidían hacer de las cajas de ahorros
poco menos que plataformas o startups -que se dice ahora para estar más en boga- para su propio lucro personal. Y esto es un sapo y no creo que sea honesto decir que sabe bien, no hay sapo que sepa bien. Usted decía que la palabra que puede
definir esto, lo que va a hacer el Estado español, es responsabilidad. Bien, hay una parte de ese argumentario que la puedo comprar, es verdad. Es responsable hacerse cargo de las deudas, aun cuando no sean suyas. También hay quien podría decir
que la palabra que define esto para con el Estado es pagafantas, porque en realidad lo que estamos planteando aquí es que todo lo que han hecho quede en nada o quede en una cierta situación de amnesia selectiva para que a partir de ahora tiremos
hacia delante. Se lo han citado antes y estoy totalmente de acuerdo. Este es el más claro ejemplo de socialización de pérdidas y de privatización de beneficios. Es un claro ejemplo de cómo la responsabilidad no ha llegado para quienes se llevaron
60 600 millones de euros y no los han devuelto. Yo creo que el Estado, los diferentes Gobiernos que en todo este camino han estado en el Estado, tendrían que hacer una cierta reflexión sobre si han hecho todo lo posible para recuperar los 60 600
millones de euros, porque si lo han hecho ha sido insuficiente, pero si no lo han hecho sería negligente. Y si no hubieran hecho nada habría que inferir que lo que en definitiva se planteaba era que no podíamos tocar de alguna manera a quienes
habían decidido que había que rescatarles de su naufragio con 60 600 millones de euros. Se ha señalado también que aquí lo que se plantea ahora es por recuperar los 35 000 millones de la deuda, de hacerlos



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propios, y esto sumaría o aumentaría el montante que he señalado antes de los 60 600. Todo esto en un contexto como el actual, donde vemos cómo los beneficios de la banca se han seguido disparando. No parece que el sector bancario español
esté atravesando horas bajas, no lo parece. Es cierto que está despidiendo a miles de trabajadores, pero lo está haciendo seguramente para aumentar sus beneficios empresariales, no porque su volumen de negocio vaya mal. Si uno ve los datos, con
los beneficios que ha arrojado el año 2021 el Santander, 8124 millones de euros; el BBVA, 4321 millones de euros; CaixaBank, 5226 millones de euros, y Bankinter, 1333 millones de euros, parece que no puede uno decir que haya que apenarse por
ellos. Precisamente porque ellos sí han estado utilizando la Sareb durante todo este tiempo para hacer negocios, y lo sabe usted igual que lo sé yo. De hecho, hay litigios abiertos de la Sareb contra CaixaBank y contra cuatro entidades bancarias
que he citado en esta lista de las entidades bancarias con enormes beneficios porque ahora no quieren hacerse cargo de las deudas negativas. Nos piden que demos carpetazo a este agujero sin fondo y nosotros no podemos mirar para otro lado y decir
que 'por la paz, un Ave María', que diría -supongo- un católico, no sé si estoy muy equivocado en esto. Nos parece que hay que denunciarlo y que no podemos dar nuestro aval a esta realidad, porque no solo se les rescató, sino que además decidieron
no devolver nada de lo que hicieron. Sin embargo, en Alemania y Francia sí han recuperado el dinero. Yo creo que podríamos mirar un poquito a Alemania y a Francia para saber qué han hecho ellos para recuperar todo ese dinero -en el Estado español,
60 600 millones; en Alemania y Francia, las cantidades que sean- para luego, después sí, asumir los activos.


Para ir finalizando, en cuanto a lo concreto que plantea, aparte de la asunción de una participación mayor del capital hasta ser mayoritarios, aunque siga siendo una entidad privada o de uso privado, ustedes plantean el uso social o la
cesión de las viviendas a entidades públicas. Nosotros con eso no estamos en desacuerdo -con eso en concreto-, pero nos parece muy poco lo que se les exige para el enorme sacrificio que va a suponer para el Estado español ver incrementada su deuda
en ese capital. Nos gustaría, por ejemplo, que se asegurara que en las propiedades que pertenecen a la Sareb y que incorpora o que hace propias el Estado, en tanto en cuanto se hace socio mayoritario de la misma, no se produzca desahucio alguno.
Se podría hacer y nos gustaría que se hiciera. Nos gustaría que se dijera también que estas viviendas se van a destinar a alquiler social público en al menos el 60 % del total de los activos y, además, estableciendo reservas o cláusulas especiales
para gente menor de 35 años. Quizás así ayudaríamos también a resolver las dificultades de acceso a la vivienda de la gente, y lo haríamos con recursos públicos.


También -y termino ya- se podrían incluir, en la reforma fiscal que el Gobierno va a proponer, medidas para el retorno progresivo de las cuantías del rescate bancario adeudadas por las entidades bancarias que cuenten con beneficios, es
decir, que no renunciemos a recuperar ese dinero, como parece que no hicieron Alemania y Francia y consiguieron recuperar. Por eso señalaba que no podemos votar afirmativamente esto, porque sería tanto como pedirnos que cerremos los ojos ante una
gestión, desde nuestro punto de vista, desastrosa en lo que tiene que ver con la dificultad para recuperar el dinero que hemos tenido que poner entre todos y todas para que ellos puedan salirse más o menos de rositas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal. (La señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea se dirige a la tribuna). ¿El Grupo Vasco quiere intervenir? (Asentimiento). No me constaba, pero, si quiere, por
supuesto.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: No soy yo muy fan de hablar mucho, rápido sí, pero bueno. Buenos días.


Hoy debatimos el real decreto-ley para permitirle al Estado, a través del FROB, que pueda adquirir una participación mayoritaria en el capital social de la Sareb y tener el control de la entidad. Es una herencia, desde luego, a la que
cualquiera quisiéramos renunciar, porque es la historia de un despropósito. Un decreto que, como usted bien ha dicho, por desgracia mira al pasado, a ese pasado que no queremos recordar por las condiciones y por las consecuencias que tuvo. Una
decisión que se toma, como bien ha dicho la vicepresidenta, tras la decisión de Eurostat, que ha obligado a contabilizar el déficit por la compra de los inmuebles de activos tóxicos tras la famosa reestructuración bancaria. Una cantidad que fue
avalada



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exclusivamente por el Estado sin que este tuviera una participación mayoritaria, de tal forma que esas cantidades aportadas no computaran como déficit. Una operación que nos decían, como bien se ha dicho aquí, que no iba a costar dinero,
porque el plan era vender todos esos activos y encima obtener un beneficio, decían, entre el 13 el 15 %. Eso que no iba a costar un euro al contribuyente ha desembocado en una sociedad ruinosa con el aval del Estado. Una cosa es que hubiera que
sacar los activos tóxicos del balance y otra cosa, a lo mejor, la forma en que se realizó por las autoridades.


Este plan, el de la Sareb, ha fracasado estrepitosamente; una entidad que ha registrado pérdidas en todos sus ejercicios y que, a pesar de ello, se llegaron incluso a aprobar normativas que han permitido evitar su disolución y que pudiera
seguir funcionando. Una mala gestión que podemos decir que ha consistido en una patada hacia delante esperando a una solución futura; el futuro ha llegado y ahora toda la responsabilidad va a recaer en las arcas públicas. Es al Gobierno al que le
ha tocado gestionar esta mochila heredada, que una vez más supone una socialización de pérdidas para la ciudadanía y que, sin embargo y paradójicamente, los bancos mantendrán también los créditos fiscales, de tal manera que esas pérdidas que han
tenido durante estos años se contabilizarán en los próximos años para disminuir seguramente su beneficio contable y, por tanto, reducir el impuesto de sociedades.


Pero, independientemente de lo que ha pasado, lo cierto es que ahora no tiene sentido que el Estado sea accionista minoritario y que no tenga el control de un banco o de una sociedad con un patrimonio neto negativo cuando tiene que
contabilizar esa deuda como pública. Por lo tanto, creemos adecuado, desde el punto de vista de la contabilidad pública, que el Gobierno asuma la propiedad, junto con las cargas que arrastra esa Sareb. Pero también, vicepresidenta, le vamos a
pedir transparencia, porque hasta ahora, la verdad, es que no ha estado muy clara; que al menos nos vayan explicando y detallen esa estrategia que van a seguir para llevar una gestión, desde luego, profesional y eficiente de la Sareb e intentar, al
menos, recuperar parte de lo perdido, y que nos expliquen también a qué obedece y qué implica ese valor social como factor de optimización que aparece en el decreto, porque gestión eficiente y valor social creo que tampoco deberían estar enfrentados
si de lo que se trata es de ayudar a aquellos sectores o colectivos más desfavorecidos.


Por último, también hay que decir que tenemos un decreto que recoge otras disposiciones que tampoco tienen que ver nada con esto e incorpora, fíjense, dos modificaciones para un decreto que hoy todavía no se ha convalidado, el de la reforma
laboral. Es una técnica legislativa que a nosotros, desde luego, no nos gusta y que creíamos que teníamos hoy que denunciar aquí. Dicho esto, votaremos a favor de la convalidación de este real decreto-ley.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.


Bueno, es la hora de comer, este tema es muy técnico y no despierta muchas pasiones, y menos después del debate acalorado que hemos tenido esta mañana con la reforma laboral, así que voy a intentar despertar el interés. Les hago una
pregunta, señorías, ¿se acuerdan ustedes cuando el señor De Guindos decía que el rescate bancario no iba a costar nada a los españoles? ¿Se acuerdan ustedes? Pues era mentira, porque el coste público no recuperado aún por el rescate bancario se
eleva a 80 000 millones de euros; 45 000 millones del FROB y 35 000 millones de la Sareb. Para que ustedes se hagan una idea de la magnitud del fracaso, los tan importantes fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para
transformar nuestra economía, esa parte a fondo perdido que no hemos de devolver y que se denomina grants, son solo 70 000 millones de euros, esos que, como les decía, no tenemos que devolver. Es desolador que hoy, en el año 2022, diez años después
de su creación y atravesando la crisis derivada de la pandemia tengamos que estar debatiendo este decreto que es, digamos -y así lo entiendo yo y lo entiende mi grupo parlamentario-, una mala noticia. Es una mala noticia para nuestra economía, es
una mala noticia para los ciudadanos y, en definitiva, es una noticia mala para nuestro país, porque cuando uno tiene sentido de Estado, le duele que a su país le vaya mal. Nosotros, los liberales, no somos esa oposición que viendo cómo este
Gobierno puede hacer lo peor y puede hacer unas políticas que puedan llevar a hundir al país acaricia un gatito y se ríe como el villano doctor Gang. No, nosotros somos responsables y hoy lo hemos demostrado.


Pero ya que hablamos de los populares, les recuerdo que este desastre de la Sareb, de ese banco malo que debatimos hoy es por su irresponsabilidad. Resulta que su supuesto milagro económico tenía



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los pies de barro. Quiero recordar que el artífice de crear la Sareb, como ya se ha dicho aquí, para que los bancos pudiesen sanear sus cuentas y aparcar los créditos inmobiliarios tóxicos, fue el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012 y
que el señor De Guindos fue el padre de ese agujero negro al que se arrojaron más de 50 000 millones de euros y que se bautizó como el banco malo; un banco malo compuesto por unos 200 000 activos problemáticos, de los cuales el 80 % eran préstamos
al promotor y un 20 % inmuebles. Según las previsiones de De Guindos, este banco malo, la Sareb, tendría beneficios en la segunda mitad de su vida a través de la enajenación de esos activos tóxicos. Pues bien, todos lamentablemente hemos visto
cuál es la realidad, la Sareb no solo no ha presentado beneficios en ninguno de sus diez años de vida, sino que, además, hoy se encuentra en quiebra técnica y es el Estado y somos los españoles los que finalmente nos vemos obligados a asumir su
control. Es decir, que aquel -abro comillas- 'crédito a la banca que va a pagar la propia banca', que dijo Mariano Rajoy, a través de aquella treta contable que tenía como único objetivo disimular lo que a todas luces era un rescate país de España,
fue una crónica de una muerte anunciada. Una treta contable que hoy Eurostat deja en evidencia y que ha supuesto el aumento de la deuda pública en 2020 en 35 000 millones de euros y de 10 000 millones de euros en nuestro déficit; hablando en
plata, señorías, un coste de 1700 euros por español. Y claro, ver a sus señorías populares jactarse de ser buenos gestores, cuando la única gestión que se les da bien es reventar gobiernos y comprar tránsfugas, pues es para aplaudir. (Aplausos).


El fracaso del planteamiento que hizo el Gobierno marianista es público y notorio, sí, pero eso no quita que debamos exigir responsabilidad al Gobierno socialista actual, vicepresidenta, porque ustedes, señores socialistas, llevan en el
Gobierno tres años, así que la excusa esta de que es por la herencia recibida pues ya no cuela.


Sinceramente, señora vicepresidenta primera, en mi grupo parlamentario esperamos y deseamos que tengan ustedes un plan de actuación aceptable y útil para la Sareb, porque, ya que pagamos todos esta fiesta, sería inaceptable que el Partido
Socialista, aprovechando ahora que el Gobierno va a tener o a tomar el control total de la sociedad, la usara como agencia de colocación de sus amiguetes. Solo faltaría que un negocio ruinoso del Partido Popular sirviera ahora para pagar favores al
Partido Socialista. Esperemos que no y esperemos que así sea.


Apoyaremos la convalidación de este real decreto-ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, en este tema, lamentablemente, se confirmó todo lo que el BNG ha venido denunciando desde la creación de la Sareb, por lo que votamos en su día en contra de su creación. Todas las actuaciones que se llevaron a cabo
por parte del Gobierno del PP a raíz de la crisis de 2008, adquisición de activos, inyección de liquidez vía FROB, creación de la Sareb, etcétera, fueron en la misma dirección, rescatar a la banca, que se lucró escandalosamente durante décadas, y
socializar sus pérdidas entre el conjunto de la población. Un ejemplo escandaloso en Galiza es el de Abanca, antes Nova Caixa Galicia, rescate de 9000 millones de euros y liberación de los activos tóxicos para la Sareb, venta por 1000 millones de
euros y más de 1000 millones de euros de beneficio solo en el primer año en que estuvo privatizada.


Ahora, la Sareb hace engordar notablemente la ya abultada deuda pública española. Cuando los hombres de negro vuelvan a exigir recortes porque la deuda y el déficit son excesivos, recuerden de donde proviene una deuda como la que hoy
abordamos aquí. No es de que la clase trabajadora viva por encima de sus posibilidades, como tantas veces nos dijeron, sino porque la oligarquía española nunca pierde. Cuando gana, se queda con todo. Cuando pierde, pagamos a escote. Este debate
es obsceno, además, si lo contextualizamos precisamente en un momento en que la banca rescatada cierra sucursales, deja sin servicio a ayuntamientos enteros, prescinde de personal en favor de la banca electrónica, lo que excluye de paso a nuestra
población más mayor y vulnerable, cobra comisiones escandalosas, etcétera.


Nos reafirmamos, por tanto, en la necesidad de intervención pública en el sistema bancario, pero no solo para sacar las castañas del fuego a los banqueros cuando vienen mal dadas. Banca pública como instrumento esencial para el crédito a
las pymes y familias y una política no especulativa, banca pública galega para apoyar el desarrollo económico y social de nuestro país. Por eso, a pesar de todo, preferimos



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que la Sareb quede bajo control público, entre otras cosas porque eso debería permitir mayor transparencia -cuestión que hasta ahora no hubo- y, además, abrir la puerta a políticas diferentes. Por ejemplo, en Galiza hay 2735 viviendas
propiedad de la Sareb. Exigimos su inmediata puesta a disposición de la Xunta de Galicia y de los concellos para poder reforzar la política pública de vivienda, para poder emplearse como vivienda social. Creemos que esto es lo mínimo que se puede
y se debe hacer. En consecuencia, nos vamos a abstener.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Bel Accensi.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.


Señora vicepresidenta, señorías, nosotros vamos a votar favorablemente este real decreto-ley. Yo creo que lo ha expuesto con sencillez pero con claridad. Poca alternativa hay en estos momentos. Y en política siempre resulta muy relevante,
antes de posicionarse a favor o en contra de cualquier propuesta, estudiar las alternativas, porque uno puede estar en contra de una propuesta, pero, si todas las alternativas son peores, habrá que escoger. Y eso yo se lo recomiendo, lo hice
siempre que fui alcalde, y lo hago a menudo siendo diputado.


Respecto al contenido, es obvio que en estos momentos la Sareb debe estar controlada exclusivamente por el Gobierno y por el sector público, que es al fin y al cabo quien ha puesto los recursos. Nosotros solo le pedimos que la Sareb
intensifique todo este espacio de colaboración con las administraciones públicas territoriales, las comunidades autónomas y, especialmente, los ayuntamientos porque, ahora que tiene un control cien por cien público por parte del Gobierno, algunos de
los activos que figuran en la Sareb y que seguramente todavía están muy sobrevalorados en relación con las posibilidades, se puedan fijar con las compensaciones correspondientes en manos de ayuntamientos y comunidades autónomas, que seguro que van a
ser capaces de darle esta rentabilidad social que es necesaria.


Y, también, una reflexión para terminar. Llegamos aquí porque en el año 2012 se constituyó la Sareb. Efectivamente, llegamos aquí porque en el año 2012 se constituyó la Sareb, pero no nos quedemos aquí porque, ¿cómo llegamos a 2012? Uno
tiene que aprender también de la historia, y les hago una reflexión: evalúen, miren el origen y la composición de aquellas nueve entidades por las que tuvo que salir al rescate el FROB y miren los consejos de administración, y miren cómo se fijaban
las políticas de estas entidades. Lo digo no por hoy, pero en otras ocasiones, cuando determinadas fuerzas políticas con cierta alegría reclaman una banca pública o entidades financieras públicas, que sepan que no son garantía de que las cosas se
hagan mejor que en el ámbito privado, y este podría ser también un ejemplo.


En todo caso, vamos a apoyar y vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenos días, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, estimada taquígrafa, querido Diario de Sesiones -dos puntos-: asistimos hoy a un nuevo episodio de una serie que bien podría llamarse, a modo de premonición, 'El rescate bancario no costará ni un euro al
contribuyente', estrenada allá por el 2012, con el Gobierno de Mariano Rajoy, Luis de Guindos en posesión de la cartera de Economía y Competitividad. ¿Les suena a ustedes, señorías del PP? Siento curiosidad y cierta conmiseración parlamentaria por
saber a quién del PP le habrán colgado este punto del orden del día, ya que no podré asistir porque tengo un compromiso con un sindicato.


Haré una rápida cronología de los hechos. La crisis financiera lleva a una ambiciosa intervención del Estado para recuperar la banca y el sistema financiero. Factura del rescate financiero: 64 000 millones de euros. Se crea la Sareb,
popularmente conocida como el banco malo, para concentrar todos los activos tóxicos que acumulaban las entidades bancarias y cajas de ahorros, y así sanear sus balances, actuación sin reparos para salvar a los poderosos. Pero, claro, son
sistémicos, hay que salvarlos, si no, se cae todo. Paréntesis: ¿se actuó con la misma diligencia para salvar a la ciudadanía de la pobreza provocada por el colapso financiero? Pues no, y no es spoiler. ¡No!, repiten miles de desahuciados.



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Continuamos. La Sareb fue constituida por fondos aportados por el Estado en un 45 % y el resto por las entidades financieras. Por tanto, tenía naturaleza privada y quedaba fuera del perímetro de las cuentas públicas. La idea detrás de
esta operación era vender estos activos para ir devolviendo la inversión. Lo hizo Obama y lo hicieron Gobiernos civilizados europeos; recuperaron la plata. Según el entonces ministro De Guindos, una operación redonda, puesto que era un proceso
sin pérdidas ni para las entidades ni para la Sareb. Para la Sareb no lo fue. Por ahí también podemos encontrar extraños casos de puertas giratorias y, además, seguramente también una persona de reconocida honorabilidad y experiencia profesional,
la señora Belén Romana, ¿recuerdan ustedes? Nos costó -nos es una forma de decir- 3000 millones, un swap muy curioso. Señora vicepresidenta, levante la mano derecha y dígame que no habrá una Belén Romana del PSOE que acabe en el Banco Santander.
(Aplausos).


A partir de aquí, siguen años de información opaca, de más sombras que luces en la gestión de la entidad, incluso el mismo Banco de España ha emitido informes en el que pone en duda los procesos de compras y aprobaciones de ejecuciones, de
daciones y de ventas de activos inmobiliarios.


Nueva temporada: marzo de 2021, Eurostat, organismo europeo de estadística, obliga al Gobierno a asumir como deuda del Estado los 35 000 millones de euros que quedan en el pasivo de la sociedad. Es decir, no sale de ustedes, es Eurostat.


Bonus track: esto también supone un incremento de 9000 millones de euros de déficit, ¡con la que está cayendo! Ante esta obligación, y porque no les queda más remedio, el Gobierno nos trae, mediante este real decreto-ley, las modificaciones
para tomar el control de la Sareb. Literalmente, según el ministerio de la vicepresidenta Calviño: para modificar su régimen jurídico para adaptar la sociedad a la situación actual. La pregunta que nos hemos hecho muchos es: ¿para qué sirve la
Sareb? Ante la grave situación de crisis habitacional de los últimos años, ante el incremento insostenible de los alquileres, desde Esquerra Republicana hemos reivindicado la gran oportunidad perdida durante todos estos años al no incluir ninguna
obligación en la Sareb que obligue a la cesión de viviendas para destinarlas a alquiler social y así crear un tan necesario parque de viviendas sociales. Ustedes lo concretan muy poco en su real decreto-ley.


Corolario: Qué menos que asumir el control de la mercantil cuando ya nos hemos comido entre todos las pérdidas por importe de -vamos a poner- 35 000 millones, más del doble del déficit fiscal anual de Cataluña. Yo tengo esa unidad de
moneda.


Por todo ello, reclamamos una apuesta por un parque público de viviendas, donde se prioricen los criterios sociales por encima de los de mercado. Dado el origen de la crisis financiera y sus nefastas consecuencias sobre la sociedad, muchas
de ellas relacionadas con la vivienda, reclamamos el retorno social mediante el uso de todos aquellos activos inmobiliarios procedentes del rescate bancario. No podemos permitir que siga siendo un claro ejemplo de privatización de los beneficios y
socialización de las pérdidas.


En definitiva, nos abstendremos y pediremos que se tramite como proyecto de ley. Haber llamado antes. Ya se lo ha dicho mi portavoz: Así, con Esquerra no, señora ministra. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capdevila. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Uriarte Torrealday.


El señor URIARTE TORREALDAY: Querida presidenta, querida vicepresidenta, colegas: de aquellos polvos, estos lodos. Hoy nos toca recomponer la vajilla rota de toda aquella fiesta de tantos años en los cuales se produjo una utilización
masiva de instrumentos públicos en contra del interés general, a favor del interés particular, y en contra de los mandatos de la Constitución. En esto tenemos un diagnóstico distinto: hay un sector de este Parlamento que cree que lo que pasó en
2008 fue una crisis, y hay otras personas, otros grupos, que creemos que no fue una crisis, sino que fue una estafa. Precisamente por eso nos movilizamos políticamente, y por eso algunos no estamos en los trabajos que hacíamos hasta ese momento,
porque creíamos que teníamos que dar un paso a la política para intentar arreglar el desaguisado que se estaba cometiendo en este país con tantos años de políticas públicas en contra del interés general, a favor de los intereses particulares y en
contra de los mandatos de la Constitución. (Aplausos). Ha sido un auténtico desaguisado de años. Porque aquella crisis no fue una crisis vulgar, porque no pasó algo raro con Lehman Brothers y con las hipotecas subprime, sino que fue la
consecuencia de la desregulación del sistema crediticio, que después de Estados Unidos vino a España y en España se multiplicó al interactuar con la burbuja inmobiliaria, una burbuja inmobiliaria que no solo no había sido frenada, sino que había
sido fuertemente impulsada por las políticas públicas de los Gobiernos. Se había impulsado a base de 'más ladrillo, que todavía puede crecer la burbuja',



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hasta que aquello reventó y trajo todo el dolor, todo el sufrimiento y todo el desastre que trajo. Esa es la realidad, y es la realidad que hoy tenemos que intentar empezar a recomponer, todo aquel desastre que se produjo, porque todas las
políticas públicas que se aplicaron fueron políticas públicas contra el interés general y a favor de intereses particulares, de intereses ilegítimos, porque no es ilegítimo que un particular utilice su vivienda como negocio, pero es ilegítimo que
los poderes públicos utilicen la vivienda como negocio o permitan que se utilice como un negocio. Tienen los poderes públicos otras obligaciones en esta materia, y nosotros, como no hemos venido aquí solo a la protesta y entendemos que la política
debe pasar de la protesta a la propuesta, señora Calviño, le vamos a hacer una propuesta.


¿Qué es lo que tiene que hacer con la Sareb? Es muy sencillo, no hay que pensar mucho, no hay que pensar cómo hay que rentabilizar esto o qué podemos hacer con esos activos, hay que pensar poquito. Básicamente, lo que hay que hacer es
agarrar este librito (muestra un ejemplar de la Constitución española), leer su artículo 47 y ejecutarlo. ¿Qué tiene el artículo 47? Tres mandatos explícitos, tres mandatos que se han rechazado, tres mandatos contra los se han hecho políticas:
garantizar el derecho a la vivienda digna, garantizar que la política de suelo se utilice de forma que impida la especulación y garantizar que las plusvalías que genera la acción urbanística de los poderes públicos revierta en la comunidad. Y no es
lo que nosotros le podamos decir, no necesitamos ideas; ejecute usted, señora Calviño, dejemos ya tantos años de intereses particulares (aplausos), dejemos tantos años de utilización anómala de los instrumentos públicos y atengámonos al mandato
constitucional y a priorizar el interés general sobre el interés particular. ¿Cómo se cumplen estos tres mandatos que tenemos de garantizar el acceso a la vivienda digna de la ciudadanía, de garantizar que se van a hacer políticas de suelo
antiespeculación y de garantizar que la plusvalía de la acción urbanística de los poderes públicos revierte en la comunidad?


¿Cómo lo hacemos? Es muy simple, este país no tiene apenas parque público de vivienda. Esto es algo lamentable, es en lo que más lejos estamos de Europa, en lo que más, por mucho. También lo estamos en cuestiones de empleo y en otras
cuestiones que estamos intentando recomponer después de tantos años de desaguisado. Esta misma mañana hemos intentado recomponer un poquito de todo aquel desaguisado que nos trajeron; ahora también lo podemos recomponer en esta materia,
controlando el sistema crediticio, pero en materia de vivienda, concretamente, dedicando los activos que son viviendas a garantizar el derecho a la vivienda del artículo 47. Y eso se garantiza creando un parque público de vivienda que se acerque
mínimamente -todavía va a estar muy lejos- a lo que tienen Francia, Alemania o cualquier país europeo, porque estamos en las antípodas, no tenemos ni el 10 % del parque de vivienda que tienen otros y necesitamos parque de vivienda. ¿Y cómo se tiene
que hacer eso? ¿Cómo se tiene que gestionar? Se tiene que gestionar de acuerdo otra vez con lo que dice la Constitución, teniendo en cuenta a quienes son competentes en esta materia. ¿Y quiénes son competentes en materia urbanística? Las
comunidades autónomas y los municipios. Se lo está diciendo el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, se lo está diciendo el señor Héctor Illueca. Tenemos un instrumento público que nos ha costado una barbaridad, que hemos pagado a escote;
por favor, que se acabe esto de utilizarlo con la idea del beneficio, del negocio o de compensar intereses particulares. Esto tiene que ir al interés general, tiene que ir al cumplimiento de los mandatos constitucionales y tiene que revertir en
parque público de vivienda (aplausos), y no porque lo creamos nosotros, sino porque lo exige la norma constitucional, y ese parque público de vivienda tiene que estar gestionado por aquellos a quienes declara competentes ese mismo texto
constitucional.


Como ven, nuestra propuesta es muy sencilla, empezar a aplicar de una puñetera vez -que ya son demasiadas décadas sin hacerlo- el artículo 47 de la Constitución. Ya está bien. Garanticemos el derecho a la vivienda, garanticemos que no se
especula con el suelo y garanticemos que las plusvalías de la acción urbanística revierten en la comunidad. Creemos parque de vivienda e impliquemos a las comunidades autónomas y a los municipios en la gestión de esa vivienda. ¿Y qué tiene que
hacer el Gobierno del Estado? Pues, clarísimamente, generar las cautelas suficientes para que, en esa participación, determinadas comunidades autónomas que sabemos que siempre van a anteponer los intereses particulares al interés general no puedan
hacerlo en la gestión de esa vivienda. Creemos las cautelas necesarias para que los activos que tiene la Sareb se dediquen a los objetivos que les impone la Constitución, con las competencias que distribuye la Constitución y con las garantías de
que siempre van a ser utilizados a favor del interés general y a favor de que la ciudadanía pueda vivir en viviendas dignas, que es lo que nos exige el texto de la Constitución. Cúmplase.


Muchas gracias. (Aplausos).



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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Uriarte.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Manso Olivar. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor MANSO OLIVAR: Muchísimas gracias. Buenos días, señorías. Buenos días, señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía.


Venimos a debatir la convalidación del Real Decreto 1/2022, que, por su título, debería simplemente reformar algunos aspectos de la Sareb y del FROB. De hecho, es de lo único de lo que nos ha hablado la ministra, que ha olvidado que no
solamente se reforman la Ley 9/2012, la Ley 11/2015 y el Real Decreto 1559/2012, que son los que afectan al FROB y a la Sareb, sino que además se modifican el Real Decreto-ley 32/2021, que estábamos esta mañana convalidando, y la Ley 1/2004. Es
decir, aparte de las reformas que se hacen sobre la Sareb y el FROB, se hacen una serie de reformillas menores, en esta técnica habitual a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno: se tocan los horarios comerciales de las zonas de gran afluencia
turística, el Estatuto de los Trabajadores y el régimen del personal laboral al servicio del sector público. Esta técnica legislativa con la Cámara y la ciudadanía genera una especie de trágala como ese al que asistimos antes de ayer: si votas
contra la obligación del uso de las mascarillas, estas votando contra la actualización de las pensiones por corrección de la desviación. Así que bien podríamos cantar, señora ministra, como en Mary Poppins, aquello de (continúa su intervención
cantando): 'Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor, si hay un poco...'. (Aplausos). Ustedes, que ya la conocen, pueden continuarla.


Pero me voy a centrar en los dos grandes puntos, que son la reforma del FROB y de la Sareb, al margen de las dudas que nos genera la definición que hacen de las participaciones del FROB como fuera del patrimonio de las administraciones
públicas. Esto no le preocupa a la izquierda, que las participaciones del FROB estén fuera del patrimonio de las administraciones públicas -es verdad que es cuando se hace dentro de un proceso de resolución-, pero a nosotros nos preocupa; nos
preocupa sobre todo porque la participación del FROB en La Caixa a través de BCA no se ha adquirido en un proceso de resolución, sino por canje.


¿Qué nos preocupa? A nosotros nos preocupan los dos grandes puntos que voy a tratar, que son la toma de participación accionarial superior al 50 %, que como saben ustedes estaba prohibida hasta la fecha, y la cesión de activos inmobiliarios
a entidades no lucrativas. No voy a insistir en las cifras. La señora ministra nos las ha explicado muy bien. ¿Qué nos dijo? Nos dijo Eurostat que esto computaba como déficit, como deuda -se incrementó la deuda según el protocolo de déficit
excesivo en 34 000 millones-, pero también nos dijo algo más. La operación de ingeniería financiera que diseñó el señor De Guindos a finales de 2012 -es verdad que acababa de coger el desastre que le dejaron ustedes, señores del Partido Socialista,
que habían dejado un desastre- lo único que intentaba era eludir la computabilidad de la deuda de la Sareb como pública, y lo que le ha dicho Eurostat es que eso es deuda pública. ¿Y esto se podía no saber? ¿No se sabía? Pues, miren, a mí esto no
me cogió por sorpresa. Perdonarán ustedes la inmodestia que es autocitarse. En diciembre de 2012 el diario El Economista me brindó una columna para hablar de este tema -en diciembre de 2012-, y ya dije que un análisis más allá de los aspectos
formales de la operación demostraba que aquello era deuda pública. Al final es lo que ha terminado siendo.


La decisión de Eurostat no obliga a tomar la mayoría del capital social -no obliga-, con independencia de los problemas mercantiles que genere una sociedad con déficit patrimonial, que muchos están solventados desde hace tiempo en la
normativa de la Sareb. Lo que ha hecho el Gobierno -desde mi punto de vista, en este caso, con buen criterio- ha sido, una vez levantado el velo de la falsedad en la que hemos vivido durante todo este tiempo, señora ministra, hacer una oferta al
54,1 % del capital, por poco menos de 200 euros, la semana pasada. Sobre el precio, no vamos a decir nada. La Sareb está quebrada y nada vale. Tiene un déficit patrimonial de 9200 millones y lo tiene que asumir el Estado, pero no lo tiene que
asumir el Estado porque estemos hablando de un sector privado, como dicen ustedes, sino porque avaló los bonos. Los bonos que emitió la Sareb fueron lo que la Sareb entregó a las siete cajas de ahorros, a un banco filial de una caja de ahorros más
a un pequeñísimo banco privado como contrapartida a los activos que se le entregaron, y lo avaló en ese mismo momento. Es decir, no podemos ahora echarnos las manos a la cabeza, señora Calviño. En este caso no es por ignorancia, sino por falta de
honestidad intelectual. No puede usted decir que está salvando al sector privado, porque esto era público desde el principio. Si es que se sabía que una vez consumidos los 4800 millones de capital, todo lo que



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se perdiera lo tenía que poner el Estado porque era avalista, avalista desde diciembre de 2012. (Aplausos). Nos ha costado, con datos a 30 de junio de 2021, 14 092 millones, de los cuales 11 495 los absorbe el sector público, porque pierde
toda su participación y pierde los 9200 millones de déficit patrimonial, mientras que los accionistas privados pierden 2597.


¿Esto era previsible? Ya se lo he dicho. Esto no era más que un silo, un silo donde se refugiaron activos comprados desde el principio por encima de su valor razonable, por un lado, para evitar que las entidades rescatadas, que básicamente
eran cajas de ahorros -estas siete vienen de fusiones a su vez de cajas de ahorros-, registraran más pérdidas de las que ya habían publicado, y por otro lado, para sostener los precios del sector inmobiliario con esa política de ventas dilatada en
el tiempo. No es razonable que, habiendo recibido 51 000 millones de activos y habiendo vendido solo 20 000 en los ocho primeros años y medio -datos a 30 de junio de 2021-, se hayan cosechado 14 000 millones de pérdidas, y eso con el mercado
alcista desde finales de 2013 y principios de 2014 (aplausos), lo que demuestra que este no es un problema de mala gestión, sino de operación -perdóneme la expresión, señora ministra- malparida, malparida. A mí no me hubiera gustado que me hubieran
entregado esta responsabilidad. Esto, más que un silo, ha sido una sentina para ocultar la penosa gestión del PP y del PSOE con la ayuda de Izquierda Unida, los sindicatos y las asociaciones empresariales de las cajas de ahorros (aplausos),
entidades con más perspectiva social que el digitalismo excluyente que ustedes están promoviendo. Y ahora se quejan de que hay parte de la población que no tiene acceso a los servicios financieros básicos.


Voy concluyendo, señora presidente. Nos preocupa también -lo he dicho al principio- la cesión de inmuebles a entidades no lucrativas, porque parece que ustedes lo que pretenden es que todo chiringuito...


La señora PRESIDENTA: Señor Manso, tiene que terminar, por favor.


El señor MANSO OLIVAR: ... tenga su localito, y eso no generará más que pérdidas que soportará el Estado, el Estado ya en solitario, porque los accionistas han perdido todo lo que tenían que poner y los privados se retiran. Nosotros no
podemos participar, como usted comprenderá, de este asalto a los caudales públicos; tal vez ustedes sí porque lo han hecho en el pasado.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Manso. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta. Señorías, buenos días.


Señora vicepresidenta, parece que empezamos 2022 de la misma manera, otro real decreto-ley, el primero de este año, básicamente de la Sareb, pero en el que se cuela de rondón, como siempre, un artículo de normativa laboral y una disposición
adicional sobre horarios comerciales. No es que no sea adecuado, que no lo es, es que ni siquiera es urgente. Hace más de un año que sabemos la opinión de Eurostat. ¿No ha habido tiempo? Son tres artículos, señora vicepresidenta. Como siempre,
creemos que, por un lado, intentan evitar controles legislativos y, por otro, reducir el Poder Legislativo a la mínima expresión. Ese es el comportamiento habitual de este Gobierno, además de su opacidad: controlar instituciones del Estado,
intentar influir en las que no pueden controlar y desacreditar al resto. Solo existen Sánchez y su Ejecutivo, solo ustedes y sus socios de Gobierno deciden el futuro de nuestro país, y permítame que le diga que algunos de ellos son lo peor con
diferencia de estas Cortes Generales. La democracia, señores del Gobierno, no solo se basa en el cumplimiento de la ley y en las normas -cosa que tampoco están haciendo siempre-, sino también en la costumbre, algo que se están saltando
continuamente desde que llegaron al Gobierno. Además, necesita el comportamiento democrático de los políticos, de los poderes del Estado, y ahí el Gobierno y esta Cámara nos están fallando. España necesita que recapaciten y que vuelvan de nuevo a
la senda democrática. Están haciendo mucho daño a nuestro sistema.


Debo recordarles que la crisis la originó el Gobierno del Partido Socialista, que la crisis no supo afrontarla el Gobierno del Partido Socialista y que al final dejaron el Gobierno en el año 2011 porque no sabían cómo recuperar el país. El
Gobierno del Partido Popular, con mayores o menores aciertos, consiguió salvar a España de una situación terrible y de unas consecuencias que hubieran sido muy duras



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para algunos colectivos si hubiéramos tenido que acudir al final al rescate del país. Una de las consecuencias de esta gestión del Gobierno socialista fue la situación del sector financiero. Señorías, cuando el Partido Popular llegó al
Gobierno la situación del sector era la siguiente: el escenario base que servía para determinar las necesidades de capitalización estimaba un volumen de pérdidas en el sector de 129 400 millones de euros, mientras que el escenario adverso elevaba
las pérdidas hasta los 209 100 millones; entidades que, lógicamente, no eran capaces de financiar el crecimiento y que provocaban más cierres de empresas de las que apoyaban. El Gobierno del Partido Popular forzó a la banca a provisionar y a
deshacerse de activos inmobiliarios y créditos de dudoso cobro y a reconocer las pérdidas que se habían estado ocultando ante la pasividad de los supervisores en la época socialista. Señorías, se salvó el sistema financiero para salvar a decenas de
millones de españoles con depósitos en los bancos. Europa nos echó una mano, y una de las soluciones impuestas por Europa para el acuerdo fue crear el banco malo, la Sareb. En un ejercicio de optimismo, que seguramente fuera lo más adecuado en ese
momento, se previó que no costaría ni un euro a los españoles. Ahora sabemos que sí, aunque no sabemos cuánto. Todavía quedan cientos de activos para vender y tiempo para su venta. La otra opción, señorías, habría sido inyectar más capital en las
entidades, es decir, asumir el Estado las pérdidas desde el principio, pero posteriormente la venta de los activos solo hubiera incrementado los beneficios de la banca. Por tanto, parecía adecuado este sistema. Espero que la portavoz de Ciudadanos
haya escuchado la realidad, porque supongo que no ha mentido conscientemente en este Pleno y que solo ha sido fruto de su desconocimiento. Hasta ahora, las pérdidas de la Sareb han sido casi todas ajustes por valoración de activos. Lo que haga a
partir de ahora el Gobierno con la Sareb será una nueva responsabilidad.


Vamos a votar a favor del real decreto-ley porque parece lógico este cambio y los argumentos que nos ha planteado la vicepresidenta son correctos, pero también vamos a exigir los suficientes controles, teniendo en cuenta los antecedentes de
este Gobierno en la gestión de ayudas y en la distribución de fondos públicos. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).


Señora vicepresidenta, nos volvió a hablar ayer de crecimiento robusto. Hubiera sido así si se hubieran cumplido sus previsiones máximas de crecimiento del 9,8 % en 2021, pero prácticamente nos hemos quedado a la mitad. Faltaría más que no
creciéramos después de la caída brutal de 2020, pero esto es un mero rebote. Creceremos, pero mucho más lento de lo deseable, y eso supone costes directos para el Estado en déficit y en deuda. Para este año vuelven a hacer lo mismo, previsiones
muy altas, más altas que la media de los analistas, que las establecen un 20 % por debajo antes de empezar. Veremos a ver cómo evoluciona. Y todo esto con una inflación desbocada. ¿Para qué va a luchar el Gobierno contra ella si les aporta
ingresos extras en recaudación, puntos de PIB y mejora de la deuda sobre el PIB? Qué les importa a ustedes su efecto tan pernicioso sobre todas nuestras familias y todas nuestras empresas mientras a ustedes les vaya bien, ¿verdad? Por favor,
señora vicepresidenta, déjense ya de propaganda y busquen apoyos en la oposición y en la sociedad civil para encontrar un modelo de crecimiento robusto de verdad para la economía española. El suyo no está funcionando, somos los últimos de Europa.
¿Eso no le dice nada, señora vicepresidenta? Recapaciten por favor, y esto se lo digo por responsabilidad.


Y termino, señor presidente, con un pequeño apunte sobre Castilla y León, de la que tanto se ha hablado esta semana. La balanza comercial de Castilla y León alcanzó un superávit de 5090 millones en noviembre del año pasado, frente al
déficit de 20 836 millones de euros de España. Nuestro PIB cayó menos que la media nacional en 2020, y en 2021 habrá crecido algo más, y eso que tenemos nuestros dos sectores económicos más importantes, la automoción y el sector agroalimentario,
atacados constantemente por el señor Sánchez y sus Gobiernos desde que llegaron a mediados de 2018. Seguimos con 3 puntos menos de paro que la media nacional y estamos en un puesto destacado a nivel nacional en sanidad y en uno de los tres mejores
en educación. En cuanto a los servicios sociales, País Vasco, Navarra y Castilla y León siguen teniendo la mejor calificación en esta materia; de las del sistema general de financiación autonómica, es la mejor comunidad autónoma, destacando
especialmente el sistema de dependencia, es decir, los más vulnerables, importante también porque es el sistema con más intrafinanciación. Somos los mejores de España en cobertura efectiva de prestaciones y servicios, es decir, en los resultados
para las personas, y somos también los mejores en reconocimiento de derechos y ordenación del sector, lo cual nos facilita la mejora para los próximos años. Y ustedes quieren que cambie el Gobierno de Castilla y León. Les aseguro que a los
ciudadanos no les interesa. Más les valdría, señorías, que otras comunidades autónomas dirigidas por la izquierda intentaran parecerse más a Castilla y León.


Muchísimas gracias. (Aplausos).



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Casares Hontañón.


El señor CASARES HONTAÑÓN: Presidente, señorías.


Señorías del Partido Popular, espero, y estoy seguro de que así será, que los ciudadanos de Castilla y León se den cuenta de lo que llevan haciendo años en su comunidad autónoma (aplausos), enfrentando además a los territorios y a los
españoles, y de su última acción, la de los fondos europeos, siendo Castilla y León la quinta comunidad autónoma que más fondos está recibiendo del Estado.


Señorías del Partido Popular, no tienen vergüenza. Después de la que han liado con la banca en este país, vienen aquí a defender su gestión y, además, se permiten decir que esto hay que tramitarlo como proyecto de ley porque, si no, no hay
control. ¿Y quién controló al Partido Popular cuando dedicaron miles de millones de euros a rescatar a los bancos, que era el dinero de todos los españoles, señorías del Partido Popular? (Aplausos). ¿Quién les controlaba a ustedes?


Señorías, hoy probablemente sea uno de los días más importantes de este Congreso de los Diputados. Ponemos fin a la reforma laboral del Partido Popular con la que precarizaron el empleo en este país y ponemos también negro sobre blanco el
mayor rescate bancario de la historia de este país, ambas dos caras de la misma moneda de la política del Partido Popular para dar respuesta a una crisis económica tan injusta como todas las medidas que acometieron contra los españoles y las
españolas, señorías del Partido Popular. (Aplausos). Y aquí estamos, y vamos a dar respuestas a su desastrosa gestión económica y lo vamos a hacer con responsabilidad, señorías.


Podría terminar mi intervención con una sola frase. ¿Saben cuál es? Nos engañaron. Nos dijeron que el rescate bancario y que la Sareb no nos iba a costar nada a los españoles, que nos iba a costar cero euros, pero hoy sabemos que han sido
miles de millones de euros lo que nos ha costado la política del Partido Popular. Sí, nos engañaron. Además, su pésima gestión económica forma ya parte de la historia política y económica de este país. El señor De Guindos nos dijo en este mismo
Congreso de los Diputados, señorías, que la Sareb era parte de la respuesta a la crisis financiera, que era parte de su solución. Pues menos mal, señorías, que esta era su solución, porque aquí nos encontramos diez años después teniendo todavía un
préstamo vivo con las instituciones europeas y los contribuyentes españoles han soportado a sus espaldas el peso del rescate a la banca que hizo el Partido Popular con su mala actuación.


Fue una mala gestión, señorías del Partido Popular, en la que el plan de negocio que aprobó su Gobierno para la Sareb no se sostenía por ningún lado, como ha quedado de manifiesto con posterioridad. Ustedes fijaron unos precios de
transferencia para regalar dinero de los contribuyentes a los bancos y para quitar el problema de encima a corto plazo. Traspasaron los problemas de los bancos a las futuras generaciones de españoles y, no contentos con eso, contrataron a una serie
de intermediarios financieros que vendieron los activos más valiosos de la Sareb a precio de derribo, señorías del Partido Popular. Y para cerrar el círculo de su despropósito financiero, contrataron un swap financiero que no ha hecho más que dar
pérdidas, 3000 millones de euros de pérdidas, que han llevado también a la Sareb a pérdidas durante todos los años de vida de la empresa y que hacen que hoy tenga un patrimonio neto negativo de más de 10 500 millones de euros. Esa es la realidad,
señorías, una realidad que demuestra que nos engañaron y lo hicieron a costa de los españoles. No había en aquella respuesta que ustedes dieron a la crisis 10 000 millones de euros para rescatar a las familias, pero sacaron 100 000 millones de
euros para rescatar a la banca. (Aplausos). Esa es la realidad, la dura realidad, dramática, por cierto, para millones de españoles de este país.


Y además se permiten dar lecciones. Incluso el señor De Guindos, en junio de 2021, decía en una contestación a la vicepresidenta Calviño que no quería comparar herencias. Pues bien, señorías, yo sí quiero hoy en esta tribuna del Congreso
de los Diputados comparar herencias, porque se resume fácil. Frente a sus subidas masivas de impuestos, privatizaciones y recortes, una política para no dejar a nadie atrás, con rescate a los trabajadores, a las trabajadoras, a los autónomos, a las
pymes, a las empresas de este país y a todas las familias a través de ERTE, de ICO, de ayudas directas a los autónomos, de prestaciones por cese de actividad. Frente a esas políticas de rescate a los bancos, nosotros sí rescatamos a las personas.
Esa ha sido la gran diferencia en este país, señorías del Partido Popular.


Hoy tenemos que tomar esa decisión de controlar la Sareb, de hacernos con el control de la Sareb, porque hay una realidad que también nos ha dicho Europa, y es que todas las deudas de la Sareb ahora son deudas de los españoles y de las
españolas. Si esto es así, controlemos también el futuro de esta empresa



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para, por lo menos, decidir qué hacer y, entre otras cuestiones, fomentar la política de vivienda social, la política de vivienda pública. Porque eso también nos lo estamos jugando en este real decreto-ley.


Termino como decía la vicepresidenta en su reflexión final. Hoy ponemos fin a buena parte de la respuesta que el Partido Popular dio a la crisis económica y lo más importante, señorías -por eso probablemente les molesta-, es que hemos
demostrado en dos años de gestión de gobierno socialista que había otra forma diferente de salir de la crisis: con más derechos, con más justicia social, con más empleo y avanzando como nunca antes en nuestra historia. Esa es la realidad, señorías
del Partido Popular.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PENALIZAR EL ACOSO A LAS MUJERES QUE ACUDEN A CLÍNICAS PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (ANTES DENOMINADA
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PENALIZAR EL ACOSO EN LAS MUJERES QUE ACUDEN A CLÍNICAS PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO). (Número de expediente
122/000143).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas y, en concreto, el relativo a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.


Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Nuestro grupo parlamentario ya ha manifestado su posición favorable a la iniciativa que hoy debatimos, tanto en el debate de toma en consideración como en el que rechazamos las enmiendas de totalidad de los grupos parlamentarios Popular y
VOX y como en los trabajos de Ponencia y Comisión en los que aprobamos el dictamen que hoy se trae a este Pleno. Por eso no será novedad si ahora votamos de nuevo a favor del dictamen de Comisión. En esta iniciativa se crea un tipo penal
específico dentro de los delitos contra la libertad, y más específicamente dentro de las coacciones, para sancionar el hostigamiento hacia las mujeres que desean interrumpir su embarazo voluntariamente, así como aquellas conductas dirigidas a
coartar el ejercicio profesional del personal de los centros sanitarios habilitados para esa práctica sanitaria pues, como ya dijimos en este mismo Pleno, hemos de ser extremadamente garantistas con las personas que quieren ejercer sus derechos, sin
que quepa aducir por quienes no comparten la regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo su libertad de expresión para actuar en las inmediaciones de centros sanitarios acreditados hostigando a las mujeres y a los trabajadores de esos
centros. Una cosa es la libertad de expresión y el ejercicio del derecho de manifestación y reunión para expresar el rechazo hacia una regulación concreta y otra, intimidar, coaccionar, hostigar, dificultar y señalar públicamente a personas
particulares concretas que quieren ejercer sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico limitando su libertad de obrar con conductas dirigidas a afectar el proceso de formación de su voluntad, llenándolas de una sensación de temor,
intranquilidad o angustia para cambiar su conducta y sin que el sujeto activo esté legitimado para ello.


Señorías, desde nuestro punto de vista -también lo dijimos anteriormente en este Pleno-, actuar de policía de costumbres no es libertad de expresión; acribillar a preguntas y consideraciones a mujeres que no han reclamado sus rezos ni sus
consejos ni su apoyo tampoco es libertad de expresión; inmiscuirse en la vida de otro contra su voluntad tampoco es libertad de expresión; invadir la intimidad de las mujeres en un difícil trance y que no han pedido que las rescaten tampoco es
libertad de expresión; violentar el ejercicio de un derecho tampoco es libertad de expresión. En definitiva, hostigar y coartar de manera premeditada, organizada y perseverante no es libertad de expresión. Una sociedad moderna y tolerante,



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que se ha dado unas normas y que ha elegido el Estado de derecho no puede tolerar este tipo de conductas; debe censurarlas y poner los medios para que no sucedan.


Señorías, nuestro grupo parlamentario presentó dos enmiendas a esta iniciativa. La primera, que en la persecución de los hechos descritos no fuera necesaria la denuncia o el sostenimiento de la acción por parte de la persona agraviada ni su
representación legal; que dejara de ser, en definitiva, un delito privado, y así fue acogido en los debates de Ponencia y Comisión. La segunda de las enmiendas que presentamos, que no fue acogida y por eso la traemos ahora a este Pleno, consiste
en la introducción en paralelo a la infracción penal de una infracción contra la seguridad ciudadana en concordancia con lo que señala la exposición de motivos de la iniciativa, que señala que se considera imprescindible garantizar una zona de
seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo, cifrada -eso lo añadimos en nuestra enmienda- en 150 metros, en los que no se permitan ni manifestaciones ni reuniones de personas en contra de la
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, de forma que quede garantizada, como ya pasa en la legislación francesa o en la irlandesa, la intimidad de las mujeres, su libertad y su seguridad física, así como su derecho de libre
circulación. De este modo, se garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como los derechos profesionales y laborales de los trabajadores de los centros sanitarios habilitados para la práctica de la interrupción voluntaria
del embarazo. Señorías, demandamos la consideración de esta segunda enmienda no admitida en los trámites de Ponencia y Comisión porque consideramos que es una carencia importante del proyecto, máxime cuando esa circunstancia es invocada en la
exposición de motivos, pero luego no tiene reflejo en el cuerpo normativo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Angulo Romero.


La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.


Quienes crecimos en la cultura de la reconciliación que supuso la Transición, que trajo la libertad que nos unió como ciudadanos libres e iguales, el reconocimiento de derechos plasmados en una Constitución y una democracia plena, vemos con
preocupación la degeneración que esta sufre, el achicamiento de ese espacio de libertad desde que gobierna Sánchez, la utilización sectaria de las instituciones para fines partidistas, el indulto a quienes dieron un golpe de Estado, la opacidad y
discriminación entre españoles en el reparto de los fondos, los 1200 incumplimientos de la Ley de transparencia, el veto a la libertad de prensa o la manipulación rayando en lo delictivo de una institución como el CIS, convertida en el choteo
nacional, son una muestra más de la larga lista de su sectarismo, de la que esta reforma es otro ejemplo. Una reforma con un claro sesgo ideológico que atenta contra la tolerancia y la libertad, bases de las democracias liberales; que no pretende
solucionar un problema real, sino impedir el ejercicio de derechos como el de expresión o reunión a unos concretos ciudadanos. Porque no se trata de castigar el acoso, este ya está penalizado, como en el PP creemos que debe ser y condenamos
siempre, y eso también nos diferencia de muchos de ustedes, de quienes justifican el acoso a ciudadanos contrarios a sus pensamientos o propósitos, porque según algunos de ustedes se puede humillar a las víctimas de ETA, acosar a españoles por
hablar su idioma en una región de España, a policías o guardias civiles solo por serlo, a quienes practiquen una determinada religión o a quienes militamos en un concreto partido. ¿O no es acoso el violento ataque que sufrieron la diputada Llanos
de Luna y miembros del PP de Cataluña en Vic, uno más de tantos, para evitarles ejercer un derecho constitucionalmente reconocido? (Aplausos). ¡Cuántos de ustedes consideran más que merecido ese acoso violento a esta mujer!, ¿verdad? Querida
Llanos, todo nuestro apoyo a los compañeros del PP de Cataluña frente a la persecución de la que sois víctimas por parte del totalitarismo excluyente. (Aplausos). Por eso, no resulta creíble que justifiquen su propuesta en la protección de unas
mujeres, esas a las que nadie ha impedido hacer aquello que querían hacer, practicarse un aborto.


La realidad es que con el acuerdo alcanzado por el sanchismo y la ultraizquierda con el apoyo de Ciudadanos y PNV, por un lado, se protegen los intereses económicos de unas empresas privadas -curioso- y, por otro y más grave, se lanza un
mensaje a los españoles: cuidadito, señores, quienes tengáis la osadía de expresar pacíficamente una opinión contraria a los intereses del Gobierno, sus socios o colectivos afines podréis ser sujetos de una legislación que os envíe a la cárcel.
Porque en la España de Sánchez se podrá hostigar con impunidad a niños por hablar castellano, se podrá atacar a la Policía y



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a la Guardia Civil, a las instituciones democráticas y a la Jefatura del Estado, se protegerá a quien ocupe violenta e ilegalmente tu vivienda, pero si osas ejercer pacíficamente derechos como el de expresión o reunión para cuestiones que
incomoden a los intereses de la izquierda podrás terminar en prisión. (Aplausos). Una concepción autoritaria del derecho penal desde la más absoluta discrecionalidad.


No es verdad que busquen protegernos a las mujeres de una causa sobre la que no han dado ni una sola cifra que avale su necesidad, por eso la traen como proposición de ley, para evitar los informes de los órganos consultivos, a quienes el
Gobierno desprecia una y otra vez, consciente de la inconstitucionalidad de muchas de sus reformas. Mientras se niegan a una ley de pandemias para luchar contra el virus y haber evitado la muerte de algunos de esos más de cien mil españoles
fallecidos por la COVID, hay prisas para las reformas ideológicas y las exigencias de sus socios, como la de incluir como supuestas víctimas de acoso a los directivos de unas concretas empresas privadas, a cuyas denuncias conceden una presunción de
veracidad que niegan a las fuerzas de seguridad del Estado en su ley antipolicía, el mundo al revés. Y conscientes de que no existen denuncias de mujeres que acrediten que de verdad se les ha impedido contra su voluntad practicarse un aborto,
incluyen este delito entre aquellos que no necesitan denuncia de la presunta ofendida. Es decir, me privan a mí, mujer, de mi capacidad para decir si me he sentido acosada por recibir un folleto y si ello me ha impedido hacer aquello que quería
hacer, abortar, o si en realidad yo no he llevado a cabo ese aborto porque yo, en mi libertad, he reconsiderado aquello que iba a hacer y he decidido no hacerlo; a mí ni me preguntan.


Ustedes no quieren tipificar el acoso, lo que quieren es restringir mediante una censura previa el derecho de expresión, algo que prohíbe nuestra Constitución. Por eso no van a engañarnos con discursos incendiarios y con la sobreactuación
que seguramente hoy veremos aquí sobre la protección de las mujeres, mientras que en España se viven gravísimos acontecimientos de violencia de género sin que merezcan la atención urgente de la incompetente ministra de Igualdad, dedicada a sus los,
las, les y a enchufar a condenadas por la justicia. Nunca nunca una ministra hizo tanto daño a la lucha por la igualdad de las mujeres. (Aplausos). ¡Si ha provocado hasta la aparición de un nuevo partido, Feministas al Congreso, precisamente para
luchar contra sus políticas! Así que dejen de tapar su incompetencia en la defensa de las mujeres y ocúpense de nuestros problemas reales, porque la pobreza en España tiene rostro de mujer. Según el último informe de Cáritas, el terrible aumento de
las situaciones de exclusión ha afectado más a las mujeres, agrandando la brecha de género también en la desigualdad. Trabajen para que las mujeres tengan más oportunidades y sean más libres con medidas de apoyo a las familias, a la natalidad y a
la conciliación, porque sus políticas les están impidiendo ejercer un derecho fundamental, el derecho a una vida digna.


Termino. Como demócrata, confío en el Estado de derecho y en que nadie sea privado de su libertad por repartir un folleto en la calle. Allá quienes se conviertan en muletas de un Gobierno que achica nuestra libertad, promueve la
intolerancia, restringe los derechos propios de una democracia liberal y quiere imponer la ley del silencio con la amenaza de cárcel. Pero ya les digo que tengan claro que al Partido Popular no nos van a amedrentar ni a callar, y con nosotros a
esos cada vez más españoles cuyo grito de supervivencia se ha convertido ya en ¡Sánchez, vete ya! (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.


El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.


La verdad es que con esta propuesta, como se ha dicho anteriormente, lo que se busca es la intimidación hacia el pensamiento único; es decir, que nadie pueda pensar en libertad y un aviso a navegantes en el sentido de que aquellos que no
piensen como piensa el Gobierno que sepan que pueden tener la pena de cárcel. Ese es el objetivo político de esta iniciativa, que en este caso afecta a aquellas personas que han decidido ejercer el derecho a abortar que tienen según la ley y a
aquellas otras personas que quieren dar una información sobre las posibilidades que hay respecto al aborto. En ese sentido, al final lo que se busca es no solo que no se pueda dar un folleto o rezar en la calle en la puerta de un lugar donde se
aborta, desde luego sin coaccionar, porque entonces, como se dice, ya está en el Código Penal, sino el aviso a navegantes de decir: mire, aquí solo se puede pensar que el aborto es algo que está muy bien, que forma parte de la normalidad y que,
evidentemente, el ir a abortar es como el ir a hacer otras gestiones que puede hacer uno en el día a día. A los que pensamos que el abortar es un



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drama, que es una situación límite, lo que se quiere es impedirnos no solo ya decirlo, sino casi pensarlo. Porque aquí solo se puede pensar que el aborto es una gran cosa y, desde luego, intentar amedrentar a aquellos que pensamos que el
aborto es un drama y un fracaso del conjunto de la sociedad. Ese es el objetivo político, perseguir la libertad de expresión en esta cuestión y, a partir de esta, en otras cuestiones, como lo hemos visto. O sea, aquello que les gusta a ellos se
puede hacer, pero no se puede hacer en libertad lo que piensan otros. Por ejemplo, se puede interrumpir, desde luego, en una iglesia sin ningún problema e insultar a todas las personas que están ahí, eso les parece algo divertido y que se puede
hacer, pero no se puede permitir que unas personas puedan rezar en la calle. Lógicamente, nosotros estamos en contra del pensamiento único y estamos en contra de la persecución que se quiere hacer por parte del Gobierno y de los partidos que apoyan
al Gobierno para que en España cada vez haya menos libertad, que es lo que están notando los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Hace unas semanas les decía a ustedes que las derechas extremas están continuamente mintiendo con respecto a temas que preocupan a la ciudadanía para crear inquietud e inseguridad y utilizarlo de manera política, aunque ello genere en muchos
casos el aumento de actitudes de odio; les reconocía su habilidad para retorcer los relatos y argumentarios y aparecer como los salvadores de derechos como la libertad de expresión o la libertad de reunión cuando en realidad su actuar político es
una continua búsqueda de la limitación de estos para aquellas personas y colectivos que no defienden sus postulados, y hemos llegado al final de la tramitación de esta ley de la misma manera, con la campaña antiabortista organizada hace unas semanas
por parte de la organización ultracatólica Asociación Católica llevada a cabo de forma simultánea en treinta y tres municipios de todo el Estado, entre ellos Vitoria-Gasteiz, en Euskal Herría. Resulta increíble que en un Estado laico como el
nuestro la Iglesia católica tenga tanta actualidad por llamar a rezar o acosar delante de las clínicas en las que se realizan las interrupciones de embarazo, o por la pederastia en instituciones gestionadas por ella, o por el expolio patrimonial de
las inmatriculaciones.


En Euskal Herria conocemos desde hace años el acoso a las mujeres que acuden a una clínica a realizar una interrupción de embarazo de grupos de la derecha rancia. Esto ocurría hace años y se sigue repitiendo en Antsoain, en Gasteiz, en
Donostia; están vulnerando y coartando la libertad de las mujeres vascas y del resto del Estado, aunque se empeñen en argumentar lo contrario. Volvemos a recordar que es necesario que se garantice el ejercicio de los derechos reconocidos para la
interrupción del embarazo en el marco de la sanidad pública y que si se garantizara esta prestación en la red pública como cualquier prestación más, de forma normalizada, finalizaría el tema que nos trae hoy. Y lo decimos claramente: rezar en las
clínicas abortistas es acosar. Déjennos en paz, no necesitamos su paternalismo; nosotras decidimos.


Mila esker.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Giménez Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Señorías, nos encontramos ante una proposición de modificación del Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Ya hemos discutido en esta Cámara en distintas
ocasiones sobre esta propuesta y hemos dado a conocer cuál es nuestra posición respecto a esta materia. Creemos que las mujeres deben avanzar en el ejercicio de sus derechos. En una sociedad democrática, en una sociedad avanzada como la nuestra lo
que no nos podemos permitir es que se nos cuestione nuestra libertad, que nuestra libertad no sea garantizada. Y creo que es importante además que se conozca cómo los liberales defendemos la libertad.


La libertad no está garantizada en todos los casos. Hay que pelear para conseguirla. Pelear con energía. Hay que defenderla de aquellos que nos quieren hacer retroceder, porque estamos ante discursos que nos quieren hacer retroceder, y
especialmente cuando hablamos del ejercicio de los derechos de las



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mujeres. La libertad, señorías, no es gratis; hay que sudarla y pelearla, y creo que es el camino en el que estamos. La ley reconoce el derecho de las mujeres a abortar, no sé por qué tenemos que poner en cuestión en estos momentos
aquellos supuestos que ya tenemos reconocidos en la ley. ¿Un retroceso legal en materia de reconocimiento de derechos vamos a tener en estos momentos? Es que no sé por qué hay que cuestionar la legislación que tenemos actualmente vigente.


El sistema tiene que ofrecer apoyo a aquellas mujeres que deciden tener a sus niños. ¡Claro que sí! Porque yo también creo que aquí hay una forma torticera de ver lo que hoy es la garantía de derechos en la que estamos trabajando. En
Ciudadanos apostamos por que todas aquellas mujeres que deciden tener a sus hijos lo hagan con garantía de derechos. ¡Claro que sí! Que lo hagan con servicios, que se tengan en cuenta a las mujeres que se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad, pero ello no supone que aquellas mujeres que libremente decidan abortar conforme a los supuestos que tenemos reconocidos sean coaccionadas, sean amedrentadas y no puedan ejercer su derecho en libertad. Creo que hay que poner cada
cosa en su sitio. (Aplausos). Defender la igualdad es que cada mujer haga y desarrolle aquello que considera.


Yo creo que las mujeres ya hemos pasado -y en algunas cosas todavía nos queda- demasiadas imposiciones. Ya hemos dado muchas explicaciones sobre nuestra toma de derechos. Ya hemos estado sufriendo muchísimas desigualdades, y las seguimos
sufriendo, pero ¡ya está bien! cuando estamos hablando de supuestos como en el que hoy estamos trabajando. Creo que tenemos derecho a ejercer nuestros derechos en libertad sin que nos hostiguen, sin que nos juzguen y sin que nos coaccionen. Eso no
es que nos informen, porque también veo que se dice que se está limitando que se informe. No; se está limitando que se coaccione, que se hostigue y que se nos amedrente en momentos muy difíciles. Cuando una mujer decide abortar lo pasa
psicológicamente mal, son decisiones duras, y además cuando vas a ejercer tu derecho te encuentras con esa coacción. Me parece que para eso es esta proposición, para evitarlo. Porque mi libertad -eso es lo que digo- puedo ejercerla, señorías de
VOX y señorías del Partido Popular, pero siempre que no pisotee la libertad de los demás. (Aplausos).


Creo que las mujeres -como decía- ya hemos vivido suficientes imposiciones sociales que han mermado nuestro desarrollo, que han mermado nuestra igualdad efectiva, y por eso me siento orgullosa de poder decir que, aunque nos queda mucho por
recorrer en conciliación, en corresponsabilidad, en techos de cristal, en todo lo que supone un avance en igualdad, ahí se cuenta con el voto de Ciudadanos. Porque hay formaciones políticas que no apuestan por la defensa del ejercicio de los
derechos de las mujeres. Ya lo estamos viendo. ¿Qué está pasando con el Partido Popular en cuanto Ciudadanos no está en la Comunidad de Madrid? ¿Qué puede pasar si los dejamos solos en Castilla y León? Porque no debemos olvidarnos de la posible
involución que puede suponer para más del 50 % de las mujeres que tenemos en Castilla y León que se una el Partido Popular con VOX. Porque actualmente tenemos en el Tribunal Constitucional recurrida la Ley del aborto por parte del Partido Popular;
actualmente tenemos manifestaciones del señor Almeida diciendo que tendríamos que volver a la Ley de interrupción del embarazo de 1985. Por eso digo que Ciudadanos debe estar como un dique de contención en defensa del ejercicio de la igualdad de
oportunidades de todos y, especialmente, de los más vulnerables.


La competición entre el Partido Popular y VOX para corroborar quién es el partido hegemónico de la derecha no puede hacerse a costa de los derechos reproductivos de las mujeres que con tanto esfuerzo hemos conseguido. Creo que es vital esta
reflexión. Creo que es vital que no demos ni un solo paso atrás ante los discursos que estamos viendo en esta Cámara, pero, además, no es aceptable que las mujeres y los profesionales que efectúan el ejercicio del derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo se vean cuestionados, se vean hostigados, se vean coaccionados. Muchos de nosotros conocemos a mujeres que han tomado esta decisión, y ojalá ninguno de nosotros nos tengamos que ver en un caso así, pero si tenemos que
estarlo tiene que haber una garantía en su ejercicio, sin cuestionar, sin atacar, sin amenazar, sin agredir a aquellas que se encuentran en esta situación y deciden ejercer sus derechos. No es informar -vuelvo a decir-, porque si vemos aquello que
nos ha dicho el informe del Defensor del Pueblo veremos que no es informar de determinadas cuestiones, la intencionalidad es otra y por eso ya no pasamos las mujeres. Defendemos nuestra libertad y la legislación debe avanzar en el reconocimiento de
nuestros derechos.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.- Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.



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La señora CALVO GÓMEZ: Gracias, presidente.


Este proyecto de ley arrancó con un diputado de VOX -lo recordarán ustedes- llamando bruja a una diputada socialista, pensando que la insultaba cuando, en realidad, las brujas son hoy en día para muchas de nosotras símbolo del empoderamiento
femenino. Justamente, la semana pasada el Parlament de Catalunya aprobó una propuesta de resolución para reparar, restituir la memoria de las mujeres acusadas de brujería, torturadas y condenadas a morir víctimas de una persecución misógina y
machista. El Partit dels Socialistes de Catalunya votó a favor, pero no quiso firmar la propuesta. Dijeron que esa iniciativa reparadora de la historia no tenía que ver con los problemas reales que afectan a la ciudadanía ni con la actualidad,
pero, como he dicho, en una actualidad muy reciente, aquí todavía se castigaba la memoria de las brujas usándolas como insulto. No lo olvidemos, somos resultado de nuestro pasado y repararlo nos hace mejores. Pero quedémonos con lo positivo: lo
que empezó con ánimo de insulto acabará con una amplia mayoría de las brujitas de esta Cámara haciendo, si no magia, justicia. ¡Abracadabra, compañeras!


A partir de ahora, el 'déjenlas en paz' que pedíamos para las mujeres que deseaban interrumpir su embarazo, ejerciendo su derecho, se convierte en un nuevo artículo 172 quáter en el Código Penal, que castiga a quienes las acosen u hostiguen
a las puertas de las clínicas, a quienes pongan en riesgo la necesaria discreción y confidencialidad que debe acompañar ese momento difícil y doloroso para las mujeres, a quienes contravengan las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. En vez de molestar, ofender, intimidar y coaccionar a las mujeres, recomendamos a los de las -abro comillas- 'labores de información y apoyo' que se vayan con sus rezos a otra parte; por ejemplo,
a las playas del sur. El pasado 24 de enero aparecieron en Málaga los cadáveres de cinco migrantes. Eso sí que da para mirar al cielo. Y a los de Cañas por España, que convocaban el acoso a las clínicas los últimos viernes de mes, también;
también les decimos que se vayan a otra parte. Ya dije en la toma en consideración que lo de los de las cañas en frío y las devoluciones en caliente van contra nuestros derechos y transmitir mediante el acoso la falsa idea de que se está haciendo
algo contra la ley genera estigmatización en las personas acosadas y, a partir de ahora, va a tener reproche penal.


Hay temas pendientes alrededor de la interrupción del embarazo. Ayer, sin ir más lejos, se aprobó una proposición no de ley para regular un permiso retribuido en los casos de pérdida estacional espontánea. Se argumentó por el PP que las
gestantes que pierden a su hijo tras 180 días tienen derecho a la baja abonada por maternidad, pero no aquellas que, tristemente, pierden a su hijo con anterioridad. Nosotros nos abstuvimos porque esa petición se nos quedó corta. Entendemos que
hay que regular un permiso remunerado, una baja por duelo en casos de pérdida estacional espontánea, pero también en los casos de mujeres que deciden poner fin a su embarazo por las razones que sean, haciendo uso de su derecho. ¿O es que no
necesitan esas mujeres apoyo psicológico? ¿O es que no pasan por un proceso doloroso y difícil? Además, si por fin se hace posible que la interrupción del embarazo se realice en clínicas públicas con normalidad, como debiera ser, habría una
certificación oficial también para esos casos. Como saben, porque es un tema recurrente en las comparecencias de la ministra de Igualdad, la inmensa mayoría -un 85 %- de las interrupciones voluntarias del embarazo no se producen en centros de la
sanidad pública, sino en clínicas especializadas, así que hay muchísimo camino por recorrer, para trabajar con la objeción de conciencia y para trabajar con la estigmatización. La reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva e
interrupción voluntaria del embarazo, que tenemos pendiente, nos dará oportunidades para el debate.


Antes de acabar, quisiera mencionar a la portavoz del PP, que ha comentado que esta ley va contra el derecho de expresión y de manifestación. Parece que alguien ha hecho un hechizo y ha borrado del Boletín Oficial del Estado la Ley mordaza
del Partido Popular. Pero, bueno, de momento hoy celebremos la magia de las brujitas y de algunos hechiceros de esta Cámara y, como decía, abracadabra. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.


La señora VALLUGUERA BALAÑÀ: Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas.


Vamos a centrarnos un poquito, porque desde que hemos empezado esta discusión -que ya es la cuarta vez que la llevamos a esta Cámara, o la tercera, ya no lo recuerdo- ha salido un poco de todo:



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ha salido que si los independentistas no somos demócratas... ¡Han salido varias cosas que ya me explicarán ustedes a mí qué tienen que ver con esta proposición!


Durante todas estas sesiones, hemos ido exponiendo cuál es nuestra visión sobre el tema, y es interesante ver que lo que hacemos hoy es tan pequeñito, comparado con lo que tendríamos que hacer, que hasta da un poco de pena que se haya creado
esa sobreactuación que decía usted, señora Angulo. Es un poco lamentable.


Ayer hablábamos de estos temas y decíamos: hemos dado muy pocos pasos y todos ellos se nos antojan reversibles como cambien las condiciones, porque no hemos sido capaces de establecer y de reforzar suficientemente la conciencia de que son
vinculados a los derechos humanos que, como mujeres, tenemos en este mundo. ¡Miren Polonia! No hace mucho una mujer murió porque no se le practicó el aborto que necesitaba, y murió porque están en franco retroceso los derechos de las mujeres,
porque son el caballo de batalla de la derecha y de la ultraderecha. ¡Y este es el drama! ¡Que lo están utilizando de caballo de batalla! ¡Y dale al mono que es de goma! ¡Y es inaceptable completamente, porque juegan con nuestras vidas!


Es decir, su legislación -sí, recurriendo al TC, de acuerdo- siempre es intocable, pero cuando lo único que se hace es articular un elemento del Código Penal para garantizar el ejercicio de una libertad, ¡lo que pone en cuestión es la
libertad! ¡No pone en cuestión a los energúmenos que a través de sus acciones coartan, amedrentan e incluso violentan terriblemente a las mujeres! No, no, ¿ahora resulta que somos los que intentamos garantizar el ejercicio de un derecho los que
atentamos contra otros derechos?


¿Saben qué pasa? ¡Que ustedes solo saben de sus derechos! Es decir, aquí en realidad lo que hay es: yo tengo el derecho de rezar en las narices de una mujer que va a tomar la decisión de abortar, ¡porque a mí me da la gana! Bueno, pues va
a ser que no, ¡va a ser que no!, porque de momento tenemos una mayoría suficiente para impedirlo. (Aplausos).


Su posición es: mi derecho pasa por encima del suyo, del suyo, del suyo y del suyo. Razón: porque es el mío, ¡es el mío! Y resulta que como no tienen iglesias suficientes -no hablemos de inmatriculación-, como no tienen espacios
suficientes, ¡deben ustedes irse a rezar a las puertas de las clínicas abortivas! Se lo dije la primera vez, se lo digo la segunda vez, a veces estoy enfadada, otras veces solo estoy defraudada, otras estoy francamente triste: es ruin, es patético
y es mezquino, y si ustedes tuvieran la más mínima dignidad de las personas cristianas que dicen aquello de amar al prójimo como a uno mismo, ¡no lo harían nunca! Pero no se trata de eso, se trata de imponer su visión sobre el mundo y su visión
sobre la pertenencia del cuerpo de las mujeres. ¡A ver que se habrán creído, les damos derechos y pretenden ejercerlos! ¡Oigan, es que se van y pretenden abortar! (Aplausos).


Por tanto, después de cuatro sesiones oyendo opiniones que podríamos calificar de reaccionarias, después de cuatro sesiones oyendo planteamientos que podríamos calificar de autoritarios, lo único que debo decirles es que se fíjen en la gran
diferencia -la gran diferencia, diríamos, ontológica- entre su propuesta y la nuestra. ¿Quieren rezar? Recen. ¿No quieren abortar? No aborten. ¿No se quieren divorciar? No se divorcien. No quieren... ¡No lo hagan, pero no impidan que
nosotros lo hagamos! Porque empieza a ser de una coerción extraordinaria.


Para acabar le voy a hacer un pequeño recordatorio. Violencia en Cataluña ha habido. Sí, ciertamente. El 1 de octubre nos pegaron hasta que quedamos morados. ¡Eso es violencia, y estatal! (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.


La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, estamos hoy aquí para tratar un tema muy importante que afecta directamente a la libertad de las mujeres, la libertad de decidir sobre nuestra maternidad y la soberanía de nuestro cuerpo; amparado, además, todo eso por una
legislación vigente en nuestro país que tanto nos costó conseguir. Porque cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo de lo que estamos hablando es de a quién pertenece el cuerpo de la mujeres. Y les voy a decir una cosa, señorías del
Partido Popular, señorías de VOX, nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres no pertenecen ni a la iglesia ni al Estado ni a los hombres. Los cuerpos de las mujeres no son un territorio conquistable -métanse eso ya en la cabeza-, nuestros cuerpos
son soberanos.



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Soy diputada por Córdoba, donde ha habido una campaña de cuarenta días, que se dice pronto, en una clínica de mi ciudad. Desde aquí quiero enviar toda mi solidaridad a esas mujeres que -lo dicen ellas, no lo digo yo- se han sentido
acosadas, angustiadas, que han llorado y han entrado con miedo después de encontrarse con esa horda de integristas ultracatólicos. Pedían, incluso, que a la salida de la clínica pudiesen ir por la puerta trasera para no tener que pasar otra vez por
ese calvario, por ese acoso y por ese señalamiento. (Aplausos). Mi solidaridad también con los trabajadores y las trabajadoras de esas clínicas que han declarado -lo declaran ellas y ellos, y no yo- que les han estado incomodando y molestando
durante cuarenta días.


Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo lo ha pensado mucho, muchísimo, porque es una decisión tremendamente dura y tremendamente difícil como para que encima se encuentre esa horda de integristas acosándola en las puertas de las
clínicas. ¡Es una absoluta crueldad! Y así de claro lo digo para quien lo esté defendiendo. Además, no se me ocurre nada más contrario a la libertad religiosa que usar el rezo, sea de la religión que sea, para estrechar la libertad de otras
personas. Y vamos a ser claros: ¡el rezo no es libertad de expresión si el fin que persigue es señalar y coaccionar! ¡Eso no es libertad de expresión! (Aplausos). Dejémoslo ya claro.


La libertad religiosa, señores de la ultraderecha, es la separación entre la vida civil y la vida religiosa, y la diferenciación entre los espacios civiles y religiosos es la base de la convivencia democrática en cualquier Estado de derecho,
y así lo estipula también nuestra Constitución, que define a nuestro país como un Estado aconfesional. Pero parece que VOX todavía no se ha enterado cuando su concejala en el ayuntamiento de mi ciudad, de Córdoba, va a un pleno, que es una
institución pública y aconfesional, a rezar el avemaría. No esperamos menos de ustedes, porque ustedes no han ido a ninguna institución a hacer política, a lo único que van es a hacer shows. Así que sigan haciendo sus shows, pero a las mujeres
déjennos tranquilitas y en paz.


También, vienen aquí con sus enmiendas basándose en la libertad, otra cosa que me hace gracia. Para ustedes la libertad es irse de cañas. Me tendrá que explicar qué clase de libertad o qué ampliación o adición de libertades me proporciona
a mí tomarme una caña en Madrid o tomármela en Córdoba. Ninguna libertad adicional. Su libertad es disfrazarse -me parece bien-, como hace el señor Casado, que un día va de agricultor, otro día va de científico, otro día de vendimiador y otro día
de quitanieves; o como hace el señor Abascal con toda su tropa, disfrazándose de personajes de Los santos inocentes. (Aplausos). Y mientras que se disfrazan en la calle, vienen aquí y no apoyan la Ley de cadena alimentaria para que se regulen los
precios del campo y votan en contra de todas las medidas a favor de empresas, de familias, de trabajadores y de mujeres. Ese es su concepto de libertad, un valor absoluto para los poderosos, relativo para el pueblo y muy muy limitado para las
mujeres. Ese es su concepto de libertad. (Aplausos).


¿Pues saben que les digo? Que estamos hartas, muy hartas, de que cuestionen sistemáticamente la libertad de las mujeres, nuestra libertad. Estamos hartas, queremos ser libres, y queremos ser libres para no tener miedo de llegar a casa
solas, para que no nos maten o no nos violen, pero también para decidir sobre nuestro cuerpo sin ser acosadas y señaladas. Y es que hay una extensa tradición de señalar a las mujeres. Me puedo remontar a la Edad Media, cuando se señalaba a las
mujeres libres por ser libres, tachándolas de brujas y quemándolas en la hoguera. Ahora, que ya no pueden quemarnos, nos rezan. Déjennos en paz a las mujeres. Lo único que no ha cambiado en todo este tiempo desde la Edad Media hasta aquí es que
siguen señalándonos y haciendo escarnio público de las mujeres cuando ejercemos nuestra libertad en nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos soberanos. Estamos en el siglo XXI, entérense. Nuestros sentimientos y nuestras decisiones libres
también tienen que ser protegidas, porque parece, señores del Partido Popular y de VOX, que aquí los únicos sentimientos a proteger son los religiosos, y aquí la única libertad es la que a ustedes les beneficia.


No voy a negar que modificar el Código Penal para penalizar justamente ese acoso a trabajadores, a trabajadoras y a las mujeres que acuden a las clínicas para abortar es una buena medida para poner fin a estas concentraciones, pero tenemos
que dar un paso más muy importante, y es que las interrupciones voluntarias del embarazo se puedan desarrollar en centros hospitalarios públicos donde nadie pueda saber si una mujer va por un dolor de oídos, por un esguince o para interrumpir su
embarazo. El aborto, además, debe realizarse en unas condiciones de máxima garantía y no es garantista un sistema que no permite el anonimato. Según datos oficiales, en el año 2020, alrededor del 97 % de los abortos se hacen en clínicas
concertadas, siendo esto una anomalía en un país con un sistema público de salud y una extensa red de hospitales públicos. Por eso, con esta reforma del Código Penal estamos mandando un



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mensaje importante, que los cuerpos de las mujeres son libres y soberanos. Pero este mensaje tiene que ser, bajo nuestro punto de vista, y termino...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe de terminar, señoría. Ha finalizado su tiempo.


La señora ANGULO ROMERO: ..., completado con que podamos ejercitar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.


Ya se lo dije una vez, señorías de VOX, ustedes son los grandes enemigos de las mujeres, pero, compañeras, hermanas, ni un paso atrás en nuestros derechos, en nuestra libertad y en los derechos conquistados.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Méndez Monasterio. (Aplausos).


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señorías, a partir de ahora, en algunos casos será un honor ser considerado delincuente por un gobierno que pacta e indulta a terroristas y mete en la cárcel a quien se dedica a salvar vidas. (Aplausos).
Señorías, algo muy grave está pasando en este país, muy grave. Calificar como delictiva la conducta pacífica de los movimientos provida, que consiste en informar, ayudar, consolar o rezar -sí, rezar- delante de los centros abortistas, más bien
centros de exterminio, ataca gravísimamente a nuestro Estado de derecho y a nuestro sistema democrático. Se introduce una concepción autoritaria del derecho penal de autor, propia de un gobierno despótico y totalitario como el suyo. En primer
lugar, pervierte los fines del derecho; en segundo lugar, desprecia el valor de la justicia, y en tercer lugar, y el más importante, atenta contra libertades y derechos fundamentales para eliminar al disidente, para cancelar a aquel que se opone a
su agenda y a su cultura de la muerte. (Aplausos). Pervierte los fines del derecho porque se condenará a las personas que, reaccionando de forma pacífica ante una ley injusta como es la vigente Ley del aborto, además sus efectos perversos se
acrecientan por la falta de protección de las administraciones a las personas más vulnerables. Debiera repugnar a cualquier representante político que exista un mayor presupuesto para los centros del aborto que para ayudar a las mujeres
embarazadas. (Aplausos). Cuando una mujer acude a la Seguridad Social, muchas veces presionada por problemas ante un embarazo imprevisto, lo único que le ofrecen es abortar, al único establecimiento al que le derivan es a los centros de
exterminio. Eso es lo que debiera considerarse un delito, eso se llama inducir al aborto y no el considerar delincuentes a las personas que ofrecen consuelo y humanidad a mujeres destrozadas después de un aborto inducido. (Aplausos).


Por otro lado, esta modificación significa un desprecio absoluto por el valor de la justicia, ya que, en lugar de proteger al no nacido y en lugar de velar por la salud de las mujeres, como sería lo justo, se favorece a los que se lucran
eliminando a seres humanos y arriesgan la salud de sus madres; porque los que quieren que se consideren delincuentes a los que informan de la realidad del aborto y sus consecuencias son los centros de exterminio, que utilizan el engaño para su
beneficio económico, menospreciando la salud de las mujeres. A quienes ustedes representan es a la patronal del aborto, condenada a raíz de varias demandas de abogados cristianos por publicidad engañosa en su web, por ocultar los riesgos y engañar
afirmando que es una intervención que no deja secuelas. Se dejó probado en dicho juicio que puede tener innumerables secuelas físicas o riesgos como esterilidad, padecer enfermedad mental o triplicar el riesgo de suicidio.


El texto que debatimos es el que la patronal abortista solicitó a la ministra Montero justo al día siguiente de la publicación de unas fotos sacando un féretro de adulto de uno de los centros. Por eso, esta normativa permite que sean los
centros los que interpongan las denuncias. Por eso, no se requiere que la denuncia la pongan las mujeres que supuestamente son acosadas, porque no hay una sola denuncia. Señorías, no mientan, ¡no hay una sola denuncia! (Aplausos). Son los centros
los que no quieren testigos, no quieren esas fotos de ataúdes que reflejan la muerte y quieren trabajar con total opacidad e impunidad para evitar atestados policiales como estos. Además, seis mil abortos menos reduce en seis millones sus ingresos.


En tercer lugar, esta reforma vulnera derechos fundamentales tales como el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de participación o de libertad religiosa, de los que son titulares las personas que se reúnen cerca de los centros
abortistas. Por ese motivo lo recurriremos al Tribunal Constitucional. Hay



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diversa jurisprudencia. El derecho de expresión no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa y mucho menos ser castigado con penas de cárcel. Diferentes sentencias del Tribunal Constitucional dictaminan que en una sociedad
democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación sino también un espacio de participación, y que este constituye uno de los pocos medios de los que disponen los ciudadanos para poder expresar públicamente sus reivindicaciones.
(Aplausos). Acusan de que tales comportamientos causan menoscabo a la libertad o a la intimidad de las mujeres. Es iniquidad apelar a la libertad de las mujeres, que en su mayoría van presionadas, engañadas y en un estado emocional que les impide
discernir. La inmensa dureza de su corazón les hace presentar el aborto como un derecho, como si fuera algo bueno eliminar a un ser humano. Pero, además, es muy perverso porque al denominarse derecho se puede ejercer violencia sobre las mujeres,
como está ocurriendo, sin castigo alguno. (Aplausos). Hay que tener un corazón muy endurecido para lanzar el mensaje de que la muerte de un hijo es la mejor elección, que es un acto libre el abortar, pero que no lo es el no hacerlo. No se
engañen, señorías, porque no es verdad. La única verdad es que esa mujer, cuando cruce esa puerta, dejará que le arrebaten al niño que lleva en sus entrañas, y eso tiene consecuencias. No les engañen, señorías, y díganles la verdad; ante tanta
iniquidad, ante tanta dureza de corazón, solo la verdad, esa que ustedes desprecian, es la que a todos puede hacernos libres.


Por último, señorías, estos grupos no existirían si el Partido Popular hubiera cumplido sus promesas electorales de haber derogado la Ley del aborto, derogando esa ley inicua (aplausos), o el Tribunal Constitucional hubiera dictado una
sentencia, como era su obligación, hace más de once años, dictaminando, si es fiel al espíritu de la Constitución, que se está aplicando una ley inconstitucional, porque no puede ser un derecho eliminar a un ser humano, sino que debe considerarse
como un acto antijurídico, y, además, el Estado debe proteger al no nacido. Nosotros no culpabilizamos a las mujeres; les acusamos a ustedes. (Aplausos).


Algo muy grave está ocurriendo en este país, señorías. Algo muy grave está ocurriendo en este país, cuando se permiten los homenajes a los asesinos de cerca de mil compatriotas y se mete en la cárcel a los que han salvado más de seis mil
vidas. Algo muy grave está pasando, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Berja Vega.


La señora BERJA VEGA: Gracias, presidente.


Señorías, lo que vamos a hacer hoy aquí es modificar el Código Penal, una de las leyes más importantes de nuestro ordenamiento jurídico. Pero, señorías, vamos a modificar el Código Penal para incluir perspectiva feminista. Todas las leyes
son mejores si son leyes feministas, porque el feminismo es democracia. Por lo tanto, hacemos historia parlamentaria.


Por primera vez en nuestro país, obstaculizar el derecho al aborto será un delito en el Código Penal. Señorías, el Diario de Sesiones recogerá nuestras posiciones y la mayoría de ustedes, cuando relean sus intervenciones con el tiempo,
estoy segura de que se reconocerán y se sentirán orgullosas de haber participado de esta iniciativa. Sin embargo, no todos han estado a la altura hoy. Partido Popular y VOX han elegido, y han elegido el bando incorrecto, han elegido a los
acosadores. Es desoladora su deriva, señorías del Partido Popular, es lamentable que apoyen a los violentos que van a las puertas de las clínicas a privar de derechos a las mujeres. (Aplausos).


Miren, señorías, muchas mujeres en este país han abortado. Ustedes, señorías de las derechas y la ultraderecha las están señalando; en lugar de respetar su decisión, en lugar de respetar la libertad de las mujeres con este voto en contra,
las están acusando. No se crean ustedes, señorías del Partido Popular, que están defendiendo la libertad religiosa. Lo que están ustedes apoyando es el acoso y a los acosadores. (Aplausos).


Señorías, acosar a las mujeres no está genial. Saben por qué se lo digo, señorías del Partido Popular, ¿verdad? Lo que está genial es que las mujeres ejerzan sus derechos tranquilas, con garantías y en libertad. Estos desalmados que se
plantan en las puertas de las clínicas dicen de sí mismos que son buenos cristianos. Miren, señorías, cristianos buenos hay en muchos sitios; en mi propio grupo parlamentario hay compañeros y compañeras que lo son, pero saben perfectamente que lo
que hacen los acosadores en las puertas de las clínicas no es rezar. A los grupos organizados el único fin que les mueve es intentar coaccionar la libertad de las mujeres e imponerles una decisión



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que solo les corresponde a ellas, señorías, a las mujeres. (Aplausos). Porque en España las mujeres tienen derecho a abortar.


Esta iniciativa socialista es un éxito de todo el Parlamento. Sacar adelante este tipo de iniciativas es una batalla ganada contra la ultraderecha y una batalla ganada en defensa de los derechos de las mujeres. Señorías, además, esta
iniciativa se va a aprobar con un amplio consenso. Dejamos claro con ello que los derechos conquistados por las mujeres son innegociables. Sin embargo, esta iniciativa ha retratado preocupantemente al Partido Popular.


Miren, ustedes podían elegir entre los derechos de las mujeres y VOX, y han elegido a VOX. (Aplausos). Cuando pasa eso suenan todas las alarmas porque, cuando VOX entra en juego, los derechos de las mujeres siempre están en riesgo, y lo
sabemos bien. En Andalucía, el PP y Ciudadanos, secuestrados por VOX, han permitido que se financie con dinero público a los grupos antiabortistas que acosan a las mujeres en las clínicas andaluzas. (Rumores). Las mujeres no pueden confiar en el
señor Casado, y hoy ustedes, señores del Partido Popular, lo han vuelto a demostrar. Tienen el contador a cero -a cero- en apoyo a los derechos de las mujeres. Son ustedes inútiles para las mujeres, señorías.


Me van a permitir que manifieste mi preocupación por la falta de claridad del Partido Popular de Castilla y León con respecto a sus posibles pactos en las próximas elecciones. Mire, la gente cuando vota tiene que saber qué va a pasar con su
voto. Luis Tudanca ya ha dicho que jamás pactará con la ultraderecha, así que la gente que vote al PSOE tendrá la garantía de que con el PSOE gobernando nunca estará la ultraderecha. (Aplausos). Pero ¿qué pasa con ustedes, qué pasa con el Partido
Popular? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué lo esconden, señorías del Partido Popular? Miren, yo solo les digo, señorías del PP, que las mujeres no perdonan... (Rumores.-La señora Angulo Romero pronuncia palabras que no se perciben).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, señora Berja.


Señora Angulo, la llamo al orden por primera vez. Mientras usted ha intervenido no la ha interrumpido absolutamente nadie, pero lleva interrumpiendo usted todas las intervenciones. (Aplausos). Le pido, por favor, que tengan el mismo
respeto que se les da a sus portavoces. El mismo.


Continúe, señoría.


La señora BERJA VEGA: Gracias, presidente.


Miren, señorías, solo les digo que las mujeres no perdonan que se negocie con sus derechos, y de verdad que deberían haberlo aprendido. Deberían haberlo aprendido después de lo que le pasó a Gallardón y después de aquel tren de la libertad
que silenció a un ministro que quería imponer una ley que les quitaba derechos a las mujeres. (Aplausos).


Ahora quiero dirigirme al resto de grupos parlamentario para darles las gracias por la predisposición que han tenido para mejorar esta iniciativa. La transaccional que acordamos en la Comisión de Justicia y que firmó Esquerra Republicana,
PNV, Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE incorpora mejoras, como el reconocimiento de que este mismo delito que se comete contra las mujeres también se comete contra las clínicas y el personal sanitario. Podemos sentirnos muy orgullosas hoy en esta
Cámara por lo que estamos llevando a cabo. Podemos sentirnos orgullosas, porque hemos aprobado un nuevo hito legislativo en la protección de los derechos de las mujeres. Nos equiparamos así, señorías, a países avanzados en esta materia, como
Francia. También quiero agradecer al personal de las clínicas su labor y su empeño en visibilizar esta vulneración de los derechos de las mujeres; gracias, sobre todo y especialmente, a ACAI.


Esta iniciativa la presenta mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, y es una decisión valiente, pero quiero dar las gracias a todas las mujeres de esta Cámara que desde el principio creyeron en esta iniciativa, especialmente -me lo van
a permitir- quiero agradecer a la que era entonces la portavoz en el Grupo Parlamentario Socialista su empeño en registrar esta iniciativa. Gracias, Adriana Lastra. (Aplausos).


Señorías, al feminismo no hay quien lo pare. El feminismo es una teoría ilustrada y el movimiento social y político más importante de nuestro tiempo, el más transformador y el que consigue más cuotas de justicia social. No hay fascista que
pueda con el movimiento mundial de mujeres, mujeres feministas, y ningún insulto ni aquí ni en la calle nos va a parar. (Aplausos).


Una última cuestión, señorías. Por respeto a mis mayores, a las que nos precedieron, quiero decir algo que me sale del alma.



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir terminando, por favor.


La señora BERJA VEGA: Gracias, presidente.


Las feministas que hoy estamos en el Congreso recogemos el legado de las feministas que estuvieron antes, de las feministas que han ocupado escaño en este hemiciclo desde la Segunda República, y lo han hecho en formaciones políticas muy
diversas. ¿Acaso no eran feministas Vitoria Kent, Clara Campoamor, Carmen Olmedo, Carlota Bustelo, Carmen Alborch o Cristina Almeida, señorías? (Aplausos). Hoy quiero dar las gracias a las mujeres valientes que han defendido desde esta tribuna
cada avance en los derechos de todas. Hoy, con esta iniciativa, también resuenan sus voces, las de todas ellas. Feminismo siempre, señorías.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


DICTÁMENES DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA A LA UTILIZACIÓN ILEGAL DE EFECTIVOS, MEDIOS Y RECURSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER INTERESES POLÍTICOS DEL PP Y DE ANULAR PRUEBAS INCULPATORIAS PARA ESTE
PARTIDO EN CASOS DE CORRUPCIÓN, DURANTE LOS MANDATOS DE GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR. (Número de expediente 152/000002).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el debate del dictamen de la Comisión de investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de
favorecer intereses políticos del Partido Popular y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos del Gobierno del Partido Popular.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la señora Leal Fernández.


La señora LEAL FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.


Señorías, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 1 de octubre de 2020, acordó la creación de la Comisión de investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la
finalidad de favorecer intereses políticos del Partido Popular y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos del Gobierno del Partido Popular. En el acuerdo de creación de la Comisión se establecía
que la duración de sus trabajos era de tres meses. Este plazo podía ser prorrogado por decisión del Pleno del Congreso de los Diputados. La Comisión se constituyó el día 22 de diciembre.


Una vez solicitada la celebración de sesiones extraordinarias, necesarias para la ordenación de los trabajos de la Comisión, la Mesa acordó la apertura de un plazo para que los grupos parlamentarios presentaran sus propuestas de plan de
trabajo de la Comisión. La Comisión se reunió el viernes 22 de enero para el debate y votación de los planes de trabajo presentados. Resultó aprobada la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que determinaba las siguientes
fases para los trabajos de la Comisión: fase de información escrita y documentación, atribuyendo a la Mesa de la Comisión la aprobación de las solicitudes correspondientes; fase de comparecencias, atribuyendo a la Comisión la aprobación de las
solicitudes de comparecencias; fase de elaboración del dictamen, para lo que se establecía que la Mesa de la Comisión acordaría un plazo durante el cual los grupos parlamentarios podrían plantear sus propuestas para incorporar al dictamen.
Asimismo, la Mesa de la Comisión abrió un plazo para que los grupos parlamentarios presentaran solicitudes de documentación y comparecencias. Finalizado este plazo, la Comisión se reunió para acordar comparecencias y la Mesa adoptó el acuerdo
relativo a las solicitudes de documentación, cuyo detalle figura en el dictamen que sus señorías conocen.


El Pleno del Congreso, en su sesión de 18 de marzo de 2021, acordó ampliar el plazo para la conclusión de los trabajos de la Comisión hasta el 30 de junio de 2021. La primera comparecencia tuvo lugar el 27 de marzo de 2021 y durante este
periodo se celebraron veintiséis comparecencias, que figuran, asimismo, en los antecedentes del dictamen distribuido. El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 24 de junio, acordó de nuevo ampliar el plazo para la conclusión de
sus trabajos hasta el 31 de



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diciembre de 2021. A tal efecto, la Mesa abrió un nuevo plazo para que los grupos parlamentarios presentaran sus solicitudes de nuevas comparecencias. Así se acordó el 5 de octubre, y en este periodo se celebraron catorce nuevas
comparecencias. La Mesa, asimismo, acordó solicitar documentación adicional; el detalle de todo ello figura también en el dictamen aprobado.


Concluidas las comparecencias, se acordó abrir un plazo para la presentación de propuestas para incorporar al dictamen. Finalmente, la Comisión aprobó el dictamen que se somete a aprobación en la presente sesión plenaria el 22 de diciembre
y se acordó la apertura de un plazo para la presentación de votos particulares, que asimismo serán objeto de votación en el presente Pleno. Todas las sesiones de la Comisión en las que se han celebrado comparecencias, de conformidad con el artículo
64.4 del Reglamento del Congreso, se han celebrado con publicidad. La Presidencia de la Comisión al inicio de las sucesivas comparecencias ha recordado de forma expresa el régimen jurídico aplicable a las mismas y, en concreto, se ha subrayado la
voluntad de la Presidencia de salvaguardar tanto los derechos de los comparecientes reconocidos en la Ley orgánica de comparecencia ante las Comisiones de investigación del Congreso y del Senado como el debido respeto del compareciente hacia la
Comisión, la necesidad de que las intervenciones y la declaración de los comparecientes fueran congruentes con el objeto de la Comisión, el derecho de los comparecientes a poder hacerlo acompañados de la persona que se designara para asistirle, la
obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en sus testimonios y, por último, la voluntad de la Presidencia de preservar el derecho del compareciente a no declarar, por lo que en tal caso las intervenciones de
los grupos habrían de desarrollarse en términos que respeten este derecho, en equilibrio con el deber de colaboración con las comisiones de investigación.


Permítame, presidente, por último, hacer un expreso, claro y público reconocimiento y manifestar mi respeto a la labor desarrollada por parte de los letrados de la Comisión y a su rigor y profesionalidad. También quiero manifestar mi
gratitud y respeto a todos los portavoces de los grupos parlamentarios que han participado en los trabajos durante estos meses. Finalmente, también quiero trasladarles mi reconocimiento y mi respeto a los miembros de la Mesa de la Comisión que me
han acompañado en estos meses en esta tarea.


Muchas gracias a todas y a todos. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Al dictamen se han presentado votos particulares por los distintos grupos parlamentarios. Para su defensa, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno fijará posición, el señor Martínez Oblanca. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Los dos grupos parlamentarios que nutren al Gobierno rematan esta tarde una de las grandes tropelías de la decimocuarta legislatura con la entrega del dictamen de la Comisión de investigación creada en octubre 2020 para actualizar los
perversos métodos del Tribunal del Santo Oficio y dirigirlos hacia la oposición, en este caso al Partido Popular. Estamos ante otro capítulo negro de la democracia, con el que se ha tratado de destruir la imagen de los adversarios políticos, en
este caso de los que gobernaron España durante quince años en dos etapas, a cuenta de los episodios de corrupción perpetrados por algunos de sus antiguos miembros y por colaboradores de la organización.


Señorías, con esta Comisión se ha transformado el Congreso en un lamentable pimpampum circense en el que se ha dejado de lado el objeto de la investigación para buscar réditos políticos en cuestiones que ya estaban siendo objeto de
actuaciones judiciales; lo recalco: estaban siendo objeto de actuaciones judiciales. La infausta modalidad comenzó en 2017, cuando el Partido Socialista del entonces exdiputado Pedro Sánchez se conchabó con Unidas Podemos para crear el caldo de
cultivo que propició la injusta moción de censura de 2018 contra el presidente Mariano Rajoy. Fue en aquella XII Legislatura cuando se inició la epidemia de pesquisas parlamentarias sectarias en una sola dirección y en la que ya se tomó como diana
al Partido Popular en el Gobierno con la creación de otra comisión de investigación en la que se hizo comparecer, como culminación de una prolija lista, a José María Aznar, nada menos que trece años después de haber abandonado la presidencia del
Gobierno.


En definitiva, rechazo estos métodos inquisitoriales, que ni entonces ni ahora contribuyen al interés general de los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra la señora Vehí Cantenys. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente.


Nosotras formamos parte de un voto particular compartido, pero me gustaría hoy aquí explicar más a fondo la visión que tiene la CUP de la temática de la corrupción, visión que también haremos pública los próximos días con un documento que
les haremos llegar.


Yo quiero empezar con una cita de un gran escritor, Chesterton. Él decía: El capitalismo es un monstruo que crece en los desiertos. ¿Por qué hablo de capitalismo? Porque para nosotros está bastante relacionado. Entendemos la corrupción
como el poder carcomido, como el acaparamiento de recursos comunes para intereses particulares, como la acumulación de unos pocos a costa de la desposesión de muchas, como el saqueo de lo común. Hoy hablamos de la corrupción del PP, y podríamos
citar el 'aquí hay pelas para todos, una 'pastuqui' importante' del señor Correa, quien nos dejó grandes frases. Podríamos estar hablando horas de la corrupción del PP: caja B; Gürtel; caso Taula; caso Arganda del Rey; contratos Valencia;
Púnica; Lezo, o Ciudad de la Justicia. De hecho, es el partido más corrupto del sur de Europa. Pero hoy también queríamos decir que se aprobarán unas conclusiones señalando exclusivamente al Partido Popular, como si la corrupción fuera una
cuestión de manzanas podridas. Nosotros pensamos que no es una manzana podrida, señorías, que es todo el cesto.


Manuel Vázquez Montalbán escribió ya en los años noventa el Manifiesto anti-corrupción, donde hablaba del estado permanente de corrupción. Y es que las prácticas de financiación ilegal de los partidos no han sido una cosa exclusiva del
Partido Popular. El método de pagos no declarados de empresarios al partido a cambio de concesiones de obra pública o de contratos se ha llevado a cabo y se ha estado practicando por la mayoría de partidos que nosotros llamamos del régimen del 78.
De hecho, el primer caso que sale a la luz y que se judicializa es del Partido Socialista Obrero Español, caso Filesa, pero podríamos hablar también de Convergència Democràtica de Catalunya, del cas 3 % o de la pieza que ha saltado ahora de la
productora Triacom, que bajo el mandato de Artur Mas también financiaba campañas electorales.


Seguimos con esta idea. No es una manzana, es todo el cesto. Montalbán hablaba también del Estado de socorros mutuos. Se ha hablado mucho en esta Comisión del Ministerio del Interior -de esto iba- y si ponemos el foco en el Ministerio del
Interior español está clarísimo que esto es todo el cesto. Villarejo, como metáfora, al que, por cierto, ahora parece que nadie conoce, pero lleva décadas trabajando en el Ministerio del Interior. Operación Cataluña, la famosa comida de La
Camarga, el PSC hasta arriba con el Partido Popular. O podemos hablar de los GAL. Señorías, algunos dicen que han pasado por el juzgado y otros todavía esperan que se pidan disculpas y se asuman responsabilidades. Decía el señor Eugenio Pino:
Hemos hecho operaciones por España que pondrían los pelos de punta. Otra de las preguntas que nos hemos planteado y hemos lanzado a los comparecientes durante estos trabajos en comparecencias es si esta razón de Estado, si esta razón de España,
está por encima de los derechos fundamentales. ¿La razón de España se puede permitir quebrantar la ley una vez y otra?


Continúo con esta idea de que es el cesto y dejo a Montalbán por un rato; dejo los años noventa y me voy a un tema mucho más actual, el cambio climático, y a una práctica que es la esencia de la corrupción, el egoísmo de algunos frente a
los recursos comunes de muchos. Caso Castor, inyectar gas para no perder dinero que ponía el Banco Europeo de Inversiones, vía una empresa del señor Florentino Pérez -el otro grande de las prácticas corruptas en España-, desoyendo informes que
decían que habría terremotos, haciéndolo igual, a pesar de los terremotos, y al final -¡sorpresa!- se indemniza a la empresa de Florentino Pérez porque el contrato así lo preveía. La corrupción no es aislada, la corrupción ha sido una práctica de
los partidos del régimen del 78 y, además, no tiene un solo ámbito exclusivo: grandes infraestructuras, deudas, especulación inmobiliaria, contratos públicos, lo que ustedes quieran.


Quiero acabar con dos ideas. La primera es -volviendo a lo que decía Montalbán- que lo que está en juego no es la hegemonía del partido en el poder, la confianza social ante la mayoría democrática y ante la democracia misma. Ni todos los
partidos son iguales ni la corrupción es inevitable. Ha sido sistemática, pero no es sistémica. Decía Millet -acabo, presidente, en diez segundos-: Somos unas cuatrocientas personas, nos encontramos en todos los sitios y siempre somos los mismos.
Capitalismo de los amigos. Esto es la corrupción. Aquel estado...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, acabe, por favor.



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La señora VEHÍ CANTENYS: ... en el que parece que el capitalismo ha aprendido de la mafia -sí, acabo- lo que la mafia pensaba que había aprendido del capitalismo.


Muchas gracias y disculpe. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


El Partido Popular planificó y dirigió la llamada operación Kitchen y para ello destinó funcionarios, medios y fondos públicos. De eso no hay ninguna duda. Las conclusiones de este dictamen son obvias. Es obvio y fehaciente lo que en
ellas se recoge y, por eso, vamos a apoyarlas. Ahora bien, señores del Partido Socialista, también les diré que no nos lo han puesto fácil. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto que es obvio todo lo que en las conclusiones se recoge, también es
cierto que se dejan en el tintero varios asuntos que creemos que son determinantes. ¿Por qué? ¿Para qué se hace una comisión de investigación de este tipo? En primer lugar, para aclarar lo sucedido; en segundo lugar, para ver si hubo
responsabilidades políticas, pero, en tercer lugar, también para ver qué falló y que no se vuelva repetir, y con ello tomar las medidas y modificar las normas que puedan evitar hechos irregulares como el que se trata. ¿Cuál es la razón por la que
no han querido ahondar en el fondo del asunto? Pues miren, una de las razones puede ser la siguiente. El caso Kitchen ha sido un escándalo, pero también es cierto que este escándalo no es nuevo o no es único. Al igual que se ha producido la
operación Kitchen, se han utilizado los mismos métodos en la operación Cataluña, de igual forma se han utilizado estos métodos en el caso vasco y hemos visto también que se han utilizado en el caso de algunas fuerzas que en este momento apoyan al
Gobierno, como es el caso de Unidas Podemos.


Pero estas cloacas no empezaron a funcionar con el Partido Popular. Aunque es cierto que no solamente las han usado, sino que han abusado de ellas, vienen de lejos. Los casos de cloacas no empezaron con el GAL y el último no ha sido el
caso Kitchen. Por eso, lo importante es, más allá de determinar lo que ha ocurrido, reformar el sistema que ha hecho posible que el caso Kitchen y tantos otros se produzcan. El señor Villarejo -lo decía la señora Vehí- no empezó a trabajar con el
Partido Popular, es más, lo jubilaron ellos. Este señor, como bien nos relató en la Comisión, volvió a la Policía Nacional en el año 1993, bajo el mandato del ministro Corcuera, a desempeñar esas labores especiales que ha llevado a cabo con
diferentes Gobiernos, y este mismo curso político conocíamos que, durante el mandato del señor Corcuera, desde el Ministerio del Interior se dedicaron a enviar explosivos o bombas a militantes de la izquierda independentista vasca, un hecho grave
que nosotros creemos que habría que aclarar. ¿O en este caso no creen ustedes que se debe esclarecer lo ocurrido? ¿En esto no tiene que haber comisiones de investigación o no se debe aclarar? Sorprende, verdaderamente.


Más allá de estas actuaciones irregulares o ilegales, vemos cómo el sistema está organizado para que se produzcan estos hechos. La reforma de la Ley de fondos reservados del señor Belloch en el año 1995 no ha impedido, como bien se recoge
en las conclusiones, que siga habiendo, respecto a los fondos reservados, despilfarro y descontrol. ¿Qué hacemos para reformar esa ley y que no se vuelvan a producir hechos de descontrol y despilfarro por parte del Ministerio del Interior? De
igual forma, hemos visto durante las sesiones de la Comisión el caso de las medallas pensionadas, el de los ascensos sin motivo ni objetivo alguno e incluso los destinos dorados, por decirlo de alguna manera, dados como premios, como dádivas, a
algunos agentes, amigos en algunos casos y en otros por haber realizado servicios especiales, como el que hemos tratado en la Operación Kitchen. Es más, hemos visto incluso el caso de una persona entrando a todas luces por enchufe en la Policía
Nacional por haber tomado parte en este escándalo. ¿Qué hacemos para que no se vuelva a producir? Ahí está el problema, ahí está la falta de las conclusiones, que ya digo que las vamos a apoyar porque es cierto lo que dicen, pero que se dejan
tanto y tanto en el tintero.


El señor Morocho, uno de los pocos que ha colaborado activamente en la Comisión, decía que a día de hoy sigue teniendo presiones dentro de la Policía Nacional por haber investigado el caso Gürtel. ¿Esto les parece normal? Por cierto,
también es sorprendente la poca información que ha llegado de las instituciones a la comisión de investigación, y no me refiero solamente de mano del juez, que era previsible. Un señor que declaró secretas tantas partes porque hacía menciones a
secretos de Estado en relación con Cataluña o con el jefe del Estado era de prever, pero es que también hemos recibido poca información y tarde del Ministerio del Interior actual a día de hoy. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocultan?



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Cabe decir también que en esta Comisión, aparte del señor Morocho, ha habido otros agentes, otras personas que han colaborado y han dado datos que venían a esclarecer lo sucedido, como el señor García Castaño, el comisario, que reconoció que
había participado en la Operación Kitchen, pero también nos relató que esto, sin ser lo habitual, tampoco era novedoso, que él había participado antes en operativos sin permiso judicial, entrando en domicilios o haciendo grabaciones o seguimientos
-ya digo- fuera de la ley. No era excepcional.


Acabo, señor presidente, diciendo que la Operación Kitchen es obvio que fue dirigida y organizada por el Partido Popular, pero la pregunta es: ¿ahora qué hacemos para desmontar la cloaca y todas esas cañerías, esa red de cañerías que lleva
décadas en funcionamiento?


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Intervenimos para la defensa de nuestro voto particular en relación con las conclusiones aprobadas en los trabajos de la comisión de investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos y medios del Ministerio del Interior con la
finalidad de favorecer intereses políticos del Partido Popular y anular pruebas inculpatorias contra el mismo. Señorías, un número importante de grupos parlamentarios coincidimos en la responsabilidad política de dirigentes del Partido Popular,
responsabilidad política directa en los casos de altos cargos del Ministerio de Interior -ministro, secretario de Estado y director de Policía- y responsabilidad política in vigilando o vicaria del expresidente del Gobierno y expresidente del
Partido Popular y de la secretaria general. En esto hay coincidencia, aunque por nuestra parte no coincidimos con la totalidad de las consideraciones que se vierten para llegar a esa conclusión, y no necesariamente por lo que se dice, sino por
entender que esta Comisión de investigación lo era para determinar responsabilidades políticas de quienes ostentaban u ostentaron cargos políticos, y no para ampliar el perímetro hacia otras personas que, aunque en ocasiones concernidas por ser
instrumentales y necesarias, no se encontraban en la dirección política de los hechos investigados. Asimismo, tampoco consideramos apropiado tomar como definitivos hechos que se encontraban en fase de instrucción penal, así como responsabilidades
personales penales aún no dilucidadas judicialmente. Asimismo, consideramos que habría de haberse ceñido en las conclusiones a lo conocido a través de las comparecencias habidas y de la documentación solicitada y aportada, que ha sido notablemente
escasa, siendo generosos en la valoración.


No obstante, no queremos que pueda quedar difuminada la gravedad de los hechos constatados durante los trabajos de la Comisión. En primer lugar, que la estructura policial fraudulenta articulada entre los mandatos del señor Jorge Fernández
Díaz al frente del Ministerio del Interior y destinada, como he señalado, a obstaculizar la investigación de escándalos de corrupción y al seguimiento, investigación y persecución de adversarios políticos, y de la que se dejó constancia en las
conclusiones de la comisión de investigación aprobadas por este Pleno en 2017, es en buena parte la misma que se encuentra encartada en los hechos investigados en esta otra comisión de investigación, sobre la que ahora debatimos en Pleno sus
conclusiones y votos particulares.


Así, la Operación Kitchen es un operativo más de la policía patriótica, destinada a obstaculizar la investigación de la Administración de Justicia a través de la sustracción de pruebas incriminatorias que pudieran derivarse para el Partido
Popular y sus máximos responsables. A tal fin ha quedado acreditada la movilización de abundantes medios policiales, materiales y fondos reservados, la captación del chófer del señor Bárcenas, su pago a través de fondos, y su reservado y su acceso
a la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía a una inusual edad, todo ello con la ilícita finalidad de allegar información en posesión del señor Bárcenas. Y también ha quedado acreditada la promoción policial y la concesión de
medallas pensionadas a la estructura policial más implicada en la llamada policía patriótica y en su operativo Kitchen.


Los indicios que concurren son, por ello, variados, de procedencia diversa y básicamente no contradictorios entre sí para determinar la responsabilidad política directa del ministro del Interior, del secretario de Estado de Seguridad y del
director de Policía. Y, además, porque la policía en una sociedad democrática no pone en marcha una estructura del calado de la llamada policía patriótica ni un operativo con tantos medios como es la Operación Kitchen sin que se lo ordenen los
responsables políticos del ministerio o sin su consentimiento. No es creíble que ni el ministro del Interior ni el director general de la



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Policía fuesen ajenos a este operativo Kitchen, a pesar de sus manifestaciones en este sentido. A mayor abundamiento, las distintas declaraciones de los responsables policiales son unánimes en manifestar que el operativo vino determinado
por los responsables políticos del ministerio y que a ellos reportaban los resultados del mismo. Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad lo manifiesta de manera expresa, aunque trate de exculparse manifestando que no lo puso en marcha,
sin que ello le impidiera participar en el mismo.


En definitiva, los indicios señalan a estos tres altos cargos del Ministerio del Interior como conocedores, consentidores o inductores del dispositivo Kitchen. Tuvieron a su disposición motivos, medios y oportunidades que usaron para la
perpetración directa o indirecta de los hechos señalados. Y, junto a estas responsabilidades políticas directas, consideramos que el presidente del Gobierno -presidente del Partido Popular en aquel tiempo- y la secretaria general del mismo, aun
existiendo, a nuestro criterio, una carga probatoria indiciaria, una carga no de la entidad de la señalada, para los altos cargos del Ministerio del Interior, son acreedores, a nuestro juicio, de una responsabilidad política in vigilando o una
responsabilidad vicaria por los graves hechos que ocurrieron en un departamento de su Gobierno y de su partido, en los que, respectivamente, eran sus cabezas más visibles.


En definitiva -y voy finalizando, señorías-, consideramos que se ha incumplido la ley de manera flagrante, se han desarrollado acciones para dificultar e impedir la Administración de Justicia y se han producido daños de difícil o imposible
reparación para el crédito y buen nombre del Cuerpo Nacional de Policía, con afección grave a sus recursos, estructura y funcionamiento, en cuya responsabilidad política son titulares las personas referidas en nuestro voto particular.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente.


Buenas tardes a todos. Toca hablar hoy de la corrupción del Partido Popular, toca hablar de algo en cuya persecución yo he invertido muchas horas de mi vida profesional, pero no solamente he invertido muchas horas de mi vida profesional en
la persecución de la corrupción del Partido Popular, sino también en la persecución de la corrupción del Partido Socialista, del PNV o de Convergència i Unió, en el caso Pujol. Por lo tanto, quiero empezar diciendo que toda corrupción política es
mala; es mala porque produce una desafección de los ciudadanos con respecto a las instituciones, pero sobre todo porque siempre implica dinero que pagamos todos; es dinero público cuya finalidad al servicio de los intereses generales se desvía a
favor de los bolsillos de los particulares o en beneficio de algún partido político, como es el caso de la financiación del Partido Popular. No hay una corrupción perseguible, denunciable y otra disculpable. Ustedes utilizan siempre esta
herramienta de la corrupción con el 'y tú más', tú eres más corrupto que yo. Esta competición es absolutamente aberrante, es bochornosa, es lamentable, y desde luego no se puede dejar de perseguir y de analizar en una comisión de investigación una
corrupción porque no se investigue otra corrupción. Efectivamente, el Partido Socialista y Unidas Podemos se oponen sistemáticamente a perseguir, a investigar la corrupción que afecta a sus propios partidos. Nosotros perseguimos todas las
corrupciones, todas nos parecen absolutamente malas, y las imponemos también a nuestros socios de coalición allí donde gobernamos. Por eso ustedes, señores del Partido Popular, por nuestras políticas de transparencia, hacen saltar por los aires
Gobiernos que funcionaban, como el de la Junta de Castilla y León.


Aquí se plantea también otra cuestión que ha señalado antes el señor Iñarritu, y es para qué sirven las comisiones de investigación. Pues miren, las comisiones de investigación deberían servir -como él ha dicho- no solamente para
investigar, para clarificar los hechos, no solamente para que los ciudadanos conozcan la verdad, sino también para adoptar medidas legislativas que puedan impedir que en el futuro se produzcan estos casos. Y es aquí donde el dictamen del Partido
Socialista peca de poco ambicioso, porque coincidimos en esencia, en cuanto al diagnóstico de los hechos, porque creemos que efectivamente existe una responsabilidad del Partido Popular en estos hechos y, sin embargo, no se adopta ningún tipo de
medidas. Son esas medidas que nosotros hemos defendido en nuestra legislación anticorrupción que hemos traído aquí y que ustedes nos han votado en contra: la trasposición de la Directiva de protección del denunciante -no se olviden de que el caso
Gürtel se inicia por la denuncia de un señor que se llama José Luis Peñas, que es quien desveló esta operación y no tiene ningún tipo de protección-; una agencia



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independiente de protección del denunciante; una aprobación de la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos que han elegido a determinadas personas que meten la mano en la caja; un delito de enriquecimiento injusto del
político que no puede explicar de dónde vienen sus incrementos de patrimonio cuando se ha dedicado a la política; un reforzamiento del régimen de incompatibilidades y de conflictos de intereses de los altos cargos que sea de verdad. Estas son las
medidas que hemos propuesto nosotros en nuestros votos particulares, y estos son los votos particulares que yo defiendo aquí.


Quiero decirles que, efectivamente, ya lo han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, los hechos son claros: se utilizaron medios públicos para sustraer pruebas para la investigación de otro proceso por delitos de corrupción
del Partido Popular. No los voy a detallar, pero sí es verdad que existe la responsabilidad de numerosos comisarios del Cuerpo Nacional de Policía y de quienes no tienen, según el juez Manuel García-Castellón, responsabilidad jurídico-penal, pero
sí política, y me refiero a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal, con una responsabilidad política evidente, in vigilando o in eligendo, aunque no la tengan penal. Lo digo así de claro.


Los hechos son de extraordinaria gravedad, es una corrupción al cuadrado, es utilizar medios personales y materiales públicos para evitar que se averigüe la verdad en otro proceso de corrupción que afecta al Partido Popular y es algo que
seguro que benefició al Partido Popular en la ocultación de estas pruebas, que no sabemos cuáles son ni qué efecto hubieran tenido en ese procedimiento principal, en el que yo estuve personado durante catorce meses de juicio oral. Por lo tanto, les
interpelo, señores del Partido Popular, para que tengan ustedes vergüenza y hagan una donación por valor de ese dinero, que se encuentra cuantificado en el auto del Juzgado Central de Instrucción número 6, en algo que revierta en los intereses
generales, para que ese dinero público del que ustedes se beneficiaron revierta en beneficio de la sociedad, a la que ustedes hurtaron ese dinero que estaba destinado a los intereses generales. Como digo, son hechos de extraordinaria gravedad.


Sé que no lo van a hacer, pero les digo que me conformaría simplemente con que cambiaran de actitud -ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista) y ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común)-, y con que nos comprometiéramos todos en un pacto de Estado para no tolerar la corrupción, para perseguir la
corrupción. (Rumores). Pueden decirme lo que quieran, no me van a callar. Para perseguir la corrupción y no para ocultarla.


He repasado la hemeroteca de los días siguientes al que salió el caso Gürtel: era una operación de Rubalcaba -el señor Santamaría incluso llegó a decirlo en la comisión Kitchen-; era una conjura contra el Partido Popular; era algo que se
había inventado el Partido Socialista... A ver, ¿entonces están en la cárcel personas injustamente condenadas? Debe ser eso. Aquel mensaje de 'Luis, sé fuerte'... A ver si llegamos todos de verdad al acuerdo de que toda corrupción política es
mala. A ver si se enteran ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) y ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común) y dejan de ampararla y quedamos todos en perseguirla.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.


Una vez más, ya son muchas, tanto en el ámbito político como el judicial, queda acreditado que el Partido Popular es un partido intrínsecamente corrupto, además como soporte de un régimen en el que la corrupción es estructural. Un partido
que no duda en utilizar las instituciones en beneficio propio, tanto político como personal, en este caso, creando una estructura, incluida una policía política dentro de la Administración a su servicio para hostigar a sus adversarios políticos y
para proteger sus propias actividades delictivas. Entendemos que queda constatado también que toda esa estructura y su funcionamiento no eran posibles sin el conocimiento del Partido Popular, de altos cargos del Gobierno del PP, del ministro del
Interior y del presidente del Gobierno, entre otros. ¿Van a asumir responsabilidades políticas ellos y ustedes o van a seguir echando balones fuera aduciendo que son cosas del pasado?



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En todo caso, como afirmaba en una intervención anterior, el PP va siempre muy justito de democracia y muy sobrado de corrupción salvo, claro, que su concepto de democracia sea utilizar las instituciones en beneficio propio y partidista para
expoliar lo público, para financiarse ilegalmente, para cobrar sobresueldos, para destruir pruebas o para crear estructuras policiales paralelas dentro del Estado. Concluíamos entonces y concluimos ahora que si en este Estado hubiese justicia
democrática y realmente independiente, con la Ley de Partidos en la mano, con esa ley que ustedes crearon para perseguir políticamente al soberanismo vasco...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado, por favor.


El señor REGO CANDAMIL: Acabo.


... y simplemente con todo lo que vamos conociendo, el PP estaría ilegalizado como organización criminal. Si hubiese, claro, lamentablemente no hay.


Obrigado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente.


Señorías, hoy estamos aquí para evaluar y acabar votando finalmente las conclusiones de lo conocido como la Comisión de investigación del caso Kitchen, que no hace falta... (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, señor Boadella, un segundo. (Pausa).


Continúe.


El señor BOADELLA ESTEVE: Digo que no hace falta conocer mucho para saber que se trata de una operación directamente vinculada a sustraer las pruebas de quien era tesorero del Partido Popular, el señor Bárcenas; pruebas, documentos e
información sensible que pudiera perjudicar al Partido Popular en una operación, encima, financiada con medios públicos.


En la sesión de ayer el PP presentaba una moción apelando al Estado democrático, a la separación de poderes, a aquella defensa numantina de la democracia, pero la peor cara de la democracia es, sin duda alguna, leer las conclusiones de doce
páginas de este largo informe de setenta y nueve páginas de la Comisión y ver que el Estado democrático tuvo su noche más oscura alrededor de estos hechos del caso Kitchen. Definir qué pasó exactamente, definir quién lo ordenó -cuando parece en las
pruebas palmarias que se trataba de una operación dirigida y ordenada por el Ministerio del Interior- y definir quién lo sabía. Es evidente, como se apuntaba antes, que la responsabilidad penal es una y la responsabilidad política es otra y,
evidentemente, queda más que clara. ¿Quién lo sabía y quién no se enteró? Esto también es importante decirlo porque todo esto sucedía y no fue hasta el cabo de los años que nadie se enteró, por mucho control de la oposición que había. Al final,
los métodos de trabajo propios de un funcionamiento de un Estado franquista prácticamente, totalmente contrarios al Estado de derecho y democrático, hacen que sea tan preocupante quién lo ordenó como quién no hizo bien su función de oposición para
controlar que estos hechos no sucedieran. Esto, señorías, no lo hace un solo señor, no es la idea de una o de dos personas. Se hablaba aquí de conjura; efectivamente, de la conjura para salvar en esta causa al PP, pero también de la conjura que
en muchas otras ocasiones ha servido para perseguir a aquellos que no piensen igual que ellos. El todo vale o el fin justifica los medios. Por tanto, trabajo ingente de la Comisión: crear realidad claramente notoria en relación con estos hechos
y, sin duda alguna, la necesidad de tomar medidas para que esto ni se pueda ordenar ni pueda volver a pasar desapercibido.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes, señor presidente.


Señorías, las investigaciones en sede parlamentaria son útiles. Lo ha sido la Kitchen y lo sería investigar la corrupción del rey Juan Carlos o aclarar todas las implicaciones de los atentados de agosto



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de 2017. La investigación del caso Kitchen ha revelado que existió una estructura policial fraudulenta en el Ministerio del Interior que no tenía otro objetivo que torpedear la investigación de la corrupción del Partido Popular, con el
consiguiente mal uso de medios materiales y humanos y recursos económicos, incluidos fondos reservados para pagar agentes dobles y espías.


Esta banda de delincuentes no surgió de la nada. La investigación ha evidenciado que actuó bajo el mando del ministro Fernández Díaz, con la implicación directa del secretario de Estado, Francisco Martínez, y del director de la Policía,
Ignacio Cosidó, y cuyas operaciones delictivas se encomendaba al DAO, Eugenio Pino. Y todo esto bajo el liderazgo político de la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, que, cuando menos, contaba con el consentimiento y
aquiescencia del presidente del Gobierno, señor Mariano Rajoy.


Miren, fondos reservados hay en todos los Estados, pero de lo que se trata es de que, aquí, han sido utilizados no para defender los intereses públicos, sino los intereses del PP. Esta apropiación del Estado, esta confusión de los intereses
particulares con el interés general es una pendiente resbaladiza. El mismo modus operandi se ha utilizado también, lo que nos parece incluso más escandaloso, para atacar desde el Estado con el dinero de todos a propuestas políticas legítimas, a
adversarios políticos, concretamente a Podemos y al independentismo catalán, la llamada Operación Cataluña, una auténtica policía política. Esto en el Estado español puede salir gratis, pero esperamos que fuera de España no.


Ahora el señor Rajoy, los exministros Montoro, Fernández Díaz y toda la cúpula del Ministerio del Interior están en situación procesal de imputados en Andorra por el delito de coacciones contra los órganos constitucionales de ese país, y
varios policías lo están por falsedad documental, coacciones y chantajes. Como bien saben, la Operación Cataluña se extendió a Andorra para buscar cuentas bancarias de líderes políticos catalanes de todo el arco independentista. No había nada y,
al no obtener nada, primero, policías españoles chantajearon a un banco, la Banca Privada de Andorra, y después, en 2015, a los dos meses de la visita oficial del presidente Rajoy al Principado de Andorra, Banca Privada cerró.


¿Saben que el Sepblac ha declarado improcedente al cierre de BPA y Banco de Madrid y que puede acarrear una responsabilidad patrimonial de 500 millones de euros? ¿Saben que no hace mucho el juez GarcíaCastellón, en la causa Tándem, de
acuerdo con la Policía y la Fiscalía, ha constatado que estas actividades policiales indiciariamente son delictivas -y cito-, aunque esta actividad delictiva se habría desarrollado en Andorra y es objeto de investigación en aquella jurisdicción? La
pregunta que nos hacemos es, si el señor Rajoy finalmente es citado, ¿hará como el president Puigdemont que siempre comparece ante la justicia o va a ser él sí un fugado de la justicia?


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà. (Rumores).


Señorías, por favor, silencio.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidente.


Buenas tardes de nuevo, diputadas y diputados. La utilidad de las comisiones de investigación dependerá del uso que se dé de las conclusiones. Quisiera empezar recordando a todos los presentes que el trabajo que tenía la Comisión era
intentar averiguar cuáles eran las responsabilidades políticas. Y hablo de responsabilidades políticas porque, aunque debo decir que no es que tenga una confianza ilimitada en la judicatura española, en determinados tipos penales es la judicatura
quien tiene finalmente que acabar resolviendo sobre culpabilidad o no, pero es en esta Cámara donde deben mirarse las conclusiones y las responsabilidades políticas que hayan tenido por sus actuaciones.


Estoy oyendo la palabra corrupción, pero esto no es exactamente un caso de corrupción, y voy a explicar por qué lo digo de esta manera. Lo que estábamos intentando averiguar era la utilización, por parte del Partido Popular, de elementos
personales y elementos materiales del Ministerio del Interior en su etapa para tapar, para conseguir -y es así- que determinadas pruebas vinculadas a casos de corrupción no llegaran a sede judicial. Esto no es exactamente lo mismo que el 3 % o que
otros elementos; es decir, esto sirvió para temas estrictamente de corrupción monetaria. Esto, en realidad, lo que demuestra y lo que vimos clarísimo durante todas las sesiones es que el Ministerio del Interior y la Policía tienen asumidísimo -en
ese sentido sistémica y no sistemática, porque forma parte de la misma naturaleza de este Estado- el uso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del ministerio para la persecución política. Esto tiene un calado muy superior, porque no
tiene que ver con personas, con ministros y con



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partidos. ¿Saben qué dijo el exministro Fernández Díaz?: ¡Hombre! Yo me hago responsable de mis años, pero esto, mírese los veinticinco años anteriores. Esto explica en gran parte -supongo, y es lamentable- que no hayamos podido llegar a
unas conclusiones compartidas. Yo vengo aquí a decir que daremos nuestro apoyo a las conclusiones que el PSOE pone encima de la mesa porque, al final, si no, nos quedaríamos sin conclusiones.


Hemos realizado un voto particular -que lamentamos que el PSOE no vote a favor- unas cuantas fuerzas políticas que, entre otras cosas, hemos sido víctimas de esas cloacas del Estado. Y, ¿saben lo que se ha demostrado en esta Comisión? Que
razón de Estado y cloacas del Estado son sinónimos, son elementos equivalentes; que este Estado, que no ha roto con el régimen del que trae causa, que no ha roto con el régimen del 78, sigue utilizando impunemente esos medios estatales para
combatir la disidencia. En ese sentido, no es sistemática, es sistémica, forma parte de la misma esencia del Estado, porque la Transición fue un lavado de cara, porque los policías provenían de antes, porque los mandos ven normal espiar a la
oposición, porque todo ese aparato ve fantástico y perfecto crear rumores, fake news, acusaciones falsas contra los adversarios políticos, y porque todo ese Estado está diseñado para defender -¡ay, señores!- la unidad de España y supongo que su
destino en lo universal, para eso está diseñado. Por tanto, de ninguna de las maneras los ciudadanos catalanes que hemos sido escuchados, que hemos sido perseguidos, que se han montado auténticas farsas respecto de la corrupción, que se ha buscado
a Junqueras, que se buscó a Trias, todavía es hora, en este momento, de que se pida perdón o de que se pidan disculpas. Pues estos ciudadanos no podemos entender este Estado como propio o como garante de ninguno de nuestros derechos, porque su
propia creación no responde a eso.


Si yo me sintiera española les diría: democraticen sus instituciones y democratícenlas ahora que tienen tiempo, porque van a ser las próximas víctimas, como le está pasando a Podemos. ¿Cuántas veces han titulado en los diarios la
corrupción de Podemos? ¿Cuántas veces ha aparecido en portada que no es cierta y que se ha desestimado? ¿Cuántas? Eso no es casual, eso no es una alineación de astros que hacen investigaciones mal dirigidas; eso es una voluntad persistente y
deliberada de perseguir a los que entienden que no están de acuerdo con la unidad de destino en lo universal.


Tres preguntas más. Primera. Villarejo, el gran protagonista: ¿cuántos 'villarejos' hay en la Policía ahora mismo? Porque Villarejo trabajó para todos los ministros del Interior: los suyos y los suyos. (Señalando los escaños de los
grupos parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso). ¿Ustedes saben si no hay más comisarios en esta situación? ¿A qué comisario Villarejo debemos hacer caso y debe justificar comisiones de investigación, al que -por una batalla de poder
entre comisarios, dicen, o de poder en el Partido Popular- hizo aflorar esto o al que nos dice que el CNI estaba vinculado al atentado de Barcelona de 17 de agosto? ¿A qué Villarejo debemos hacer caso? ¿Y ustedes van a seguir, sistemáticamente, no
dejando que haya comisiones de investigación? ¿Eso es lo que van a hacer? En cualquier caso, cuando una independentista llega al Estado cree que, bueno, quizá sí que hay un poco de teoría conspiranoica, pero con lo que se encuentra es con que es
mucho peor, mucho más vergonzoso, mucho más sistémico, mucho más sucio, que explica mucho mejor las razones por las cuales tenemos que marchar. Pero les diré una cosa.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Lo hago inmediatamente.


Gracias por darnos la razón. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Cortés Gómez.


El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías.


El pasado mes de enero se estrenó la última adaptación cinematográfica de Macbeth, protagonizada por Denzel Washington, y yo me atrevería a decir que si Shakespeare viviera hoy encontraría en el número 13 de la calle Génova una inspiración
actualizada. Macbeth representa una pulsión arquetípica, el ansia de poder absoluto y su vínculo con la corrupción, la traición y la venganza. Y sobre este punto cabe preguntarle a Pablo Casado: ¿se van o se quedan de la sede pagada con dinero
negro? Y más importante que esto, si cabe, Casado prometió limpiar Génova 13 de corrupción. Pues bien, si lo ha



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hecho, ¿qué ha encontrado el señor Casado? ¿Ha concluido su investigación interna? Yo le diré lo que sí han concluido los tribunales de justicia. Según la sentencia del Tribunal Supremo, el Partido Popular se financió ilegalmente con
dinero negro donado por grandes empresarios, la mayoría contratantes del Estado. Estas aportaciones sirvieron para abonar sobresueldos a dirigentes del Partido Popular y para pagar distintos servicios, entre ellos, la citada reforma de la sede
nacional del Partido Popular de la calle Génova. Y esto no lo digo yo, insisto, esta es una verdad jurídica ratificada por el Tribunal Supremo.


Dicho esto, cabe aclarar: ¿qué es la Operación Kitchen? ¿Quiénes son los actores implicados y quiénes son los principales interesados en sustraer los famosos papeles de Bárcenas? La Operación Kitchen se inició en 2013 para robar al
extesorero del PP, Luis Bárcenas, cualquier información que pudiera ser perjudicial a los dirigentes del Partido Popular. Se trataría de una operación ordenada por el exministro del Interior, y diseñada y supervisada por la cúpula policial de aquel
momento. El líder de la operación en la sombra habría sido el archiconocido excomisario Villarejo, quien era un viejo conocido del Partido Popular ya en los tiempos en los que Fraga era ministro de Información, con Franco. Villarejo prestó
servicios a quien fuera el fundador del PP y, por cierto, Villarejo, durante el mandato de Mariano Rajoy y por manos del ministro del Interior, Fernández Díaz, recibió hasta cuatro condecoraciones por sus servicios a la patria.


La Operación Kitchen se urdió y se ejecutó al margen de la legalidad; es decir, sin que existiera una orden judicial que justificara ni los fines ni los medios utilizados. Se trató, por tanto, de un uso ilegítimo y fraudulento, partidista
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, llegando a implicar a alrededor de setenta funcionarios que no fueron informados del carácter ilegal del operativo. Y tras un año de trabajo en la Comisión de investigación parlamentaria llegamos a
la conclusión de que este operativo no pudo llevarse a cabo sin el consentimiento y el conocimiento de la cúpula política del PP -y esto se ha dicho aquí-, como mínimo, del entonces presidente M. Rajoy y la secretaria general María Dolores de
Cospedal. Pero, ¿qué hizo posible que todo este mecanismo de obstrucción a la justicia y sustracción de prueba llegase, tanto a los medios de comunicación como a los tribunales de justicia? Volvemos al arquetipo de Macbeth: el ansia de poder
absoluto, las guerras de poder y las tramas políticas de corrupción, traición y venganza. (Rumores).


En primer lugar, habría que mencionar la guerra política...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría. (Pausa). Continúe.


El señor CORTÉS GÓMEZ: Como decía, en primer lugar, habría que mencionar la guerra política por la sucesión al frente del Partido Popular entre Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, entonces responsable política del CNI. Con distintos
fines, ambas estaban muy interesadas en hacerse con los papeles de Bárcenas por las menciones que hacían al marido de Cospedal, el empresario López del Hierro, quien presuntamente sería uno de los principales corruptores del Partido Popular. Y, en
segundo lugar, habría que mencionar la llamada guerra de inteligencia por el control de la información. Villarejo habría acumulado demasiada información -sensible, por cierto- que trascendía al Partido Popular y podría involucrar a altas
instituciones del Estado, especialmente después de que Villarejo se encontrase en Londres con la señora Corinna Larsen. Este encuentro le valió a Villarejo la enemistad con el entonces director del CNI Sanz Roldán, quién podría estar en el origen
de la macrocausa conocida como Tándem; recordemos que el caso Kitchen no es más que la pieza número 7 de esta macrocausa. Rajoy, por su parte, estaría interesado, por cierto, en hacer de árbitro entre la guerra política y la guerra de la
información, ya que se trataba de información muy sensible que afectaba al Partido Popular, al propio Mariano Rajoy y, como he dicho, a la estructura del Estado en un contexto precisamente de profundos cambios sociales y políticos, con la irrupción
de Podemos y en pleno procés en Cataluña. Lo más grave de todo es que, mientras el PP asestaba el mayor hachazo al Estado del bienestar -recortes en pensiones, educación, universidades y ayuda a la dependencia-, malgastaba el dinero público en
guerras de poder internas, y esta malversación de dinero público no debe quedar impune. La desviación de recursos y efectivos del Estado destinados a fines partidistas es algo que no debe volver a repetirse. Ahora bien, hoy el Partido Popular
vuelve a encontrarse ante la encrucijada, y me refiero a la guerra política entre Díaz Ayuso y Casado. Ya veremos si en cuanto acaben las elecciones en Castilla y León no nos encontramos ante una nueva trama de corrupción, no nos estalla una nueva
trama de espionaje, a las que lamentablemente nos tiene acostumbrado el Partido Popular en sus guerras de poder internas.


Señorías, voy acabando. La mayor garantía de no repetición en el futuro es tomar medidas contundentes en el presente. Por eso pido a la mayoría de las fuerzas progresistas de esta Cámara que apoyen el



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documento de conclusiones que el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común trae a esta sesión junto con el resto de fuerzas del cambio.


Gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Olona Choclán. (Aplausos).


La señora OLONA CHOCLÁN: Con la venia, señor presidente.


Señorías, ya muy buenas tardes. Permítanme que comience con un breve contexto. El 1 de octubre del año 2020, como señalaba la presidenta, es la fecha en la que se constituyó la conocida como Comisión de Investigación Kitchen. En aquel
momento llevábamos siete meses de dura lucha contra la pandemia. Fuera de estos privilegiados muros el pueblo español sufría. Teníamos miles de empresas desaparecidas, miles de empleos destruidos porque este Gobierno, con el apoyo mayoritario de
esta Cámara, decidió prohibir trabajar a los españoles sin aprobar, en paralelo, un justo plan de indemnizaciones a todo aquel español a quien se hubiese prohibido trabajar y llevar pan a sus hogares. (Aplausos). Tres meses de encierro
domiciliario bajo un inconstitucional estado de alarma, según ha declarado el Alto Tribunal gracias a la estimación del recurso de VOX. Por no hablar de los más de 100 000 españoles que han perdido la vida a lo largo de esta pandemia; 100 000
españoles a quienes no se reconoce como víctimas por este Gobierno, sino que fueron escondidos y siguen escondidos bajo propaganda indigna.


Pues, después de llevar siete meses de profundo sufrimiento el pueblo español, tenemos que el Partido Socialista y Unidas Podemos utilizaron su fuerza parlamentaria para rechazar las peticiones de VOX a los fines de que en este Congreso se
constituyesen comisiones de investigación relativas a la adquisición de material sanitario. Durante aquellos meses más de 1000 millones de euros fueron adjudicados a dedo por la vía de urgencia. (Aplausos). Pedimos una comisión de investigación
respecto de los fallecimientos ocurridos en las residencias de ancianos, después de conocer en este Congreso, en esta Cámara, por conducto de la presidenta de la patronal de residencias de ancianos, que cuando estaban bajo el mando del señor Pablo
Iglesias y las residencias de ancianos pedían medicina, lo que les enviaban era morfina. Y rechazaron una Comisión de investigación. (Aplausos). Solicitamos una Comisión de investigación sobre la gestión del Gobierno durante todos estos meses,
que nos hubiera permitido sacar enseñanzas de las actuaciones llevadas a cabo y prepararnos mejor para el caso de tener que enfrentarnos a otra emergencia el día de mañana. Todo ello lo impidieron con esa unión parlamentaria entre el Partido
Socialista y Unidas Podemos.


Pero es más, si su interés era que llevásemos a cabo una investigación sobre algo que no tenía nada que ver con la lucha contra la pandemia, que en aquel momento, octubre de 2020, estábamos llevando a cabo, por qué se negaron también a la
petición de VOX de llevar a cabo una Comisión de investigación sobre la financiación ilegal de Unidas Podemos proveniente de narcodictaduras. (Aplausos). Cuando estábamos hablando de la imputación de un partido en el Gobierno de coalición. Pues
no, decidieron 206 votos en esta Cámara que debíamos llevar a cabo una Comisión de investigación, de manera inédita en la historia del parlamentarismo español, sobre unos hechos ocurridos en los años 2013 y 2014, la conocida como Operación Kitchen,
que tenía por finalidad -de manera inédita, repito, porque se trataba de hechos presuntamente ocurridos en una pasada legislatura- investigar si bajo el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy se habían utilizado de forma delictiva fondos
reservados y otros recursos del Ministerio del Interior y de otras instituciones públicas, con la finalidad de sustraer pruebas incriminatorias hacia el Partido Popular y presuntos altos dirigentes en la investigación judicial por la presunta caja B
del referido partido. Y a ello nos hemos dedicado veinte diputados y dos letrados de esta Cámara durante algo más de un año.


Pero resulta que después de embarcarnos en esta estéril aventura, han pretendido una voladura controlada, porque cuando hemos solicitado testimonios evidentemente pertinentes en dicha Comisión, comenzando por el propio señor Villarejo,
Partido Socialista y Unidas Podemos se opusieron. VOX tuvo que desplazarse al centro penitenciario para recabar el testimonio del señor Villarejo y poder ofrecerlo posteriormente en la Comisión de investigación. (Aplausos). Solo así logramos
torcerles el brazo. Como se han opuesto a que comparezcan en la Comisión de investigación Kitchen Soraya Sáenz de Santamaría, quien fuera vicepresidenta del Gobierno bajo el mandato de Rajoy, y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el
señor Sanz Roldán. Como se han opuesto a que comparezcan en esta Cámara la señora Dolores Delgado y el fiscal Ignacio Stampa, respecto de quien ahora se investiga si fue apartado



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torticeramente por su fiscal general del Estado para torpedear, precisamente, la investigación que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional de la conocida como Operación Kitchen. Y hoy conocemos precisamente que una asociación de fiscales
va a llevar ante la justicia a Dolores Delgado por impedir el acceso al expediente del señor fiscal Ignacio Stampa. (Aplausos).


La realidad es que, como VOX dijo el 1 de octubre de 2020, esta Comisión ha sido absolutamente estéril por una razón de pura lógica, y es que se tramitaba en paralelo una investigación por los mismos hechos ante la Audiencia Nacional que,
créanme, yo que he accedido a los autos judiciales, he calificado como una auténtica película de terror, pero es evidente que los comparecientes más interesantes por la relevancia de su testimonio, cuando fuesen a venir a esta Comisión
parlamentaria, se negarían a declarar porque así les asiste su derecho constitucional de defensa. Es evidente que cuando recabásemos la documentación judicial de interés para arrojar luz sobre estos graves hechos, se nos negaría por razón de la
reserva de las causas judiciales. Pero, oigan ustedes, Partido Socialista, se atreven a decir en un dictamen que aquí hay responsables penales determinados, y señalan al señor Mariano Rajoy y a la señora Dolores de Cospedal. Señorías de
Ciudadanos, pero cómo se atreven a hacer lo mismo en esta Cámara y en esta tribuna, y ahora explíquenme por qué no han mencionado a la señora Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Por qué se ha evitado en esta Comisión la investigación y participación
presunta del Centro Nacional de Inteligencia en los graves hechos que está investigando la Audiencia Nacional, y se suponía que nosotros también, y no a través de una voladura controlada?


Les rogamos que voten el voto particular que este grupo ha presentado y que pretende introducir mejoras para que no se vuelvan a perder recursos públicos en actuaciones tan estériles como esta Comisión de investigación, y porque, además, el
dictamen que previsiblemente van a aprobar, el promovido por el Partido Socialista, tiene visos de clara inconstitucionalidad por vulneración de derechos fundamentales...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.


La señora OLONA CHOCLÁN: Concluyo, señor presidente.


... como así declaró el Tribunal Constitucional en sentencia de 13 de diciembre de 2018.


Señorías del Partido Popular, supongo que tienen claro que si yo ahora mismo vistiese una toga y estuviese en una sala de justicia, mi intervención habría sido muy distinta.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.


La señora OLONA CHOCLÁN: Espero que lo tengan muy claro.


Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Santamaría Ruiz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Señor presidente, señorías, señor Bal, no deje que su apoyo a la reforma laboral de hoy le haga olvidar lo que es el Estado de derecho. (Aplausos).


Señorías, si para algo han servido los trabajos de la Comisión es precisamente para demostrar lo poco que respetan algunos de ustedes al Estado de derecho y sus instituciones, y lo digo precisamente porque, señorías, cuando en una democracia
se escucha lo que hemos escuchado, tanto aquí como en la Comisión de investigación, y cuando en una democracia el Gobierno se dedica a controlar a la oposición y no a la inversa, es que en ese país pasan dos cosas: una, que el Gobierno es cada vez
más autoritario, y dos, que ese Gobierno debe tener muy poca confianza en sí mismo, y eso es lo que ha pasado cuando ustedes decidieron convertir la Comisión de investigación en un juicio sumarísimo contra el Partido Popular. Señorías, han actuado
como lo hacían los tribunales soviéticos, en los que un mismo dedo acusador hacía de policía, hacía de fiscal, hacía de órgano instructor y hacía también de tribunal sentenciador. Y lo han hecho con un único objetivo, que ha sido el de menoscabar
al Partido Popular, y yo creo que no han tenido éxito, y no lo han tenido porque acudieron a los trabajos de la Comisión acongojados por el miedo que le tienen ustedes al señor Villarejo, conocedor de todas las tropelías que se han cometido en el
Ministerio del Interior bajo los Gobiernos del Partido Socialista al frente del Ministerio del Interior. (Aplausos). El miedo les llevó a oponerse a su comparecencia, que sí apoyó el Partido Popular, y no querían ustedes.



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Su miedo explica por qué ninguno de los comparecientes lo ha sido a propuesta del Partido Popular, ni uno solo. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría, un segundo. (Pausa).


Continúe.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Y fue el miedo el que les llevó a aprobar unas conclusiones que contravienen lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. ¡Ojo! Señores de Ciudadanos y señores del PNV, que hay una sentencia que dice que excede a
la actividad parlamentaria de investigación cualquier calificación jurídica de los hechos investigados y su atribución individualizada, que es justo lo que han hecho ustedes en las conclusiones, despreciando la ley y el derecho, como casi siempre
hacen. Y miedo, señorías, porque decidieron ustedes hacer coincidir los trabajos de la Comisión con una investigación judicial en curso, casualidades de la vida, investigación en la que están personados el Partido Socialista y Podemos, lo que les
ha permitido utilizar los documentos que son parte del expediente judicial, contra el criterio del magistrado, que advirtió del carácter reservado de la misma. Y si el miedo explica parte de su modo de actuar durante los trabajos de la Comisión, el
desahogo y la mala fe explican el resto, porque hay que ser muy desahogado para recoger en la petición de creación de la Comisión el tenor literal de un escrito de la fiscalía al que tuvieron acceso por el único hecho de estar personados en la causa
judicial, y hay que tener mucha mala fe en ese mismo escrito cuando apelaron a la destrucción de los ordenadores del Partido Popular -¡ojo!- un año después de que un órgano judicial hubiera exonerado el caso y a las tres personas que fueron acusadas
en aquel caso. (Aplausos).


Pero claro, el caso es que ustedes nunca dejan que la verdad y el rigor interfieran en su sectarismo. Montaron una Comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas, y en las trece conclusiones no hay ni una sola
responsabilidad política exigida, algo insólito, señorías. Criticaron duramente la decisión de algunos comparecientes que se acogieron a su derecho a no declarar, pero olvidaron lo que hicieron los señores Chaves y Griñán, que en Andalucía se
pasaron a los andaluces por el forro de sus caprichos, cuando decidieron no acudir a la Comisión de investigación que estudia cómo terminaron los fondos de los parados andaluces en casas de lucecitas y en el consumo de determinadas sustancias.
(Aplausos). Pero aun así, señorías, la mayor y más imperdonable falta de respeto al Estado de derecho se produce cuando, erigiéndose ustedes en jueces, utilizan las conclusiones de la Comisión a modo de condena, cuando la ley lo prohíbe y cuando
todavía no se ha producido una resolución judicial. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


Si vamos por barrios, lo diremos de otra manera. Señores de Podemos, ustedes que tanta indignación han mostrado cuando han subido a esta tribuna, ¿se indignaron ustedes cuando vieron en las agendas de Villarejo que el señor Pablo Iglesias
pidió reunirse con él? ¿Se indignaron ustedes cuando se enteraron de que el señor Villarejo se había sentado dos veces con el señor Monedero para que Villarejo les trajera el dinero ingresado en cuentas de un país africano a España? (Rumores).
¿No les avergüenza que el fiscal de este caso mantuviera una relación sentimental con una de las abogadas de su formación? (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: ¿No les avergüenza que el relato de Pollo Carvajal y de Villarejo coincida en sus acusaciones a Monedero, Bescansa y CEPS por haberse llevado de la dictadura cubana y del narcorégimen de Maduro 6,7 millones de
euros? (Aplausos). A ustedes esto no les molesta, ustedes están siempre indignados, pero lo cierto es que no recuerdo que nunca hayan dado explicación alguna ni en este tema ni en el de Neurona ni en el de la niñera ni en el de Kinema ni en el de
las relaciones afectivas con la fiscalía, jamás han dado ustedes ninguna de las explicaciones que con tanto ahínco nos exigen al Partido Popular, y que con gusto damos.


Lo mismo sucede con el Partido Socialista. Los socialistas, algo incomprensible, decidieron dar credibilidad al señor Villarejo en las palabras porque simplemente acusó a algunos dirigentes del Partido Popular, y ese es un error que
nosotros no vamos a cometer. Nosotros no le damos presunción de veracidad a las palabras del señor Villarejo, pero lo cierto es que las palabras del señor Villarejo que afectan al Partido Popular están siendo revisadas por un juez y las que se
refieren a ustedes no están siendo revisadas por nadie, y esa es la justicia que reclamamos desde el Partido Popular. (Aplausos).



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Les hago varias preguntas. ¿Niegan ustedes que el señor Morocho usaba las instalaciones de Villarejo para interrogar testigos en el caso Gürtel? ¿Niegan ustedes que el señor Villarejo empleara a la hija del DAO de Rubalcaba en una de sus
empresas? ¿Niegan ustedes que hubo una instrucción del gabinete de Rubalcaba para que a la hija del presidente del Senado no se la detuviera en la Operación Astapa? ¿Niegan ustedes que Villarejo participara en la operación Gürtel, cuando jamás ha
ejercido funciones de policía judicial? ¿No les parece un escándalo montar una estructura policial paralela para fiscalizar al principal partido de la oposición? A mí me parece un escándalo mayúsculo, señorías. (Aplausos). ¿Niegan ustedes que el
señor Óscar López se reunió con Villarejo para conocer qué es lo que sabía sobre las saunas del suegro del presidente del Gobierno? ¿Niegan ustedes que un altísimo dirigente socialista comió con Villarejo para tapar el escándalo de las saunas
propiedad del suegro del presidente del Gobierno, saunas, señorías - lamento tenérselo que decir-, donde se ejercía la prostitución y en relación con lo cual el presidente del Gobierno nunca ha dado ni una sola explicación? (Aplausos). Yo me
pregunto: ¿Ha habido alguna vez en que el presidente del Gobierno se haya beneficiado del lucro generado por la explotación sexual de esas personas? Me gustaría saberlo.


En definitiva -y voy concluyendo-, nosotros no prejuzgamos la veracidad de las palabras de Villarejo.


La señora PRESIDENTA: Señor Santamaría, tiene usted que terminar, por favor.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: La Comisión no ha servido para que aparezca ese supuesto material contra el Partido Popular que, ojo, el señor Bárcenas anuncia a los medios de comunicación pero ha negado a tres jueces. Y, aunque ustedes lo han
intentado, tampoco ha servido para desprestigiar a la Policía Nacional. Fíjense en que hoy mismo precisamente la Audiencia niega las medallas, por antijurídicas, que ha concedido Marlaska, mientras que las medallas que se concedieron durante la
época del Partido Popular no tienen ninguna duda de legalidad. Y si se refieren a los fondos reservados, ojo, porque la normativa fue aprobada por Margarita Robles, actual ministra de Defensa.


Y termino -me van a permitir- dando las gracias a la presidenta de la Comisión por la enorme paciencia que ha tenido con este portavoz en los trabajos de la misma. Gracias por su trabajo, presidenta. (Prolongados aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santamaría. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sicilia Alférez.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy termina la Comisión de investigación de la trama Kitchen y, tras quince meses de trabajo, veintiséis sesiones y cuarenta y dos comparecencias, la conclusión es clara y no deja lugar a dudas: en el PP la corrupción era algo
endémico y estaba tan extendida que la normalizaron, señorías. (Aplausos). Esa es la conclusión de la Kitchen.


El PP de ahora, con el señor Casado a la cabeza, ha convivido con la corrupción de Aguirre; el PP de ahora, con el señor Casado a la cabeza, ha convivido con la corrupción de Rajoy. Y no pueden desprenderse de ella. ¿Saben por qué?
Porque, cada mañana que el señor Casado entra en la sede de Génova, entra en una sede cuyas obras fueron pagadas con dinero negro. (Aplausos). Entran en una sede donde Bárcenas se reunía a cobrar mordidas de los empresarios, entran en una sede
donde Villarejo recorría los pasillos para hablar con Cospedal sobre la corrupción del PP de Valencia y de Madrid. ¿Y saben lo mejor? Que el señor Casado se sienta en el mismo despacho donde Rajoy cobraba los sobresueldos de la caja B del Partido
Popular. (Aplausos).


Por eso, señorías, no pueden desprenderse de la corrupción, y eso ha quedado claro en esta Comisión, como claro ha quedado que, cada vez que el Partido Popular llega a las instituciones, lo que hace es aprovecharse de ellas. Señorías del
Partido Popular, ustedes, cuando llegan a las instituciones, no las ponen al servicio del interés general, ustedes las ponen a su servicio, a su interés partidista. Llegaron a los Gobiernos locales y a los Gobiernos de las comunidades autónomas, y
¿qué hicieron? Financiarse ilegalmente a través de mordidas, contratos y obra pública. (Aplausos). Señorías, llegó al Gobierno de la nación el señor Rajoy, y ¿qué hicieron? Pusieron los medios del Estado, Policía y fondos reservados, al servicio
de una trama corrupta para tapar la corrupción del Partido Popular. (Aplausos). Ustedes, siempre que llegan a las instituciones, las utilizan para beneficiarse de ellas, o bien para financiarse o bien



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para tapar sus tramas corruptas. (Aplausos). Porque, señorías, eso es la Kitchen, una trama corrupta para tratar de tapar otra trama corrupta; la Kitchen para tapar la Gürtel, señorías. (Protestas.-La señora Riolobos Regadera pronuncia
palabras que no se perciben).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Señora Riolobos, silencio.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Eso es la Kitchen.


Señorías, la corrupción que ustedes instalaron en el Gobierno de la nación con el presidente Rajoy, la que instauraron y dejaron en las comunidades autónomas, como en Madrid o Valencia, donde gobernaban, o en los ayuntamientos por los que
han pasado, toda esa corrupción sí que dañaba la imagen de España; todo lo contrario a lo que pasa ahora: un presidente y un Gobierno felicitados por la buena gestión y la transparencia sobre los fondos europeos. (Aplausos). ¡Nada que ver,
señorías! (Fuertes protestas). Sí, señorías, sí, con ustedes, corrupción; con este Gobierno, reconocimiento y felicitación. (Aplausos). ¡Eso es lo que ustedes han hecho! (Aplausos.-Fuertes protestas).


La señora PRESIDENTA: Señor Sicilia, un momento, por favor.


Pido silencio. (Pausa).


Muchas gracias.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta. (Continúan las protestas).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. (Pausa).


Señor Sicilia, cuando quiera.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias.


Señorías del Partido Popular, señor Santamaría, si usted tuviera un poco de decoro, un poquito de pudor... (Protestas), sí, señor Santamaría, un poquito de pudor, no se le hubiese ocurrido nombrar al ministro Rubalcaba. No se le hubiese
ocurrido nombrar a un ministro que acabó con el terrorismo de este país. (Aplausos).


Señorías, la verdad es que ustedes, después de lo que hemos escuchado en esa Comisión de investigación, ni siquiera deberían haber utilizado el turno de palabra; ustedes deberían haber metido la cabeza en el agujero después de todo lo que
hemos escuchado en esa Comisión de investigación. (Protestas). Sí, porque hemos escuchado cómo se utilizaban fondos reservados de manera ilegal, cómo se instigaba a un policía para que no siguiera investigando la financiación del PP. Es más, ¿no
se acuerdan, señores del PP, señor Santamaría, cómo el exministro Jorge Fernández apuntó ni más ni menos que a Rajoy y a Cospedal como los responsables de la Kitchen? Eso lo hemos escuchado en esa Comisión.


Señorías, ¿ustedes se creen que se monta un operativo con más de cincuenta policías, en el que se usan medios técnicos y materiales de la Policía, en el que se paga con fondos reservados a diferentes confidentes, y que todo ello -cincuenta
policías, medios materiales, pago con fondos reservados- se hace sin que lo sepan el secretario de Estado ni el ministro del Interior? Si esto era así, ¿en manos de quién estaba la seguridad de este país? ¡Es que eso es grave! (Aplausos).


Lo sabían. Y lo sabían el ministro y el secretario de Estado, y por eso están acusados e imputados en la causa que se está investigando. ¿De verdad pretenden hacernos creer que un ministro que no aparece en los papeles de Bárcenas, que un
ministro que no ha cobrado sobresueldos, que un secretario de Estado, letrado de las Cortes, que nada ha tenido que ver con el PP, que nunca ha cobrado nada de esa caja B, se van a jugar su crédito, su prestigio, su honor y correr el riesgo de
entrar en la cárcel porque sí? No, lo hicieron porque recibieron una orden, y el único que podía ordenar a un ministro del Interior era el presidente del Gobierno; solo así, señorías. (Aplausos.-Protestas).


Señorías, voy terminando. Pedirles a ustedes que dejen la corrupción es inútil. La corrupción es algo que ustedes llevan intrínseco, la llevan en el ADN. Por tanto, es tontería pedir que ustedes dejen la corrupción. (Fuertes protestas).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio. (El señor Suárez pronuncia palabras que no se perciben). Señor Suárez, silencio, por favor. (El señor Carazo Hermoso pronuncia palabras que no se perciben). Señor Carazo, por favor,
silencio.


Continúe, señor Sicilia.



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El señor SICILIA ALFÉREZ: Señores del PP, si todo este ímpetu lo hubiesen puesto, en lugar de en interrumpirme, en acabar con la corrupción, hoy no tendrían dos sentencias que les condenan por beneficiarse de ella. (Aplausos).


Pero, ya que ustedes no van a dejar la corrupción -estamos todavía pendientes de ver el caso de las primarias de Mañueco en Salamanca, de Perla Negra, de las eólicas-, ya que ustedes no van a dejar la corrupción ni vamos a poder dejar de
hablar de ella, al menos les pedimos que dejen su negacionismo y su bloqueo. Bastante daño han hecho a la democracia de este país con su corrupción como para que sigan haciendo tanto daño a nuestra democracia y a nuestra política con su actitud de
bloqueo, boicot y negacionismo. (Protestas). Nos quedará soportar su corrupción...


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor SICILIA ALFÉREZ: ... pero, al menos, colaboren para que la política en este país sea algo útil y ustedes, al menos, sean útiles a los ciudadanos de España. (Fuertes protestas.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del
Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sicilia.


Señorías, en tres minutos votaremos las enmiendas mantenidas y los votos particulares presentados en relación con los dictámenes de Comisión. (Pausa).


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PENALIZAR EL ACOSO EN LAS MUJERES QUE ACUDEN A CLÍNICAS PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de
expediente 122/000143).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones. Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.


Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Votación de las
enmiendas.


Votación de la enmienda 7, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 37 más 2 votos telemáticos, 39; en contra, 296 más 12 votos telemáticos, 308; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.


Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 139 más 5 votos telemáticos, 144; en contra, 196 más 9 votos telemáticos, 205.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.


DICTÁMENES DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN. (VOTACIÓN):


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA A LA UTILIZACIÓN ILEGAL DE EFECTIVOS, MEDIOS Y RECURSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER INTERESES POLÍTICOS DEL PP Y DE ANULAR PRUEBAS INCULPATORIAS PARA ESTE
PARTIDO EN CASOS DE CORRUPCIÓN, DURANTE LOS MANDATOS DE GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR. (Número de expediente 152/000002).


La señora PRESIDENTA: Dictámenes de comisiones de investigación.


Dictamen de la Comisión de investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas



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inculpatorias para este partido en casos de corrupción durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular. Votos particulares.


Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV), en lo relativo a la propuesta 15, en los términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 192 más 6 votos telemáticos, 198; en contra, 87 más 5 votos telemáticos, 92; abstenciones, 56 más 3 votos telemáticos, 59.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.


Resto del voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 34 más 2 votos telemáticos, 36; en contra, 214 más 8 votos telemáticos, 222; abstenciones, 87 más 4 votos telemáticos, 91.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el voto particular.


Votos particulares números 4 a 10, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 9; en contra, 271 más 14 votos telemáticos, 285; abstenciones, 55.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados los votos particulares.


Voto particular número 2, de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural, Euskal Herria Bildu y Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 60 más 6 votos telemáticos, 66; en contra, 220 más 8 votos telemáticos, 228; abstenciones, 55.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el voto particular.


Voto particular número 11, del Grupo Parlamentario VOX.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 53; en contra, 281 más 14 votos telemáticos, 295; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el voto particular.


Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 87 más 5 votos telemáticos, 92; en contra, 194 más 9 votos telemáticos, 203; abstenciones, 54.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el voto particular.


SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:


- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES DE PRÓRROGA DE DOS MESES DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN RELATIVA AL DESARROLLO DEL PACTO POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN Y EL ESTUDIO Y ANÁLISIS
DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LA CIENCIA. (Número de expediente 154/000007).


La señora PRESIDENTA: Pasamos el punto del orden del día relativo a la solicitud de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades de prórroga de dos meses del plazo para la conclusión de los trabajos



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de la subcomisión relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia.


Dicha solicitud se someterá a votación, junto con el resto de asuntos, al final de esta sesión.


AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROYECTO DE LEY DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS MATERIAS DE BONOS GARANTIZADOS, DISTRIBUCIÓN TRANSFRONTERIZA DE ORGANISMOS DE INVERSIÓN COLECTIVA, DATOS ABIERTOS Y REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO, EJERCICIO DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES APLICABLES A DETERMINADAS TRANSMISIONES EN LÍNEA Y A LAS RETRANSMISIONES DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, EXENCIONES TEMPORALES A DETERMINADAS IMPORTACIONES Y SUMINISTROS, DE PERSONAS
CONSUMIDORAS Y PARA LA PROMOCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA LIMPIOS Y ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 24/2021, DE 2 DE NOVIEMBRE). (Número de expediente 121/000079).


La señora PRESIDENTA: Finalizamos con el último punto del orden del día, relativo a la propuesta de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley de transposición de directivas de la Unión
Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a
determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera
limpios y energéticamente eficientes; procedente del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre. Esta propuesta se someterá también a votación junto con el resto de asuntos al final de esta sesión.


Señorías, les informo de que desde ahora hasta las 18:00 horas de hoy se podrán votar telemáticamente las proposiciones no de ley y las mociones, los reales decretos-leyes, los dictámenes de Comisión y la votación de conjunto del primero de
ellos, la solicitud de prórroga de la subcomisión y la solicitud de avocación.


Se suspende la sesión hasta las 18:15 horas, cuando se procederá a la votación presencial de todos estos asuntos. Muchas gracias.


Eran las cinco y veinticinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las seis y quince minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE IMPULSO DE LA CONECTIVIDAD Y DE LA TECNOLOGÍA 5G EN ZONAS AFECTADAS POR LA DESPOBLACIÓN. (Número de expediente 162/000848).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones. Comenzamos con las proposiciones no de ley.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre impulso de la conectividad y de la tecnología 5G en zonas afectadas por la despoblación. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 273 más 14 votos telemáticos, 287; abstenciones, 62.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA SUPRESIÓN DEL MINISTERIO DE CONSUMO. (Número de expediente 162/000892).


La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la supresión del Ministerio de Consumo. Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 149 más 5 votos telemáticos, 154; en contra, 182 más 9 votos telemáticos, 191; abstenciones, 4.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL MINISTERIO DE IGUALDAD PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 173/000115).


La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.


Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio de Igualdad para garantizar la igualdad de los españoles. Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 54; en contra, 281 más 14 votos telemáticos, 295.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PROTEGER EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000116).


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger el sector turístico español.


Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario VOX.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 139 más 5 votos telemáticos, 144; en contra, 187 más 9 votos telemáticos, 196; abstenciones, 9.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA INEXISTENCIA DE CORREDORES HUMANITARIOS QUE PERMITAN SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN TRÁNSITO EN EL INTERIOR DE LAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA.
(Número de expediente 173/000117).


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la inexistencia de corredores humanitarios que permitan salvaguardar los derechos fundamentales de las personas migrantes en
tránsito en el interior de las fronteras de la Unión Europea.


Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 197 más 9 votos telemáticos, 206; en contra, 138 más 5 votos telemáticos, 143.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.



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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU, RELATIVA A LAS MEDIDAS Y PROMESAS DEL GOBIERNO PARA HACER FRENTE AL DESORBITADO PRECIO DE LA LUZ. (Número de expediente 173/000118).


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a las medidas y promesas del Gobierno para hacer frente al desorbitado precio de la luz.


Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 175 más 9 votos telemáticos, 184; en contra, 149 más 5 votos telemáticos, 154; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA OBSERVANCIA CONSTITUCIONAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000119).


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la observancia constitucional del programa legislativo del Gobierno.


Votación separada por puntos. Votamos el punto 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 148 más 4 votos telemáticos, 152; en contra, 186 más 10 votos telemáticos, 196; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos el punto 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 149 más 5 votos telemáticos, 154; en contra, 183 más 9 votos telemáticos, 192; abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos el punto 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 148 más 5 votos telemáticos, 153; en contra, 185 más 9 votos telemáticos, 194; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos el punto 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 86 más 5 votos telemáticos, 91; en contra, 246 más 9 votos telemáticos, 255, abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Por último, votamos el punto 5.


Comienza la votación. (Pausa).



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 148 más 5 votos telemáticos, 153; en contra, 183 más 9 votos telemáticos, 192; abstenciones, 4.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):


- REAL DECRETO-LEY 32/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA LABORAL, LA GARANTÍA DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO. (Número de expediente 130/000072).


La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes.


Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 166 más 9 votos telemáticos, 175; en contra, 169 más 5 votos telemáticos, 174.


La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda derogado el real decreto-ley. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y VOX.-Varios señores diputados: ¡Bravo!).


Señorías, los servicios de la Cámara me informan de que queda convalidado el real decreto-ley. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario Socialista y de los miembros del Gobierno presentes, puestos en
pie.-Prolongados aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie, al tiempo que gritan: ¡Sí se puede!, ¡sí se puede!).


Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 169 más 5 votos telemáticos, 174; en contra, 166 más 9 votos telemáticos, 175.


La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. (Aplausos).


- REAL DECRETO-LEY 1/2022, DE 18 DE ENERO, POR EL QUE SE MODIFICAN LA LEY 9/2012, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO; LA LEY 11/2015, DE 18 DE JUNIO, DE RECUPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE
CRÉDITO Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN; Y EL REAL DECRETO 1559/2012, DE 15 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN DE ACTIVOS, EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA. (Número de expediente 130/000073).


La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la
sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 256 más 12 votos telemáticos, 268; en contra, 53; abstenciones, 26 más 2 votos telemáticos, 28.



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La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.


Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 14 votos telemáticos, 348; a favor, 333 más 12 votos telemáticos, 345; en contra, 2 votos telemáticos; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN). (VOTACIÓN):


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PENALIZAR EL ACOSO A LAS MUJERES QUE ACUDEN A CLÍNICAS PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (ANTES DENOMINADA
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PENALIZAR EL ACOSO EN LAS MUJERES QUE ACUDEN A CLÍNICAS PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO). (Número de expediente
122/000143).


La señora PRESIDENTA: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.


Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.


Votamos, en primer lugar, el dictamen de la Comisión.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 274 más 10 votos telemáticos, 284; en contra, 61 más 4 votos telemáticos, 65.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen. (Aplausos).


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


La señora PRESIDENTA: A continuación, se procede a la votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 14 votos telemáticos, 348; a favor, 195 más 9 votos telemáticos, 204; en contra, 139 más 5 votos telemáticos, 144.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, que aprobada la proposición de ley orgánica.


DICTÁMENES DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN. (CONTINUACIÓN). (VOTACIÓN):


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA A LA UTILIZACIÓN ILEGAL DE EFECTIVOS, MEDIOS Y RECURSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER INTERESES POLÍTICOS DEL PP Y DE ANULAR PRUEBAS INCULPATORIAS PARA ESTE
PARTIDO EN CASOS DE CORRUPCIÓN, DURANTE LOS MANDATOS DE GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR. (Número de expediente 152/000002).


La señora PRESIDENTA: Dictámenes de comisiones de investigación. Votación del dictamen de la Comisión de investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de
favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular.


Comienza la votación. (Pausa).



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 186 más 9 votos telemáticos, 195; en contra, 86 más 5 votos telemáticos, 91; abstenciones, 63.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen de la comisión de investigación.


SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN):


- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES DE PRÓRROGA DE DOS MESES DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN RELATIVA AL DESARROLLO DEL PACTO POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN Y EL ESTUDIO Y ANÁLISIS
DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LA CIENCIA. (Número de expediente 154/000007).


La señora PRESIDENTA: Solicitud de prórroga de subcomisiones. Votación de la solicitud de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades de prórroga de dos meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la subcomisión relativa
al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 14 votos telemáticos, 349; a favor, 333 más 14 votos telemáticos, 347; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la prórroga de la subcomisión.


AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROYECTO DE LEY DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS MATERIAS DE BONOS GARANTIZADOS, DISTRIBUCIÓN TRANSFRONTERIZA DE ORGANISMOS DE INVERSIÓN COLECTIVA, DATOS ABIERTOS Y REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO, EJERCICIO DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES APLICABLES A DETERMINADAS TRANSMISIONES EN LÍNEA Y A LAS RETRANSMISIONES DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, EXENCIONES TEMPORALES A DETERMINADAS IMPORTACIONES Y SUMINISTROS, DE PERSONAS
CONSUMIDORAS Y PARA LA PROMOCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA LIMPIOS Y ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 24/2021, DE 2 DE NOVIEMBRE). (Número de expediente 121/000079).


La señora PRESIDENTA: Avocación de iniciativas legislativas. Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley de transposición de directivas de la Unión Europea
procedente del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332 más 14 votos telemáticos, 346; a favor, 318 más 14 votos telemáticos, 332; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda avocado a Pleno el proyecto de ley. (La señora Gamarra Ruiz-Clavijo pide la palabra).


Sí, señora Gamarra.


La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Señora presidenta, con carácter previo a la votación se ha puesto de manifiesto a la Mesa un error informático...


La señora PRESIDENTA: Señora Gamarra, ¿en función de qué artículo me está usted pidiendo la palabra?


La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Artículo 72. (Rumores).



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La señora PRESIDENTA: Señora Gamarra, precisamente porque la Mesa es conocedora y ha podido analizar lo que usted me va a plantear, y es una cuestión técnica de la Mesa, de decisión de la Mesa, y no de tratamiento de Pleno, no le voy a dar
la palabra.


La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Señora presidenta... (Protestas.-Varios señores diputados: ¡Tongo, tongo! ¡Qué vergüenza!).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Se levanta la sesión. (Aplausos).


Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.



Qué ha hecho Albert Rivera en el Congreso

Qué ha hecho Pablo Iglesias en el Congreso

Qué ha hecho Alberto Casero en el Congreso

Qué ha hecho Pablo Casado en el Congreso

Qué ha hecho Soraya Sáenz de Santa María en el Congreso

Qué ha hecho Carmen Calvo en el Congreso

Qué ha hecho Edmundo Bal en el Congreso

Qué ha hecho Juan Carlos Girauta en el Congreso

Consulta todas las intervenciones de Íñigo Errejón en el Congreso

Consulta todas las intervenciones de Irene Montero en el Congreso

Lee todas las consultas presentadas por Santiago Abascal en el Congreso

Revisa todas las intervenciones de Pablo Echenique en el Congreso

Consulta todas las intervenciones de Mariano Rajoy en el Congreso

Revisa las preguntas presentadas por Beatriz Fanjul en el Congreso

Consulta todas las intervenciones de Zaida Cantera en el Congreso

Consulta las preguntas del PSOE en el Congreso

Consulta las preguntas de VOX en el Congreso

Lee las preguntas presentadas por Esquerra Republicana en el Congreso

Revisa las preguntas de Compromís en el Congreso

Consultar las preguntas del PNV en el Congreso

Mirar las preguntas de EH Bildu en el Congreso

Consultar Congreso de España legislatura constituyente 1977-1979

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